El historial comienza con Gladys González. La disputa que desató esta semana la denuncia de la ex empleada de Triaca, que recibía parte de su sueldo a través de ese sindicato, no solo reabrió el asunto sino que supone algo mucho mayor, de lo cual se empezó a investigar.

Gladys y el SOMU

Gladys, actual senadora de la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, fue designada en febrero de 2016 como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para investigar la presunta administración fraudulenta de Omar "Caballo" Suárez, quien se encuentra detenido desde septiembre de ese mismo año. La funcionaria fue designada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en ese momento era diputada nacional del oficialismo.

Por aquel entonces, en diálogo telefónico con el Diario Perfil, González  dijo que el objetivo era sanear el sindicato y al año siguiente entregárselo a los trabajadores en condiciones. Canicoba Corral había aprobado un plazo hasta el 22 de febrero del 2017, aunque consideraba que se necesitaba más tiempo para modificar la situación.

Mientras la funcionaria intentaba dar clases magistrales de transparencia, en su haber se fueron acumulando un tendal de acusaciones que incluyeron a su esposo, Manuel Mosca, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La denuncia fue realizada nada menos que por Roberto Daniel García, concejal de Avellaneda y exfundador del PRO a nivel nacional. En la misma, pide investigar al matrimonio por el desvío de fondos públicos a través del SOMU y el dudoso origen de una cuenta en Suiza a nombre del legislador bonaerense.

El edil pidió a la Justicia que indague sobre la responsabilidad de Mosca en la supuesta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y pone a consideración de la magistrada una cuenta en Suiza a nombre del diputado, y que fue formada a comienzos del año 2017, cuando ya ejercía la Presidencia de la Cámara baja provincial.

La demanda propiciada por García, quien fue una de las personas de mayor confianza de Jorge Macri, pide a las autoridades judiciales que pongan la lupa sobre el manejo de fondos por parte de Gladys González mientras se desempeñó como interventora del SOMU, y que haga especial hincapié en la Fundación Azul, dependiente de la mutual del sindicato, desde donde habría salido buena parte de dinero para “bancar” la última campaña electoral del oficialismo.

Como prueba, ofrece fotos y videos de militantes de Cambiemos entregando la boleta oficial por las calles del Conurbano con una bijouterie con el logo de la Fundación Azul, lo que sería un claro desvío de fondos de la entidad, algo que iría en contra de lo previsto en el artículo 263 en función del artículo 261 del Código Penal.

Por su parte, se pide que se investigue a Mosca por el supuesto manejo irregular de fondos provenientes de la Cámara baja, que sufrió un aumento de 1.448 millones de pesos por encima de lo presupuestado. Además, se pide que se ponga en la mira las declaraciones juradas hechas por el legislador, donde habría incongruencias entre los dineros que recibe y sus gastos.

 

A fines del 2016, García también denunció a Gladys González por coimas, pedía un 10% por los futuros cargos ministeriales que podía poner en PBA, pero como la pauta la maneja Mosca, advertía que existía blindaje mediático.

"En Provincia de Buenos Aires la pauta la maneja Mosca, por eso hay blindaje para Vidal y González". En este sentido, el edil explicó que "hubo contratos por 10 años cuando González tenía funciones por un año. Los negocios los maneja el primo hermano" y "el candidato de Gladys González a diputado provincial por la tercera sección tiene sobreprecios en obra pública en PBA.

 

En el texto judicial, al que InfoGremiales accedió en forma exclusiva, se pueden observar las decisiones políticas y administrativas de González en el gremio, y también las resoluciones en materia económica con los aportes de los afiliados, que dejan varios puntos para reseñar que seguro traerán polémica.

Del total de los salarios pagados por los aportes de los marineros, se destacan los 59 mil pesos mensuales que se otorgó a si misma la interventora (casi unos 720 mil pesos al año).

La particularidad de ese dinero es que para esquivar los problemas de incompatibilidad con su puesto en la legislatura, que la tuvieron contra las cuerdas y cerca de tener que renunciar a la diputación, figuran como gastos de “representación”.

También llamaron la atención los casi 260 mil pesos mensuales destinados al flamante “team” del Departamento de Administración y Finanzas o los 170 mil destinados a la Secretaría General.

En términos estrictamente gremiales la intervención tampoco parece haber sido muy fructífera, ni atractiva. No sólo la salida del cuestionado “Caballo” Suarez no derivó en mayor acercamiento a los trabajadores, sino que se dio el proceso inverso. Es que del propio informe se desprende que en los primeros meses de gestión de la intervención hubo 4.599 afiliados suspendidos y otros 2.002 dados de baja. Una notable pérdida de representación y de ingresos para la asociación sindical.

