El Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Banco Supervielle, son los bancos que a través de títulos de deuda llamados Obligaciones Negociables (ON), sólo en los últimos meses de 2016, le costaron al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de ANSES unos 200 millones de pesos.

El gobierno de Cambiemos está entregando dinero que es de los jubilados a bancos y empresas. Desde su creación el Fondo de Garantía y Sustentabilidad impulsó proyectos productivos, con el cambio de gestión esos recursos se vuelcan al sistema financiero.

El portal de noticias Nuestras Voces denuncia que el 14 de septiembre de 2016, el FGS suscribió 50 millones de pesos del Santander Río a través de ON (Obligaciones Negociables). La información se encuentra en el acta 139 del Comité Ejecutivo del FGS. Acta que también menciona la entrega de 4 millones de dólares en ON a la empresa multinacional agrícola John Deere, que ya había recibido en Julio 2016 otros 4 millones de dólares junto a la eliminación y reducción de las retenciones a los principales granos de exportación.

También el BBVA Banco Francés se vio beneficiado con estos títulos. Esta vez es el acta 138 del Comité Ejecutivo el que documenta la suscripción de 100 millones de pesos por parte del FGS al banco del cual el ANSES es parte del grupo accionario con el 7.9%. Los títulos, tal como informaba el ex Ministro de Finanzas de ANSES Luis María Blaquier, vencerían en 18 meses, con una tasa de interés del 28,5 por ciento para los primeros tres meses y luego variable, con una calificación AAA otorgada por la agencia calificadora de riesgo Fix Scr.

Por otra parte, el Banco Superville suscribió en los primeros días de octubre de 2016 un total de 50 millones de pesos en ON, aprobados en el acta 141 del Comité Ejecutivo de ANSES con fecha 13 de diciembre.

Un joven militante del PRO de Santa Fé, Juan Cruz Recalde Iturraspe, le escribió una carta al presidente Mauricio Macri en la que dice sentirse desilusionado por “las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras”.

Un joven militante del PRO escribió en su cuenta de Facebook una dura carta contra el presidente Mauricio Macri, a quien le expresa su desilusión con el gobierno.

En uno de los pasajes de la carta el joven militante manifiesta: “Me siento desilusionado, muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras y más mentiras, y verdaderamente me enfurece que retornemos a la confrontación. 'Que no haya colectivos ni choripanes' fue la gota que rebalsó mi vaso, más allá de las TANTAS cosas que veo y que entiendo, no puedo defender más a este gobierno, ni a sus políticas".

Juan Cruz confiesa tener "miedo" por el futuro del país que está gobernado por "un Presidente que no sabe cuánto es la jubilación mínima" y que está involucrado en los escándalos de Avianca, Correo Argentino y Panamá Papers.

Además, cuestionó el discurso el discurso de Cambiemos sobre la "pesada herencia".

"Me gustaría que todos luchemos por sacar este país adelante y dejemos de justificar todos los errores con tal de que no vuelvan los anteriores, repetimos la historia una y otra vez", subrayó Iturraspe.

Con respecto al paro general señaló: "Felicito a todos los que no se adhirieron al paro, pero les pido que reflexionen y vean que mucha gente no puede hacer paro porque simplemente no tiene trabajo".

Carta Completa

El presidente, Mauricio Macri, sostuvo que si Cambiemos no gana las elecciones "será un fracaso", qunque para bajar el tono a la dura definición luego aclaró que serán "la primera minoría".

En una entrevista con la agencia Bloomberg, el presidente sostuvo: "Si perdemos las elecciones, es un fracaso.

Luego se encargó de aclarar que Cambiemos será "la primera minoría" aunque "no va a ser suficiente para tener la mayoría" parlamentaria, por lo que "vamos a continuar creando espacios de diálogo" con al oposición.

Recordemos que hace unos meses atrás la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había manifestado que "no es el fin del mundo perder las elecciones".

El presidente defendió el modelo económico y expresó que "estamos trabajando en el plan A, en los últimos 7 meses venimos creando empleos formales y empezamos a crecer".

"Cambiamos la tendencia, ahora Argentina está creciendo después de 5 años, pero no es suficiente. Tenemos que acelerar este crecimiento y estirarlo por un par de décadas", agregó el presidente.

Al respecto, reiteró que "hay que dialogar con todos los sectores para ver cómo vamos a cortar el déficit, ese es el desafío".

