El video muestra el enojo de vecinos y vecinas que pasaban en la zona donde se ubica un viejo café de la CABA.
Gritos, insultos, ruido de ollas, metales, un apurado Horacio Rodríguez Larreta, termina su encuentro con el periodista de TN Marcelo Bonelli.
El hecho ocurrió en el Bar Británico de Avenida Brasil, en donde algunos presentes aseguraron que el intendente y el periodista, y otros funcionarios, almorzaron juntos en medio de la campaña electoral.
En ese momento, la gente se agolpó en el lugar, mientras vociferan improperios al jefe comunal para que abandone el comercio.
Larreta, ensaya unos saludos al paso, estrecha un par de manos con los pocos simpatizantes que se animan a devolverle el saludo, el gesto de miedo e incomodidad es incolutable, su guardia personal lo traslada hasta una furgoneta Mercedes Benz que lo espera en una esquina, arrancan con el funcionario detrás de los vidrios blindados, mientras atrás quedan las palabras de la gente.
El Intendente de la CABA, no recibió los honores como el candidato presidencial más querido en su propio territorio político.
Se trata de un grupo de cooperativistas encargado de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta. Hubo una gran protesta en el Gobierno de la Ciudad.
Este jueves, los dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillan y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), mantuvieron una “ocupación pacífica” en el edificio del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de una protesta en repudio a los despidos por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia 35 mujeres encargadas de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta.
La manifestación se llevó a cabo en la sede del Gobierno porteño, cerca del Parque Lezama, y las agrupaciones brindaron sus palabras a la prensa a partir de las 15hs, tal como estaba previsto. “Seguimos con nuestra protesta con una ocupación pacífica para que reincorporen a las despedidas y si durante la tarde no obtenemos una respuesta favorable, vamos a debatir un acampe por tiempo indeterminado en Espacio Público”, expresaron los dirigentes sociales a la agencia Télam.
Tanto el frente, como los miembros de la UTEP, denuncian que la gestión de Larreta “quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas” encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.
NO AL AJUSTE DEL GOBIERNO PORTEÑO Compartimos esta declaración de distintas organizaciones populares frente al despido a 15 trabajadoras de la economía popular por parte del gobierno de Larreta. https://t.co/hrsl7nUVde Abrimos hilo 👇 pic.twitter.com/lnks215Poy
Esta postura, la argumentaron mediante un comunicado de prensa, donde aseguraron que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Espacios Públicos porteño, Claudia Muzzio y la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, buscan despedir a las mismas 35 mujeres “desde hace más de ocho años”.
Por otra parte, los dirigentes sociales denunciaron que Larreta “despide a los trabajadores de la economía popular mientras aumenta los gastos en publicidad para su campaña electoral”.
En esta misma línea, desde el Frente Darío Santillán, también denunciaron que “hace varios meses” son víctimas de “una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza”.
La referenta de la organización, Flavia Romero, expresó que se reclama por “algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias” y agregó. “Quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente”.
El Gobierno porteño obligará a los locales gastronómicos a contratar un servicio privado en caso de que generen más de 40 kg por día. La normativa abarcará a locales de 16 barrios.
El Gobierno porteño dejará de recolectar los residuos generados por bares y restaurantes ubicados en 16 polígonos gastronómicos de la Ciudad que superen el límite de 40 kg de basura por día. La medida se pondrá en marcha en los próximos días y los propietarios que excedan la cuota mencionada deberán contratar un servicio privado.
La normativa, fechada en octubre del año pasado, comenzará a implementarse en las próximas horas y abarcará a los locales ubicados en los barrios de Puerto Madero, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto, Abasto, Almagro, Caballito, Flores, Villa Crespo y Chacarita.
Los voceros del Ministerio confirmaron a este medio que ya fueron notificados los locales tanto “a través de las cámaras” empresariales como de manera “directa” y detallaron que quienes generen menos de cuarenta kilos de residuos sólidos urbanos diarios podrán solicitar la exención y continuar con el esquema actual de recolección mediante el sistema público.
Pese a tratarse de una resolución ministerial de octubre de 2023, su implementación parece ser paulatina y, además, es resistida por los dueños de los pequeños locales. De acuerdo a cálculos de los propietarios, el costo de contratación del servicio privado por mes alcanzaría los 70.000 pesos.
