La escandalosa fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que se escaparon por la puerta del penal de máxima seguridad de General Alvear, genera la inevitable pregunta de "cómo fueron capaces de financiar la compra de voluntades" para lograrlo. Pero también, sobre si se trata en realidad de una maniobra política para perjudicar al gobierno recién estrenado en la Provincia o una devolución de favores por su rol activo en la campaña anti K.

Esa misma pregunta se hace el abogado de Cristian Lanatta, uno de los prófugos. Roberto Casorla Yalet habló de "corrupción penitenciaria", en esa cárcel en particular, la Unidad Penal 30 de General Alvear. Y trató de despegar a su defendido de cualquier implicancia política.

Para Casorla Yalet no hay duda que la fuga de estos tres condenados contó con la ayuda de alguien dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, una fuerza de seguridad que tiene en su haber varios episodios de corrupción institucionalizada. "No hay manera de que ningún interno pueda acceder a contar con uniformes o ropa similar al personal", consideró en declaraciones a Radio La Red.

Mientras tanto el experto en Políticas Penitenciarias y hasta hoy Subjefe del Servicio Penitenciario Nacional, Fernando Díaz, asumirá como nuevo Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en reemplazo de Florencia Piermarini, quien será dejada cesante del cargo que ejercía al momento de la fuga.

Piermarini había presentado la renuncia a su cargo el pasado 23 de diciembre, pero no le fue aceptada dado que el Servicio no podía quedar acéfalo. Hoy las autoridades bonaerenses decidieron finalmente cesantearla y designar su reemplazo.

También Díaz designará a los cinco nuevos integrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario, que reemplazarán a los siguientes miembros que fueron relevados de sus cargos.

Plana Mayor: Director General de Coordinación, Inspector General (E.G.) Claudio Cardo; Director General de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; Director General de Seguridad, Inspector General Marcelo Rotger; Director General de Instituto, Inspector General Gabriel De Murtas, y Subdirector General de Recursos Humanos, Alberto Paez.

En lo que respecta a la Unidad Penitenciaria N° 30, de General Alvear, la cúpula quedará así integrada: Director, Prefecto Mayor (E.G) Manuel Guevara y Subdirector, Prefecto (E.G) Ariel Elichelibeti

Además, la semana próxima va a asumir el nuevo Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, reemplazante de César Albarracín que cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado, junto a la gestión provincial anterior.

"Nosotros tenemos dos grandes misiones. Una es volver a poner a la Escuela en el centro de la escena y la otra, es jerarquizar a los docentes. Sin embargo, es importante que empecemos a tomar conciencia de que la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser la hermana mayor rica del país", destacó.

"A nosotros nos es muy difícil decir que vamos a construir sobre lo construido, porque aquí lo que hemos encontrado es una carencia enorme de políticas educativas en los últimos años; no sé cuántas, pero sí hemos observado grandes carencias", manifestó en referencia a cómo se encontró la educación provincial.

Y profundizó: "Tenemos en este momento una ley mandada a las cámaras legislativas para declarar la emergencia en infraestructura en toda la provincia, pero estamos preocupados por la situación edilicia de las escuelas. Necesitamos que nuestros alumnos estudien en condiciones dignas, igual que en todo el país. Los invitaría a recorrer lugares en el territorio bonaerense que, les puedo asegurar, tienen un grado de pobreza y marginalidad igual al de muchas otras provincias. Estoy diciendo esto para romper ese mito de que Buenos Aires es la más rica".

"Necesitamos volver a jerarquizar a nuestros docentes, en lo salarial por supuesto, sabiendo que las arcas están vacías y que vamos a hacer el esfuerzo más grande, con la mayor imaginación y sabiendo que dentro de la negociación no descartamos ningún tipo de hipótesis para poder asegurar y garantizar que comiencen las clases" expresó el funcionario de María Eugenia Vidal.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, removió hoy a toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y al jefe de la Unidad Penal de General Alvear tras la huida de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

"El gobierno de la Provincia dispuso la remoción de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que el jefe de la Unidad Penal del General Alvear, más allá del sumario interno y la denuncia judicial correspondiente", informó el Ministerio de Seguridad bonaerense a través de un comunicado.

El nuevo jefe en el Servicio Penitenciario bonaerense será Fernando Díaz, quien hasta ahora se desempeñó como subjefe de Servicio Penitenciario a nivel nacional.

El informe recordó que la semana última el Ministerio de Justicia bonaerense envió a la legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito del SPB.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciario, norma que de aprobarse permitiría a su administración acelerar partidas para compras y contrataciones.

Vidal impulsa así una nueva emergencia, luego de que ya girara a la Legislatura dos proyectos para obtener idénticas declaraciones en Seguridad y en Infraestructura y que se tratarían el martes 29.

La gobernadora fundó la necesidad de declarar la emergencia del SPB debido en las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

Además, hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

El proyecto exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.