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que en términos agregados, en 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones por el grupo de posiciones mencionadas US$ 9.561 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 4.869 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 4.692 millones a lo largo del año.

Algunas equivalencias en el debate público actual

El importe anual que se dejó de percibir resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar casi la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $3,5 de cada $100 del total de los recursos tributarios.

La política implementada redujo la recaudación en $69.609 millones de pesos. Si se considera que el déficit fiscal del año 2016 ascendió a $359.382 millones, alcanzando 4,6% sobre el PBI, el monto dejado de recaudar equivale al 19,36% de tal déficit. En definitiva, se podría haber reducido el déficit a 3,70%.

Por otro lado, en relación al actual debate docente es posible considerar otra equivalencia. La diferencia entre pagar a todos los docentes de la Argentina 35% de aumento en lugar de 18% implica una erogación de 50.500 millones de pesos. Si bien esta erogación corresponde al nivel provincial de gobierno mientras que las retenciones refieren al orden nacional, es posible considerar que lo que se dejó de percibir por retenciones supera en $20.000 millones al diferencial salarial de los docentes.

Asimismo, el monto proyectado es también superior al subsidio anual de las tarifas recortado en 2016, estimado en $50 mil millones. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse evitado tal ajuste.

A este punto es relevante mencionar que, pese a la devaluación y la quita de retenciones, durante 2016 la producción agropecuaria se contrajo 5,52% medida en unidades físicas, pero aumentó sus precios (producto de las medidas mencionadas a lo largo del presente trabajo) en 83,86%. Lo mismo produjo en el sector minero, que redujo su producción en 5,3% pero aumentó los precios casi 50%. Finalmente la industria redujo su producción en unidades físicas en 5,7%, aumentando los precios casi un 40%. En conclusión, el impacto “prometido” por la quita de retenciones y la devaluación no se materializó en ningún aspecto productivo. En lo relacionado con el empleo, la información referida a estas actividades indica que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 la industria redujo la cantidad de trabajadores de 1.252.108 a 1.204.285 (casi 4%), la minería redujo 6,3% (de 85.735 a 80.325 empleos), y el sector agropecuario aumentó su plantilla un escaso 1,7% (de 316.546 a 322.081 trabajadores). Es decir, la quita de retenciones tampoco tuvo como correlato un aumento del empleo.

Lo que no te mostraron de la marcha a favor de Macri, la llamada "marcha por la democracia". Mira el video donde se sigue ensanchando la grieta y se reivindica la última dictadura cívico – militar.

https://www.facebook.com/7Diciembre2012/videos/1282490298513325/

Bajo el lema “Sí, se puede” los simpatizantes fueron llegando a la plaza; los organizadores de la marcha son los mismos que llevaron adelante el 8N y el 16S, dos masivas movilizaciones en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que comenzaron a fabricarse en las redes sociales y luego se replicaron en el microcentro porteño.

La convocatoria a la Plaza de Mayo a favor de Macri dejó mucha tela para cortar, primero el gobierno trató distanciarse de la convocatoria a favor de Macri, hoy circuló en las redes otro video en donde el Presidente agita la grieta.

El Consejo de la Magistratura aprobó hoy en su plenario la designación de Juan Manuel Culotta como juez subrogante para el Juzgado Electoral 1 de La Plata, que tendrá a su cargo las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito en el país.

Según lo publicado en el portal Infojusticia, Culotta, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, fue designado para subrogar el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata, que tiene competencia electoral, pese a que el magistrado no se desempeñó como juez en un juzgado similar.

La maniobra que llevó adelante el Consejo de la Magistratura para designar al amigo de colegio del presidente Mauricio Macri en un juzgado clave no fue obra del operador judicial y presidente de Boca, Daniel Angelci, sino que el esquema de los “Newman´s boys” entre los que se encuentran Pepin Rodríguez Simón y Pablo Clusellas, trabajaron en el movimiento.

Lograr que Culotta se haga cargo del Juzgado Electoral de la Plata significa para el gobierno de Cambiemos tener un aliado que se encargue de las disputas electorales, en un año en el que se esperan dificultades para el Pro en las elecciones de medio termino.

Los amigos del colegio del presidente Macri, son quienes habrían presionado a varios de los consejeros para votar a favor de que el juez Culotta, otro egresado del Newman, se encargue del juzgado platense.

