El diputado nacional por el FPV – PJ, Rodolfo Tahilade, denunció penalmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por manejos irregulares que perjudicarían a los jubilados.

En la denuncia penal el diputado Talihade solicita que se investigue por la posible comisión de delitos al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, al ex director del FGS, Luis Blaquier, al secretario de Política Económica, Pedro Lacoste y al secretario de Hacienda, Gustavo Marconato.

Según la presentación judicial, realizada por el diputado del Frente para la Victoria, las irregularidades se observan en el cambio de un bono de parte del Anses, a una tasa de interés del 12% en dólares por otro, del orden del 7%, lo cual significaría una desvalorización de los activos del FGS del orden de los 75 millones de dólares.

Este bono forma parte del financiamiento de la obra de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba por parte de la empresa brasileña Odebrecht, que está siendo investigada por el pago de coimas millonarias cambio de que les firmen los  contratos.

La otra operación, también denunciada por Tahilade, es por la venta de las acciones de la empresa Carboclor, también propiedad del Odebrecht, done las acciones se liquidaron a un precio inferior al del promedio de los seis meses anteriores a concretarse la operación, a principios de este año, lo que implicó una desvalorización de los activos del fondo que administra los recursos provenientes de las ex AFJP.

Según el multimedios, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, reconoció durante una gira en Nueva York que lo peor del ajuste vendrá después de octubre. “Nosotros queremos ganar la elección para profundizar nuestro programa económico”, habría dicho según Clarín. “Por eso no se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el déficit, habrá mas piquetes y la vida será imposible en Argentina”, señaló.

De acuerdo al artículo firmado por el periodista Marcelo Bonelli, el funcionario de Cambiemos le aseguró a los banqueros de Wall Street: “La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes”.

Desde que llegó a Casa Rosada, el macrismo aumentó el déficit fiscal, llevándolo al 5% del PBI. En buena medida, eso se debió a la quita de retenciones a sectores de gran rentabilidad, como los exportadores de granos y la minería. Además, la caída de la actividad impactó sobre la recaudación fiscal, que en términos reales bajó en relación a la administración kirchnerista.

Según remarcó Clarín en la nota "Inversores de Wall Street: apoyo político, dudas económicas", los inversores estarían preocupados por los piquetes: “Viajé a Buenos Aires y, por los piquetes, tardé tres horas y media en llegar de Ezeiza a mi hotel. ¿Tiene el Presidente gobernabilidad y condiciones para resolver este problema?”.

Link nota de Clarín: https://www.clarin.com/opinion/inversores-wall-street-apoyo-politico-dudas-economicas_0_S1Mq_hU0x.html

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ realizó una conferencia de prensa sobre el conflictos de intereses en el gobierno nacional. En la misma se presentó un informe y se proyectó un video que publicamos en esta nota.

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA.

https://youtu.be/l4x_QtKdSfc

El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Está imputado.

El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello.

Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA.

Como ya mencionamos, MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Está imputado.

La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA.

Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

JEFATURA DE GABINETE

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese.

Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.

En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese.

Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos.

El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.

La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.

Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.

Director del Banco Central, Demian Reidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling.

El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial.

Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Ministro Juan José Aranguren. Ex presidente de Shell.

Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado.

Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González. Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.

Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA.

Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau. Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.

Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo. Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins. Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa. Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade. Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos.

Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios). Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.

Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box.

Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal, y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará Fly Bondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau.

El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF.

Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensora del banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee.

El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF.

El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.

Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

OTROS ORGANISMOS

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese.

Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.

Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina.

Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue Random House.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka.

Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca Cola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

Con un bono a 2022 y con cuatro letras del tesoro, el Gobierno vuelve a tomar deuda en los mercados. Caputo será, una vez más, el ingeniero financiero del endeudamiento.

El Ministro de Finanzas, a cargo de Luis "Toto" Caputo, buscará el próximo jueves financiamiento por US$1.750 millones (casi $28.000 millones) con cuatro Letras del Tesoro (Letes) en dólares de acuerdo con el cronograma de financiamiento. Además, lanzará un nuevo Bono de la Nación por hasta $20.000 millones a 2022 y a tasa Badlar privada+2%.

Según informó este lunes el Ministerio, la Lete a 88 días que se licitará tendrá un tope de US$250 millones y pagará 2,65% anual. Además, la Lete a 179 días pagará 2,95% y la Lete a 256 rendirá 3,20%, por cada una de ellas se lictarán US$500 millones. Y por la Letes a 375 se licitarán también US$500 con un rendimiento de 3,40% anual en dólares.

