Desde la cárcel, el ex ministro de Planificación escribió una nueva carta. A partir de una nota del diario Página 12, se refirió a lo que él considera el origen congruente de los planes económicos del Gobierno, criticó el blindaje mediático de la televisión en los canales de aire, y al DNU reciente firmado por el presidente. En la misma, hace un repaso histórico con pasajes que van desde la Independencia en 1816 hasta la actualidad.

"Sin pretender polemizar con la línea editorial del diario en cuestión. Que, por cierto, es la única expresión de periodismo independiente que llega a mis manos en mi encierro involuntario en Marcos Paz; ya que en la cárcel sólo vemos en un viejo televisor las deplorables transmisiones de los canales 7, 9, 11 y 13 cuyas líneas editoriales generan un blindaje de impunidad al gobierno nacional nunca visto en mis 68 años."

"No considero, más allá del decreto firmado en 1991, a Menem y a Cavallo los padres de la criatura. El verdadero origen y paternidad de la desregulación en cuestión está en la dictadura militar, lo que llamamos literariamente el huevo de la serpiente. Está ahí o mejor dicho en el acuerdo de Breton Woods primero y en la escuela de Chicago de economía. . Recuerden los “chicago Boys”, bien recordemos los slogans de la dictadura: “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”, “EL SILENCIO ES SALUD” y con Martínez de Hoz fue “ACHICAR EL ESTADO ES AGRANDAR LA NACIÓN“

"Luego cuando Galtieri fue presidente, su ministro de Economía, Roberto Alemann fatigaba en el programa de Neustadt -¿se acuerdan de Bernie?- e incansablemente, con su anuencia, repetía hasta el hartazgo el siguiente slogan: “DESESTATIZAR-DESREGULAR-PRIVATIZAR”. Todo ello mientras los ingleses hundían el Belgrano y desembarcaban en Darwin y el ministro le ponía la bandera de remate a todas las empresas que eran propiedad de todos los argentinos y ocupaban miles de puestos de trabajo."

"Respecto de Cavallo debo decir que durante la dictadura no recuerdo bien con cuál de los ministros de Economía (en la cárcel no tengo acceso a internet) fue presidente del Banco Central de la República Argentina y en su gestión nacionalizó la deuda externa por la cual usted y yo, querido lector, tuvimos que hacernos cargo -en ese momento éramos 28 millones de personas- de las deudas que todos los empresarios argentinos que habían contraído en el exterior, entre ellos la empresa del padre del presidente, al que además después le pagamos la triangulación o mejor dicho el contrabando de autos, las cloacas de Morón y el Correo, los 35 millones de dólares del blanqueo de Gianfranco, etc. Quiero aclarar que cuando Cavallo nacionalizó estas deudas, Menem estaba preso en Las Lomitas, Formosa, por el delito de haber sido gobernador de La Rioja, más o menos como algunos de nosotros ahora. Además, Mauricio tiene de presidente del Banco Central a Sturzenegger, hombre de Cavallo, el del megacanje, el que fue sobreseído, gracias a él y a algunos más, tuvimos el “corralito” en el 2001."

"Respecto al tema del DNU, quisiera hacer algunas consideraciones históricas vinculadas a las distintas constituciones que tuvo nuestro país en 200 años de vida independiente (o casi). Y hago este repaso porque no fue así siempre."

"En primer lugar, los padres de la criatura están y estuvieron fundamentalmente en los centros imperiales del poder financiero: el Imperio Inglés, Francia, USA y en el siglo XIX, aliado del Imperio Británico, el Imperio Portugués, que imperó en Brasil durante buena parte de esa centuria."

"En Argentina, a lo largo de su historia han tenido su aparición y protagonismo, en determinados momentos en que decidimos ser soberanos y autónomos de dichos centros de poder."

"Quienes encabezaban esos procesos reaccionarios venían a llevarlos adelante a través de políticas de carácter liberal en lo económico, totalmente funcionales a los intereses de sus metrópolis, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, usando como arma principal de sometimiento el endeudamiento público."

"Quienes encabezaban esos procesos reaccionarios venían a llevarlos adelante a través de políticas de carácter liberal en lo económico, totalmente funcionales a los intereses de sus metrópolis, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, usando como arma principal de sometimiento el endeudamiento público."

