En el plano político con vistas a las elecciones del año próximo negó que la foto que se sacaron juntos ayer el embajador de Estados Unidos, Martín Lousteau, y el titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, tenga connotaciones de campaña al afirmar que "es normal" ese tipo de encuentros.

"El Gobierno debería rever su programa económico. La única salida es reactivar el mercado interno, reactivar la economía, cuando ellos (las autoridades) la quieren enfriar a ver si les baja la inflación. Vamos a tener inflación baja en un cementerio si seguimos así", añadió.

Por eso, recomendó "reactivar sectores de la economía que toman gente capacitada y no tan capacitada, que son los que han perdido su trabajo" sino "las chances de empleo para cientos de de argentinos es muy escasa".

Según Solá, "el Gobierno tuvo que reconocer que había un problema con el empleo", y las autoridades nacionales empiezan a "admitir que su política económica viene fracasando rotundamente: Tenemos más deuda externa, más inflación, menos trabajo y caída del consumo y los tarifazos empeoraron esto".

"Teníamos muchos pobres cuando Cristina Kirchner abandonó el gobierno, pero hoy tenemos más", definió el legislador del FR.

Sobre la transferencia de datos de la ANSES dijo: "Me opongo completamente a que la Anses entregue datos de los ciudadanos al Estado. La Anses no tiene datos de jubilados solamente. Es ilegal e inconstitucional. Los datos personales de uno son propiedad de uno, no de Anses".

"Es importante ayudar a tomar más conciencia de qué se paga, por qué se paga y qué es lo que se subsidia. Nosotros queremos ir bajando el déficit fiscal e ir redirigiendo los subsidios hacia quienes realmente lo necesitan. Como sociedad tenemos que ir madurando juntos hacia un esquema más ordenado", señaló el jefe de ministros a radio Mitre.

"Estamos reconstruyendo la información. Queremos una cultura de transparencia, pero la realidad es que no está todo. Siempre podemos mejorar, pero más allá de las mentiras y las manipulaciones, la sociedad sabe por qué está haciendo este esfuerzo. La gente no come vidrio", completó.

"Tarde o temprano va a haber que pagarlo. En este momento las facturas están detenidas hasta que esté la resolución. Nos encantaría poder resolverlo de un día para el otro. Vamos rumbo a un proceso de normalización, racionalización y mejora de los servicios públicos que haga que aquellos que consumen mucho lo paguen", aseguró sobre la sentencia que se espera de la Corte Suprema de Justicia para agosto próximo.

La Corte le pidió a principios de mes al Poder Ejecutivo que informe sobre las razones del aumento de la tarifa del gas, para luego resolver los planteos contra los fallos que suspendieron los incrementos en las facturas de gas. En un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se eludió tratar inmediatamente los planteos contra el tarifazo, pero entre otras cuestiones, solicitaron al Gobierno que detalle "cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas" y "los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas".

Los magistrados exigieron a la cartera de Energía de Juan José Aranguren que también explique los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 y la Resolución ENARGAS N° I-3730/2016 y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión y que fundadamente la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis, entre otros pedidos.

Sin embargo, Peña desacreditó el inminente fallo del máximo tribunal tras la feria judicial y deslizó que no habrá marcha atrás con los aumentos. "Si cambiamos la cultura del consumo podemos ir mejorando la situación de antemano. Se promovió la idea de 'consumí todo lo que quieras total no lo paga nadie'. Es una mentira que le ha costado mucho a la sociedad", dijo el jefe de gabinete, y propuso dos alternativas a los usuarios: "Pagar ahora para no acumular o pagar todo junto después".

Diputados nacionales del Frente para la Victoria formalizaron hoy su denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por la resolución que permitirá el uso de datos de la Anses para la comunicación oficial.

La presentación fue realizada hoy formalmente por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, donde se consideran con "todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del Jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales".

A través de la denuncia, los diputados -que ya habían adelantado su intención de presentarse en la Justicia para rechazar esa resolución- consideraron que la Jefatura de Gabinete "no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para llevar adelante el tratamiento de este enorme banco de datos personales".

"Son millones de números telefónicos, millones de direcciones de correos electrónicos. Demasiados, como para que un puñado de funcionarios y empleados públicos, dependientes de la Secretaría de Comunicación Pública pueda procesar esa información", advirtieron en su denuncia.

Asimismo, advirtieron que "los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente al Licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas".

"La finalidad del Licenciado Marcos Peña en el tratamiento de estos datos personales no parece ser otra que la de utilizarlos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio, operaciones de manipulación de la opinión pública, entre tantas otras especialidades del Licenciado Marcos Peña y su socio Jaime Durán Barba", aseveraron los diputados.