“Desde que son notificados por los fiscalizadores tienen 30 días para tener contratado el servicio” y adecuarse a la “nueva normativa, que ya aplicaba para los generadores especiales y que ahora los abarca a ellos” también, agregaron desde el Gobierno porteño. Y señalaron que los locales deberán inscribirse en “Inscripción al Registro de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Húmedos”
Desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta informaron que los locales deberán pagar por el retiro de los residuos húmedos, ya que seguirán depositando los reciclables en los contenedores verdes.
Las quejas
Julio, quien tiene una pizzería en Villa Crespo y prefirió mantener en reserva su apellido, dialogó con Télam respecto a la nueva medida y comentó que fue notificado por personal del Gobierno porteño “el viernes antes de las fiestas”, y aunque le dijeron que “no habrá multa”, le indicaron que se tiene que registrar en una página y elegir entre las empresas que allí figuran.
Las empresas a las que se refirió Julio son las 17 que están habilitadas en la página web de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
“Es como un monopolio”, comentó el hombre.
Julio definió su pizzería como “local de barrio” y dijo que, por día, genera “una bolsa de basura y, a veces, media”.
“Me parece una locura. Nos llenan de impuestos, aumentó 80% el ABL (tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza) y no puedo sacar una bolsa de basura al contenedor que tengo en la puerta”, se quejó.
Para los pequeños locales hay una salvedad, si generan menos de 40 kilos de residuos húmedos por día, pueden solicitar una “dispensa” al Gobierno de la Ciudad y continuar contando con el servicio público de recolección.
Sin embargo, Julio dudó de esa opción: “¿Quién va a venir a pesar la basura?”, preguntó.
Desde el Ministerio de Espacio Público informaron que la solicitud “generará una inspección formal de la Gerencia Operativa Control de Higiene Urbana que determinará si otorga o no la dispensa”.
Por otro lado, el Gobierno porteño ofreció una “ayuda económica” para “acompañar” durante este año a quienes generen más cantidad de residuos y sí deban pagar por la recolección, se trata de 35.000 pesos mensuales entre enero y marzo, 26.250 entre abril y agosto, y 17.500 entre septiembre y diciembre.
Télam también entrevistó a Daniel, quien tiene un pequeño restaurante en el barrio de Devoto.
Este comerciante, que también solicitó la reserva de su apellido, le dijo a Télam que “un día vinieron y nos dijeron que íbamos a tener que pagar el retiro de los residuos húmedos; y al día siguiente vino una empresa y nos ofreció el servicio por 68.000 pesos mensuales”.
A Daniel también le informaron que tendría que registrarse en el Ceamse.
La empresa a la que se refirió es Contenedores Hugo, que ofrece servicios de gestión integral de residuos y es una de las firmas habilitadas en el sitio web del Ceamse.
Gabriela, esposa de Daniel, comentó que si los contenedores se llenan, el Gobierno de la Ciudad debería “poner más”.
Consultados por Télam sobre cuántos locales son alcanzados por la resolución ministerial, los voceros de Gobierno de la Ciudad dijeron que “todavía no hay un número final”, y añadieron que “muchos de los que fueron notificados ya tenían contratado el servicio”.
Efectivos de la Ciudad tiraron gases lacrimógenos a los hinchas que celebraban el pase de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022 en las inmediaciones del Obelisco.
Tal como lo mostraron las coberturas en vivo de los canales de televisión, la Policía de la Ciudad de Buensos Aires montó un vallado en los alrededores de la Avenida 9 de Julio y reprimió con gases lacrimógenos a hinchas y familias que salieron a la calle a celebrar la victoria de la selección argentina.
“Pedimos al jefe de gobierno @horaciorlarreta que la policía de la Ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el obelisco el triunfo de la @Argentina @afa”, escribió el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla.
Pedimos al jefe de gobierno @horaciorlarreta que la policia de la ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el obelisco el triunfo de la @Argentina@afa
Y añadió que “festejar un triunfo deportivo de la selección también es un derecho de todos y todas”.
“Haremos presentaciones judiciales para garantizar el festejo y dar con los responsables de la violencia policial que lleva adelante la policía de la ciudad”, completó el secretario.
Esta represión se la habrán pedido sus jefes por el grupo de Telegram a Marcelo D'alessandro? pic.twitter.com/ELJEoGkX4x
La Argentina se impuso hoy 3-0 ante la selección de Croacia con un gol de penal de Lionel Messi y dos tantos de Julián Álvarez, y selló su pasaje a la final de la Copa del Mundo. El domingo a las 12 se enfrentará al ganador de la semifinal que disputarán mañana Francia y Marruecos.
Trabaja desde 2007 en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Según su abogado, padece “represalias por defender sus derechos y los de sus compañeros y compañeras discapacitadas, por agremiarse y negarse a realizar proselitismo partidario”.
