El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

Los intendentes de esas localidades de Tierra del fuego declararon inamovible el feriado del 2 de abril, luego que el Gobierno Nacional tomo la medida de hacer que el mismo se pueda trasladar a otra fecha. Desde el Gobierno Provincial todavía no se manifestaron al respecto.

Los intendentes de las ciudades de Tierra del Fuego de Ushuaia y Río Grande, Walter Vuoto y Gustavo Melella, respectivamente, firmarán en los próximos días unos decretos para declarar inamovible en esas ciudades el feriado del 2 de abril, Día del Veterano de la Guerra de Malvinas, luego de que el Gobierno nacional dispusiera que fuera trasladable.

En Río Grande, la decisión del jefe comunal se dio luego de una reunión que el subsecretario de Innovación y Modernización, Andrés Dachary, junto al director de Modernización del municipio, Miguel Vázquez, mantuvieron con miembros del Centro de Veteranos de Guerra.

“Tristemente vemos como se ha incluido al 2 de abril que pueden moverse adecuándola a distintas necesidades. Compartimos la preocupación, el rechazo a esto. El intendente Melella nos ha encomendado trabajar en la redacción de un decreto que será firmado el próximo lunes junto a Veteranos y actores fundamentales de nuestra sociedad”, señaló Dachary en declaraciones que reproduce el sitio Provincia23.

En tanto, Vuoto anticipó que tomará una medida similar porque “no se puede permitir que muevan el 2 de abril como un feriado comercial”. “Ya vivimos en nuestro país los años en que se pretendió esconder nuestra historia, ocultar la gesta de Malvinas, desconocer a nuestros hombres que dejaron todo por su patria, por su territorio, por la soberanía, por la dignidad, por el presente y por el futuro”, añadió el jefe comunal de la capital de Tierra del Fuego.

Al respecto, el diputado Guillermo Carmona (FpV-PJ) se hizo eco de la medida adoptada por el intendente de Río Grande y publicó en su cuenta de Twitter: “El Intendente de Río Grande, Gustavo Melella, mantendrá feriado inamovible al 2 de Abril. Hasta en lo conmemorativo Macri entrega soberanía”.

Este lunes, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el nuevo esquema de feriados, que ahora deberá ser tratado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El Gobierno sentenció los cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores a través de la publicación en el Boletín Oficial de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri. Otro verano al ritmo del decretazo.

A través del Boletín Oficial el Gobierno formalizó cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores.

Tal como trascendido en los últimos días, el presidente Mauricio Macri dispuso mediante los decretos 54/2017 (sobre Riesgos del Trabajo), 52/2017 (sobre Feriados Nacionales) y 51/2017 (sobre la situación de congestionamiento de mercaderías arribadas al territorio aduanero argentino, sin destino aduanero), los cambios en cuestión.

El jefe del Estado aceleró la salida del decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen de ART con el objetivo de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad.

Si bien el proyecto de ley ya tenía media sanción del Senado, Macri apuró el decreto y no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso para evitar que se sigan amontonando expedientes en los tribunales. Un dato: en 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Las ART califican la situación actual como inviable por el fuerte incremento de la litigiosidad: de cada 100 accidentes laborales ocurridos en Buenos Aires, 38 presentan demandas. El nuevo esquema establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días.

La situación le dificulta a los empleados la vía judicial y es una promeso de Macri a los empresarios que insitían con el reclamo, a pesar de que el camino legislativo ya había comenzado.

El otro DNU que publicado es el que le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, 4700 containers que están incautados o sin reclamar en la Aduana. Con esto el Presidente busca que esos elementos, entre los que hay ropa, juguetes y comida, entre otras cosas, se repartan entre organizaciones vulnerables o en zonas de catástrofe.

Otro de los proyectos que se demoraron en el Congreso fue el del nuevo cronograma de feriados. Si bien estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, no se trató. Los días no laborables serán 16, y se eliminan los feriados turísticos que estuvieron vigentes hasta el último año.

Cumplir con los 180 días de clases y reconocer que los feriados puente no generaron las ganancias esperadas en el sector turístico, pese a la resistencia que ejercieron para evitar el nuevo cronograma, son dos de los principales motivos que impulsaron al Gobierno a modificarlos.

"Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente", decía la norma que no fue tratada en el Parlamento, y que se mantuvo en el nuevo texto.

Las fechas exceptuadas son las correspondientes al 1° de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre.

Los temas que el Presidente de la Nación decretará, sin la opinión o el voto del Parlamento, son los feriados puente, sistema de ART y los controles migratorios. El miedo al debate parlamentario y el republicanismo como consigna estéril.

Aunque los bloques opositores pidieron que el Congreso vuelva a trabajar en sesiones extraordinarias antes de marzo, el Gobierno busca evitar el debate legislativo y prepara la oficialización de los cambios en la Ley complementaria del sistema de riesgos del trabajo (ART) y en el régimen de feriados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Además, evalúa endurecer la Ley de Migraciones con un decreto reglamentario que restrinja con más precisión la posibilidad de que ingresen al país extranjeros con causas penales abiertas en otros países.

Tanto el sistema de ART como el régimen de feriados ya están en tratamiento en el Congreso. La primera obtuvo la media sanción del Senado, mientras que la segunda no tuvo tiempo de debatirse en las cámaras por la intensa actividad que generó la modificación al Impuesto a las Ganancias.

Con esta decisión, el Ejecutivo anularía sus necesidades de un llamado a sesiones extraordinarias durante febrero, a pesar de que un amplio listado de los proyectos que envió al Congreso el año pasado quedaron pendientes de sanción y deberán esperar hasta marzo.

Entre ortos proyectos a tratar se encuentran la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad, un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos, la obligatoriedad de la sala de 3 años, la Ley de Semillas, y la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.