Andrés “cuervo” Larroque denunció el intercambio de base de datos e información de ciudadanos entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública. “Es una amenaza clara a los derechos de los ciudadanos. Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, apellido, teléfono, dirección y DNI”, cuestionó.

Para Larroque, la acción del gobierno de Mauricio Macri,  configura un ataque deliberado y realizado de manera oficial “sobre la libertad individual de las personas, sobre su libertad de opinión y sobre su derecho a la intimidad”.

En este sentido, el referente de La Cámpora señaló: “Con profunda preocupación, vemos este hecho como una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos y por extensión a la democracia como tal”.

Entre los datos que ANSES le brindó a la Secretaria de Comunicación Pública de la Nación se encuentran el “Nombre Apellido DNI; Teléfonos; Dirección; CUIT/CUIL; Email; Fecha de nacimiento; Estado Civil y Nivel de Estudios”.

“¿Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro CUIT o CUIL? ¿Y nuestro teléfono? ¿Nuestro Email? ¿Es necesario que para elaborar una política de medios de comunicación el Estado sepa todo eso?”, se preguntó.

Y recordó: “Los funcionarios involucrados, incluido el Presidente de la Nación, no tienen un buen currículum en lo que a campañas se refiere. ¿Recuerdan el caso de la campaña sucia realizada a Daniel Filmus en la Ciudad de Buenos Aires donde se involucró a su padre? Esa campaña fue realizada con una base de datos con información similar a la que aquí se expone”, concluyó.

El gobierno de Mauricio Macri justificó esta apropiación de la base de datos de la ANSES, que se extenderá inicialmente a lo largo de 2 años, en la necesidad de “instrumentar las políticas de comunicación” oficiales.

“La Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”, agregó.

Para fundamentar este espionaje seudo-legal, la resolución sostiene por último que “resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.

El gobierno nacional, pisó territorio bonaerense de la mano del nuevo plan del Ministerio de Desarrollo Social, "El estado presente en tu barrio".

Para la presentación de la iniciativa de la cartera de la ministra Carolina Stanley, estuvo el jefe de gabinete, Marco Peña, que le dio apertura a la jornada que incluirá campañas de prevención, y acceso a información para la población en general.

El lugar elegido fue José C. Paz. por lo que el intendente del Frente para la Victoria, Mario Ishii, se hizo presente en la actividad en la que también estuvieron funcionarios bonaerenses del gobierno de Maria Eugenia Vidal, entre ellos Santiago López Medrano y el subsecretario de Promoción de Políticas Sociales, Ezerquiel Pazo.

El programa ofrece a los vecinos asistencia médica (clínica, pediátrica, odontológica y vacunación), además de brindar información sobre la prevención de adicciones o enfermedades y capacitación para primeros auxilios y tareas de emergencia como la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Contempla también la posibilidad de realizar trámites de documentación con representantes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y del registro provincial, y consultas a través de la Anses sobre prestaciones como la Asignación Universal y los programas Progresar, Hogar y Ayuda Escolar.

Asimismo, se pueden efectuar trámites de jubilaciones y pensiones, solicitar medicamentos a cargo del PAMI, gestionar la tarifa social para el consumo de agua corriente, gas y electricidad y para el transporte público, a través de la SUBE, y la garrafa social, entre otros beneficios.

El Ministerio de Trabajo brinda asesoramiento sobre la existencia y los requisitos necesarios para acceder a programas de empleo y formación profesional.

En materia de justicia se prevé la asistencia a las víctimas y contención por parte de abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social, a su vez, está presente para responder consultas de orientación general y dar asistencia en la órbita de la niñez y adolescencia y en materia de violencia de género.

La AFIP ofrece asesoramiento sobre blanqueo laboral y servicio doméstico y la posibilidad de realizar trámites de devolución del IVA.

La iniciativa incluye, además, espacios recreativos y prácticas deportivas para niños, programas para fomentar la educación tecnológica y la presencia de bibliotecas móviles.

El ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay está ofuscado. Es que el presidente Mauricio Macri lo relegó de las decisiones de Gobierno y, por ello, anda despegado haciendo viajes por el mundo.

Sus últimas incursiones fueron en España y Estados Unidos, con la excusa de atraer inversiones, tarea para las que el Presidente tiene sobreabundacia de funcionarios. En los dos viajes Prat Gay generó polémica: en Madrid pidió perdón por la estatización de YPF a los capitales españoles y en Wall Street admitió una inflación de 42 por ciento para este año.

Hay quienes piensan que las provocaciones no fueron deslices. Prat Gay no soporta que Macri haya dejado de consultarlo hace tiempo, por sus predicciones erróneas, al prometier que la devaluación no se trasladaría a los precios; o sus frases desafortunadas como“las tarifas de luz subirán por el valor de dos pizzas”.

