Una multitud marchó en el centro porteño hasta la Secretaría de Trabajo para exigir medidas al gobierno para poder llevar adelante la brutal crisis económica y los próximos aumentos producto de la devaluación del lunes post PASO.
De forma pacífica los trabajadores nucleados en el Frente Darío Santillán se encuentran dentro de la cartera que dirige Carolina Stanley. Reclaman que el Gobierno pague los trabajos finalizados por esta cooperativa en Avellaneda, Ezeiza y Lomas de Zamora.
La toma del Ministerio de Desarrollo Social por los cooperativistas del Frente Darío Santillán reclaman que el Gobierno pague las obras realizadas, que se encuentran dentro del Convenio N°2017-04554391 que implicaron la construcción de dos escuelas públicas (En Ezeiza y en Lomas de Zamora) y un polo productivo en Pontevedra, en Merlo, entre otras.
La medida de fuerza se realiza este viernes, porque está por vencer el plazo legal para pagar la deuda y la administración que encabezan Mauricio Mauricio Macri y Stanley, en Desarrollo Social, no están cumpliendo con lo acordado y firmado, denuncian los trabajadores. "El gobierno del diálogo no sólo no dialoga, sino que tampoco cumple con lo que se compromete", expresaron.
"Si no hay respuestas al reclamo, si el gobierno no garantiza pagar la deuda que tiene con las y los trabajadores, redoblaremos la toma pacífica en el edificio y las medidas de fuerza para exigir una solución", finalizaron.
El Gobierno busca avanzar sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder.
Es así como desde el Ministerio de Trabajo planean quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que actualmente se implementa desde la Secretaría de Empleo, dirigida por el ex techint Miguel Angel Ponte. A esto se suma que la medida contempla la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.
Además del Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte-, el balance del año que pasó detalló que se terminó con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitió "ahorrar" unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.
Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.
Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.
Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que "entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer"-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.
Organizaciones sociales del Lanús, denunciaron que 50 comedores comunitarios que asisten a personas en situación de vulnerabilidad social, corren riesgo debido a que el municipio no está enviando los alimentos correspondientes.
Desde el Frente Popular Darío Santillán sostuvieron que “La situación ha llegado a tal punto de gravedad que después de 15 días sin recibir alimentos, hoy los cinco comedores populares del Frente Popular Darío Santillán en el distrito no pudieron abrir sus puertas".
“El gobierno dejó de entrar carne, verdura, alimentos secos como arroz y fideos y hasta los tubos de gas hace 15 días, haciendo peligrar la asistencia alimentaria a miles de personas”, detalló la organización territorial.
Sin embargo, voceros del municipio aseguraron que "es todo una jugada política".
El Secretario de Desarrollo Social del municipio, Emiliano Bursese, al ser consultado por esta situación sostuvo: “Lo desmiento porque no se dio de baja ningún comedor, ni se bajó ningún cupo”.
En la misma línea agregó: “Entregamos en tiempo y forma a todos los cupos, tenemos una administración abierta y hablamos con todos los sectores –siguió el funcionario, de extracción radical-. La política del intendente es contener a todos, así que tenemos comedores que son claramente de dirigentes kirchnerismo y no hacemos ninguna distinción”.
El Frente Darío Santillán insistió en desmentir al secretario de desarrollo social y advirtió que "cerrarán comedores" y que al día de hoy ya hay 600 personas que no recibieron su alimento.
Además, detallaron que solicitaron una audiencia con el intendente, Néstor Grindetti, pero les fueron negadas.
Integrantes del Frente Popular Darío Santillán escracharon al candidato a gobernador por el Frente UNA, Felipe Solá, y exigieron que se juzgue su responsabilidad por la muerte de los dos militantes sociales durante la Masacre de Avellaneda en 2002. El repudio ocurrió durante una charla debate que se realizaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El Diputado aseguró que fue “un acto de violencia” y acusó al Kirchnerismo. Desde el FPDS denunciaron que “una patota” del Frente Renovador agredió a sus militantes.
“Es la tercera vez en muchos años que soy agredido de esta forma, y aún más violentamente, y siempre ha sido en oportunidad de haberme opuesto al kirchnerismo, ya sea al retirarme del bloque legislativo o al presentarme como candidato”, fue la explicación que esgrimió Solá sobre el hecho.
Combinó una agresión preparada entre militantes K y barras bravas que se oponen a su candidatura, según explicó a una señal de noticias por cable. “Entiendo que es campaña electoral y hay una especie de vale todo”, agregó.
Sin embargo lo que el candidato olvidó, o quiso dejar de lado, fue la acusación que le hacen los familiares de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por su responsabilidad política en los sucesos del 26 de julio de 2002 en el Puente Pueyrredón.
En un comunicado, el Frente Popular repudió la presencia de Solá en la Universidad de Buenos Aires: “No olvidamos que fue Solá quien en ese entonces felicitó y avaló públicamente el accionar del comisario Alfredo Luis Fanchiotti, condenado junto con Alejandro Acosta de ser los autores materiales de los asesinatos”, en referencia al asesinato de los dos militantes. “Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá son nuestros candidatos… ¡pero a la cárcel!”, sentenciaron.
Asimismo, desde la corriente Nacional del FPDS denunciaron agresiones de una “patota” de 25 personas que los sacó a golpes del lugar donde se realizaba la charla.
“Estamos gritándole y cantando en contra de Solá cuando la gente que estaba ahí nos empezó a tirar con sillas y mesas. Cuando empezamos a retirarnos nos golpearon, le pegaron a un compañero discapacitado. Éramos ocho nosotros contra unos 25 que eran ellos”, contó Leonardo Santillán, hermano de Darío, a PRIMEREANDO.
Al momento del escrache, el candidato de UNA se encontraba participando de una charla sobre "Exclusión y Narcotráfico" en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, junto a los legisladores porteños Martín Lousteau y Gustavo Vera. En la previa se esperaba que el ex candidato a Jefe de Gobierno Porteño por el Frente ECO anunciase su apoyo a Solá para las elecciones a gobernador.
