Efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron una vivienda en Almagro, donde residen familias que escaparon de situaciones de violencia.

Personal de la Policía porteña avanzó contra legisladores y manifestantes que se encontraban resistiendo el desalojo de la vivienda ubicada en el barrio de Almagro, donde viven mujeres y niñes que escaparon de situaciones de violencia.

“Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar”, aseguró una de las mujeres.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires avanzó esta tarde contra legisladores del distrito y manifestantes que respaldaban a un grupo de mujeres en medio del desalojo de una vivienda que habitan con sus hijos e hijas en el barrio de Almagro luego de haber “quedado en la calle” al escapar de situaciones de violencia de género, según constató Télam en el lugar.

⚠ En Casa Pringles viven 10 mujeres con sus hijes.

Hoy el gobierno de CABA está desalojando el inmueble que fue declarado innecesario, que ellas recuperaron, instalaron un jardín y un refugio para mujeres que sobrevivieron a situaciones de violencia y no tienen dónde vivir. https://t.co/MWVNL0wl8a

— CELS (@CELS_Argentina) June 17, 2023

El comisario César Marizza, al frente del operativo, ordenó sacar a los manifestantes que se apostaban del otro lado de una valla para permitir el movimiento de tres camiones con los muebles y objetos de las mujeres desalojadas, lo que derivó en forcejeos y empujones, y al menos cuatro personas quedaron demoradas.

Las legisladoras de CABA Ofelia Fernández, María Bielli y Berenice Iañez, del Frente de Todos, están entre los manifestantes junto al Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz.

También en la primera línea frente a un cordón policial que intenta desplazar a los manifestantes está la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT).

Hoy para desalojar a 9 mujeres y 11 niños de un refugio de victimas de violencia, comedor y merendero hubo una represión insólita y 6 detenidos. Pedimos su libertad urgente, y que la próxima el gcba nos acepte una mesa de trabajo en vez de cagarnos a palos. pic.twitter.com/n0nVrWkRlW

— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 17, 2023

El operativo para desalojar la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, comenzó a las 7 con un gran despliegue policial, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19 a cargo de Lorena San Marco.

Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Télam.

Esa fiscalía había realizado una intimación al desalojo en marzo pasado, pero luego se abrió una instancia de negociación que suspendió la medida.

“Patearon la puerta y entraron por la fuerza; vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar, estamos chequeando la legitimidad del desalojo”, dijo esta mañana a Télam desde el lugar Eva, una de las mujeres que viven en Casa Pringles.

Eva contó que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para “hacer una ampliación del hogar Eva Duarte”.

“Pasaron de querer rematarlo siete veces a decir que quieren usar la vivienda para un fin social”, afirmó a Télam Eva.

La mujer aseguró que unos días atrás pasó por Casa Pringles personal de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento de las familias que viven allí, pero insistió en que “había negociaciones con el Gobierno de la Ciudad” hasta el arribo esta mañana del operativo policial.

“Está todo vallado, hay unos 70 efectivos de la policía pero hay mujeres y niñes adentro”, añadió Eva, quien dijo que esperaban la presencia de organizaciones sociales y del área de Defensoría en el lugar.

Deberá quedar supeditado a la constitución y participación de los órganos de control, así como  a la realización de investigaciones y pruebas necesarias sobre el software que se utiliza.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña rechazó este viernes el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) contra la declaración de inconstitucionalidad de la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) mediante datos biométricos.

En concreto, la Sala I de la Cámara dispuso que la rehabilitación del funcionamiento del SRFP, “además de quedar supeditada a la constitución y debido funcionamiento de los órganos de control”, también “queda sujeta a la realización de las investigaciones y pruebas necesarias” sobre el software que se utiliza.

En abril de 2022 se había dictado una medida cautelar y luego sentencia de primera instancia a favor de la acción de amparo promovida por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) a la que luego se sumaron particulares, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y numerosas entidades se presentaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal).

Al declarar la inconstitucionalidad del SRFP, la jueza de primera instancia Elena Amanda Liberatori aludió a la participación ciudadana como principio rector reconocido en el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad y que “el artículo 495 bis de la Ley 5.688 creó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistema de Video Vigilancia”.

Entonces, la magistrada remarcó que la puesta en funcionamiento se hizo “sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”. El CELS indicó que la operación del sistema dio lugar a la “puesta a disposición de la Justicia de 1.648 personas” con “un total de 141 ‘falsos positivos’, es decir, individuos que no tenían orden de captura, pero fueron detenidos arbitrariamente en base a un error de la herramienta tecnológica”

El Gobierno porteño obligará a los locales gastronómicos a contratar un servicio privado en caso de que generen más de 40 kg por día. La normativa abarcará a locales de 16 barrios.