Triaca y el SOMU

 

El abogado Carlos Broitman, que patrocina al exsecretario general del SOMU Omar "Caballo" Suárez, se refirió al caso de la exempleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, designada en ese sindicato y denunció que "hay otros funcionarios que utilizaron al gremio para pagar sueldos".

"Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca, ya hicimos una denuncia penal. Ya se está investigando porque hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio 10, Broitman aseguró que quiere "van a salir a la luz varios casos más, no solamente el de esta empleada de Triaca, hay varios empleados más a los que les pagaban sueldos a través del SOMU", en alusión al caso de Sandra Heredia, que trascendió como consecuencia de un duro audio en el que el ministro la insultaba.

"Esto podría ser un escándalo 100 veces mayor de lo que se le acusa al ´Caballo´ Suárez. Hablan de transparencia, entonces que investiguen a Triaca", destacó.

Y anticipó: "Quiero ser muy precavido, pero la semana que viene tendremos novedades sobre este asunto".

"¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", fue el duro mensaje de audio de WhatsApp que le envió el funcionario nacional a Heredia, quien se desempeñaba como casera de la quinta familiar ubicada en San Isidro.

Tras la difusión del mensaje, la mujer contó que desde el 1º de abril de 2017 es delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a donde llegó ubicada por el propio Triaca.

 

 

 

 

Siguen los efectos del escándalo que afecta al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ahora fue denunciado por los abogados de Omar “Caballo” Suárez, el ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU). El motivo: la contratación irregular de la empleada doméstica del funcionario como parte de la intervención del gremio.

La propia Sandra Heredia reconoció que estaba contratada en SOMU aunque seguía trabajando como empleada doméstica en la quinta de Triaca. Era una "ñoqui" puesta a dedo por el funcionario nacional.

“Como en la quinta se trabaja los fines de semana mayormente y ella siempre respondía bien, se le ofreció hacerse cargo de la intervención del sindicato y lo hizo muy bien. Cuando tenemos que tener certeza de un equipo, tiene que ser de confianza y priorizamos el equipo que ya conocemos”, explicó de modo increíble Triaca.

Además, Heredia reconoció que la tenían "en negro" y que solo le pagaban una parte del salario en blanco. En la AFIP figuraba cobrando sólo 5 mil pesos. De este modo, el ministro que debería controlar a los empresarios para que no tengan empleados no registrados así todo lo contrario en su casa.

Siguen las repercusiones del escándalo por el audio del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insultando a su empleada doméstica. Ahora, habló Sandra Heredia, la mujer despedida: "Estuve en negro, me blanquearon en parte antes de las elecciones de 2015. Pero nunca cobré todo en blanco", describió.

Además, denunció maltrato laboral, más allá del audio agraviante: "Me querían obligar a que firme como que había renunciado. No acepté porque no es cierto. Además, querían que reconociera mi salario en blanco, el que figura en AFIP, por 5 mil pesos. Y eso era una parte de lo que yo cobraba. Quiero que me paguen lo que me corresponde". Y agregó: "No querían que entrara a mi habitación en la quinta para que pudiera sacar mis cosas. Finalmente, me dejaron sacar algunas pertenencias, pero no todas".

Heredia develó otras irregularidades como un empleo en el sindicato intervenido SOMU. El ministro Triaca le consiguió un empleo en el gremio, aunque ella dedicara su tiempo a trabajar para el funcionario.

Sandra Heredia, ex empleada de Jorge Triaca, habló con Radio con Vos sobre su situación laboral con el ministro de Trabajo. Denunció empleo informal y maltrato laboral. Las principales declaraciones de Heredia: "Estoy trabajando en el SOMU, como delegada interventora. Me colocó Triaca ahí el 1 de abril de 2017. Tengo contrato con el SOMU hasta febrero, pero trabajaba con Triaca, tenían prioridad sus asuntos", describió.

En las redes sociales, Triaca intentó terminar con el escándalo: "Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él". Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar: le pidieron su renuncia mientras marcaron las contradicciones elementales entre ser ministro de Trabajo y contratar ilegalmente.

Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él.

— Jorge Triaca (@JorgeTriaca) 16 de enero de 2018

Se trata de Sandra Heredia, casera y asistente de Triaca desde 2012 y hasta el 8 de enero de 2018. La registró en 2015 y la había contratado en el SOMU para que cobre allí lo que no le pagaba.

