El mandamás argentino de la multinacional que despidió casi 600 empleados en Vicente López es socio de Mario Quintana y hermano del nuevo ministro de Educación de Vidal. Gobierno de CEOs para CEOs.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles que vinculan al Gobierno Nacional con la multinacional PepsiCo que despidió a casi 600 trabajadores de su planta de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López.

Es que el CEO de PepsiCo Argentina es Tomás Sanchez Zinny, un hombre muy cercano al Gobierno Nacional y Provincial, lo que explicaría los descomunales operativos de seguridad en favor de la multinacional y el accionar del Ministerio de Trabajo encubriendo las irregularidades de la empresa.

Tomás Sanchez Zinny es hermano de Gabriel Sanchez Zinny, flamante ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires nombrado por María Eugenia Vidal, en remplazo de Alejandro Finocchiaro quien asumió en la cartera nacional.

Pero además Tomás es socio de uno de los hombres fuertes del Gobierno Nacional. Comparte negocios con Mario Quintana, uno de los dos coordinadores clave de la Jefatura de Gabinete y policía político del macrismo en gestión.

El CEO de PepsiCo y Quintana comparten desde el 2.000 negocios, que comenzaron con la propiedad de Edunexo, un portal de internet dedicado a la educación que fue de los pioneros en el sector.

Mientras tanto frente al Congreso de al Nación, los despedidos de PepsiCo siguen reclamando ser reincorporados a sus puestos de trabajo, sin que el Gobierno los reciba.

Una fiscal federal pidió al juez Ramos investigar al vicejefe de Gabinete porque considera que favoreció a un estudio de abogados ubicado en Nueva York vinculado a su hermano. El millonario negocio de las comisiones de deuda en la mira.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue imputado ayer en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un estudio de abogados vinculado a su hermano, ubicado en Nueva York, que intervino en la colocación de bonos argentinos en el exterior.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal federal Paloma Ochoa requirió abrir la investigación ante el juez Sebastián Ramos en un dictamen en el que solicitó medidas de prueba para saber cómo fue la operatoria dispuesta desde La Rosada.

La denuncia la había presentada la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti en base a artículos periodísticos de su portal, Nuestras Voces y ahora encontró eco en los despachos judiciales.

Según señala la denuncia, el secretario de Coordinación Interministerial de la Nación realizó negociaciones incompatibles con la función publica a raíz de la maniobra en cuestión.

Cerruti denunció que Quintana se encargó de "sugerir y contratar" al estudio Holland, vinculado a su hermano y de esa manera la permitió el acceso a un negocio multimillonario de comisiones.

El diputado nacional expreso con respecto a Frigerio que "desconoce o miente el ministro al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia. Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro".

Además, Máximo Kirchner sostuvo que: "Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz 12 años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De La Rúa".

También, el diputado recordó que "puede, si no recuerda el ministro, consultar con Patricia Bullrich o Federico Sturzenegger el desastre económico en el que dejaron sumergido al país".

Con respecto a la gestión del gobierno apuntó: "Debería ser más humilde el ministro en sus aseveraciones ya que van 500 días de gestión con el manual de excusas. No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial. Aún así los resultados solo son buenos para una pequeña minoría y muy, muy malos para la inmensa mayoría".

Asimismo, el diputado nacional advirtió que "igual, para ser justos, sabemos que su margen de acción es poco ya que son Peña, Quintana y Lopetegui son quienes gobiernan y el margen de gestión del ministro no es propio del cargo que ostenta".

Para concluir, manifestó que "la situación que vive Santa Cruz es similar a las de otras provincias, con la diferencia que se la somete a una asfixia producto de la miopía política de la claque que rodea al presidente".

El economista liberal, José Luis Espert, salió a pegarle duro al duo Quintana-Lopetegui. "No podés poner ocho ministerios de economía a ser coordinados por dos tipos que saben hacer plata y no entienden nada de economía”, disparó.