Para participar de la suscripción de Letes, personas físicas y jurídicas podrán suscribir sus ofertas en pesos o en dólares por un valor nominal de al menos mil dólares. "El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del día miércoles 29 de marzo de 2017", aclaró el comunicado oficial.

El ministro Caputo satisfizo el grueso de sus planes de financiamiento externo de 2017 con las fuertes emisiones en Nueva York de enero y febrero y la colocación de la semana pasada de 400 millones de francos suizos (US$406 millones) con bonos a 2020 al 3,375%. Por ende, en el mercado esperan que en adelante sigan apareciendo nuevos instrumentos en moneda nacional. El bono a 2022 es uno de ellos.

Este bono, que se licitará mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo, pagará intereses trimestralmente según la evolución de la tasa Badlar (actualmente en 19,25%) más 200 puntos básicos, es decir, 21,25%. 93V'gL

En una escalada que parece interminable, el Gobierno Nacional confirmó que esta semana licitará letras por hasta 1.000 millones de dólares. Argentina sigue con endeudamiento récord desde la asunción de Macri.

El Ministerio de Finanzas realizará esta semana un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares a plazos de 81 y 193 días, por un total de 1.000 millones de dólares.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 de mañana y finalizará a las 15 del jueves, en lo que será la cuarta licitación de este tipo de instrumento al que apela el Gobierno nacional para su financiamiento en lo que va del año.

Esta nueva instancia estaba prevista en el marco del Programa Financiero para 2017 y cumple "con el objeto de brindar mayor previsibilidad a su ejecución", remarcaron desde el Gobierno..

La cartera de Finanzas, Que lidera Luis Caputo, informó que para las Letras a 81 días (con vencimiento el 26 de mayo de 2017) el precio de suscripción será de 993,93 dólares por cada 1.000 de valor nominal, es decir una tasa nominal anual de 2,75%.

Para las Letras a 193 días (con vencimiento el 15 de septiembre de 2017) el precio de suscripción será de 982,59 dólares por cada 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%.

La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses al tipo de cambio correspondiente del día miércoles 1 de marzo de 2017.

El Gobierno emitió hoy dos Letras del Tesoro por un total de 1.500 millones de dólares, y amplió la emisión de dos Bonos del Tesoro por más de 18.600 millones de pesos. El endeudamiento no cesa.

El Gobierno emitió hoy dos Letras del Tesoro por un total de 1.500 millones de dólares, y amplió la emisión de dos Bonos del Tesoro por más de 18.600 millones de pesos, en el marco del programa financiero para este año.

La Letra fue emitida a partir de una Disposición de la Tesorería General de la Nación, mientras que el Bono, por el Ministerio de Finanzas.

Una de las Letras del Tesoro, por 750 millones de dólares, tiene un plazo de 95 días y su vencimiento operará el 26 de mayo próximo.

La otra, por el mismo monto, es a 186 días de plazo, con vencimiento el 25 de agosto próximo.

Ambas tendrán las siguientes condiciones financieras: Fecha de emisión: 20 de febrero de 2017.

Argentina ya se convirtió en 2016 en el país emergente de mayor endeudamiento de la historia. Todo un récord de la gestión Cambiemos, que empiezan a hacer ruido, hasta en la interna de sus dirigentes.

El editor de una revista económica entregó un laurel al ministro de Finanzas argentino por la toma de deuda que realiza impulsivamente el gobierno de Cambiemos. La emisión de deuda realizada por el Gobierno se encuentra en más de 70 mil millones de dólares.

Un tal Aaron Weinman, que es el editor de la revista Latin Finance, le entregó al encargado de la cartera de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, el premio al endeudamiento. Irónicamente, el galardón lleva el nombre de “Emisor soberano”.

El documento del Observatorio de Deuda de la UMET registró que en 2016 las emisiones totales de deuda con acreedores extranjeros sumaron 48.343 millones de dólares, una cifra equivalente a 10 puntos del Producto Interno Bruto. Las colocaciones de bonos del sector público se elevaron a 29.493 millones de dólares, de los cuales 6500 fueron bonos a 2026; 4500 millones a 2021; 2750 a 2019; 2633 a 2046; 1750 a 2036; 1300 a 2022; 1295 a 2027; 1000 a 2028 y 816 a 2020. También de emitieron unos 7000 millones de dólares en letras del Tesoro de corto plazo (Letes).

Además dicho observatorio detalló que ninguna economía en desarrollo tomó una cantidad tan elevada de deuda en las últimas dos décadas como nuestro país en 2016 yadvirtió que la emisión masiva de bonos esconde una lógica perversa, al financiar la fuga de capitales en lugar de aplicarse a resolver tensiones estructurales de la economía.