La ley de blanqueo de capitales y pago a los jubilados fue redactada por Mario Quintana, coordinador económico del Gabinete y la figura que más escucha Macri para hablar de números.

Prat Gay ya no oculta su malestar por haber sido relegado por Quintana. De hecho, cuando éste último llama a una reunión del gabinete económico envía a su secretario de Hacienda, Gustavo Marconato para no cruzarlo, encargado de pisar la caja y cumplir la política de subejecución de obra pública. Además, está molesto con su secretario de Finanzas, Luis Caputo, quien se ganó la consideración de Macri por su negociación con los Fondos buitre.

Prat Gay filtra que la causa del fracaso del tarifazo y la dificultad para reducir el déficit fiscal, tienen su origen en la fragmentación del área económica que diseñaron Macri y Peña. Fue Caputo quien lidió con los abogados de los buitres y, hasta ahora, consiguió que el acuerdo no sufriera alteraciones, como predijeron los kirchneristas en el Congreso.

Caputo y Marconato fueron elogiados por sus gestiones. Ambos participan en las reuniones de Gabinete ampliado que Macri lidera por varias horas, con rondas de consultas y testeo de las aptitudes de las segundas líneas de su gabinete.

Según informó el sitio La Política Online, como ofensiva, Prat Gay filtró a periodistas especializados que la fragmentación del área económica que diseñaron el presidente y su jefe de Gabinete es la causa del naufragio del tarifazo y la dificultad de reducir el déficit fiscal, productos según su visión de la falta de un mando centralizado que coordine y ordene las prioridades. Se trata de una crítica encubierta a Quintana, que se supone cumple ese rol.

Lejos de dar una solución integral al problema de los tarifazos, el gobierno de Mauricio Macri respondió al creciente malestar social con un tope del 400 por ciento al aumento sobre las boletas del servicio de gas.

La medida se aplicará de manera retroactiva al 1 de abril, por lo tanto quienes pagaron facturas con aumentos superiores a ese tope se les hará una nueva boleta y recibirán una nota de crédito por el monto abonado de más.

Así se precisó en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano.

“No podemos importar más gas que el que ya importamos, lo que tenemos es lo que hay”, justificó Peña y culpó a “la imprevisibilidad del clima” por los exorbitantes aumentos de las tarifas de gas.

“Abril y mayo fue el bimestre más frío de los últimos 60 años”, insistió, y luego dijo que eso “generó que se consumiera casi un 50 por ciento más que en el mismo tiempo del año pasado”.

El funcionario también adelantó que en octubre se realizará la audiencia pública para “terminar el proceso de normalización de la adecuación tarifaria”, ante lo que no descartó nuevos aumentos antes de fin de año.

Además, el alto funcionario tiró: "Tenemos costumbres de país rico", para luego decir:"Estoy aprendiendo ahora como estamos aprendiendo todos sobre cuestiones de gas", detalle que llama la atención, ya que en la campaña electoral todos los candidatos de Cambiemos no se cansaron de asegurar que contaban con el mejor “equipo de la historia”.

"Si tuviéramos una alternativa habríamos elegido esa alternativa", dijo Peña para confundir aun más a los periodistas acreditados en Casa Rosada y a las personas que miraban por TV la conferencia de prensa. Siguiendo esa línea el alto funcionario indicó: "Si seguíamos así terminábamos como Venezuela" y remató: "El camino que hemos elegido es el de la gradualidad".

Por su parte, Garavano confirmó que se presentará un recurso extraordinario para que no se aplique el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que frenó el tarifazo a nivel nacional, hasta tanto quede resuelta la situación de fondo, estimó que “en el segundo semestre, luego de la feria judicial, la Corte Suprema puede generar criterios que clarifiquen la situación de los aumentos de tarifas”.

El ministro de Energía no dijo ni una palabra.

Con más precisión, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, detalló: "El radicalismo está en la socialista y en el PRO estamos en la popular". Para dentro del gobierno de Mauricio Macri "hay gente liberal, otra que viene de la izquierda".

Al ser consultado sobre la ideología de la actual administración, Peña dijo: "Nosotros nos definimos ideológicamente pero no necesariamente creemos que el mundo se termina en la explicación de derecha e izquierda". Para Peña, "el triunfo de Macri tiene más que ver con algo temporal, un gobierno más contemporáneo del Siglo XXI en valores y formas".

Cuando el periodista Carlos Cué le recuerda las medidas que tomó en estos primeros seis meses el gobierno nacional, entre ellas el incremento de las tarifas hasta un 700%, Peña mantiene intacto su optimismo. "Si me decía hace seis meses que íbamos a estar como hoy firmaba feliz", aseguró el funcionario. Y agregó: "Han sido seis meses muy buenos, con mucho apoyo de la sociedad, con enorme esperanza".