En el día de ayer el juez Alberto Osvaldo Recondo, titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata rechazó una medida cautelar presentada por la asociación AJUS para que el Consejo de la Magistratura se abstuviera de designar al juez Culotta, en el juzgado N° 1 de La Plata con competencia electoral.

AJUS La Plata, Berisso y Ensenada había pedido, en el marco de una acción colectiva declarativa de certeza contra el Consejo de la Magistratura, que ese cuerpo se abstuviera de nombrar a un juez “de extraña procedencia” para que ejerza en un juzgado de competencia electoral cuando “no ha concursado” para eso.

Asimismo, acusó al Consejo de la Magistratura de “violar flagrantemente las resoluciones previamente dictadas” por ese organismo y por violar “el derecho a la jurisdicción y al juez natural constitucionalmente consagrado”.

Culotta fue designado como magistrado subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata hasta el 30 de noviembre de 2017 o hasta el nombramiento de un juez titular conforme al régimen constitucional y legal.

Fuente: Infojusticia

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ realizó una conferencia de prensa sobre el conflictos de intereses en el gobierno nacional. En la misma se presentó un informe y se proyectó un video que publicamos en esta nota.

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA.

https://youtu.be/l4x_QtKdSfc

El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Está imputado.

El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello.

Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA.

Como ya mencionamos, MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Está imputado.

La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA.

Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

JEFATURA DE GABINETE

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese.

Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.

En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese.

Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos.

El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.

La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.

Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.

Director del Banco Central, Demian Reidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling.

El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial.

Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Ministro Juan José Aranguren. Ex presidente de Shell.

Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado.

Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González. Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.

Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA.

Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau. Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.

Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo. Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins. Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa. Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade. Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos.

Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios). Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.

Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box.

Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal, y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará Fly Bondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau.

El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF.

Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensora del banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee.

El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF.

El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.

Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

OTROS ORGANISMOS

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese.

Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.

Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina.

Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue Random House.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka.

Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca Cola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

Diputados de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay se mostraron en estado de alerta y manifestaron su preocupación por la millonaria compra en armamento militar que intenta realizar la Argentina a los Estados Unidos. Piden que la Argentina informe cuales son las hipótesis de conflicto.

El diputado federal por el Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Pimenta expresó su “preocupación frente a las informaciones sobre esta gran compra de material bélico y equipamiento de guerra”.

“Brasil es un país hermano de Argentina. Somos miembros del Mercosur, tenemos una relación histórica importante y naturalmente en un periodo donde no estamos viviendo un enfrentamiento externo con nadie a los países aliados y vecinos nos extraña un gasto como este”, señaló Pimenta, quien actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de de DDHH del parlamento brasilero.

Para el legislador brasileño, las acciones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri se realizaron “sin la explicación debida a los países vecinos”, por lo cual, indicó: “exigen un diálogo amplio desde el punto de vista internacional para que podamos comprender realmente que hay detrás de esta relación y de esta decisión del gobierno argentino de firmar este compromiso con los EEUU”.

En la misma línea, el diputado nacional uruguayo por el PS –FA, Gonzalo Civila, calificó como “preocupantes” las acciones del gobierno argentino, al tiempo que manifestó que desde su país quieren saber “cuáles son las hipótesis de conflicto que se manejan” ya que, explicó: “En Argentina vemos una problemática de recesión económica y crisis social y una situación de este tipo realmente parece sorprendente”.

“Nos alarma porque para la región es preocupante que se esté gestionando la adquisición de un armamento de estas características que es más típico de una guerra de despliegue territorial”, agregó.

Por su parte, el diputado chileno Hugo Gutiérrez aseguró que “la decisión del gobierno de Mauricio Macri de comprar armamento a EE.UU por una suma millonaria es sin duda una demostración palpable de que el complejo industrial armamentístico americano sigue operando para estimular o generar guerras en América Latina”.

En este sentido, el legislador agregó que estas compras se están realizando bajo “cualquier excusa”, como por ejemplo “la burda excusa que esboza Macri del combate contra el terrorismo comprando tanques, misiles de largo y mediano alcance y helicópteros de guerra como los que se usaron en la Malvinas”, lo cual “no es verdad”, resaltó.

Finalmente, el diputado Ricardo Canese, miembro del Parlasur por parte de Paraguay, explicó que la situación es “preocupante” ya que “el riesgo es que se preparen intervenciones militares en el marco de países neoliberales y conservadores como ocurrió con la operación Cóndor en su momento”.