El jueves pasado, el gobierno nacional emitió otros 7.000 millones de dólares de deuda, en medio del viaje que el equipo económico realiza por Davos en busca de inversiones.

El ministro de Finanzas Luis Caputo, aseguró que la deuda bruta alcanzaría niveles cercanos al 58% del PBI, pero que esto no atentará contra la sustentabilidad.

A fin de año, la deuda bruta alcanzaría niveles cercanos al 58% del PBI, según sostuvo ayer el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Este porcentaje igualaría al de fines de 2005, luego del primer canje de deuda articulado por Lavagna.

Con el objetivo de poder comparar, se le consultó acerca del nivel de obligaciones que recibió el gobierno de Macri en diciembre del 2015. Con una retorica ya conocida, el ministro apeló a la falta de confiabilidad en los números. Explicó que era difícil hacer una comparación porque "existía un menjunje de números que no decían nada". En rigor, el estado de la deuda para fines de 2015 no incluía las obligaciones con los holdouts, a los que se pagó u$s 9500 millones en abril de 2016, tras el acuerdo alcanzado.

Caputo defendió que "mucho se habló de sustentabilidad durante el año pasado". Y sostuvo tajante: "No hay festival de bonos, la sustentabilidad está garantizada; y no lo digo yo si no que lo puedo mostrar en números".

Luego de haber expuesto sobre el programa financiero para este año y detallar las salidas planeadas la próxima semana para conseguir fondeo, buscó minimizar las colocaciones. "En general, la mayoría de las veces se emite para refinanciar deuda", justificó.

También dijo que la deuda neta medida como porcentaje del PBI es la más baja de todo América latina, y que representa sólo un tercio de la de Brasil. "Estamos lejos del problema de sustentabilidad. Si se midiera en términos brutos, es una de las más bajas de la región", dijo. Demostrando que el nivel de desendeudamiento recibido es el que les permite la actual emisión de bonos sin afectar la estabilidad.

"Aún financiando esta transición hacia el equilibrio fiscal, no se va a llegar a los 40 puntos de deuda sobre PBI; va a ser en torno a 36%, más o menos", aseguró. El Gobierno, en un plan que busca reducir el déficit primario año a año (este año la meta es de 4,2%, aunque en un principio el planteo era alcanzar un 3,3% en 2017), intentará llegar a un equilibrio fiscal en 2019.

Acerca de otro factor que hace a la deuda, que es la capacidad de refinanciar, reconoció que hay shocks que pueden afectar. "Nuestra reacción fue reducir ese riesgo lo máximo posible", sostuvo, y en ese sentido, reiteró que por eso la intención oficial es buscar conseguir el 65% de la financiación necesaria para 2017 en enero.

Consultado sobre cómo estará el mercado luego de la asunción de Donald Trump, reconoció que "nadie sabe lo que puede pasar; tenemos la obligación de ser cautos".

El ministro de Finanzas seleccionó los bancos colocadores en el mercado internacional que participarán de la emisión de bonos de deuda que el gobierno busca concretar antes de la asunción de Donald Trump. Se trata de los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan, quienes aprovecharan el actual escenario de tranquilidad en el mercado financiero antes de que las resoluciones del futuro presidente estadounidense puedan generar incertidumbre y volatilidad.

El flamante jefe de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, es otro integrante del gabinete que cuenta con un amplio desempeño en los mercados financieros y pasos por JP Morgan y el Deutsche Bank, cuya filial argentina presidió entre 2003 y 2008. Además, condujo la administradora de fondos comunes de inversión Axis, fue jefe de Trading para Europa del Este y América Latina del Deutsche Bank en Londres entre 1998 y 2003, y jefe de Trading de América Latina para JP Morgan en Nueva York entre 1994 y 1998. Había jurado el cargo de secretario de Finanzas hace poco más de un año, para acompañar la gestión del ministro saliente. Previamente, y al igual que su antecesor, Alfonso Prat Gay, fue ejecutivo del JP Morgan: fue jefe de área de Trading de Bonos y Acciones en Argentina entre 1994 y 1998. El “Toto” Caputo, de 51 años, hincha de River, es otro ex alumno de Newman, como Prat Gay y el presidente, Mauricio Macri. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina, casado y tiene seis hijos. Durante su gestión, a comienzos de año se encargó de la negociación con los fondos buitre en Nueva York.

