La legalidad del proceso de Lula es cuestionada por centenas de juristas que consideran que la sentencia del juez Sergio Moro es una decisión política. Para ellos, la sentencia no se basa en pruebas y tiene el objetivo de impedir la candidatura de Lula en las elecciones presidenciales de este año. Hay similitudes con el abuso de prisiones preventivas por parte de Cambiemos hacia exfuncionarios del gobierno kirchnerista incluyendo a la expresidenta, proceso que se dio a conocer como lawfare (guerra jurídica) y se explica en la nota.
Los juristas denuncian: las elecciones sin Lula serían un fraude. A continuación las principales críticas en diez respuestas del Frente Brasil de Juristas por la Democracia.
1. ¿Por qué crímenes Lula está acusado en el caso del apartamento tríplex en el ámbito de la Operación Lava jato?
Los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que el ex -presidente Lula sería el dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, municipio del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula, solo hay confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allá o tuvo las llaves del inmueble.
Pero es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público (cuando fue presidente del país). En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber recibido una ventaja – el apartamento tríplex-, pero no consigue identificar cuál fue ese acto y tampoco tiene documentos que comprueben que el apartamento le pertenece.
2. ¿Por qué los especialistas afirman que se trata de un proceso apoyado en la excepción?
La acción penal que se tramitó bajo competencia del juez Sergio Moro resultó en una sentencia que revela un juicio basado en la voluntad condenatoria del juez para fundamentar la decisión; que utiliza el proceso penal de excepción propio de regímenes autoritarios. El juez admite el uso ampliado del derecho para combatir un "mal mayor", la corrupción sistémica, y pasa a no respetar el principio jurídico de inocencia, es decir "el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario", para imponer al acusado que pruebe que no es culpable.
El juicio llega a invertir la carga de la prueba, violando el principio básico de cualquier proceso justo en cualquier legislación del planeta. Con el argumento de que la corrupción es sistémica y con la asunción del papel de "héroe contra la corrupción" por parte del juez Sergio Moro, el proceso pasa a tener dos acusadores – los miembros del Ministerio Público y el juez – y un acusado sin derecho a la defensa amplia e irrestricta. El proceso se parece a un partido de fútbol sin árbitro, con uno de los equipos en desventaja y el marcador predeterminado.
3. ¿Un juez "héroe" puede ayudar a combatir la corrupción en Brasil?
De ningún modo un juez que se siente héroe podrá resolver solo los problemas de corrupción altamente complejos que existen en el país. El Poder Judicial no debe ser escenario para pretensiones personalistas de cualquier naturaleza y no conviene que un magistrado brille más que la causa del juicio, distanciándose de la serenidad e imparcialidad que necesita en una función de tamaña responsabilidad pública. No convienen premios mediáticos ni la idea de un juez "héroe", algo que compromete la imagen pública del órgano y genera inseguridad judicial.
4. ¿Al final, qué es lawfare (guerra jurídica)? ¿Por qué se usó lawfare en la sentencia contra Lula da Silva?
Lawfare es un neologismo que deriva de otra expresión en inglés - warfare– que significa guerra, guerra jurídica para alcanzar determinados objetivos. No se puede utilizar el derecho como guerra; al contrario, debe ser un instrumento de paz, de resolución de conflictos, de promoción de la justicia, respetando las garantías judiciales para no condenar personas inocentes. En el caso de la sentencia contra el ex presidente Lula, la guerra viene dada por el uso indebido del derecho para fines de una especie de guerra política, una persecución política, pues el juez no respeta varios de los principios del debido proceso: no respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, hace uso de pruebas ilícitas; va a los medios para manchar la imagen del acusado y apoya su decisión en presunciones y convicciones [en alusión a la frase del fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien afirmó que contra Lula no había pruebas, sino convicciones] y no en pruebas concretas. El proceso se asemeja a una guerra en la cual el juez deja de ser imparcial y pasa a unirse a los que acusan – fiscales del caso – para promover la persecución del acusado y su condena, aun sin pruebas.
5. ¿Si no hay crímenes o pruebas, cómo debe actuar el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4)?
El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) tendrá que juzgar a Lula dentro de la legalidad, respetando la Constitución y los Códigos Civil y Penal y también tendrá que respetar el juicio anterior, los precedentes judiciales. Por tanto, la única decisión posible en la legalidad es la reforma de la sentencia anterior, que revise los excesos que llevaron a la condena del ex presidente y lo declare inocente. En caso de que la decisión del TRF4 sea la condena, muchos caminos se podrán recorrer para que se restablezca la justicia y para que se garantice el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la República.
6. ¿La rapidez del TRF4 para establecer el juicio de Lula es irregular? ¿Por qué tanta prisa?
La rapidez del TRF4 para adelantar el juicio del proceso contra Lula nos causa extrañeza por dos razones: por ser un proceso extremadamente largo y porque no se contemplan las hipótesis legales de anticipación del juicio. Es raro que se tramite un proceso tan largo, con 250 mil páginas con esa velocidad, una velocidad récord, con la conclusión del informe tras 36 días y su revisión en apenas seis.