"Así vemos que a la independencia en 1816 y a las expediciones libertadoras de San Martín, surge como respuesta la presidencia de Rivadavia, con su constitución de 1821 unitaria y rechazada por todos los caudillos del interior. Esta fue la condición que le impuso el Imperio Inglés para concederle el préstamo de la Baring Brothers, a la que esa constitución le deba marco."

Leé la carta completa:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1999713523632606&id=1640691082868187

El Gobierno habilitó por decreto a la Administración de Seguridad Social (ANSES) a financiar proyectos de empresas privadas, luego de ajustar a los jubilados con la reforma previsional.

Los créditos se canalizarán a partir del dinero que maneja ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), indicó el diario Ámbito Financiero.

El oficialismo busca que los fondos que dé el organismo que maneja Emilio Basavilbaso sean a “proyectos privados que se financien estén vinculados con infraestructura de servicios públicos, viviendas (construcción o créditos), inversión con potencialidades de alto valor exportador y otros proyectos que debería analizar el organismo”.

La ANSES le dará a los privados el beneficio de una tasa de interés algo más baja que el valor de mercado y con proyectos de largo plazo.

La habilitación se dio en el marco del DNU que firmó el presidente desde sus vacaciones. El artículo 154 autoriza al FGS a Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos.

Se autoriza “a la ANSES a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquiler o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias (…)” con el “objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible”, y asegurando que “se cumplirá su fin social”, dice expresamente el artículo.

El principal instrumento avalado por el decreto es la creación de fideicomisos financieros, además de la posibilidad de prestar títulos públicos y otras colocaciones en poder del ANSES, para conseguir dinero para que luego se deriven en créditos a tasa más baja que la que las compañías o los proyectos podrían conseguir en el mercado, pero que garanticen la rentabilidad del FGS.

Fuente: Diario Pulse

Es uno de los cambios que impone el paquete de reformas impulsado por decreto desde la Rosada. Fuertes críticas de abogados laboralistas y del exdirector del Banco Central, Pedro Biscay.

El mega DNU que anunció el gobierno nacional incluye varias medidas en contra de los trabajadores. Una de ellas es que termina con la inembargabilidad de las cuentas sueldo.

Hasta el momento, las entidades financieras podían embargar parte de sus ingresos a los asalariados, pero ese monto se calculaba sobre los ingresos mensuales (podía embargarse hasta el 20% sobre el excedente de dos salarios mínimos) y no sobre el total depositado en la cuenta.

“Se definió la inembargabilidad del sueldo, estableciendo que no podrán embargarse de las cuentas sueldo el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. Así, se aumenta la calidad crediticia de alrededor de nueve millones de titulares de cuentas sueldo y, por lo tanto, se mejoran sus condiciones de acceso al crédito”, dijo el Central, intentando promocionar la medida como una ventaja para los sectores asalariados.

Si bien el Banco Central difundió presuntos beneficios, desde la Asociación de Abogados Laboralistas advirtieron que el beneficio en realidad es para los bancos.

Matías Cremonte, titular de la entidad, explicó al diario Página/12: “El salario no era inembargable. Una parte podía ser usada para que los bancos y las financieras se cobren las deudas. Pero lo que si era inembargable era la cuenta sueldo. Con la nueva medida entran a jugar los bancos y todo el sistema financiero de préstamo”,

“Ahora se podrá retirar cifras mucho mayores a las del 20 por ciento de un salario desde las cuentas sueldo, en el caso que el asalariado tenga dinero guardado por algún motivo en esa cuenta”, agregó.

Por su parte, el exdirector del Banco Central remarcó a través de Twitter que no se trata de "una medida de inclusión financiera" y que "estimula abusos de todo tipo sobre las familias que, día a día, están más endeudadas".

 

Fuente: Página 12, Infonews

Por medio de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno oficializó hoy la derogación de 19 leyes y modificó otras 140, para “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”.

El DNU, de 192 artículos, “plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial”, según la Casa Rosada.

Entre otras medidas, el decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos; además, deroga la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria.

Asimismo, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El DNU elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.

