(Por Andrés Fidanza)La Secretaría de Comercio podría darle razón a Farmacity, la firma que fundó y dirigió Mario Quintana, en una disputa que lleva varios años. La queja de laboratorios y farmacias.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. En medio de las conflictivas negociaciones entre PAMI, las farmacias y los laboratorios, la cadena retomó un viejo reclamo monetario. Fundada por el influyente vicejefe de gabinete Mario Quintana, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio, quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Ahora, ante un nuevo clima político, la Comisión podría darle razón a Farmacity en su reclamo multimillonario. De resultar así, se favorecería la concentración y expansión de ese tanque de 250 sucursales, según afirman los representantes de las demás farmacias.

A partir de un acuerdo post-crisis de 2001, las farmacias ponen una parte del descuento que se le hace a los beneficiarios de PAMI (la mayor obra social de la Argentina, con más de cinco millones de afiliados), cada vez que los jubilados o pensionados compran un remedio. Se trata de una especie de sistema solidario, en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%.

En 2011, las farmacias y los laboratorios reajustaron el arreglo, considerando la expansión y ventajas comparativas de Farmacity. El promedio nacional del descuento pasó a ser del 14%, mientras que para Farmacity alcanzó los 22 puntos.

En 2014, un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldaría la controversia sobre la ventas polirrubro de Farmacity en Capital: la cadena del fondo de inversión Pegasus (controladora de heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall) podría seguir vendiendo tanto remedios, como golosinas, café y galletas.

Pese a ese handicap, Farmacity siempre se opuso al acuerdo. En 2013, Quintana le apuntó directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, afirmó el actual vicejefe de Gabinete.

A tal punto llegó la pulseada por esos puntos de descuento, que Farmacity recurrió al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados para judicializar su reclamo. Patrocinada por el bufet del actual juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, la cadena pidió una medida cautelar. Pero el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital lo desestimó.

En mayo de 2012, buscó una alternativa administrativa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). Denunció una movida discriminatoria por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), y Roemmers SA, entre otros actores. Pero en junio de 2014, la CNDC la desairó nuevamente.

El expediente parecía cerrado, hasta que en septiembre pasado la cadena volvió a la carga en la Comisión, con el argumento del empeoramiento de la situación económica. Bajo la órbita del secretario de Comercio Miguel Braun, la CNCD pidió informes a Farmacity y citó a declarar a los representantes de la COFA y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Si bien prefieren no hacer declaraciones, desde esas organizaciones intuyen un desenlace inminente y favorable a la empresa. Es decir, contrario a sus intereses. “El rol de Quintana es determinante”, opina un dirigente farmacéutico

Fuente: Perfil

El diputado nacional y principal referente del Partido Solidario denunció en una entrevista radial que los miembros del oficialismo con altos cargos de Estado se encuentran trabajando para beneficiarse económicamente. Cuestionó a los grandes medios de comunicación y advirtió acerca del desgaste de algunos ministros del la alianza gobernante.

“Está claro que para Nicolás Dujovne, más allá de sus esfuerzos dialécticos, el objetivo es profundizar el ajuste. En todas las declaraciones que hizo habló recurrentemente de bajar el costo laboral, y bajar el costo laboral desde su perspectiva es flexibilidad laboral”, sostuvo el diputado nacional Carlos Heller.

“Dujovne también dice ´son muy altos los impuestos al trabajo´, y me hace acordar a (Domingo) Cavallo cuando redujo los aportes patronales, porque es una manera de bajar el costo laboral, desde luego a costa de desfinanciar el sistema previsional, lo que luego terminó siendo la justificación para privatizarlo. Hay que prestarle mucha atención a este tema, yo creo que es un tema clave en esta etapa”, para luego asegurar que “Dujovne no deja de decir que su objetivo es la reducción del déficit fiscal. Eso supone un ajuste aún mayor al que se aprobó en el Presupuesto”, advirtió Heller.