Tras el intento fallido de conseguir que Graciela Fernandez Maeijide se sume a ese lugar, se conoció ayer que a partir de mediados de enero, luego de resolver asuntos familiares y laborales, Santiago Cantón se haría cargo de la Secretaría de DDHH.

La propio María Eugenia Vidal se había reunido con Cantón el viernes pasado para hacerle la oferta, pero el actual directivo del Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights regresó a los Estados Unidos sin darle una respuesta. Cantón llegó el miércoles pasado a Buenos Aires y, antes de reunirse con Vidal, visitó a Massa en su casa del barrio Isla del Sol.

La gobernadora ya le había anticipado al tigrense que quería sumar al profesor de la Georgetown Law School y la UBA. Si Massa estuvo de acuerdo o no es una incógnita.

Esta designación entra en contradicción con la línea trazada por Sergio Massa de no ocupar puestos de gestión en los gobiernos de Cambiemos, sino cargos en los organismos de control. Una "directiva" que hasta hoy tiene un solo infractor: Adrián Pérez, que aceptó ser funcionario en el Ministerio del Interior.

En cuanto a las perspectivas de gestión, Cantón sostiene que el trabajo de Madres y Abuelas y los juicios contra los delitos de lesa humanidad son "parte del ADN" de los argentinos, pero considera una "perversión política" el uso de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. En más de una oportunidad señaló que su prioridad son las violaciones actuales de los derechos humanos, como la violencia de género, la desigualdad o la corrupción.

Como secretario ejecutivo de la CIDH (entre 2001 y 2012), fue un crítico acérrimo de las violaciones de la libertad de expresión y la violencia política en la Venezuela de Hugo Chávez, quien llegó a definir al argentino de "excremento humano". De hecho, Cantón dejó el cargo en la CIDH para que la entidad pudiera volver a ingresar a la República Bolivariana.

El gremialista formuló declaraciones después de que Vidal les explicara a los representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), de la Asociación de Trabajo del Estado, la CICOP, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la Asociación Personal Legislativo (APL), que no se podrán discutir aumentos salariales hasta febrero.

“Venimos planteando la necesidad del bono de $ 5.000 con posibilidad de financiarlo y la reapertura paritaria y la gobernadora ratificó la imposibilidad de brindar un bono y que recién en febrero se abriría la discusión salarial con lo cual esto no lleva tranquilidad a las familias de los estatales y comienza a vislumbrar una situación que será conflictiva”, advirtió De Isasi en ese sentido en declaraciones formuladas a radio Provincia.

El dirigente afirmó que "a pocos días de asumir la gobernadora nos reciba es un dato positivo en sí mismo porque implica la apertura a un diálogo como el de ayer de tres horas exponiendo todas las problemáticas como la continuidad de los compañeros contratados y becados, a quienes garantizó el trabajo después del 31 de diciembre”.

“La reunión como gesto político tiene valor positivo en sí mismo, ahora una de las más importantes es la pérdida del poder adquisitivo y allí estamos muy lejos de ponernos de acuerdo y las propuestas no colman para nada las necesidades de los trabajadores”, apuntó De Isasi.

Consultado en torno a la imposibilidad económica que manifiesta la Gobernadora para realizar un incremento salarial, el referente de ATE respondió: “Si se descongela el fondo del Conurbano habría condiciones para pagar el bono de fin de año porque con el 12 por ciento de la deuda que tiene Nación en ese sentido se podría haber pagado”.

En declaraciones radiales, el titular de UPCN, Carlos Quintana, detalló que “luego de la aprobación del presupuesto, comenzarán las comisiones técnicas para tratar en paritarias”.

“No es momento de reclamos, hay que pagar deudas. La problemática de la provincia arrastra desde hace mucho tiempo y el compromiso de la gobernadora fue, en principio, la aprobación del presupuesto, del endeudamiento, para sacar un montón de deudas que quedaron pendientes como proveedores. Luego de la aprobación, que el 29 es la sesión, los primeros días de enero estaríamos empezando con las comisiones técnicas para tratar en paritarias”, concluyó.

La represión con balas de goma realizada ayer por la Gendarmería Nacional a los trabajadores de Cresta Roja para desalojar la autopista Riccheri podría tener consecuencias en la justicia.

El Partido Obrero (PO) denunciará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado.

En un comunicado que difundió la Izquierda Diario, el PO informó que denunciará a Bullrich al acusarla de “recurrir a los métodos de la injuria y la provocación política contra el Partido Obrero, y justificar la acción represiva contra los obreros de Cresta Roja”.

En el texto se acusa a la funcionaria de reproducir en un comunicado oficial de su ministerio declaraciones de un delegado de Cresta Roja a medios de comunicación que “provienen de informaciones absolutamente falsas y equivocadas”.

Ayer la ministra de Seguridad dijo que la Gendarmería tenía "directivas claras" para desalojar a los manifestantes en Ezeiza y aseguró que el operativo se realizó "con total apego a la ley" y con "absoluta y total responsabilidad". "Nuestro objetivo es la tranquilidad social", manifestó en declaraciones al canal Todo Noticias.