“Denunciamos este hecho y llamamos la atención para que todos los pueblos de Latinoamérica condenemos esta carrera armamentística que irresponsablemente está emprendiendo el gobierno neoliberal de Macri en la Argentina”, culminó.

Bajo el titulo, “La miseria crece en Argentina durante el Gobierno de Macri”, el diario español publica una nota en base al reciente estudio sobre la pobreza que realizó la Universidad Católica Argentina (UCA), donde da a conocer cifras alarmantes sobre el aumento de la misma.

El informe anual de pobreza dado a conocer por la UCA en el día de ayer, revela que durante los nueve primeros meses de la gestión de Cambiemos, entre diciembre de 2015 y septiembre del 2016, las cifras de pobreza han empeorado hasta alcanzar 13 millones de pobres.

Continuando con los datos del informe, en el transcurso de estos nueve meses el número de pobres aumentó en 1,5 millones y el de indigentes en 600.000, con una inflación del 40%.

Además, se advierte que "el ejecutivo se mantiene así muy lejos de alcanzar el objetivo de pobreza cero", y agrega que “el número ha crecido empujado por una inflación del 40 por ciento” y por la “recesión económica que ha generado la pérdida de trabajos informales de los más pobres”.

Con respecto a la inflación señala: “el Gobierno confía en que este año se inicie un proceso de recuperación, los expertos calculan que la inflación no bajará del 20 por ciento”.

Un estudio de CEPA revela en detalle la cantidad de despidos y suspensiones que se produjeron durante la gestión del Gobierno de Macri.

Al 31 de febrero de 2017 se contabilizan 249.143 despidos y suspensiones. Los despedidos ascienden a 207.740 y los suspendidos a 41.403 casos. Dentro de ellos, los despidos del sector privado ascienden a 132.647 y las suspensiones suman 41.373.

El aumento en el mes de febrero fue de 3.677 casos, una cantidad similar a la del mes anterior. El 87% de los casos (3.209) corresponden al sector privado y sólo el 13% (468 casos) al sector público.

La participación del sector privado en términos de despidos y suspensiones sobre el total tuvo un avance de 0,26 puntos porcentuales en el mes de febrero.

Al interior del sector privado se evidencia nuevamente en el mes bajo análisis un incremento en la participación del sector industrial sobre el total de despidos y suspensiones. En el caso de la industria se contabilizan 2.938 despidos y suspensiones adicionales en febrero. Es decir, el 80% del total de despidos y suspensiones corresponden a la industria.

Si bien la industria se vio aquejada desde el inicio del proceso de expulsión de trabajadores en el mercado de trabajo, es desde septiembre último que se ve particularmente afectada. En los últimos seis meses, a diferencia del sector público, el sector primario, la construcción y los servicios, la industria continuó con cesantías. Fueron 30.039 trabajadores despedidos o suspensiones en los últimos 6 meses en relación a 41.063 despidos y suspensiones totales para el periodo mencionado (el 73,15% en promedio).

La cantidad de despidos y suspensiones en la industria: 67.802 sumaban en septiembre, 73.248 en octubre, 83.905 en noviembre, 88.015 en diciembre, 90.766 en enero y 93.704 en febrero.

Actividades industriales, las más afectadas

Encabezan el ranking de despidos y suspensiones acumulados desde enero de 2015 la rama metalúrgica, con 17.617 despedidos y suspensiones; el sector textil, con 3.927 despidos y 12.050 suspensiones; el sector automotriz con 10.360 bajas laborales (al que deben complementarse 1.514 trabajadores despedidos y suspendidos en y 364 despidos y 1.800 suspensiones en el sector neumático); el sector petrolero con 8.371 casos; electrónica y electrodomésticos, con 5.123 despidos y 2.870 suspensiones de trabajadores y el sector alimenticio con 7.666 despidos y suspensiones. Estas actividades suman el 73% de los despidos y suspensiones entre diciembre 2015 y febrero 2017.

Los despidos del sector primario y en el sector servicios durante el mes de febrero no han sido demasiado significativos. En la construcción no se registraron despidos en el mes.

Constataciones

Como se percibe en el apartado II del presente trabajo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) computa 52.155 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016.

Según el presente relevamiento, los despidos, sin suspensiones, del sector industrial ascienden a 53.586, levemente por encima de lo registrado por SIPA pero considerando los meses de enero y febrero de 2017.