El gobierno porteño fue denunciado por una empleada pública discapacitada. La presentación judicial indica que la empleada lleva 14 años como “contratada”, teniendo que renovar contrato año a año sin poder regularizar su situación laboral.
De este modo, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, discriminación, maltratos reiterados y precarización laboral”.
Con el patrocinio del abogado Luis Tagliapietra –padre de uno de los 44 marineros muertos en el hundimiento del ARA San Juan– la trabajadora Natalia Gulino presentó una acción de amparo ante los fueros Contencioso Administrativo y Penal de la Ciudad para regularizar su situación y efectivizar el pago de “salarios caídos, antigüedad y vacaciones no abonados en tiempo y forma”.
Natalia sufre discapacidad visual y visceral a causa de una patología atípica de nacimiento (denominada Trisomía del IX Par), lo que genera una malformación en el rostro que no afecta en nada sus capacidades intelectuales y su desempeño en el trabajo. Paradójicamente, ella trabaja, desde 2007, en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis), pero aún allí sufre la vulneración de sus derechos laborales.
“Más allá del maltrato, el acoso laboral y político, las amenazas y coacciones recibidas por mi tutelada, también resulta ser brutalmente discriminada por ser mujer y por ser discapacitada, dándole un trato cruel en todos los ámbitos incluido el económico cuando su salario queda por debajo de lo que cobran otros empleados públicos con la misma antigüedad”, expresa la demanda presentado por Tagliapietra contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a los funcionarios del área Marcelo Cano y Agustina Señorans.
Según se sostiene en la presentación, Gulino padece “represalias por siempre defender sus derechos y los de los demás compañeros y compañeras discapacitadas, por agremiarse y negarse a realizar trabajos y proselitismo partidario”.
Referentes del sector apoyaron el reclamo del estudiantado porteño. “Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas” afirmó Taty Almeida.
Organizaciones de derechos humanos respaldaron este lunes a las y los estudiantes porteños que participan de tomas en colegios en reclamo de mejoras en las viandas, soluciones de infraestructura y en rechazo a las prácticas laborales, y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y “estrategias de criminalización” ejercidas por el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.
“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lápices siguen escribiendo”, dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa realizada en la casa de la Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio de Monserrat.
De la conferencia participaron también, entre otras organizaciones, HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusándolos de permanecer en lugares sin autorización”, dijo.
Explicó que “en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminación y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa”.
“Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigación de los delitos. Qué bonita forma de escuchar y encontrar soluciones”, ironizó Almeida.
En tanto, Morales también se refirió a la “estrategia inadmisible” de Rodríguez Larreta de “presionar a las familias económicamente, enviándole una carta documento para que paguen, cada una, un millón doscientos mil pesos” por supuestos daños al patrimonio escolar.
“El objetivo de este proceso de criminalización es silenciar el reclamo”, advirtió y definió la estrategia del Ejecutivo porteño como “jurídicamente inviable y políticamente lamentable”.
Luego, tomaron la palabra varias estudiantes, entre ellas Valentina, de la escuela Rogelio Yrurtia del barrio Parque Avellaneda, actualmente tomado.
“Recibimos múltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería”, detalló.
Por su parte, Malena, del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describió uno de los reclamos estudiantiles: “Estamos 11 horas cátedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diálogo, queremos formar parte de las decisiones”.
“Los mensajes de odio que da la ministra de Educación (porteña) en los medios de comunicación incita a la violencia”, planteó.
Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, ubicada en Palermo, y sintetizó que, en su caso, el “principal reclamo son las pasantías mal implementadas”.
“A muchos les dijeron que iban a hacer un curso y terminaron lavando platos”, graficó.
Después, tomó la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° año en el colegio Federico García Lorca, de Paternal.
Una noche de la semana pasada, a las 21, llegó un patrullero con dos policías a la casa de Elsa, preguntaron por ella y le mostraron una cédula por una contravención por la toma del Lorca, pero se negaron a entregarle la notificación.
“La consigna fue: si no se presenta en la fiscalía en tres días, la llevaremos por la fuerza”, contó la mujer.
En la conferencia de prensa también estuvieron representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys-CTA.
“Mañana realizaremos una medida de fuerza para acompañar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas”, afirmó Angélica Graciano, secretaria general de UTE.
