En los comicios de la provincia se enfrentarán las listas “Adelante Buenos Aires”, que postula a Maximiliano Abad, y “Protagonismo Radical”, que lidera Gustavo Posse. En la Ciudad, tres sectores se enfrentan: dos de ellos encolumnados detrás de Lousteau y un tercero enfrentado al economista

El intendente de San Isidro responsabilizó a la mamá de la nena por la situación de extrema vulnerabilidad en la que vive

La polémica referente del ARI continúa generando divisiones en Juntos por el Cambio. Además de sus duras críticas a Ritondo, ahora se metió de lleno en la interna de la UCR y le recordaron las declaraciones de Raúl Alfonsín.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aliado de Juntos por el Cambio, cobra un salario mensual que supera los 800 mil pesos mensuales. Más del doble que el presidente de la Nación. Mirá los números.

El periodista intentó en vano que el intendente de San Isidro se opusiera a la llegada de ayuda desde Cuba

Mientras la gobernadora llevaba adelante una caminata, una mjujer desocupada se le acercó para increparla

Los trabajadores echados por decreto por el Intendente de esa localidad del Norte del Conurbano se mantendrán en pie de lucha y prometen quedarse en el HCD hasta la reincorporación de todos los cesanteados.

Luego del traspaso de la gobernadora Vidal, desde la oposición local advirtieron que los vecinos no pueden circular libremente por el lugar y le apuntaron al jefe comunal por "querer hacer negocios" con privados. Además, apuntan contra emprendimientos de "dudosa habilitación". Días atrás el intendente fue citado a indagatoria por defraudación en la construcción de viviendas sociales.

Otro integrante de Cambiemso se suma al difícil momento en materia de transparencia que afecta a Cambiemos. Es que luego de que días atrás fuera citado a indagatoria por el fiscal federal Jorge Di Lello por defraudación en la construcción de viviendas sociales, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, suma un nuevo capítulo judicial.

En este caso, dirigentes de la oposición local denunciaron que el alcalde ex radical, devenido en massista, devenido al macrismo, busca "privatizar" la zona del puerto del municipio, cuya administración fue traspasada de la órbita provincial a la distrital días atrás.

El concejal Fabián Brest, del bloque PJ-FpV, advirtió que el decreto provincial que otorga al municipio la explotación del puerto no impide que haya "concesiones o cesiones a privados". Incluso afirmó que el libre acceso al puerto "está negado" a los vecinos por emprendimientos "de dudosa habilitación".

Según consignó el sitio La Política Online, los dirigentes del peronismo sanisidrense vinculan esta situación con la denuncia de los padres del Hogar Infantil Municipal, ubicado en la zona del puerto, que la gestión de Posse cerró a fines de 2016. Desde la oposición local consideraron que "con la entrega del puerto cerró todo" y atribuyeron la actitud del intendente a sus intenciones de "hacer negocios en la zona".

Los concejales de la oposición citaron como antecedentes la venta del viejo Hospital de San Isidro en 2003 a la empresa AG Producciones para construir un complejo habitacional; la privatización gastronómica y comercial de grandes sectores de la costa sanisidrense; y la venta en 2012 de un predio donde funcionó un ex centro clandestino de detención y en el que ahora hay un complejo de oficinas, entre otros.

El 8 de febrero, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto junto a Posse para anunciar la transferencia de la explotación y la administración del puerto de San Isidro a ese municipio. En un comunicado oficial se consignó que esa medida "permitirá generar un espacio público de 7 hectáreas para que vecinos y turistas puedan disfrutar del sector de rivera".

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en una causa por supuesta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado en ese partido del norte del conurbano bonaerense.

En un extenso dictamen al que accedió Télam, el fiscal solicitó al juez federal Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar" en el bajo de San Isidro.

Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se hicieron 44, pese a lo cual los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.

Di Lello visitó en persona el barrio e inspeccionó las casas, antes de emitir el dictamen donde reclama las indagatorias en base a un perjuicio al Estado Nacional calculado en 31 millones de pesos, fondos que fueron girados a la Municipalidad de Vicente López por parte del gobierno nacional.

Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras", advirtió el fiscal.

Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco".

También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.

En el dictamen incluyó para ser citado al secretario de Obras Públicas de San Isidro, Bernardo Landívar, al subsecretario Federico García y a otros funcionarios.

De las 250 viviendas que debían edificarse con fondos nacionales y cumpliendo "exigencias edilicias y de equpamiento" sólo se hicieron 44, en el marco del llamado "proyecto 48" para San Isidro.

"El valor total de la obra era de 37.682.054 pesos", recordó el fiscal.

Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construidas representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos.

Di Lello aludió a un informe de la Procuraduría contra el lavado de activos (Procelac) que "desnudó una compleja trama de vinculaciones" entre los imputados "que robustece" las sospechas del delito.