A pesar de una denuncia presentada ante la justicia federal y la Oficina Anticorrupción (OA) por uno de sus propios funcionarios, el ministro de Transporte mantiene un contrato de explotación publicitaria en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur que benefician directamente a su cuñado, Julián Álvarez Echagüe, a través de la empresa PC Publicidad, especializada en la explotación comercial de mobiliario urbano en distintos puntos del país.
La investigación avanza con la instrucción del magistrado Sebastián Ramos, mientras Dietrich demora y cambia los pliegos para licitar la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro y permitir el ingreso del Grupo Neuss. Esa empresa pertenece a Germán y Jorge Neuss, otros dos amigos íntimos del ministro que ya fueron beneficiados en la Ciudad de Buenos Aires con la concesión de la Verificación Técnica Vehicular.
La herencia mantenida
El presidente de la empresa PC Publicidad es el hermano de Javiera Álvarez Echagüe de Dietrich, consorte del titular de la cartera de Transporte. La firma es una de las dos empresas que fueron denunciadas el 31 de mayo de 2016 por Marcelo Enrique Orfila, presidente de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Se trata de la empresa pública que opera Trenes Argentinos, es decir las líneas ferroviarias Mitre, Sarmiento, San Martín y Roca, además de las redes suburbanas de La Pampa, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos.
Orfila fue designado por Dietrich luego de haber sucedido a Florencio Randazzo al frente de Transporte. Una de sus primeras medidas de gestión fue una auditoría interna para controlar el manejo de las líneas ferroviarias, y verificar los contratos de explotación de los negocios colaterales de la red de trenes, divididos en el alquiler de los locales de cada estación, la explotación de sus costosas marquesinas publicitarias y la utilización de las vías para el tendido de fibra óptica para empresas de telecomunicaciones.
De acuerdo con la denuncia a la que accedió Tiempo Argentino, apenas concluyó su auditoria, Orfila presentó una denuncia ante la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA), conducida por Laura Alonso, porque detectó "ciertas irregularidades que habrían sido cometidas por Esteban Weisbek, Federico Gómez Aubone y Federico Stiz, durante el ejercicio de los cargos de subgerente de colaterales, secretario general y gerente de coordinación administrativa de la SOFSE de la gestión anterior", según detalla el escrito judicial. La presentación se realizó con el patrocinio de tres abogados, entre ellos Alejandro Pérez Chada, defensor privado del presidente Mauricio Macri en distintos casos.
La investigación interna realizada por la SOFSE sostiene que en abril de 2015 se definieron mecanismos específicos, y hasta un "Manual de Gestión para la administración de colaterales comerciales y complementarios" con el fin de fiscalizar los permisos provisorios entregados. Sin embargo, un mes antes, en marzo, "el entonces presidente de la empresa Ignacio José Cassola, otorgó un poder amplio" para su gerente de colaterales Weisbek y lo facultó para celebrar contratos de locación, convenir plazos, condiciones y valores". El funcionario quedó facultado para hacer y deshacer, al punto que llegó a redefinir los permisos precarios de uso como concesiones. En esa maniobra, según denunció Orfila, los acusados no le cobraron a los morosos, no los intimaron y extendieron el mismo mecanismo en los contratos de explotación publicitaria, con la entrega de "excesivas prorrogas previstas". "Otro tanto ocurrió con los permisos de uso y explotación de espacios publicitarios donde no se delimitaban correctamente ni el área territorial, ni la ubicación, ni medidas, ni dimensión de los carteles y dispositivos de las publicidades. También se otorgaron prórrogas sobre contratos vigentes, concediendo beneficios excepcionales de publicidad, por ejemplo los contratos con PC Publicidad para líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur y con Vo15 SA para las líneas Mitre y Sarmiento".
Argumentos oficiales
El Ministerio de Transporte admitió que existe una investigación judicial sobre el contrato, pero aclaró que "no es la denuncia presentada ante la OA". En 2017, la Procuración de Investigaciones Administrativas también recibió una denuncia anónima por el mismo acuerdo que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
Sin embargo, voceros de la cartera confirmaron a este diario que el contrato cuestionado ante la Justicia sigue vigente. "Sobre ese contrato de publicidad vale aclarar que viene de la gestión anterior, renovado por última vez el 6 de noviembre de 2015, por lo que la contratación directa alegada en conflicto de intereses no fue hecha por este gobierno. A este contrato heredado, la gestión actual le aumentó el canon que el Estado recibe como prestación de la explotación pasando de 25% a 32%", contestaron en Transporte.
PC Publicidad sigue operando los mismos negocios que le fueron concedidos desde la gestión anterior y en nombre del ministro Dietrich niegan la existencia de conflicto de intereses porque el contrato que beneficia a su cuñado fue firmado por sus antecesores. "Como la firma del contrato es preexistente, legalmente no hay conflicto de interés", concluyó la fuente oficial consultada.
Dentro de la SOFSE adjudican a la empresa del cuñado de Dietrich una facturación superior a los 40 millones de pesos.
