Malas noticias para Mario Quintana. El propietario de la cadena de farmacias, que abandonó la presidencia del Grupo para sumarse al macrismo como funcionario, se enteró en las últimas horas que por un fallo unánime de la corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Farmacity tiene prohibido su desembarco en territorio bonaerense.

La disputa legal había comenzado en 2012 cuando la cadena de farmacias del grupo Pegasus buscó extender sus dominios a tierras bonaerenses.

Ahora la Justicia provincial confirmó que "rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto" y la Corte se pronunció en forma definitiva sobre la presentación realizada por la cadena del hoy secretario de Coordinación Interministerial.

"En la provincia de Buenos Aires la farmacia no es un comercio sino un Servicio Público, un modelo con respaldo del Ministerio de Salud, la legislatura Provincial (Ley 10.606 ) y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Provincia", expresaron desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense.

"El Juicio iniciado por la cadena Farmacity contra el gobierno bonaerense para poder instalar farmacias en nuestra provincia, bajo la figura de Sociedades Anónimas, llegó a su fin con un fallo definitivo y contundente de la Suprema Corte provincial", remarcaron.

"El CFPBA, con el patrocinio letrado del Dr. Daniel Sabsay, fue tercero coadyuvante y en sintonía con la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires defendimos la distribución racional de farmacias y la propiedad en manos del Profesional Farmacéutico", insistieron.

"Con posición firme y clara expresamos que la farmacia es una extensión del sistema de salud y el servicio debe estar a cargo del profesional farmacéutico. Un servicio que debe estar donde lo necesita la gente, en cada rincón de esta vasta provincia. Este modelo que posibilitó la instalación de farmacias en los pueblos y en los barrios, es el que Farmacity pretendía romper. Hoy, luego cuatro años de juicio, la Corte Suprema bonaerense ha puesto punto final a la discusión sobre la ley 10606, la propiedad de las farmacias y la distribución racional de las mismas", celebraron.

Quintana había quedado en el foco de la tormenta en los últimos días cuando se conoció que fue uno de los mayores compradores de "dolar futuro" y que se benefició por la devaluación que impulsó el gobierno que él mismo integra.

Algunos funcionarios ya dejaron en claro que -por ahora- no está en sus planes confiar sus inversiones en la Argentina. Sin embargo, remarcaron que, pese a estar radicados en el exterior, esos activos tributan en el país.

Entre los funcionarios con activos fuera del país, se encuentra el Ministro de Energía, Juan José Aranguren quien declaró $70 millones en cuentas y acciones en el exterior, pero ya advirtió que no repatriará los fondos.  “Es una decisión personal que tomará junto a su familia”, dijo su vocero.

Por su parte, la Canciller, Susana Malcorra sólo declaró 387 pesos. El resto de sus casi $12 millones está invertido en fondos de inversión en Suiza y cuentas bancarias en Estados Unidos, Italia y España, donde trabajó antes de desembarcar en el Estado.

Finalmente, uno de los funcionarios más ricos del gabinete, Alfonso Prat-Gay, transformó los $40 millones que tenía depositados en una cuenta en Estados Unidos en bonos argentinos, afirmaron desde su equipo. Dichos bonos siguen siendo atesorados en el exterior.

La lista de funcionarios del PRO con activos en el exterior se completa con Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Federico Sturzenegger.

Desde la campaña Mauricio Macri se esmeró en resaltar la idea de su equipo como diferencial de gestión, la alianza Cambiemos siempre mostró preferencias por una estructura de trabajo menos verticalista que la saliente.

El diario Perfil publicó ayer un artículo donde consigna que hay "ministros que prácticamente no dialogan y  funcionarios que apenas se conocen".

"En el centro de la escena, tras la resolución de los holdouts, amanece Alfonso Prat-Gay(Hacienda), quien sumó puntos en el interior del gabinete mientras no cesa su distancia con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sumó otro enemigo interno: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio", explica el diario Perfil.

Aparentemente Peña, que lidera la comunicación del macrismo, está molesto con ciertas declaraciones del ministro Prat Gay que maneja una impronta propia en sus apariciones mediáticas y en ocasiones intenta vincularse de manera directa con el presidente.

Frigerio, por su parte, "está cansado de pedirle al vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, que haga mover los fondos que atesora el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, para sostener el buen vínculo con los gobernadores", continúa el artículo.

A todo esto, se tornó inexistente el board económico, las reuniones de todos los actores vinculados a la economía. Juan José Aranguren (Energía) o Federico Sturzenegger(Banco Central) actúan bajo sus propios parámetros.

El "gabinete social" que Macri ordenó armar también viene flojo de papeles. Mario Quintana, coordinador de Jefatura de Gabinete, intenta que Jorge Triaca (Trabajo), Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Esteban Bullrich (Educación), trabajen mancomunadamente pero debido al poco conocimiento personal entre ellos, sumado a la falta de un relato enhebrado, la labor se dificulta.

Por su parte, los ministros radicales están virtualmente aislados: la lógica PRO de funcionamiento (informes de gestión periódicos, powerpoints) no los hace sentir cómodos. Por ello, algunos de ellos, como Ricardo Buryaile (Agroindustria), prefieren interactuar con Frigerio antes que con alguno de los “coordinadores”.

Patricia Bullrich (Seguridad) sufre los embates internos por el malogrado protocolo antipiquetes y por su pelea con Horacio Rodríguez Larreta, a quien le enviará unos dos mil efectivos menos de la Policía Federal de los que esperaba.