También se simplificaron los trámites y la intervención estatal ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores para la circulación de obras de arte. Se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal (SENASA) que ya no se aplican o no tienen utilidad, y que datan de entre 1888 y 1898.

Se estableció que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales. El Poder Ejecutivo resaltó que el proceso de simplificación “debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica”.

“Los trámites excesivos impuestos a los ciudadanos constituyen barreras burocráticas que afectan al desarrollo productivo. La falta de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos puede conllevar a arbitrariedades y discrecionalidades, al grado tal que sea una puerta a la corrupción y afecte el Estado de Derecho”, añadió.

Por tal motivo, indicó que “habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”

Golpe a la industria

Entre los productos a los que se les abre la frontera se encuentran algunos sensibles para la industria nacional, como estufas, calefactores y sus repuestos, ventiladores, heladeras, aires acondicionados, lavavajillas y licuadoras.

Muchos son productos de la denominada "línea blanca" que se fabrican en el país y pone en jaque a la ya complicada industria nacional, con el combo de un mercado consumidor que recién empieza a recuperarse pero con el impacto de los tarifazos, las altas tasas de interés y ahora la competencia extranjera.

Otro sector sensible que tendrá más competencia es de los juguetes, incluido triciclos, muñecos y pelotas. También el sector textil y calzado recibirá la competencia extranjera y deberá pelear contra la industria del sudeste asiático, beneficiada por mano de obra semiesclava que hace muy difícil la pelea mano a mano.

A pesar de tener la materia prima, el Gobierno autorizó la importación de productos de cuero sin restricciones. Lo mismo ocurre con la ropa de lana, productos de caucho, químicos y vehículos de transporte.

Fuente: Diario Popular, El Destape

Si bien el presidente tenía listo un DNU para imponer la reforma previsional, finalmente decidió insistir con el camino parlamentario el próximo lunes. Esta tarde se reunirá con gobernadores en la Casa Rosada.

Ante el fracaso de la sesión especial y la feroz represión a los manifestantes que rechazaban el saqueo de jubilaciones y asignaciones, el presidente Mauricio Macri barajó la posibilidad de sacar la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia (DNU).

El rechazado de sus propios aliados de Cambiemos, como Elisa Carrió, quien advirtió que “un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, y el anuncio de un paro general de la CGT, llevó a Macri a descartarlo momentáneamente.

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, dijo que “al decreto le falta la firma de Mauricio Macri, pero le damos otra oportunidad al Congreso”.

Esta mañana el mandatario se reunía con su gabinete. A las 13.30 recibirá a gobernadores del pacto fiscal para tratar de garantizar los votos de sus legisladores el próximo lunes, cuando Cambiemos insistirá con la reforma previsional, que ya tiene media sanción del Senado.

El Presidente cambió el régimen de haberes y sólo los aumentará 12,6%. La jubilación tendrá un aumento de apenas $716 y la AUH, de $140, después de un año con una inflación del 41%. Tras el escándalo generado, por estas horas se debate su derogación.

El presidente, Mauricio Macri, cambió el régimen de jubilaciones que estaba fijado por ley y aplicará un aumento por decreto para marzo que será de sólo el 12,6%.

Por primera vez en años, la actualización de los haberes para los jubilados será muy inferior a la inflación, ya que el cambio de fórmula impacta de manera negativa en el cálculo de la recomposición de haberes..

Por la Ley de Movilidad Jubilatoria sancionada en 2009, los haberes se ajustan mediante la aplicación de un coeficiente semestralmente, en marzo y septiembre. Sin embargo, en esta ocasión, Macri decidió realizar la variación por decreto.

El 12,65% decidido por el Ejecutivo para el primer día de marzo queda por debajo de la mitad del alza de precios de 2016, que alcanzó el 41%.

Con este aumento, la mínima jubilatoria pasará de $ 5.661 a 6.377. En tanto, el haber máximo ascenderá de $ 41.474 a $ 46.721.

El monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $ 1.103 a $ 1.243. También se elevará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $ 1.040 por hijo.

Asimismo, a partir del primero de marzo se elevan las asignaciones por Nacimiento, pasando a $ 1.448, por Adopción a $ 8.679, por Matrimonio a $ 2.170 y por Cónyuge a $ 298 para jubilados.