José Luis Espert, el economista liberal, le pegó duro al macrismo evidenciando que las críticas le llegan también por derecha. Espert sostuvo que hace falta un ajuste y apuntó sus cañones a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, y Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas, como los dos responsables de la falta de aciertos económicos.

“La economía es una ciencia. No podés poner ocho ministerios de economía a ser coordinados por dos tipos que saben hacer plata y no entienden nada de economía”, sostuvo Espert sobre los funcionarios.

Sin embargo, el economista amplió los destinatarios de sus dichos, ya que, según su criterio, “todos son parte del error de diagnóstico que se ha cometido” en materia económica desde que Cambiemos asumió el mando.

“Cuando estaba en el llano, en 2014 o 2015, los economistas de Macri hacían un diagnóstico bastante compartido por ellos, que era que acá no había que hacer ningún ajuste fiscal, y que con bajar la inflación la economía mágicamente despegaba, y comenzaba a crecer”, criticó.

El economista explicó que “si bien es un problema monetario, la inflación no se puede combatir sólo con política monetaria, porque el problema de la inflación es un problema de oferta monetaria, pero también es un problema de demanda monetaria”.

“La demanda de pesos, que es clave para explicar la inflación, depende de infinidad de cosas, entre ellas si es sustentable o no la situación fiscal por la que estás atravesando. Y acá el equipo de Macri decide que no hay que hacer ningún ajuste fiscal”, agregó.

Para finalizar, Espert criticó el déficit fiscal, que, según él, se encuentra alrededor del 8 por ciento del PBI, y sostuvo que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “está sacrificando nivel de actividad para llegar a la meta de inflación del 12 al 17% este año”.

(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA

Es por la implementación de un "Programa Piloto" que no pasó por el Congreso y que beneficia a los laboratorios extranjeros. Aceleran patentes y perjudican a los laboratorios nacionales.

La justicia recibió una denuncia para que se investigue por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos al jefe de Gabinete Marcos Peña, y a los funcionarios Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

La denuncia que apunta al triunvirato macrista, núcleo de las tomas de decisiones de Cambiemos, a raíz del acuerdo “piloto” de patentes de medicamentos firmado entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos. Solicitan que se prohíba dar comienzo o bien se interrumpa el convenio.

El acuerdo “deroga de hecho la Ley de Patentes afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.

La denuncia que también alcanza al abogado Damaso Pardo quien conduce el INPI, y al sindicado asesor del presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso, fue realizada por Fernando Miguez y recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.

La firma de este entendimiento recayó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para aplicar en el país el denominado Programa de Patentes de Prospección (PPH).

Según el denunciante, el Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para “evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos”.

Para el denunciante Miguez “la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.

“Para lograr la eficacia operativa de este negociado realizado por los denunciados era necesario blindar este acuerdo en un marco que permitiría burlar los controles de la Ley de Medicamentos, fue así que sospechamos que se da creación al llamado “PLAN PILOTO” que intentaría de esta forma la derogación ilícita y fraudulenta de leyes argentinas”, sostuvo el escrito llegado a la justicia.

“De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).”, indica uno de los párrafos de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

Finalmente solicitó al juez el dictado de una medida cautelar para que no se dé comienzo – o en su caso – se interrumpa la ejecución del Acuerdo bajo la seudo denominación de “PLAN PILOTO”.

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ realizó una conferencia de prensa sobre el conflictos de intereses en el gobierno nacional. En la misma se presentó un informe y se proyectó un video que publicamos en esta nota.

Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina, presidente de IECSA.

https://youtu.be/l4x_QtKdSfc

El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. Está imputado.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Está imputado.

MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Está imputado.

El gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.

Jefe de asesores del Presidente, Jose Torello.

Compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.

Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas. Director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA.

Como ya mencionamos, MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca. Avianca obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Está imputado.

La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.

Ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas. Gerente de MacAir Jet SA.

Negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Está imputado.

JEFATURA DE GABINETE

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009. Socio fundador de Pampa Cheese.