La noticia estalló el viernes. Ese día Sandra Viviana Heredia, quien se desempeñó desde 2012 y hasta el 8 de enero de 2018 como casera y asistente personal del actual Ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, denunció que la despidieron sin causa, sin mes de preaviso y que, además, le pagaban parte del salario con un contrato que el funcionario había gestionado en el SOMU.

Heredia le contó a la Agencia OPI Santa Cruz, que trabajó en la quinta que su familia poseen los Triaca en Bouglone, propiedad que heredaran de su padre, y que el ministro comparte con sus hermanos Carlos Leonardo Triaca y Mariana Haydee Triaca Directora del Banco Nación desde el año 2017.

Es una “extensión” del Ministerio de Trabajo, en la casa del funcionario nacional, explicó la damnificada. “Yo entré a trabajar allí en el año 2012, cuando Jorge Triaca era diputado. Ellos son seis hermanos que se criaron en ese lugar y al fallecimiento de su padre, decidieron dejarla como casa de fin de semana, pero Jorge (Triaca) lo transformó en algo más que eso. Allí concurren políticos, empresarios, sindicalistas y en general mucha gente, algunos de los cuales, antes, pasan por su oficina de Casa Rosada y otros pasan por allí, primero…”, señaló Heredia.

Heredia fue echada por Triaca sin mediar causa justificada, sin comunicarle la misma, sin haberle realizado el preaviso que marca la ley y sin pagarle la indemnización correspondiente. No obstante, entre el 2012 y el 1º de octubre de 2015, Jorge Triaca le pagó en negro y 21 días antes de las elecciones de ese año, la formalizó, blanqueando solo una parte de su actividad en la quinta. “Me comenzó a pagar un sueldo “en blanco” como si fuera casera, pero en realidad yo siempre fui, no una casera sino una asistente full time”, relató la mujer.

Esta situación llevó a la ex empleada de Triaca a remitirle tanto a él como a sus hermanos, sendas cartas documentos, reclamándole a todos, que no mediando una causa ni justificación, a partir del 8 de enero de 2018 se le negó la posibilidad de seguir cumpliendo las tareas habituales de casera y asistente full time de eventos y coordinación en la quinta, razón por lo cual le solicitó formalmente que “provea tareas, acredite aportes previsionales, entregue recibos de haberes conformados legalmente, cuestión que de no cumplir y amparados en la Leyes 20.744, 24.013, 25.323, 25.345 me obligará a realizar las presentaciones correspondientes como asimismo “denunciar ante la AFIP de sentirse injuriada y despedida por decisión unilateral”, expresa en parte el documento.

Ese mismo día Heredia se hizo presente en la quinta para pedir explicaciones y retirar sus pertenencias, pero ni siquiera la dejaron entrar al predio; “Vos no entrás más acá, no te vas a llevar nada”, fueron las palabras que le expresó el de seguridad en la puerta.

Horas después, la ex empleada del ministro por comunicación de Whatsaap le hace saber al Dr .Jorge Borsalino que realizaría una denuncia penal por “retención indebida”. En esa instancia, el abogado la llamó a “arreglar el mal entendido”.

“Cuando llegué la segunda vez – relató Heredia, siempre a la agencia OPI Santa Cruz – había dos custodios de Jorge (Triacca) y me pareció raro. Al entrar, (Jorge) Borsalino, me presentó un papel y me dijo “Acá tenés que firmar la baja de la AFIP”, donde decía que él me despedía, desvinculándome laboralmente desde el 8 de enero. Si yo firmaba eso, me podía llevar las cosas. Yo hablé con mi abogado por teléfono en el mismo momento y me dijo que no firmara la baja de la AFIP ni otro documento de ese tipo” afirmó la mujer.

“Borsalino me propuso pagarme $ 66.000,00, pero debía renunciar; es decir, lo que realmente pretendía, era impedir que tuvieran que formalizar mi despido, el cual a todas luces es arbitrario e ilegal”, reconoció la ex empleada del Ministro.

Pero la oferta contenía aún más. Heredia fue colocada como delegada interventora del Ministerio de Trabajo, en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Seccional San Fernando, el cual fuera intervenido por el gobierno nacional, luego de la caída de Omar “Caballo” Suarez.

Bajo la órbita de Jorge Triaca, el SOMU pasó a ser una virtual “agencia de empleos”, y por tal motivo el propio Ministro nombró a su cuñado Jorge Borsalino como Tesorero del sindicato y como contratada (entre otros) a Sandra Heredia.

El empleo de Heredia tenía como finalidad, compensar lo que no le pagaba Triaca por su servicio de asistente en la quinta. La consigna con la cual llegó Heredia allí de parte del Ministro fue clara: que en las elecciones del sindicato “debía ganar la lista 20 Celeste”, liderada por Rubén Manno de Mar del Plata junto con Alejandro “Serrucho” Gómez, ambos apadrinados por Triaca.