“Los apologistas del ajuste brutal son como los Jinetes del Apocalipsis, vienen cabalgando siempre y no paran. Tienen espacios en los medios e insisten”, graficó el Presidente del Partido Solidario.

Heller también se refirió al tratamiento sesgado que se le dio a la noticia de la recaudación y al decreto que establece mayores descuentos en las retenciones a la soja: “Incluyendo los ingresos del blanqueo, la recaudación creció un 34,6%, con una inflación que nadie ubica en menos del 40%. Por lo tanto, ni el blanqueo, que es una medida excepcional y que este año no van a tener, puede resolver el problema. El problema es la menor actividad económica y las medidas que el gobierno toma de baja de impuestos a los sectores que efectivamente quiere privilegiar”, dijo el diputado, y sumó: “al respecto, es llamativo que el gobierno firme antes de fin de año un decreto que comenzará a tener efecto el 1 de enero de 2018, me refiero al decreto 1343/2016 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, Alfonso Prat-Gay y Ricardo Buryaile, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas de la soja, que llegarían al 24% en diciembre de 2018, y al 18% en diciembre de 2019”.

El legislador señaló además un detalle que tuvo casi nulo desarrollo en los medios masivos: “Nadie dice que estos datos que dan están referidos al poroto de soja, que es nada más que el 21% de los ingresos de exportación. El 55% es harina de soja y el resto, el 24%, es aceite de soja. Estos dos rubros ya están en el 27% ahora, no en el 30% como el poroto. Por lo que van a bajar al 21% en diciembre de 2018 y al 15% en diciembre de 2019. Es decir que desde el punto de vista fiscal, según nuestra estimación, este decreto que va a entrar en vigencia el año que viene implica entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones al año de beneficio al sector sojero. Habría que preguntarse cómo encaja eso en el marco del objetivo de reducción del déficit fiscal”, concluyó.

Ante la pregunta sobre si el gobierno cree que las medidas económicas que implementa van a traer buenas noticias para los indicadores de la economía, Heller respondió citando una nota que publica hoy Clarín, firmada por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: “Krugman sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias y que lo hacen desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromisos. Estoy convencido de que en Argentina está pasando exactamente eso mismo”.

En esa misma línea, el legislador sostuvo que los funcionarios de alto rango del gabinete no temen que sus figuras se desgasten: “Ni Mario Quintana ni Gustavo Lopetegui tienen proyecto político. Lo que quieren es fortalecer sus esquemas de negocios y los de los grupos económicos a los que están vinculados, cosa que están haciendo desde el primer día, desde la compra de dólar futuro hasta la firma del Memorándum con Qatar, que es una vergüenza”, remató.

Consultado sobre la no renovación del reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas con tarjetas de débito, Heller opinó que es una medida que “afecta directamente a los trabajadores registrados, que fueron incorporando el uso de la tarjeta de débito sobre la base del beneficio de la devolución del 5% del IVA” y sostuvo que la decisión de Dujovne “de hecho significa que el costo real de lo que compraban con tarjeta de débito los trabajadores, que en general son los productos de consumo permanente -alimentos, artículos de limpieza, etcétera-, a partir del 1 de enero les cuestan más”.

“La otra cuestión que hay que tener en cuenta –agregó el legislador- es que es una pésima medida desde el punto de vista fiscal: van a perder plata. Al desincentivar el interés del uso del pago con tarjeta de débito van a aparecer otra vez, sobre todo en los comercios minoristas y en los boliches de barrio, los descuentos por pago en efectivo, lo que significa que esos comerciantes dejarán de tributar. El descuento en efectivo no es un acto graciable, sino que es la preparación del camino para la no tributación. Por eso digo que en el balance final el Estado va a perder plata. Es una mala medida desde todo punto de vista”, subrayó.

El ex titular del Banco Central durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Vanoli, se refirió a la aceptación que hizo la Cámara de Casación del recurso de apelación que presentó en el marco de la denominada causa "Dólar Futuro".

