La Cámara alta de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura, Vivienda, Hábitat y Servicios públicos que le permitirá a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, apurar los tiempos de licitación para avanzar en diferentes obras públicas. Desde el bloque del Frente para la Victoria (FPV), señalaron como “preocupante” la nueva sanción, ya que se otorga “un cheque en blanco para contratar servicios y obras sin ningún tipo de control”, mientras que el oficialismo y el Frente renovador celebraron la aprobación de la Ley.
Para que esta nueva legislación provincial se concretará los senadores de Cambiemos, con las bancadas del Frente Renovador y bloques minoritarios, llegaron a los 28 votos afirmativos, mientras que el FPV-PJ, se opusieron con 18 escaños.
En el proyecto enviado por el poder Ejecutivo, la declaración de la emergencia "buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses".
La ley autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación, a la vez que incluye los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.
Con ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.
Los ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar las ejecuciones y contrataciones en el Boletín Oficial, pero las difundirán en el sitio web u otros órganos de publicidad que determine la reglamentación de la ley.
Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.
Para el senador de Cambiemos Gabriel Monzó la norma “es una herramienta útil, necesaria e indispensable para lograr la puesta en marcha de hospitales, caminos y escuelas”, y consideró que los plazos previstos en las leyes de contratación vigente “son para períodos de normalidad por lo que no se puede pretender aplicarlos en situaciones de emergencia”.
A través de un comunicado publicado por el FPV se denuncia “que el proyecto de ley aprobado hoy, permita a la gobernadora saltearse la publicidad de todos los actos de gobierno, vértice fundamental de la transparencia de la gestión que tanto prometió en sus discursos de campaña y que a tan solo tres meses de iniciado su mandato ha decidido echar por tierra”.
“Preocupa también que la emergencia aprobada atente contra la seguridad jurídica de la provincia al permitirle al Estado provincial desconocer los compromisos contractuales previos. Lo cual, al desconocer la bilateralidad de contratos y cláusulas de rescisión, abre la posibilidad a una catarata de demandas contra el Estado que en definitiva terminarán pagando todos los vecinos de nuestra provincia”, aseguran los legisladores de la oposición.
Para finalizar indican que “desde el bloque del Frente Para la Victoria no dudamos que la provincia requiera agilizar y mejorar la calidad de los procedimientos de gestión, consideramos que de ninguna manera esto se podrá lograr aumentando la falta de transparencia y control”.
El proyecto pasó por la Cámara de diputados hace quince días y fue votada la media sanción, con el respaldo de Cambiemos, el Frente Renovador y Justicialismo Bonaerense, mientras que el FPV y el Bloque Justicialista se opusieron.