Desde el ministerio de Seguridad ayer difundieron que un delegado de la empresa había asegurado en declaraciones periodísticas que “existen infiltrados del Partido Obrero en la manifestación”.

Esa jugada generó críticas desde el Frente de Izquierda. Por su parte, María Eugenia Vidal recibió críticas de amplios sectores políticos, sobre todo de la izquierda. Es que la gobernadora había prometido una salida a un conflicto que afecta a más de 3 mil trabajadores.

A la espera de que pueda ser tratado en la misma sesión en la que se debata el Presupuesto, el massismo presentó un nuevo proyecto de ley que limita las reelecciones de intendentes y legisladores e impide a concejales ocupar cualquier otro cargo en los ejecutivos locales o provincial.

La iniciativa, redactada por el diputado Ramiro Gutiérrez, dispone que los intendentes y los legisladores bonaerenses solo podrán ser reelectos en una oportunidad y luego nuevamente una vez que haya pasado un período completo.

En tanto, los concejales no estarán alcanzados por esa restricción, pero ese cargo será incompatible con cualquier otro puesto en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya sean nacionales o provinciales.

En diálogo con Radio 10, Gutiérrez sostuvo que las reelecciones indefinidas son "un abuso" y que el proyecto presentado por el massismo abarca "una reforma que impide que los concejales tengan dos o tres trabajos".

"Hoy en día un concejal puede ser un funcionario de Anses o de cualquier otro lugar y de esa manera defraudan al votante porque no terminan siendo nada y cobra en los dos lugares", opinó.

En ese sentido, agregó que en la política "hay nuevos aires" y que "es momento de que eso se consolide".

El massismo apuró la presentación del proyecto con el objetivo de que sea aprobado en la misma sesión en la que se debata el Presupuesto y la Ley Impositiva, ya que supeditó su acompañamiento a las normas a que Vidal habilite parte de la reforma política.

Mientras su excompañeros del bloque de Diputados del Frente para la Victoria difunden un comunicado en contra de la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el ex Diputado e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde (MI), se mostró esta mañana junto al presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vida, en el marco de la presentación de obras en el viducto que conecta Camino Negro con la General Paz.

El gesto de MI le permitió a Macri reforzar su imagen "dialoguista" en medio del escándalo por la intervención de la AFSCA por decreto, que se suma a los anteriores DNU con los que intentó poner jueces en la Corte Suprema sin pasar por el Congreso, la devaluación del peso, entre otras acciones. En tanto, el jefe comunal se despega cada vez más de los intendentes K, en el marco de la interna declarada que divide al PJ.

"Estamos muy contentos de trabajar todos juntos en una nueva solución para la gente, como decíamos hace algunos meses, que era una oportunidad histórica que trabajen el gobierno nacional, bonaerense, porteño, los intendentes de la zona, todos juntos para encontrar soluciones concretas para la gente que vive de este lado, trabaja del otro y viceversa", dijo Macri en el acto.

La foto del alcalde del FpV incluyó, además del Jefe de Estado y la Mandataria bonaerense, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

No es la primera vez que MI se fotografía con dirigentes de la oposición en medio de un momento de tensión. En 2013, también a fin de año, se había mostrado junto a Sergio Massa, principal líder de la oposición de ese momento. En esa ocasión la instantánea se produjo en un desfile en donde ambos estaban acompañados por sus esposas, Malena Galmarini y Jésica Cirio.

Sobre el viaducto en cuestión, la obra permitirá terminar con las largas demoras que se producen para conectar Camino Negro, en Lomas de Zamora, con la General Paz, por donde transitan más de 80 mil vehículos por día. Se le "va a devolver entre 20 minutos y media hora por día a toda la gente que circula por la zona" dijo Macri al respecto.

Macri dijo que la obra "estaba abandonada y parada hace ya varios meses, y tenía que haber estado terminada en abril de 2015", prometió que el viaducto estará terminado en junio de 2017 y felicitó a "todos los trabajadores que van a encarar esta tarea".

El ministro de economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, mantuvo un encuentro con los diputados y senadores del FpV con el objetivo de brindar detalles del Presupuesto 2016, la Ley Impositiva y las declaraciones de las emergencias en Seguridad e Infraestructura.

El funcionario explicó que se acercó a "a presentar las líneas generales" del Presupuesto y agregó que "atendimos a todas las preguntas; muchas inquietudes están relacionadas con la autorización del endeudamiento y lo que hicimos fue explicar por qué se lo necesita y a qué va a estar destinado".

Respecto al pedido de endeudamiento explicó: "sí estamos atendiendo las necesidades financieras de no hacer oídos sordos al estrés financiero que está teniendo no sólo la provincia sino también los municipios. Este es un pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal. Atender prioritariamente pago de aguinaldo y sueldos esta semana y la otra ya los estamos asistiendo".

Por último, el ministro se mostró optimista respecto a la posibilidad de que el combo de leyes sea tratado el próximo martes 29 de diciembre, aunque en esas condiciones el acompañamiento del bloque opositor mayoritario parece casi una utopía.