Casos paradigmáticos en febrero 2017

En el mes de febrero, el caso de Atanor fue popularmente conocido. La empresa química dejó en la calle a 136 trabajadores, por el cierre de dos plantas dejando un sencillo cartel en la puerta que informaba sobre esta cuestión.

Las suspensiones en Volkswagen ascendieron a 600. Los trabajadores insinúan que les pagarían 75% en negro. Duraría hasta mediados de 2018. Hacia fines de febrero se sumaron 250 suspensiones en General Motors e Alvear, provincia de Santa Fe.

Por la apertura importadora nuevamente hubo vacaciones anticipadas en empresas. Este mes sucedió en Alpargatas, en su planta de Bella Vista.

Finpak también expresa la complicada situación de la metalurgia. Hubo 30 despidos y peligran 24 más, en el marco del intento de reconversión de heladeras a termotanques.

En el caso de los despidos de Mascardi, en el sector plástico, luego de la conciliación obligatoria la empresa prosiguió con los 53 despidos.

Los despidos en Cerámica San Lorenzo refieren al cierre de planta (en enero había hecho lo propio con su planta de San Luis).

Por los 25 despidos, en el caso de PMV, los trabajadores tomaron la planta. La empresa se dedica a maquinaria agrícola, actividad ampliamente beneficiada en la etapa.

En la industria vale recordar los casos sucedidos en enero de 2017 que también han sido paradigmáticos: textil Neuquén, Banghó y Mefro Wheels.

Hubo 10 despidos en el Supermercado Libertad de la ciudad de Rosario. Este conflicto se enmarca en el conflicto de apertura de supermercados en domingo. El comercio tiene intenciones de hacerlo mientras que los trabajadores reclaman que se cumpla la ley provincial de descanso dominical. El caso llegó a conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo.

Por la paralización de las obras, se produjeron 110 despidos en Atucha.

En el Hospital de Bariloche se produjeron 8 despidos por recortes de gastos provinciales.

Conflictos abiertos

El apartado III del presente trabajo permite vislumbrar futuras situaciones conflictivas en materia laboral. El recuento asciende a 7.025 casos. De ellos, 3.100 corresponden a casos de servicios, y 3.925 a casos industriales.

En el caso de los industriales, se percibe la profundización de la crisis laboral en el sector petrolero.

Marzo, un mes de discusiones paritarias

El mes de marzo comenzó con la convocatoria de las diversas centrales sindicales a una movilización el 7 de marzo. A dicha movilización se sumaron organizaciones sociales y políticas en un abanico de reclamos entre los que se destaca el reclamo por los recurrentes despidos.

Sin embargo, tanto en lo referido a la convocatoria como a los objetivos posteriores de la marcha, la mirada no resulta homogénea. El recuerdo del post 29 de abril de 2016 donde luego de una masiva movilización popular sólo se consolidó el acuerdo de la cúpula cegestista en relación al reclamo por fondos de obras sociales, pero como contraparte, se garantizó casi un año sin conflictos, se encuentra aún fresco en la memoria. En relación a la convocatoria, la decisión de no realizar un paro nacional ni congregarse en la Plaza de Mayo, expresan la intencionalidad de un sector sindical de evitar un efecto mayúsculo en contra del gobierno nacional. Como contrapartida, la presión de la Corriente Federal junto con otros gremios, con interés en apuntalar un paro nacional a fin de marzo, también se ha expresado y ha tenido resultados en esta convocatoria. De hecho la movilización fue impulsada desde la Comisión de Industria de la CGT, donde comulgan los gremios más combativos y tiene como antecedente la movilización de los metalúrgicos contra despidos y suspensiones del 14 de febrero.

En este escenario es oportuno seguir de cerca el proceso de unidad de la CTA, quien también promociona el llamado a un paro nacional.

Finalmente, vale mencionar la estrategia de Cambiemos en relación a estos reclamos. Además de la recurrente mención al supuesto cambio de dinámica en lo referido al mercado de trabajo, se sumó en la primera semana de marzo la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA. La finalidad de tales menciones están dirigidas a justificar aumentos salariales que consoliden la pérdida de poder adquisitivo producida a lo largo de 2016 junto con el condicionamiento de los futuros reclamos, pasos necesarios en el proceso flexibilizador explicitado por el propio gobierno.