Desde su rol como vicejefe de Gabinete, ha intervenido en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.

En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Está imputado.

Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana. Dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Posee 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Socio fundador de Pampa Cheese.

Compró 11,5 millones de dólares a futuro antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos.

El Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.

Subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang. Vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold.

La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.

MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS

Ministro Nicolás Dujovne. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa.

Compró contratos de dólar futuro a través de Industrial Valores SA.

Ex ministro Alfonso Prat-Gay. Ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.

Secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008.

Director del Banco Central, Demian Reidel. Trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs.

Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Director de desarrollo corporativo del grupo Biosidus, antes fue vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.

Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes. La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.

Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. Está imputado.

El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.

Directora de la CNV, Rocío Balestra. Trabajó 14 años en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling.

El estudio Shearman and Sterling fue contratado por el gobierno para negociar con los buitres.

Director del Banco Central, Pablo Curat. Consultor del BID y del Banco Mundial.

Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.

Gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal. Director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters.

Subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo. Director gerente en Morgan Stanley, New York.

Presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Miembro del Directorio de Peugeot Argentina.

Director del Banco Nación, Luis Ribaya. Director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico.

Titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro. Comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión.

Director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero. CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank, gerente de canales alternativos del HSBC.

Presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis. Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Ministro Juan José Aranguren. Ex presidente de Shell.

Siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. Está imputado.

Los acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió recién en septiembre de 2016, por recomendación de la OA.

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE).

Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil.

Secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga. Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”. Ex gerente de Edenor.

Presidente de Enargas, David Tezanos González. Presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.

Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.

Subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Trabajó en British Petroleum, jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA.

Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego.

Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau. Director general de Endriven. Antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina.

Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.

Secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo. Ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard.

Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins. Socia en Energy Performance SRL, trabajó en Repsol-YPF.

Titular de Enarsa, Hugo Balboa. Director del proyecto de expansión de Axion. Ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.

Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.

Presidente del ENRE, Juan Garade. Socio en Management Consultants, director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012) y gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998).

Director del ENRE, Ricardo Sericano. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS.

Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años.

Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini. Posee acciones en Central Puerto SA.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro Guillermo Dietrich. Hijo del dueño de una importante concesionaria de autos.

Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.

Administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila. Gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios). Gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000.

Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.

Vicepresidente de Operadora Ferroviaria, Diego Kyburg. Gerente de operaciones de Biomac, ex Logyt Sudamericana, L’Oreal, Home Depot, Alpargatas y Casa Tía.

Titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Guillermo Fiad. De la Fundación G-25, con pasado en Duke Energy, Shell, Metrogas y BankBoston.

Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Lucas Werthein. Director en el Grupo Werthein, director de Experta ART, GNNW y Cachay SA, cofundador y director de Big Deal y Big Box.

Es socio del vicepresidente de Fly Bondi en las empresas Big Box y Big Deal, y trabaja en el ente que regula los aeropuertos en los que operará Fly Bondi. Está imputado.

UIF

Titular de la UIF, Mariano Federici. Abogado del FMI, vinculado al estudio Marteau.

El estudio Marteau, a través de la Fundación Finint, es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico. Defensora del banco HSBC ante la UIF.

Talerico fue la encargada de defender al Banco HSBC ante la UIF por lavado de dinero. Una vez que asumió, cerró los casos donde se investigaba al HSBC por 1.040 cuentas offshore de argentinos. Gracias a esto, el HSBC pudo ser uno de los encargados de colocar deuda argentina en el mercado.

Fiscal de la UIF, Celeste Plee. Pertenece al estudio Marteau, defensora del banco Masventas SA. Es la hija del fiscal Raúl Plee.

El Banco Masventas SA es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de sanciones por parte de la UIF.

El estudio Marteau es uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau. Fundador del estudio Marteau.