El ministro Caputo también adelantó el miércoles que el monto de la emisión en dólares “será en función de la demanda y de las tasas ofertadas, ya que las colocaciones de bonos se harán en diferentes tramos”. Señaló que se están explorando otros financiamientos alternativos a la colocación de bonos, con lo que estima que la emisión será de aproximadamente 5 mil millones de dólares.

“De conseguirlos, lograría asegurarse la primera parte de los 43.000 millones de dólares que el Gobierno necesitará para refinanciar deudas existentes y financiar el déficit fiscal de 2017, que el mismo Caputo precisó que equivale a 20.000 millones de dólares”, señalaba ayer La Política On Line (LPO).

Además de la deuda externa, este enero tendrá la primera licitación de Letras del Tesoro (Letes) este jueves. Se trata de dos instrumentos en dólares: uno a 91 días por 1.000 millones de dólares y el otro por 500 millones de dólares más a 182 días.

La suscripción para ambos títulos puede realizarse en dólares o en pesos a 15,8575 pesos por dólar. Para la letra a 13 semanas, el precio de suscripción es de 992,58 dólares por cada 1000 dólares, mientras que en el caso del título a 26 semanas es de 983,81 dólares. Ambas Letes se colocarán por licitación pública y amortizarán íntegramente al vencimiento.

Además de la licitación de este jueves, habrá otras dos jueves por mes, al menos por los primeros tres meses. Según el calendario de licitaciones difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, las siguientes serán el 26 de enero, 16 de febrero, 2 de marzo, 16 de marzo y 30 de marzo de 2017. Los lunes siguientes a cada licitación, serán las colocaciones.

El banco JPMorgan Chase & Co inició su apuesta para convertirse en la entidad “top” a principios de 2015, según detalló la agencia Bloomberg. El país pasó a ser el “mayor emisor de bonos de deuda en mercados emergentes”.

En la nota, titulada “La gran apuesta de JP Morgan por Argentina está empezando a pagar”, la agencia especializada destacó que el banco de inversión inició su apuesta para convertirse en una de las compañías más importantes para el país comenzó “a principios de 2015”.

Según indicó, la Argentina se convirtió ahora en el “mayor emisor de bonos de deuda en mercados emergentes este año, con casi 25 mil millones de dólares” colocados. En ese contexto, JP Morgan se convirtió en la principal entidad colocadora.

Bloomberg destacó que en seis meses, JP Morgan colocó deuda pública y privada argentina por unos 4 mil millones de dólares, algo por encima del Deutsche Bank, el HSBC y el Citi.

Lisandro Miguens, un argentino que es jefe de mercado de capitales Latinoamericanos para JP Morgan, señaló que “incluso cuando la situación en Argentina era difícil, el banco continuó apostando por el país”.

“Nos hemos estado preparando para este cambio durante el año pasado. Agregamos empleados, analizamos la situación con los holdouts y pasamos más tiempo visitando clientes”, subrayó Miguens, quien señaló que en lo que va del año el banco ya contrató 450 empleados más.

El ejecutivo evaluó que la emisión de bonos de deuda argentina, tanto pública como privada, llegará a los 30 mil millones de dólares durante este año.

Bloomberg destacó que “varios funcionarios top del área de Finanzas en Argentina también han trabajado en JP Morgan” y que “la lista incluye al ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili y el jefe de gabinete del Ministerio, Vladimir Werning”.

Por su parte la entidad financiera fue uno de los bancos extranjeros que le prestó al país 5 mil millones de dólares en enero y que participó de la colocación de deuda récord de 16,5 mil millones de dólares en abril, según destacó Bloomberg.

La eliminación del plazo mínimo de 120 días de permanencia en el país que regía para las inversiones financieras era el último requisito del JP Morgan antes de incorporar bonos argentinos a su indicador de referencia de los mercados emergentes. La decisión de sumar tres títulos en pesos al denominado Indice de Bonos de Gobierno-Mercados Emergentes (GBI-EM, por sus siglas en inglés) se concretará en febrero. El indicador es utilizado como guía por fondos de inversión que administran más de 185.000 millones de dólares. Por eso, la incorporación de un país en ese listado anticipa un influjo significativo de capitales hacia ese mercado. Esa dinámica se observará incluso cuando el peso que tendrán los papeles emitidos por Argentina será 1,16 por ciento. Pero la incorporación del país en el GBI-EM tras el perfeccionamiento de los mecanismos para la especulación financiera de corto plazo dispuesta por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no solo estimula el ingreso de fondos especulativos. Al profundizar el proceso de reinserción en el mercado e inflar la demanda de los bonos locales, la decisión del banco estadounidense contribuye a reducir los costos de financiamiento externo del país. El timing no podría ser mejor. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, pretende colocar antes de fin de mes bonos en moneda extranjera por hasta 10 mil millones de dólares.