Esa es la repuesta del intendente porteño al reclamo por mejoras en el servicio de viandas y en contra de prácticas obligatorias no rentadas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en reclamo de mejoras en viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas. “Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares”, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño. En el caso del Mariano Acosta, fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. La cartera educativa que conduce Soledad Acuña indicó que, “además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”. “Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron”, afirmó la ministra de Educación porteña, en diálogo con el canal de noticias LN+. Añadió que “hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”. Sobre qué pasará con los jóvenes que toman las escuelas Acuña sostuvo que “van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación”. La Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el colegio Mariano Acosta y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 de la ciudad de Buenos Aires permanecían este lunes tomadas por sus alumnos.
“Se está cercenando el derecho de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, denunciaron.
Vecinos y vecinas de Floresta realizarán el martes próximo un “abrazo” al Polideportivo Pomar, para exigir al Gobierno de la Ciudad la reapertura de las instalaciones, que permanecen cerradas desde hace un mes por problemas con un caño de agua. Será a las 17 en la sede del Polideportivo, en Mercedes al 1300 donde pedirán que “el Gobierno de la Ciudad abra las puertas y vuelvan las actividades deportivas al barrio”.
Según consignó Télam, las y los vecinos comunicaron que “a mediados de mayo se suspendieron las actividades en el natatorio que funciona en el complejo deportivo y unos días después se cerraron directamente las instalaciones”. “Nos parece que se está cercenando el derechos de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, agregó.
El Polideportivo, situado en el barrio de Floresta, forma parte de la red de sedes del Gobierno de la Ciudad abiertas a la comunidad, con ingreso libre y gratuito, donde se dictan clases de básquet, fútbol, gimnasia para adultos, handball y hockey, entre otras disciplinas.
Además, cuenta con un natatorio a donde concurren los alumnos de cuarto grado de las escuelas públicas primarias de la zona que, de acuerdo a la currícula oficial, deben tener este tipo de clases en el horario previsto para educación física. En tanto, fuentes del Gobierno porteño confirmaron el cierre del Polideportivo a Télam “por falta de suministro de agua a partir de la rotura del caño principal de alimentación del predio” y “cuya reparación ya fue cursada a la empresa a cargo del mantenimiento. “Se estima que el proceso terminará a finales de la semana próxima”, precisaron.
Están afectadas unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, en Retiro. No tienen agua caliente en medio del frío.
En medio de una ola de frío y a poco del inicio del invierno, unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, antes conocido como Villa 31, no tienen agua caliente en sus viviendas, construidas por el Gobierno porteño, debido a las fallas que registran los paneles fotovoltaicos y 500 termotanques solares montados sobre los nuevos edificios levantados como parte del plan de urbanización, lo que fue calificado este martes como una “estafa” por los vecinos.
Según aseguraron a Télam dirigentes barriales, la iniciativa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “fue una gran estafa” pese a que fue anunciada, tres años atrás, como el “parque solar más grande” del distrito y “un hito de utilización de energías renovables” que iba a permitir a los residentes del barrio “un ahorro en el pago de los servicios”.
Foto: Eliana Obregón.
La agencia Télam consultó a las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad sobre la demanda de los vecinos, pero no hubo respuesta oficial al respecto.
Las familias afectadas son las que residen en las 26 nuevas edificaciones del sector YPF y que anteriormente vivían en los terrenos situados debajo de la Autopista Illia en condiciones de riesgo, lo que llevó a que fueran reubicadas en el marco del plan de urbanización ejecutado por el Gobierno porteño, que recibió como parte de financiamiento un crédito del Banco Mundial por 170 millones de dólares.
Unos 1.300 vecinos sin agua caliente en el Barrio 31
“Salimos de abajo de la Autopista, que era un lugar donde teníamos agua caliente, para mejorar nuestra calidad de vida y tener una vivienda mejor supuestamente, pero eso no está ocurriendo, sino que pasa al revés. La gente la está pasando mal con el frío y tiene que calentar agua en una olla para bañarse“, contó a Télam Mirta Rodríguez, una de las vecinas que viene denunciando desde hace meses la compleja situación.
La mujer señaló que “no es cierto lo que dice Larreta que nos dieron viviendas dignas porque no estaban ni están en buenas condiciones”, y precisó que “nosotros estamos pagando nuestras casas, pero desde el primer momento que pusieron los paneles y los termotanques en las terrazas funcionaron mal y ahora se están llenando de agujeros y de óxido”.
Foto: Eliana Obregón.
De acuerdo a la información oficial de 2019, sobre cada uno de los núcleos de viviendas se colocaron 26 paneles, los cuales tenían por destino proveer del alumbrado a los espacios comunes de los departamentos, así como también se instalaron unos 119 sistemas de bombeo solares para el suministro de agua; en tanto, la generación de agua caliente fue diseñada a través de los termotanques, los cuales debían acumular la luz solar para alimentar de energía para unos 20 días aproximadamente.