Un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) analiza las modificaciones establecidas por decreto por parte del gobierno nacional al régimen de las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART).

El reciente decreto de necesidad y urgencia del poder ejecutivo, relativo a la modificación de la Ley de ART concitó un amplio debate en la opinión pública. Por un lado, gravitaron los aspectos formales e institucionales, habida cuenta de que existía en el Congreso un proyecto de ley con media sanción del Senado vigente. Las críticas sobre el camino elegido para la modificación de la ley fue lo que, en gran medida, determinó la decisión de –una vez más- dar marcha atrás en un DNU y zanjar la discusión en el Congreso. Por fuera de los debates de superficie sobre la inconveniencia de elegir el atajo del decreto de necesidad y urgencia, en este artículo nos resulta importante llevar adelante una evaluación integral del actual régimen de ART y los efectos que tendría la nueva ley, en caso de sancionarse.

Según el análisis de los economistas de la UNDAV, el cambio en el régimen actual que impulsa Cambiemos avanza contra uno de los derechos civiles más fundamentales de las personas, impidiendo su acceso a la justicia, al complejizar el reclamo por el daño causado a su salud. El procedimiento administrativo le genera al trabajador un cúmulo burocrático de exigencias que no tiene ningún tipo de relación con cualquier otro daño que en el marco del derecho civil le podría efectuar un ciudadano a un tercero. En particular, se enmarca en un evidente proceso de flexibilización laboral, que mejora la posición relativa de las empresas (en particular de las ART), en detrimento de los trabajadores. En este punto es importante reflexionar que la litigiosidad no es una concesión graciosa a la que acceden los trabajadores, sino que tienen una causa concreta y gravosa para su bienestar personal. Esto tiene que ver con la cantidad de enfermedades laborales que las ART actualmente no reconocen, lo cual obliga a los trabajadores a accionar judicialmente contra las mismas.

La pérdida de derechos en base al nuevo decreto se configura a partir del aumento de la burocratización en el acceso al reclamo indemnizatorio. Es que el nuevo procedimiento obliga al trabajador a transitar por una comisión médica jurisdiccional (o local), y eventualmente a una instancia de apelación ante una comisión médica central. Recién después agotadas estas dos instancias, se puede recurrir a la justicia laboral. Este mecanismo ralentizará el reclamo y desincentivará a muchos trabajadores siniestrados a iniciar el proceso de demanda.

En relación a los profesionales de la salud, otro de los puntos polémicos del DNU es que concede a los titulares de las comisiones médicas atribuciones impropias, de carácter jurídico, como ser la determinación legal de la naturaleza de la lesión sufrida por el trabajador. Si esto se conjuga con el hecho de que los médicos de las comisiones no cuentan con una estabilidad laboral concursal, sino que dependen de las SRT, se enciende una clara luz de alarma. Ocurre que en la determinación de los profesionales suelen tener una participación importante las ART, que influyen por medio de políticas de lobbie, posicionando a quienes le son afines. Más aún, lo más probable para la dinámica futura de funcionamiento de estas comisiones es que trabajador no vaya a contar con un médico de parte que lo asista en las comisiones médicas, mientras que las ART sí contarán con un profesional propio que objete el grado del siniestro incurrido.

Según el informe de la UNDAV, otro aspecto no menor es el problema de la escasez de comisiones médicas en la gran mayoría de las provincias (en 14 hay una única comisión médica). Esta falencia, va a sumar un condimento extra de rigideces en la instancia primaria de realización del reclamo. Un detalle no menor es que todas denuncias que actualmente son dirigidas hacia la justicia laboral, bajo el nuevo sistema van a derivarse a las comisiones médicas, lo cual puede generar un cuello de botella peligroso. Por otro lado, cabe destacar que el esquema de comisiones para los profesionales letrados que asisten a los trabajadores en el proceso judicial, también va a tener una contradicción perniciosa. Esto se debe a que se pasa a eliminar la ligadura de los honorarios de los abogados al trámite subyacente, por lo cual se anulan también los incentivos de buena parte de los estudios jurídicos a tomar nuevos casos de demandas por incumplimiento de las ART. Con todo, uno de los mayores riesgos a futuro será la posible desviación por parte de las ART de las enfermedades laborales (aquellas que son producto del deterioro físico y mental del trabajador por la función ejercida), pasándolas a considerar como patologías pre existentes. Por tanto, uno de los efectos distorsivo que se especulan por estos días es que las ART busquen derivar su cobertura hacia las obras sociales.