Su estudio ofreció a sus clientes y a funcionarios asesoramiento para adherirse al "Régimen de Sinceramiento Fiscal" para blanquear el dinero no declarado. Está imputado.

OTROS ORGANISMOS

Subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino. Ex socio del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.

El estudio participó de las negociaciones de la deuda externa argentina y realiza numerosas presentaciones ante la IGJ.

Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Damaso Pardo. Socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz

El estudio al que pertenece es el que contratan las multinacionales para accionar ante el INPI. Apenas asumió y por simple resolución, Pardo modificó el régimen de patentamiento.

Secretario de Comercio, Miguel Braun. Socio de las Sociedades Anónimas EBA Holding; Finisterra; Marin; Santamera; Santiago de Compostela Promotora de Seguros; Estancias Sara Braun; y Pampa Cheese.

Desde el cargo que ostenta puede beneficiar a sus empresas. Pampa Cheese es una empresa láctea que fundó junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Responsable de Legales y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Comercio de la Nación, José Ignacio García Hamilton. Director de Asuntos Legales del Grupo Carrefour.

Ex administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier. Director del Grupo Clarín. Director de Goldman Sachs, Transportadora Gas del Sur, Arcor y Ledesma.

Está imputado por la compra que el FGS hizo de títulos de Cablevisión y Arcor, dos empresas a las cuales había estado ligado hasta que asumió en el cargo. En el caso de Cablevisión, el fiscal Gabriel De Vedia determinó que Blaquier continúa siendo socio del fondo que controla la empresa.

Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Entre 2005 y noviembre de 2012 fue director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina.

Abrió la importación de libros. Una de las grandes beneficiadas fue Random House.

Canciller Susana Malcorra. Gerente de IBM y Telecom.

Ministro de Producción Francisco Cabrera. Ex Grupo HSBC. Trabajó en Hewlett-Packard, Máxima AFJP y diario La Nación.

Viceministro de Desarrollo Social, Gabriel Castelli. Director de Loma Negra, HSBC y Farmacity.

Secretario de Empleo, Miguel Angel Punte. Jefe de Recursos Humanos de Techint.

Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, Guillermo Baistrocchi. Vicepresidente de Relaciones Institucionales de PAE, también trabajó en AES, Correo Argentino y Socma.

Director del INCAA, Alejandro Cacetta. Gerente de negocios y finanzas de Patagonik Film Group, y antes de Polka.

Está siendo “investigado” por la OA.

Director nacional de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, Guillermo Casanova. Director de Asuntos Corporativos y Legales de Coca Cola-Femsa.

Subsecretaria de Política y Gestión PyME, Carolina Castro. Accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.

La salida de Regazzoni no fue casual. Se trata de un gesto hacia un Andrés Rodriguez, titular de UPCN y uno de los principales alfiles gremiales del macrismo, que ahora tendrá un hombre de su máxima confianza manejando los multimillonarios recursos.

La insólita postergación por meses del paro general, que generó un enojo generalizado con la cúpula de la CGT, le dio buenos réditos a uno de sus principales dirigentes. Es que con la salida de Carlos Regazzoni, Andrés "Centauro" Rodriguez, titular de UPCN, se quedará con el manejo de la multimillonaria caja de la obra social y ratifica su cercanía con el Presidente.

Concretamente se apunta al cuarteto integrado por Mario Quintana, Claudio Belocopitt -dueño de Swiss Medical-, Andrés Lingheri -líder de Obras Sanitarias- y Andrés “El Centauro” Rodríguez -jefe de UPCN- como quienes echaron a Regazzoni y lo reemplazaron por Sergio Cassinotti, actual presidente del IOMA bonaerense.

Cassinotti fue durante diez años presidente de la obra social de UPCN, que lidera “El Centauro” quien, gracias a la Superintendencia de Salud, consiguió un crédito millonario para reconstruir el Sanatorio Anchorena y la Clínica El Callao, que pertenecen al gremio de UPCN -pero gerenciadas por Accord, cuyo accionista principal es Claudio Belocopitt, socio o ex socio de Mario Quintana.