"Tomo la aceptación del recurso como una oportunidad de eliminar esta barrabasada jurídica y esta maniobra política que es acusar a la ex presidenta, al ex Ministro de Economía, a mi y a otros funcionarios en una causa que no se sostiene por ningún lado", indicó Vanoli en declaraciones a LU14 (Radio Provincia de Santa Cruz).

Para el ex funcionario: "Es una causa ciento por ciento política. No hay ninguna prueba ni ninguna imputación de corrupción ni de ningún delito. Es una cuestión totalmente persecutoria".

Asimismo, el ex titular del Central resaltó que en el día de ayer hasta "el actual vicejefe de gabinete Quintana dijo públicamente que para él no era ningún delito, contradiciendo las acusaciones políticas de su partido y de gente del gobierno"

Finalmente, Vanoli señaló que "es una oportunidad para que la justicia enmiende esta cuestión que no tienen precedente"

“Esperemos que le pongan nafta al avión y volveremos todos”, de esa forma el segundo en la Jefatura de Gabinete respondió una pregunta que le hicieran anoche en el programa de A dos voces, sobre el retiro espiritual de Cambiemos en Chapadmalal. Mirá el video.

El vicejefe de gabinete Mario Quintana, ironizó sobre la tragedia que se registro este martes, cuando el avión que transportaba a los jugadores de de fútbol del club brasileño Chapecoense se estrelló en Medellín, Colombia.

Al ser consultado por uno de los panelistas sobre la vuelta a la capital de los ministros que se encuentran en el retiro espiritual que el gabinete del presidente Mauricio Macri realiza desde hoy en Chapadmalal, el alto funcionario respondió:“Esperemos que le pongan nafta al avión y volveremos todos”.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sostuvo que la "lluvia de dólares ya arrancó y arrancó muy fuerte" en referencia a la llegada de inversiones, al tiempo que advirtió que la modificación del Impuesto a las Ganancias que se debate en el Congreso debe ser "coherente con el "ordenamiento del déficit fiscal".

En este sentido pidió "responsabilidad" a los legisladores en la elección de los proyectos que los diputados deberán elegir para tratar el martes próximo.

El funcionario formuló sus declaraciones a TN anoche, luego de que el oficialismo dejara trascender que aceptaría algunos cambios al proyecto oficial, como por ejemplo gravar al sector del juego o permitir la deducción de alquileres en el pago de Ganancias.

"Desde que arreglamos nuestra situación con los acreedores internacionales en el mes de abril, entraron a la Argentina más de 42 mil millones de dólares, con lo cual la lluvia de dólares ya arrancó y arrancó muy fuerte", contó Quintana.

Explicó que la modificación hecha por decreto este año al impuesto "le devolvió a los trabajadores en impuestos unos 50 mil millones de pesos con la suba que hicimos en febrero, y con la prevista en el proyecto se reducirían otros 30 mil millones de pesos adicionales. Es decir, contemplamos una corrección progresiva", definió.

"Estamos dispuestos a conversar distintas variables pero nunca poniendo en riesgo el ordenamiento fiscal", apuntó Quintana.

La ex mandataria solicitó que sean citados empresarios amigos y funcionarios del gobierno en el marco de las investigaciones por la causa de dólar a futuro.

Cristina Fernández de Kirchner envió un escrito a la Justicia donde pide la indagatoria de varios empresarios y funcionarios de Cambiemos.que en su momento adquirieron contratos de dólar futuro por valores millonarios como Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José María Torello, Pablo Curat y Luis Caputo.

"En consecuencia, requiero una vez más que se convoque a prestar declaración indagatoria a las personas mencionadas, las cuales resultan ser beneficiarios directos del supuesto delito de defraudación por administración infiel que se habría cometido en contra del erario público", dice el escrito.

La expresidenta se encuentra procesada por la decisión económica que se judicializó y que la oposición quiso vestir de "defraudación".

Bonadio acaba de embargar a Cristina por 15 millones de pesos, y también procesó al ex ministro de Economía, Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

Tras el pomposo anuncio, fruto del Diálogo Social, el Gobierno sale a desmarcarse. Fue el vicejefe de Gabinete el que salió a decir que "no es obligatorio" y no pasa nada con los que no quieran pagarlo. Algo parecido al compromiso antidespidos que no comprometió a nadie.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, remarcó que el bono de fin año acordado la semana pasada entre empresarios y sindicalistas en la Mesa del Diálogo, el Trabajo y la Producción convocada por el gobierno nacional "no es obligatorio" y sostuvo que su entrega a los trabajadores "se tiene que negociar sector por sector" ya que hay "realidades diversas".

"El bono es parte de esta primera reunión de diálogo y se enmarca en las paritarias libres, que son una institución. Las realidades de cada sector son diversas y el bono no es obligatorio", dijo Quintana anoche en Canal 26 en referencia a esa suma extraordinaria de -al menos- 2 mil pesos.

El funcionario nacional destacó que "en este año de transición no queremos que el salario sea la variable de ajuste", al tiempo que indicó que el bono sería para "compensar el salario real 2016".

"'El grupo de los 6 (G-6, grandes empresas) ha firmado el bono unánimemente. La mesa puede vaciarse de sentido si lo que se acuerda no se respeta", advirtió.

No obstante, evaluó que las autoridades están convencidas de que "el bono se va a pagar, con salvedades como Comercio, que cerró la paritaria anual con un aumento que compensa la inflación. Comercio cerró una paritaria en que no está el bono pero sí la compensación".

Quintana agregó que se busca "el equilibrio fiscal" y que se debe ser "prudente a la hora de asignar el gasto. La prioridad se la dimos a la inversión social y la obra pública".

Asimismo, indicó que "parte del déficit es por los subsidios a energía".

También desmintió que hubiera recortes presupuestarios en Educación y en Ciencia y subrayó: "Tenemos un presupuesto como nunca hemos tenido en 12 años".

En el Museo el Bicentenario, altos funcionarios de Cambiemos junto a los principales referentes de Barrios de Pie, la CCC y la CTEP lanzaron a horas de la tarde, el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que se ejecutará en todo el país. Información de primera mano para la campaña electoral.

Con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; además de Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y referentes de La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Caritas, se detallaron los pormenores del “Relevamiento de los Barrios Populares”.

Los integrantes de estos movimientos sociales actuarán como “Relevadores” de la encuesta impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en todo el país. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y, más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Conscientes del costo político que les genera a este tipo de organizaciones sociales caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa, han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones que salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones en contra de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

La ministra de Desarrollo Social, ante las organizaciones reunidas en la Casa Rosada, planteó: "Debemos trabajar juntos por este país que tiene una pobreza del 32 por ciento. Podemos tener diferencias pero si hay un interés superior va a primar ese interés y trabajaremos de la mano".

A la hora de cerrar el acto en la sede del Ejecutivo nacional, Marcos Peña puntualizó: "Hay chicos que no reciben la protección de la AUH y que el Estado no los ve. Mucha de la retórica de la política se cae a pedazos si hay chicos que el Estado no está viendo".

Como explicó el ministro Ricardo Buryaile, la producción de quesos suma rentabilidad. Así lo entendieron funcionarios clave del gobierno nacional, que aparecen también de ese lado del mostrador aprovechando el retiro del Estado. El sitio web chequeado.com explicó en una nota del mes pasado que el coordinador Interministerial del Gobierno, Mario Quintana; junto con el coordinador de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; y el secretario de Comercio, Miguel Braun, “son socios en la empresa Pampa Cheese”.

La publicación destacó que aunque poseen participación accionaria en la compañía productora y exportadora de mozarella para uso industrial -Braun dejó trascender a través de la prensa que iba a vender la suya antes de asumir aunque aún no se conoce información oficial al respecto-, los tres renunciaron al directorio el 9 de diciembre de 2015, antes de asumir sus cargos.