En relación a la rentabilidad del mercado asegurador en general, se viene verificando un marcado crecimiento en los últimos años. La rentabilidad del total del mercado asegurador se incrementó un 332% desde el año 2012, producto de la incorporación de más clientes a las diferentes carteras de productos y servicios que este sector ofrece. Estos nuevos asegurados, en gran medida, se explican por trabajadores que, por un lado, se han incorporado al empleo formal y pasaron a tener una cobertura de Riesgos de Trabajo. Por otro lado, no es menor el efecto de mejora en el poder adquisitivo para buena parte de la población, lo cual permitió acceder a servicios ni básicos, como son los seguros, tanto personales como patrimoniales. En este contexto, donde se pone en discusión la rentabilidad de las empresas que brindan el prestan seguros por riesgo de trabajo (aporte obligatorio que deben afrontar las patronales), es importante analizar la evolución que tuvo dicho sector, en comparación al resto del mercado y en años anteriores.

Para poder dimensionar de manera apropiada el sector asegurador de riesgo de trabajo los economistas de la UNDAV comparan su desempeño con el resto del mercado. El primer factor a observar es el de un crecimiento de los resultados del ejercicio (en relación al patrimonio) aún mayor que el que mantiene el mercado en su totalidad. En el último año las ART mantuvieron una relación de 11,31 de lo ganado en relación a su patrimonio, mientras el resto de las aseguradoras sólo tuvo una relación de 9,06. Esta diferencia se explica en el crecimiento que el desempeño de las aseguradoras de riesgos de trabajo por sobre el total de los resultados, es decir que éstas últimas han ganado mayor terreno que los demás segmentos de negocios. El fenómeno inverso ocurre con los gastos en concepto de comisiones, en relación a las primas emitidas, ya que las ART destinan casi tres veces menos de sus ingresos a remunerar a los productores de seguros y agentes institorios, dada la naturaleza obligatoria de la cobertura en cuestión. El siguiente cuadro, expone estos resultados.

Fuente: Producción propia en base a SSN

En definitiva, para el informe de la Universidad de Avellaneda, lo que parece buscar el oficialismo es desmantelar un sistema que tiene su fuerte en la suficiencia de su cobertura, ya que garantiza a los casi 10 millones de trabajadores asegurados la posibilidad de reclamar en vía judicial en caso de considerarse perjudicado. En los últimos años, el régimen de ART no ha dejado de ser rentable, lo cual se demuestra por el análisis contable expuesto, donde se observan sistemáticas mejoras en sus relaciones de ganancias y gastos. Por otro lado, los números en materia de eficiencia en la prevención de la siniestralidad también son auspiciosos, ya que los indicadores de salud laboral muestran constantes mejoras (por ejemplo, ha bajado casi un 27% la incidencia de la siniestralidad en los últimos 10 años). Si bien nadie niega que la judicialización espuria tiene que ser mitigada con medidas concretas, los cambios en la presente ley parecen dar más respuesta al lobbie empresario, que busca maximizar la rentabilidad de las aseguradoras, que a la existencia de una real situación terminal del sistema desde el punto de vista de su sustentabilidad.

El gobierno llama a Sesiones Extraordinarias para tratar la reforma del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), Macri ya la había modificado a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Según el Boletín Oficial “El Poder Ejecutivo Nacional llama a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2017 teniendo como eje de la convocatoria el Proyecto de Ley complementario del Régimen sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557”.

Este llamado a extraordinarias se debe a que el gobierno busca evitar que el kirchnerismo, con mayoría en la Comisión Bicameral, haga caer el polémico DNU que se leería como una derrota política. Por este motivo el gobierno dio marcha atrás al decreto y comenzó a buscar aliados dentro de la oposición para que la reforma de las ART se convierta en ley.

La negociación para convocar a extraordinarias se terminó de sellar ayer por la noche en una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del FpV del Senado, Miguel Ángel Pichetto.