Y el “cuarto hombre” es José Luis Lingeri, del sindicato de Obras Sanitarias, quien puso a Luis Scervino como titular de la Superintendencia de Salud en este gobierno.

Cassinotti, después de presidir la obra social de UPCN, fue presidente de la Cámara de Droguerías, de ahí su vinculación a Mario Quintana.

Esta misma alianza entre Quintana, Belocopitt, Rodríguez y Lingheri intentó apropiarse de OSDE, la principal obra social del país; pero Marcos Peña y el presidente Macri lo impidieron. Entonces fueron por la cabeza de Regazzoni, quien se caracterizó por demoras de pagos a las farmacias y conflictos con las droguerías, que ahora, con Cassinotti, tendrán todo el poder.

Instalaron cintas y personal de Seguridad en sitios en los que hasta el miércoles había libre circulación. La medida se implementó luego de Mario Quintana no quiso responder preguntas de los acreditados.

El Gobierno amplió este jueves las restricciones para el trabajo de los periodistas en la Casa Rosada al instalar cintas y personal de Seguridad en sectores en los que hasta este miércoles había libre circulación.

Fue luego de que un grupo de trabajadores de prensa se acercara hasta el Salón Martín Fierro, en el primer piso, para intentar hablar con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, para consultarlo por la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria.

Ante las explicaciones de los asistentes del funcionario, quienes adujeron que el pedido para conversar con él debía cursarse a través de la Secretaría de Comunicación Pública, los periodistas acreditados en la Casa Rosada se retiraron del lugar.

Escasas horas más tarde, cuando otro acreditado intentó acercarse al lugar para hablar con otros de los funcionarios que tienen sus despachos en ese sector personal de Casa Militar le impidió el paso y le explicó que se le había dado la orden de no dar paso, salvo que fuera autorizado por las secretarias o ayudantes de los integrantes del Gobierno.

De esta manera, el Gobierno decidió establecer los mismos parámetros de seguridad que tiene el sector Presidencial en el Salón Martín Fierro, en donde, además de Quintana, desempeñan sus tareas el vocero Iván Pavlovsky; el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; y el jefe de asesores, José Torello.

El secretario de coordinación interministerial defendió el decreto de Macri y aseguró que quisieron corregir un cálculo "para respetar el espíritu de la ley de movilidad". Además, le contestó a Elisa Carrió a quien criticó por sobreactuar.

El gobierno nacional adelantó que revisará junto a todos los bloques del Congreso el cambio dispuesto en la forma en que se calculan los aumentos jubilatorios dispuestos por la ley de movilidad. No obstante, uno de sus hombres fuertes respondió las críticas de la oposición, incluso las de su aliada Elisa Carrió.

"No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos. No podemos dejar de ver la realidad. Este Gobierno ha hecho por los jubilados muchísimo", declaró Quintana en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Según explicó, la "corrección" aplicada modifica la reglamentación de la ley de movilidad con el objetivo de respetar "el espíritu de la ley". No obstante, se comprometió a trabajar con los miembros del Congreso para buscar un consenso y hacer las modificaciones que fuesen necesarias.

Según las proyecciones del oficialismo, el cambio dispuesto en la cuenta matemática significaba una reducción de 20 pesos en las jubilaciones mínimas y de $30 para el promedio de los haberes.

El miércoles por la noche, durante la sesión extraordinaria en la que se sancionó la nueva ley de ART, fueron varios los diputados que plantearon objeciones a la suba en los haberes que había anunciado la ANSES.

Una de las voces críticas que se escuchó en el Parlamento fue la de Elisa Carrió, integrante de Cambiemos. Quintana evaluó que los dichos de "Lilita" fueron parte de una "sobrerreacción en base a una malversación de la información". "Se corrió la bolilla de que habíamos cambiado por decreto una fórmula establecida por ley y lo único que hicimos es corregir un error", completó.