El desempeño de muchos fondos de inversión se evalúa en comparación contra los retornos arrojados por alguna de las canastas de bonos de referencia elaboradas por bancos de inversión como el JP Morgan. Así, cuando los bonos emitidos por un país son sumados al índice, el responsable de determinar dónde invertir balancea su portafolio para comprar esos títulos y garantizar una rentabilidad promedio que no resulte en una sangría de clientes. Cuando esa dinámica sucede con bonos que ofrecen altas tasas de interés en dólares y los títulos son emitidos por un país que desmanteló su marco regulatorio, entonces es esperable un incremento en la demanda de los activos financieros y una reducción en el costo del financiamiento. El montaje de una autopista financiera amplia, señalizada y sin peaje no solo promueve operaciones especulativas de corto plazo que pueden resultar en corridas cambiarias y movimientos bruscos del tipo de cambio sino que amplifica la vulnerabilidad de esas economías a shocks externos.

Los índices GBI-EM fueron lanzados por el JP Morgan en Junio de 2005 y son utilizados como referencia por fondos de inversión con más de 185 mil millones de dólares. Son el principal grupo de indicadores que monitorean activos gubernamentales en moneda local de 18 países emergentes entre los que figuran Brasil y Chile. El JP Morgan informó que los bonos en pesos con vencimiento en 2021, 2023 y 2016 fueron los elegidos para sumarse al GBI-EM como resultado de “una serie de medidas implementadas recientemente para facilitar el acceso de los inversores extranjeros al mercado de cambios y al mercado de títulos de deuda pública”.

La consagración del JP Morgan a la rehabilitada bicicleta financiera será complementada por la incorporación de los bonos del país al resto de esa familia de indicadores elaborada por el banco que retroalimentará los flujos de capitales de corto plazo dirigidos hacia activos locales. Caputo y Dujovne trabajan para que las acciones argentinas vuelvan a ser miembro de los índices Morgan Stanley Capital International (MSCI) en junio. Seguidos por fondos que suman 1,4 billones de dólares, Argentina fue desplazada de esos indicadores en 2009. Las regulaciones a la entrada y salida de capitales que ampliaron el margen de maniobra para hacer frente a la crisis le valieron entonces la expulsión del universo de los mercados emergentes. La eliminación de las barreras para los movimientos de corto plazo que solo buscan maximizar su rentabilidad le permitirá a Macri concretar la operación retorno para disimular con anabólicos financieros la ausencia de las inversiones extranjeras genuinas.

El flamante ministro de Finanzas, es socio y principal acreedor de la firma Sacha Rupaska, dedicada a la compra de terrenos en esa provincia del Noroeste y denunciada por intentos de desalojo violento a más de un centenar de familias que vivían en esos predios adquiridos.

De acuerdo con la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el ex secretario de Finanzas tiene participación en 16 sociedades, entre las que se encuentra Sacha Rupaska SA, que el 12 de octubre de 2007, adquirió entre otros, el lote conocido como Piruaj Bajo, y reconfiguró desde entonces el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo. Cuando se llevó a cabo la compra de 17.800 hectáreas, les prometieron de palabra ceder cerca de 7 mil hectáreas a las 800 personas que habitaban allí, pero no cumplieron y buscan desde entonces desalojarlas.

El noroeste santiagueño continúa en peligro de desmonte y de desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendimientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avanzando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como desde el sureste de Santiago. La adquisición de campos para la producción de soja fue desplazando las tierras para el cultivo de algodón, y con ellas las viviendas de los trabajadores que se desempeñan allí.

Según informó este  miércoles el diario Página12, en 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra compraron tres lotes por un total de 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero bajo la firma Sacha Rupaska. Uno de los lotes, el Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, fue vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). De acuerdo con el escrito oportunamente presentado, la división de los terrenos fue parte de una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas 3000 hectáreas y no sobre el total, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones, ni de las 6000 ó 7000 hectáreas que les habían prometido de palabra.

Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7200 pesos, aunque en el listado de “créditos en el país” Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que la participación accionaria del funcionario en esa empresa fue variando y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular. Su participación accionaria en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora.

Al año siguiente de la operación (2008), las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.

Dos años después, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios. En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores más afectados, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general Gustavo Gómez. Hasta el momento hubo sólo dos reuniones. El primer encuentro se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015 y el segundo taller fue el fin de semana del 9 y 10 de abril último, donde se analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial.