La Primera Dama realizó una presentación judicial contra Google y solicitó una “pericia informática urgente” luego de que en el gigante buscador de la web cambiara su nombre y la calificaran con adjetivos “misóginos, maliciosos y difamantes”.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió desestimar la apelación realizada por Google, en la que la empresa buscaba impedir que se acceda al servidor de la multinacional.
Además, se obliga a Google a conservar todos los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.
Por pedido de la defensa de la vicepresidenta, un experto en informática analizará al buscador más usado de la web que tildó de “Ladrona de la Nación Argentina” a Cristina Fernández de Kirchner.
Luis Goldín habló de la demanda que inició la Vicepresidenta contra el gigante informático por las mentiras y difamaciones contra su persona.
Por medio de sus abogados, la vicepresidenta realizó este jueves una presentación judicial ante el Fuero Federal Civil y Comercial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, en carácter de prueba anticipada.
El video se hizo viral en las redes sociales: un usuario le preguntó a Google "quién es el presidente más corrupto del mundo". La respuesta del buscador más famoso fue la siguiente: "Mauricio Macri". La explicación: el escándalo por los Panamá Papers. Sorpresivamente, el presidente argentino fue sobreseido por la Justicia local por el caso.
Mirá el video publicado por Revolución Popular:
La iniciativa pretende que la pauta tenga un criterio de distribución federal ya que hasta ahora el gasto en publicidad del gobierno de Macri benefició a Clarín, y a Facebook y Google, que se llevan las utilidades a sus casas matrices en el exterior. Además propone potenciar los medios no comerciales con subsidios y poner un techo al total de pauta que puede recibir un mismo grupo de medios.
Este proyecto, que será discutido mañana en un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda, pretende poner un freno al proyecto del oficialismo, que entre otras omisiones no distingue sobre la propiedad nacional o internacional de los medios en los que el gobierno y los entes que de él dependen publicará sus anuncios oficiales.
Por otra parte, al contrario del proyecto de ley que pretende imponer Cambiemos con la ayuda de sus aliados provinciales, el dictamen impulsado por el kirchnerismo plantea que los criterios de asignación de la publicidad estatal no se rijan por los cuestionados indicadores de audiencias que desarrollan consultoras privadas, cuyos errores metodólogicos han sido expuestos en numerosas ocasiones por las auditorías que llevan a cabo distintas Universidades nacionales.
En este sentido, el planteo busca garantizar una distribución diversificada, privilegiando "la relación entre información o campaña y la población destinataria del mensaje o público objetivo; y el precio de la pauta publicitaria ofrecida por el medio o soporte de comunicación".
Asimismo, el proyecto de la oposición plantea que deberá destinarse "por lo menos un 30 por ciento del monto total de la publicidad oficial a los medios de comunicación, programas o producciones informativas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en las provincias, sean éstos comerciales o comunitarios, y que tengan como área de servicio o distribución una región o zona geográfica específica".
De esta manera se busca fomentar el federalismo y ayudar a la sustentabilidad de medios de comunicación y producciones locales, que no están en las mismas condiciones que los grandes multimedios nacionales e internacionales.
Para ello, también se preveé la creación de un fondo para el fortalecimiento de medios comunitarios como espacio articulador de todas las políticas existentes de asistencia a medios sin fines de lucro.