La OA también tomó distancia: "Seguimos el caso y estamos colaborando en la Justicia, pero sabemos que el juez no le ha dado mayor trascendencia", contestó una vocera de Alonso que no pudo precisar por qué el organismo no es querellante en el expediente 8.149/17 en manos de Ramos. La fuente también aclaró que el notable conflicto de intereses entre el ministro Dietrich y Álvarez Echagüe "no es el objeto de la denuncia que presentó Orfila", aunque admitió que en el organismo anticorrupción saben que el concesionario es cuñado del ministro.
Tiempo Argentino buscó conocer los argumentos de PC Publicidad, pero en la empresa se excusaron. Contestaron que Álvarez Echagüe estaba ausente, aunque suele compartir vacaciones con su hermana y su cuñado ministro en Punta del Este y Europa.
Sin embargo, las explicaciones de los funcionarios de Dietrich para desvincularlo del caso se diluyen en los hechos denunciados por Orfila. En Transporte dicen que la renovación del contrato que benefició al cuñado ministerial ocurrió en noviembre de 2015. El dato coincide con la denuncia judicial, pero con otro tono, porque ese beneficio ocurrió "a pocos días de la primera elección presidencial que trajo como resultado el posterior balotaje y frente a un posible cambio de autoridades". En ese momento, dice el documento, "entre gallos y medianoche" y "con inconsistencias formales se modificaron las condiciones fijadas previamente", un giro que permitió "otorgar beneficios extraordinarios a los permisionarios vigentes bajo condiciones que habrían sido meramente teóricas".
Además de la notable ausencia de la OA como querellante en el expediente que instruye el juez Ramos, en septiembre del año pasado se presentó el gerente general de Desarrollo Comercial de la SOFSE, Santiago Pérez Kemp. El funcionario se desligó de la auditoría realizada por Orfila, pero confirmó sus hallazgos e incluso contó que muchos de los expedientes estaban en manos de los permisionarios, no de la empresa pública. "En muchos casos se renegociaron las condiciones a favor del Estado y se actualizó el alquiler", declaró el funcionario. Dentro de esas operaciones también actualizaron el contrato con el cuñado de Dietrich.
De Punta del Este a Retiro
En septiembre pasado, casi en los mismos días de la testimonial de Pérez Kemp ante la Justicia, la cartera de Dietrich recibió las ofertas para concesionar nuevamente la Terminal de Retiro, actualmente en manos de la empresa TEBA, perteneciente al empresario Néstor Otero. Al llamado se presentaron Terminales Terrestres, Inda y dos uniones transitorias de empresas: una compuesta por Terminal Pacheco y Teximco, y la otra por Cusmel y TH Colleccion Services SA, presidida por Germán Neuss, amigo íntimo del matrimonio Dietrich, a través de su esposa Gabriela Flores Pirán. Los Neuss, los Álvarez Echagüe y los Dietrich suman varios años de vacaciones en los lugares más costosos de las playas de Punta del Este, en Uruguay. Al parecer, la relación entre el ministro de Transporte y los Neuss tiene un peso determinante en sus decisiones administrativas. Un indicio de esa densidad está en la licitación de la Terminal de Retiro, a partir de la modificación que decidió en marzo de este año el secretario de Gestión del Transporte, Héctor Guillermo Krantzer. Según la circular Nº 1, del 30 de marzo del año pasado, el funcionario decidió cambiar el puntaje de antecedentes para cada oferente. Antes de su decisión, quienes hubieran administrado terminales, tenían un puntaje del 50%, pero Krantzer redujo esa valoración al 5% y le permitió al Grupo Neuss escalar posiciones, ya que TH SA no tenía antecedentes en la explotación de terminales de ómnibus.
Tres días antes del cambio firmado por Krantzer, el directorio de TH modificó sus estatutos y amplió los objetos de la sociedad anónima para armar uniones transitorias de empresas y preparar el camino para disputar la licitación por Retiro, en manos de Otero y reconocido por el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime como pagador de las coimas que recibía.
Ante las consultas, en Transporte confirmaron el cambio de condiciones: "Habíamos recibido un pliego confeccionado por la gestión anterior que ponderaba con un puntaje muy alto (50%) a la experiencia en la explotación de terminales, que en definitiva favorecía a un único competidor. La modificación de la puntuación lo que busca justamente es equilibrar las oportunidades, para que haya más concurrencia de ofertas y por ende más competitividad en la licitación". En este caso, a pesar de los cambios a medida del Grupo Neuss, cerca de Dietrich niegan que exista algún conflicto de intereses. Casi el mismo argumento que utilizaron para deslindar la notable relación que mantiene el ministro con su cuñado.
Julián Álvarez Echagüe es uno de los hermanos de Javiera, la consorte del ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Preside la empresa PC Publicidad, que aparece mencionada en una denuncia penal impulsada por Cambiemos por irregularidades cometidas en la gestión anterior. Sin embargo, el contrato cuestionado se mantuvo y en Transporte niegan que exista un conflicto de intereses. En los últimos días, suprimió imágenes y fotos de las redes sociales.
Fuente. Diario Argentino