El Gobierno porteño dejará de recolectar los residuos generados por bares y restaurantes ubicados en 16 polígonos gastronómicos de la Ciudad que superen el límite de 40 kg de basura por día. La medida se pondrá en marcha en los próximos días y los propietarios que excedan la cuota mencionada deberán contratar un servicio privado.

La normativa, fechada en octubre del año pasado, comenzará a implementarse en las próximas horas y abarcará a los locales ubicados en los barrios de Puerto Madero, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto, Abasto, Almagro, Caballito, Flores, Villa Crespo y Chacarita.

Los voceros del Ministerio confirmaron a este medio que ya fueron notificados los locales tanto “a través de las cámaras” empresariales como de manera “directa” y detallaron que quienes generen menos de cuarenta kilos de residuos sólidos urbanos diarios podrán solicitar la exención y continuar con el esquema actual de recolección mediante el sistema público.

Pese a tratarse de una resolución ministerial de octubre de 2023, su implementación parece ser paulatina y, además, es resistida por los dueños de los pequeños locales. De acuerdo a cálculos de los propietarios, el costo de contratación del servicio privado por mes alcanzaría los 70.000 pesos.

“Desde que son notificados por los fiscalizadores tienen 30 días para tener contratado el servicio” y adecuarse a la “nueva normativa, que ya aplicaba para los generadores especiales y que ahora los abarca a ellos” también, agregaron desde el Gobierno porteño. Y señalaron que los locales deberán inscribirse en “Inscripción al Registro de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Húmedos”

Desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta informaron que los locales deberán pagar por el retiro de los residuos húmedos, ya que seguirán depositando los reciclables en los contenedores verdes.

Las quejas

Julio, quien tiene una pizzería en Villa Crespo y prefirió mantener en reserva su apellido, dialogó con Télam respecto a la nueva medida y comentó que fue notificado por personal del Gobierno porteño “el viernes antes de las fiestas”, y aunque le dijeron que “no habrá multa”, le indicaron que se tiene que registrar en una página y elegir entre las empresas que allí figuran.

Las empresas a las que se refirió Julio son las 17 que están habilitadas en la página web de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

“Es como un monopolio”, comentó el hombre.

Julio definió su pizzería como “local de barrio” y dijo que, por día, genera “una bolsa de basura y, a veces, media”.

“Me parece una locura. Nos llenan de impuestos, aumentó 80% el ABL (tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza) y no puedo sacar una bolsa de basura al contenedor que tengo en la puerta”, se quejó.

Para los pequeños locales hay una salvedad, si generan menos de 40 kilos de residuos húmedos por día, pueden solicitar una “dispensa” al Gobierno de la Ciudad y continuar contando con el servicio público de recolección.

Sin embargo, Julio dudó de esa opción: “¿Quién va a venir a pesar la basura?”, preguntó.

Desde el Ministerio de Espacio Público informaron que la solicitud “generará una inspección formal de la Gerencia Operativa Control de Higiene Urbana que determinará si otorga o no la dispensa”.

Por otro lado, el Gobierno porteño ofreció una “ayuda económica” para “acompañar” durante este año a quienes generen más cantidad de residuos y sí deban pagar por la recolección, se trata de 35.000 pesos mensuales entre enero y marzo, 26.250 entre abril y agosto, y 17.500 entre septiembre y diciembre.

Télam también entrevistó a Daniel, quien tiene un pequeño restaurante en el barrio de Devoto.

Este comerciante, que también solicitó la reserva de su apellido, le dijo a Télam que “un día vinieron y nos dijeron que íbamos a tener que pagar el retiro de los residuos húmedos; y al día siguiente vino una empresa y nos ofreció el servicio por 68.000 pesos mensuales”.

A Daniel también le informaron que tendría que registrarse en el Ceamse.

La empresa a la que se refirió es Contenedores Hugo, que ofrece servicios de gestión integral de residuos y es una de las firmas habilitadas en el sitio web del Ceamse.

Gabriela, esposa de Daniel, comentó que si los contenedores se llenan, el Gobierno de la Ciudad debería “poner más”.

Consultados por Télam sobre cuántos locales son alcanzados por la resolución ministerial, los voceros de Gobierno de la Ciudad dijeron que “todavía no hay un número final”, y añadieron que “muchos de los que fueron notificados ya tenían contratado el servicio”.

La Ministra de Seguridad de Nación rechazó las críticas del Jefe de Gobierno Porteño y afirmó que “las fuerzas Armadas van a prevención sanitaria”.

El Cardenal Mario Poli le envió una carta al Jefe de Gobierno porteño expresando su malestar por el episodio