Sin embargo, los vecinos aseguraron que el equipamiento, adquirido en el exterior por la administración porteña, tiene un sistema de abastecimiento que no es compatible con el de las viviendas, lo que hizo que colapsaran las conexiones y bajara drásticamente el rendimiento.
“Llevamos el reclamo al Consejo de Gestión Participativo y ahí nos dijeron que teníamos razón”, dijo la vecina y agregó que “ahora anunciaron que iban a reemplazarlos por termotanques eléctricos que van a ser individuales en cada uno de los departamentos, pero ya entramos en los días de frío y solo arrancaron con la entrega en dos de los 26 edificios”.
La demanda vecinal fue planteada ante la Unidad de Proyectos Especiales del Barrio Carlos Mugica, que preside Tomás Galmarini, un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y encargado de la coordinación de las políticas vinculadas a la urbanización.
Foto: Eliana Obregón.
Además de las quejas por las placas fotovoltaicas y los termotanques solares, organizaciones sociales denunciaron el año pasado una sucesión de “deficiencias constructivas funcionales serias” en las nuevas viviendas, entre las que señalaron filtraciones de agua en los techos y paredes, la falta de matafuegos y de elementos de seguridad.
El diagnóstico quedó documentado en un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad que advirtió, por entonces, que los daños relevados podrían “llevar a la destrucción de la estructura resistente”, en tanto que indicó que “la falta de agua en los sistema de distribución es un limitante a la hora de, por ejemplo, poder extinguir un incendio”.
Foto: Eliana Obregón.
Milcíades Peña, exlegislador porteño y director del Canal Urbana TeVe que transmite a diario desde el barrio de Retiro, evaluó que “la urbanización de la villa es una gran estafa porque se destinaron más de 400 millones de dólares y esto debería ser Suiza, pero no lo es y lamentablemente las viviendas tienen serios problemas de infraestructura”.
En ese sentido, contó que “cuando se instalaron los termotanques, se les advirtió al Gobierno de la Ciudad que el sistema no iba a funcionar y fue lo que pasó, no andan y la gente no tiene agua caliente y está padeciendo el frío”.
“Las obras se hacen de manera arbitraria y sin participación vecinal”, afirmó respecto de los trabajados realizados en el marco de la urbanización y repudió, en ese marco, la “dilapidación de recursos” de parte de la gestión de Rodríguez Larreta.
Foto: Eliana Obregón.
El arquitecto Gustavo Cañaveral, por su parte, consideró que la adquisición de los paneles y los termotanques “fue un mal asesoramiento de parte del ingeniero Nicolás Brown, quien aún al día de hoy sigue siendo funcionario del Gobierno de la Ciudad pese a que falló”.
“Lo de energía solar quedó solo en una cuestión de marketing”, sostuvo y destacó que “el contexto del futuro de energías alternativas, ésta era una posibilidad de aplicarlas en las barriadas populares, pero Larreta se perdió esa oportunidad y privilegió el negocio”.
El experto en temas habitacionales sostuvo que “fue una estafa que mostró el desprecio por las familias que tiene el Gobierno de la Ciudad y es indignante porque la gente paga las viviendas y los impuestos”.
En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. Ahora, el Gobierno de la Cuidad deberá acatar la orden la judicial y destruir la pared.
Desde el gobierno de la Ciudad informaron que el sábado comenzarán las obras para demoler el muro que el Grupo Clarín levantó de forma ilegal en la intersección de las calles Ascasubi y Luna. La medida será dispuesta por La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno porteño.
Cabe recordar que en 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. La misma desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.
De acuerdo al comunicado del Ejecutivo porteño a la Justicia, se lee: “Pongo en conocimiento de Vuestra Señoría que la DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIA ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el SABADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana”.
En este marco, el senador Mariano Recalde expresó: “¿Sabías que Clarín bloqueó una calle de Barracas y construyó un muro de 4 metros de alto para cercar su planta de impresión? ¿Sabías que desde hace 7 años la Justicia le ordena a Larreta que lo derribe y la Ciudad siempre se niega a hacerlo?”.
¿Cuántas veces escuchamos al jefe de Gobierno hablar del derecho a la libre circulación?
¿Cuántas veces lo escuchamos decir que hay que acatar los fallos de la Justicia? pic.twitter.com/ONwPJAH6kZ
