El ex jugador había presentado una medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, donde le rechazaron su cautelar.

La Justicia Federal de Reconquista rechazó una medida cautelar presentada por el exfutbolista Gabriel Batistuta, quien consideró inconstitucional que se le exija el pago del denominado Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Voceros judiciales informaron este martes que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, no hizo lugar a la presentación del exgoleador de Newell’s Old Boys de Rosario, Boca Juniors, River Plate y Fiorentina de Italia, entre otros equipos, por lo que ahora la causa pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad chaqueña de Resistencia.

Batistuta presentó una medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.

Según el exintegrante del seleccionado argentino, el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

El juez Alurralde está a tanto de las cuestiones patrimoniales del ahora empresario, ya que hace dos meses le trabó un embargo de casi cuatro millones de pesos por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En total, el organismo recaudador le reclamaba 3.853.341 pesos más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Periodo Fiscal 2021 y aportes y contribuciones sociales.

La Justicia declaró nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declaró este sábado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y que conllevaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logró luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
 
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, agregó.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenció.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando”, indicó.
 
“La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño”, advirtieó al tiempo que añadió: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, concluyó.