El presidente Mauricio Macri recibió a la principal figura de la oposición venezolana, Henrique Capriles, quien fue derrotado en una primera oportunidad por el fallecido, Hugo Chávez Frías y en segunda instancia por Nicolás Maduro.

El dirigente opositor, ratificó que avanzará este año en el proceso de revocatoria de mandato del actual presidente de Venezuela, en una apuesta que atenta contra el mandato popular.

"Queremos comunicar directamente lo que estamos viviendo en nuestra Venezuela, con la peor crisis de nuestra historia, con falta de comida, medicamentos y todo tipo de insumos", aseguró Capriles en un breve diálogo con la prensa en la explanada de la Casa Rosada, mientras fue repudiado por militantes argentinos que apoyan a Maduro y comenzaron a gritarle "golpista" y acusarlo de que había venido a anticiparle a Macri un golpe de estado.

Con sorna el opostor respondió,"voy a invitarlos a Venezuela".

En su mas de media hora de reunión con Mauricio Macri, Capriles le pidió apoyo para revocar el mandato popular, en ese sentido el líder de la oposición, sostuvo que "nosotros queremos que en Venezuela haya una solución constitucional y le pedimos a Argentina, como al resto de nuestros hermanos latinoamericanos, que se planten firmes en las instancias internacionales para que se respete la constitución de la República Bolivariana de Venezuela", recalcó e insistió en que "la oposición venezolana está unida y buscando una solución".

Finalmente, el dirigente enfatizó que "no hay ningún motivo para que el proceso de revocatoria pase para el año que viene".

La fecha en que se haga el referendo revocatorio de mandato no es un tema menor. Si el referendo se realiza antes del 10 de enero, cuando se cumple la mitad del mandato de Maduro, la Constitución prevé que se convoque a elecciones presidenciales dentro de los 30 días. Si es posterior a esa fecha, asume el vicepresidente ejecutivo, que es designado por el presidente.

En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

La visita de Capriles es parte de una gira sudamericana, que comenzó ayer en Paraguay, para promover las alianzas necesarias en el continente para truncar los procesos democráticos de la región.

“Venimos a pedirle a la región que se plante en respeto a Venezuela. Venimos aquí a pedirle a Mercosur y a Unasur que le exijan a Maduro que respete la Constitución, porque la solución a la crisis social que estamos viviendo en Venezuela, pasa necesariamente por una solución electoral, por la consulta al pueblo. El gobierno de Maduro ha puesto miles de trabas al revocatorio y eso lo tiene que saber nuestra América”, exigió Capriles, al obviar que los venezolanos mediante el ejercicio ciudadano de derecho al voto, optaron por el actual presidente.

Otro dato no menor, es que el "pedido de ayuda" de Capriles, tiene un nuevo punto de llegada, en el vecino país de Brasil, donde ya se produjo un golpe a la democracia, al apartar del gobierno a la presidenta electa por el voto popular Dilma Rousseff.

El proyecto del autodenominado Régimen de Sinceramiento Fiscal incluye además un artículo que es, directamente, un ataque a la libertad de expresión y a la función de denuncia que debe cumplir el periodismo.

El artículo 85 del proyecto de ley, ha desatado el rechazo de muchos sectores, pero sobre todo de los periodistas que verían cercenada seriamente la libertad de expresión si es que se aprueba.

Ante semejante rechazo, el Gobierno parece ahora recular: “Está en debate, es un instrumento para debatir”, dijo el Mauricio Macri a los periodistas que concurrieron a Casa Rosada para compartir con él un brindis por el Día del Periodista y que le plantearon la preocupación.

No obstante, el Presidente aclaró que, en lo que hace a la identidad de quienes fugaron capitales o evadieron y ahora pueden blanquearlos, "es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también se refirió, en la misma ocasión y en el mismo lugar, al espinoso asunto al señalar que el articulo 85 tiene "exactamente el mismo espíritu que lo que está en el Código Penal”, añadiendo que “no es contra los periodistas” sino que “tiene que ver con el secreto fiscal".

El único que habló concretamente de dar marcha atrás con el nefasto artículo macrista fue el diputado Fernando Sánchez (CC-ARI), del intebloque Cambiemos, quien anunció: "Para que no queden afectados los derechos de los periodistas, adelantamos que vamos a modificar el artículo 85".

Es decir que, al mismo tiempo que amaga con recular, el macrismo trata de convencer a los propios interesados sobre la conveniencia de acotar la libertad de expresión, so pena de meterlos en la cárcel.