Al momento de su reemplazo, como director suplente asumió Sebastián Luis Caputo, uno de los mayores accionistas de Caputo S.A., quien además también apareció integrando diversas cuentas offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri en los Panamá Papers. Por otra parte, el diario La Nación informó que la participación de Lopetegui en la compañía en 2015 era de 2,5 millones de pesos.

Desde la asunción de la gestión del presidente Macri, la compañía Pampa Cheese cuenta con el beneficio extra de la eliminación del 5% de derechos de exportación que tributaban todas las ventas de productos manufactureros al exterior.

La empresa está ubicada en la localidad santafesina de Progreso, 73 kilómetros al Noroeste de la capital provincial. Desde 2008, funciona una línea automatizada con una capacidad productiva que en 2014 se ubicaba en 200.000 litros diarios y que se proyectaba llevar a 400.000. Un 50% de la leche que utiliza surge de un tambo propio y el otro 50% de cooperativas de tamberos de la zona, según contó uno de los gerentes en declaraciones periodísticas a un medio local.

Se trata de una empresa exportadora, con más de doce destinos para sus productos entre los que se destacan Brasil, Chile, Rusia, Dubai, China y Arabia Saudita, en tanto que alrededor del 15 por ciento se destina al mercado nacional. Durante el último año habría realizado exportaciones superiores a los 4 millones de dólares.

El ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay está ofuscado. Es que el presidente Mauricio Macri lo relegó de las decisiones de Gobierno y, por ello, anda despegado haciendo viajes por el mundo.

Sus últimas incursiones fueron en España y Estados Unidos, con la excusa de atraer inversiones, tarea para las que el Presidente tiene sobreabundacia de funcionarios. En los dos viajes Prat Gay generó polémica: en Madrid pidió perdón por la estatización de YPF a los capitales españoles y en Wall Street admitió una inflación de 42 por ciento para este año.

Hay quienes piensan que las provocaciones no fueron deslices. Prat Gay no soporta que Macri haya dejado de consultarlo hace tiempo, por sus predicciones erróneas, al prometier que la devaluación no se trasladaría a los precios; o sus frases desafortunadas como“las tarifas de luz subirán por el valor de dos pizzas”.

La ley de blanqueo de capitales y pago a los jubilados fue redactada por Mario Quintana, coordinador económico del Gabinete y la figura que más escucha Macri para hablar de números.

Prat Gay ya no oculta su malestar por haber sido relegado por Quintana. De hecho, cuando éste último llama a una reunión del gabinete económico envía a su secretario de Hacienda, Gustavo Marconato para no cruzarlo, encargado de pisar la caja y cumplir la política de subejecución de obra pública. Además, está molesto con su secretario de Finanzas, Luis Caputo, quien se ganó la consideración de Macri por su negociación con los Fondos buitre.

Prat Gay filtra que la causa del fracaso del tarifazo y la dificultad para reducir el déficit fiscal, tienen su origen en la fragmentación del área económica que diseñaron Macri y Peña. Fue Caputo quien lidió con los abogados de los buitres y, hasta ahora, consiguió que el acuerdo no sufriera alteraciones, como predijeron los kirchneristas en el Congreso.

Caputo y Marconato fueron elogiados por sus gestiones. Ambos participan en las reuniones de Gabinete ampliado que Macri lidera por varias horas, con rondas de consultas y testeo de las aptitudes de las segundas líneas de su gabinete.

Según informó el sitio La Política Online, como ofensiva, Prat Gay filtró a periodistas especializados que la fragmentación del área económica que diseñaron el presidente y su jefe de Gabinete es la causa del naufragio del tarifazo y la dificultad de reducir el déficit fiscal, productos según su visión de la falta de un mando centralizado que coordine y ordene las prioridades. Se trata de una crítica encubierta a Quintana, que se supone cumple ese rol.