Se postergaron otros procesos para que el juicio de Lula pueda ocurrir el 24 de enero, primera fecha tras el receso de verano. ¿Y por qué tanto apuro, a fin de cuentas? El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mencionó que “en nombre de la seguridad judicial y de la estabilidad del juego democrático es mejor que se defina muy pronto cuales serán las reglas, quién podrá ser candidato”. Esa opinión resulta muy impropia, una vez que el proceso no debería tratar de las elecciones sino de un caso relacionado con la acusación del crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero. La declaración del ministro vuelve más evidente lo que está en juego en el escenario electoral y el activismo judicial en una esfera que no le corresponde: la política y el futuro del país.
Este es uno de los problemas de la judicialización de la política cuando no encuentra respaldo en la soberanía popular, última razón de ser del constitucionalismo democrático.
7. ¿Qué pasa si el TRF4 condena a Lula?
Cualquiera que sea el resultado del juicio de 24 enero, Lula seguirá como candidato a la Presidencia de la República. Es importante diferenciar el juicio en segunda instancia y la impugnación de la candidatura. Dependiendo del resultado del juicio, habrá recursos de apelación, peticiones a órganos superiores. Sólo el 15 de agosto -plazo final para que los partidos inscriban oficialmente las candidaturas- inicia el plazo para las impugnaciones, proceso a ser realizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En resumen: la condena no impide la candidatura de Lula, no impide que inscriba su candidatura o que siga siendo precandidato. Solamente cinco días después de la inscripción, sus adversarios podrán solicitar la impugnación y este proceso podrá o no alcanzar el calendario electoral.
8. ¿Lula da Silva tiene derecho a ser candidato?
El proceso contra Lula tiene relevancia indiscutible no solo porque fue el presidente de la República más popular de la historia del país, sino porque lidera como candidato favorito para las elecciones de 2018. Un juicio eventual que condene al ex presidente Lula en segunda instancia podría permitir un proceso de impugnación de la candidatura basado en la Ley de Ficha Limpia [sancionada por el propio Lula en 2010, y que solo veta la candidatura de personas condenadas por crímenes en segunda instancia], algo que podría apartarlo de las elecciones este año y que desencadenaría una inevitable revuelta popular ante la injusta y desproporcionada acusación en un proceso corrompido por ilegalidades y nulidades. Naturalmente, la posibilidad de impugnación concede un dramatismo incomparable al proceso contra Lula, pero sea cual sea la sentencia, dentro o fuera de la legalidad, de hecho el Partido de los Trabajadores (PT) tiene razón al afirmar que Lula seguirá siendo el candidato del partido, pues además de los recursos de apelación ante el proprio TRF4 y los tribunales superiores, todavía faltaría el proceso previsto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se efectúe la impugnación.
En resumen: Lula tiene derecho a ser candidato hasta que ya no se pueda apelar la sentencia condenatoria anunciada y hasta que el TSE impugne su candidatura. Entonces, solo quedará la creciente indignación de la población, que percibe los efectos de la persecución política y el uso de la guerra jurídica que, al intentar impedir la candidatura de Lula, compromete el futuro del país.
Tal vez sea necesario invertir la pregunta para entender lo que está en juego: el pueblo tiene derecho a elegir a Lula como jefe máximo de la nación, pues el pueblo es soberano, algo que se afirma cada día en la percepción de la injusticia procesal conectada a la gran crisis política iniciada con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff.
9. ¿Cómo continuaría el caso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE)?
Luego de transcurridos cinco días de la inscripción de la candidatura, los adversarios podrán solicitar la impugnación con base en la Ley de Ficha Limpia y entonces el TSE deberá realizar un proceso propio – que incluye: notificación para rendir declaraciones, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de pruebas para entonces decidir si hay razones o no para la impugnación.
Especialistas en cálculos electorales comprenden que aunque haya cohesión en los órganos jurisdiccionales en cuanto al apuro para definir el escenario electoral de 2018, los plazos son cortos entre la decisión (impugnar la candidatura) y la apelación ante el STF y difícilmente se juzgaría el caso antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral. Por otro lado, existe la posibilidad de que el partido sustituya al candidato hasta 20 días antes de las elecciones, es decir, dependiendo del escenario, hasta el 16 de septiembre podría cambiar al candidato, independientemente de si Lula sigue en campaña al lado del nuevo candidato elegido.
10. ¿Hay medidas internacionales para denunciar la injusticia del proceso contra Lula?
Los abogados de la defensa del ex presidente Lula denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU los abusos cometidos en el proceso legal, una de las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual Brasil forma parte. La decisión deberá salir en marzo de 2018. Independientemente de la decisión, la comunidad internacional se está manifestando sobre los abusos. Un manifiesto con más de 5 mil firmas, incluyendo grandes personalidades internacionales, relaciona la operación contra Lula y toda la Operación Lava Jato con el proyecto de destrucción del país.
Fuente: Brasil de Fato