Como esta lista perdió en manos de la de Hugo Moyano y el 12 de febrero de este año la nueva conducción se hace cargo del SOMU, los contratados que allí estén puesto por el Ministro, cesarán en su tarea.

Precisamente, Borsalino, para hacer más atractiva la propuesta de indemnizar a Heredia, además de los 66 mil pesos y el “olvido” de los 90 mil, le propuso darle continuidad laboral, ubicándola en otro sindicato intervenido por el gobierno nacional “yo te ofrezco la continuidad laboral para que sigas trabajando. No te vas a quedar en bolas.

Te vamos a mandar a otro de los gremios intervenidos que tenemos, por ejemplo en la sucursal de Acassuso de la UOCRA” le afirmó el abogado “pero todo de palabra”, confiesa Sandra que no le creyó nada; pues su “promesa” se fundaba en la necesidad de que firmaba su propia renuncia para, de esa manera, liberarse de cualquier conflicto laboral/judicial.

Pero Sandra Heredia tiene en sus manos una cantidad de elementos para probar su total y permanente vinculación con la familia Triaca y particularmente en los últimos años con el Ministro de Trabajo. Entre ellas difundio una carta de mayo de 2016 en la que la abuela de la familia la felicitaba, por la eficiente tarea que llevaba a cargo, en cada oportunidad en que se reunía la familia para festejos y conmemoraciones: “Sandra:¡Gracias por mimarme… vos y “tu equipo”… Cada vez resulta más lindo… “más afectivo” ir a lo que alguna vez fue la casa donde crecieron Jorge, Carli, Mariana, Lauri, Lorena y Silvi. Gracias por hacer que cada domingo se transforme en un momento, para mí inolvidable y encima… con comidas exquisitas!! Y sobre todo, gracias por cuidar y mimar a todos mis nietos”.

Escuchá el audio:

https://soundcloud.com/opi-santa-cruz/audio-ministro-triaca

Fuente: Infogremiales

Los datos corresponden al tercer trimestre de 2017 y fueron brindados por el INDEC. La informalidad creció del 33,8 al 34,4% en relación al mismo período de 2016 y afecta a casi 5 millones de empleo. En el primer trimestre de 2015 (último dato oficial del gobierno kirchnerista) se ubicaba en el 31,9%.

Además, en los últimos 12 meses se perdieron 36 mil puestos en sector privado formal, por despidos, principalmente, en la actividad petrolera, la industria electrónica de Tierra del Fuego y en el sector textil. La cifra viene a contrarrestar a los funcionarios nacionales sobre la vitalidad del modelo económico en marcha.

Donde sí se registró un crecimiento del empleo es en el sector informal (90 mil puestos en un año) y entre los monotributistas. El número en este caso es muy alto: 250 mil, sobre todo en la categoría "monotributo social".

Los especialistas advierten que en realidad se trata menos de creación de empleo que de la formalización de los monotributistas ya existente, a partir de mayores controles de la AFIP (facturas electrónicas, por ejemplo) y de la extensión de la asignación universal a ese sector.

Un grupo de jubilados autoconvocados irrumpieron el anexo del Congreso donde se debate la reforma jubilatoria y estallaron contra los Diputados que apoyaron el proyecto. Mirá el video. 

Hace instantes, un grupo de jubilados que se agarraron a trompadas con la seguridad del Congreso. En el medio de la contienda, el Presidente del bloque FPV, Agustín Rossi, se metió en el medio del conflicto para separar.

A su vez, Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, y el diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, quien la semana pasada afirmara que de aprobarse la reforma "Los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo", también se vieron envueltos entre insultos y empujones de parte de las personas mayores que asistieron al recinto.

Se debate en las comisiones de Presupuesto y de Previsión la reforma previsional que el Gobierno de Mauricio Macri quiere imponer antes de fin de año. Hubo empujones e insultos. Los gremios y las asociaciones de jubilados pidieron que se rechace el ajuste: "Le van a sacar a mucha gente la comida de la mesa, los diputados responden al pueblo, no pueden votar esto", pidieron.

La tensión tuvo que ver con que la presidencia de las comisiones, en mano de Cambiemos, redujo la cantidad de invitados al debate, del que participaron los ministros nacionales Jorge Triaca, de Trabajo, y Nicolás Dujovne, de Economía. Ambos defendieron el ajuste sobre los trabajadores pasivos.

