Es por la causa que investiga el envío de armas disuasivas y de fuego a la vecina nación. Las mismas fueron utilizadas para reprimir masivas movilizaciones contra el golpe de Estado de 2019.

La causa en la que se investiga el contrabando de municiones a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales avanzó en los últimos días con la recepción del testimonio de los gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos, y los efectivos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica.

“Nosotros no hicimos ningún tipo de entrenamiento”, declaró ante la justicia, bajo juramento de decir la verdad, el gendarme Antonio Brito, quien integró el equipo especial Alacrán que en noviembre de 2019 viajó a Bolivia con la misión de proteger la embajada argentina en ese país, la residencia del embajador y a quienes habitaran ambos inmuebles.

La respuesta de Brito, que repitieron además todos los gendarmes que viajaron con él y los que integraron los siguientes contingentes de efectivos desplazados a Bolivia, permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.

Las declaraciones de los gendarmes que viajaron con los pertrechos investigados permitieron a los investigadores, además, reconstruir parte del derrotero seguido por estas municiones hasta llegar a Bolivia.

Habrían salido de destacamentos de la propia gendarmería y fueron cargadas en el Hércules C-130 por personal de la Fuerza Aérea para finalmente –y según las denuncias del caso- pasar a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas.

“La cantidad de armamento no recuerdo. Llevábamos la dotación propia. Arma primaria y secundaria. Cascos y chalecos. Eso es lo que yo recuerdo. Cada uno estaba abocado a una tarea, yo me dediqué al control del equipamiento nuestro. Del control del resto se ocuparon otros”, declaró Brito, quien ante posteriores preguntas sostuvo que el “resto” era “un grupo de cajas” que vio afuera de la agrupación de la cual partieron hacia el aeropuerto del Palomar.

“Yo me ocupé del control del armamento de la dotación del equipo. Pero había además unas cajas (…) pequeñas, de 30×20”, afirmó el gendarme que después agregó que “cuando armaron la carga en el Palomar, cuando llevaron a ese lugar para armarla, lo armó gente de Fuerza Aérea, lo armaron en un pallet”

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el ex presidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los ex funcionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).