Igualmente, tuvieron lugar varias exposiciones muy duras contra la reforma oficial. "Es mentira que el sistema esté quebrado, el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES creció todos estos años, mientras aumentaron las jubilaciones. Esta reforma va a quebrar al sistema", aseguró Leonardo Fabre, del gremio de trabajadores de la ANSES. "Hay más plata en la ANSES que en el Banco Central, que parece reservado para la timba financiera", agregó.

Por su parte, Sergio Palazzo, de la Corriente Federal de los trabajadores, pidió: "Vengo en representación de un sector del movimiento obrero organizado. Les pedimos que no voten el saqueo a los jubilados. Con esta reforma, van a perder un salario al año, estamos hablando de un ajuste brutal sobre millones de argentinos". Y agregó: "La plata que le sacan a los jubilados no va a ir a fortalecer el sistema como dicen, se la van a dar a los empresarios, a los que le bajaron los impuestos".

Luego, Sonia Alesso, de la CTA, agregó: "Esto ya lo vivimos en los 90. Estas reformas nunca beneficiaron al pueblo, lo perjudicaron, lo hambrearon. Repudiamos este saqueo a los jubilados. Espero que los diputados defiendan al pueblo que los votó, ellos no responden a los gobernadores", reclamó.

Con la firma de Karina Palacios, directora nacional de Asociaciones Sindicales, la disposición publicada esta mañana en el Boletín Oficial ordena la posible quita de personería jurídica a alrededor de 450 gremios.

Por pedido de Mauricio Macri y con la firma de Karina Palacios, el  ministro de Trabajo  Jorge Triaca ordenó dar de baja a 552 gremios que no cumplieron con los requisitos previstos en la ley de asociaciones gremiales (23.551). Para Trabajo, la medida se fundamenta en el artículo 23 de esa ley, que obliga a los gremios en un plazo mínimo de tres años a presentar balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización de del registro de afiliados, entre otras disposiciones. Dentro del listado de gremios a sancionar, están aquellos "que en un plazo perentorio de tres (3) años contado a partir del comienzo de su inactividad o inoperatividad" no hayan demostrado "su efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales".

Según Infobae, entre los sindicatos que serían dados de baja figurarían el gremio de Trabajadores del Trote, Sindicato de Trabajadores Jaboneros (Santa Fe), Sindicato de Energía Atómica, de Músicos y Artistas de Chaco, Asociación Obreros y Empleados de Malteria Hudson y el Sindicato de Turf (Córdoba). Bajo la nómina DI-2017-17-APN-DNAS#MT la decisión del Ministerio de Trabajo otorga un plazo de 60 días para cumplimentar esa documentación, bajo la advertencia de excluirlo del registro de asociaciones sindicales.

La norma ministerial, en el artículo uno dispone la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y anticipa que se excluirá a las entidades que "no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551".

Por el artículo 4 de la resolución se dispone en un plazo de seis meses la digitalización del Registro de Asociaciones Sindicales y se otorga el mismo plazo para "la capacitación a los responsables legales y técnicos de las asociaciones sindicales registradas en el mismo". El actual registro cuenta con 3.263 organizaciones, de los cuales 1.640 con personería gremial y 1.623 con simple inscripción.

Ante empresarios, el Jefe de Gabinete defendió la designación de la hermana de Jorge Triaca, ministro de Trabajo, como directora del Banco Nación. Aseguró que lo "importante es la capacitación y los méritos". Sin embargo, Mariana Triaca no brilla por tener un legajo brillante en relación al tema financiero. Además, se supo que cobrará entre 110 y 130 mil pesos.

Mucho más sincero, el ministro Triaca reconoció que su hermana llegó al Nación por "su militancia en Cambiemos". “Es una militante de Cambiemos de hace mucho tiempo, y es una profesional que viene desarrollando esta tarea hace dos años”, dijo. Quedaron los lejos en los que desde el macrismo se cuestionaba a la supuesta "grasa militante" que tanto perjudicaba al Estado.

¿Quién es Mariana Triaca? Según el CV que reconstruyó el diario Perfil, la ahora directora no tiene experiencia en la gestión pública hasta el año pasado, cuando ingresó como "asesora" del Banco Nación. Antes, de había desempeñado en el sector privado, en emprendimientos menores. El único título que ostenta es el de contador público nacional, logrado en la Universidad del Salvador. No tiene maestrías ni cursos en instituciones prestigiosas. Lo que se dice un CV poco brillante.

Además, se supo que la hermana del ministro ganará como directora entre 110 y 130 mil pesos, sin contar la actualización de haberes del año próximo, que será en torno al 30%. Así las cosas, su salario crecerá por encima de los 150 mil pesos.