El ajuste en ANSES podría llegar a los 1600 despidos

Según trascendió en medios cercanos al macrismo, desde la Jefatura de Gabinete le pidieron a Emilio Basavilbaso que eche a 1600 empleados de la ANSES durante 2018. Esta semana se enviaron 80 telegramas con cesantías.

El ajuste en el Estado parece no tener fin: ahora se supo que Mario Quintana, hombre fuerte del gabinete de Cambiemos, le exigió al titular de la ANSES que profundice los recortes en el organismo.

El vicejefe de gabinete es el encargado del "ajuste" que ordenó Mauricio Macri en todas las áreas e impartió esa orden luego de que el presidente anunciara la reducción de un cuarto de los cargos políticos del Estado.

Según adelantó La Política Online, un medio ultraoficialista, los despidos tendrán lugar en las direcciones de informática e innovación tecnológica, relaciones institucionales y con la comunidad, liquidación de sentencias judiciales y hasta en la dirección de Recursos Humanos.

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Conflicto en El Palomar: La Fuerza Aérea rechazó el uso de la base militar para aerolíneas privadas

A través de una carta, advirte que su transformación en una terminal aerocomercial será grave para el mantenimiento de las capacidades logísticas de la fuerza y para el accionar de instrumento militar nacional. El Gobierno de Macri decretó la reconversión para favorecer los negocios de sus propios funcionarios.

Tras la publicación del decreto de Mauricio Macri que incorporó la base aérea de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos, trascendió una carta del jefe de la Fuerza Aérea (FAA), brigadier general Enrique Amrein, en la que se cuestiona el uso de la base para operaciones de aerolíneas privadas.

La misiva, difundida ayer por la Política Online, está fechada el 3 de noviembre, por lo que se entiende que el Gobierno no tomó en cuenta la opinión de la fuerza.

Amrein sostiene que El Palomar no es un aeropuerto tal como sugiere el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) sino un aeródromo público que se encuentra dentro del predio de una unidad militar integrante del Sistema de Defensa Nacional.

En este marco, advierte la transformación de la base en una terminal aerocomercial será grave para el mantenimiento de las capacidades logísticas de la fuerza y, por ende, para el accionar de instrumento militar nacional.

Mientras que según las autoridades del ORSNA la base cuenta con innumerables predios ociosos (hangares), la FAA sostiene que la información es errónea ya que en los mismos se realizan tareas de mantenimiento y recuperación de diversas aeronaves militares.

Además, el jefe de la fuerza deja perfectamente claro que no está bajo su competencia consentir que la 1° Brigada Aérea pase a integrar el Sistema Nacional de Aeropuertos. Esto es porque al ser parte del Sistema de Defensa Nacional, deberá ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (el presidente Mauricio Macri) quien debería asumir las responsabilidades inherentes a tal traspaso.

Esta dura postura de la Fuerza Aérea llega en momentos en que la Armada atraviesa la peor crisis institucional de su historia a partir de la desaparición del submarino ARA "San Juan" y la sucesiva filtración de documentos confidenciales.

El decreto 1092/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, incorporó la base aérea de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos para el uso de las low cost Norwegian Air y FlyBondi. Esta última tiene como dueño a Richard Guy Gluzman, socio del secretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.

La medida se tomó sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y pese a un amparo presentado por los vecinos, que rechazan los “negocios a costa de la seguridad y la salud”.

El tema también abrió una interna en el propio Gobierno cuando la Dirección de sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se manifestó en contra de la decisión ya que El Palomar es un Sitio Protegido por Ley de la Memoria, donde podría haber pruebas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

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Autorizan la reconversión de El Palomar para que opere la aerolínea del socio de Quintana

Sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y pese al amparo presentado por los vecinos, el Gobierno de Mauricio Macri oficializó la incorporación del aeródromo de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos para empresas low cost como FlyBondi.

A través del decreto 1092/2017, que se publicó en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno incorporó la base aérea de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos.

La medida fue dispuesta para el uso de las low cost Norwegian y Flybondi. Esta última tiene como dueño a Richard Guy Gluzman, socio del secretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.

El decreto señala que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) resolvió la “no objeción” con respecto a la incorporación del aeródromo como aeropuerto comercial aunque reconoce que aún no fue realizado el informe técnico.

“Teniendo en consideración que deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar– involucradas”, detalla en los considerandos del decreto.

El lunes pasado, cientos de vecinos de la zona de El Palomar, en el partido de Morón, Tres de Febrero y Hurlingham se manifestaron contra el “aeropuerto trucho”, denunciando que no cumple con los requisitos de seguridad y tiene “graves consecuencias ambientales”.

“Basta de negocios a costa de la seguridad y la salud de los vecinos”, subrayó durante la movilización el colectivo Stop Flybondy, que presentó un amparo para frenar la reconversión del aeropuerto.

También desde la Dirección de Sitios de la Memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación confirmaron que la Base El Palomar fue catalogada como un sitio protegido, dado que allí podría haber pruebas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar.

Desde esa Dirección pusieron en conocimiento al juez federal Daniel Rafecas, que entiende en la causa, “para que tome conocimiento de que se podría estar destruyendo prueba judicial de causas de lesa humanidad”, consignó el diario Página/12.

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Revelan que en las empresas de Mario Quintana “ya se está aplicando la reforma laboral”

La planta porteña de Freddo, heladería ligada al vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, fue tomada por sus trabajadores luego de una serie de despidos y un proceso de precarización que incluye un “irrisorio” aumento paritario de entre el 5 y el 10 por ciento.

“Acá ya se está aplicando la reforma laboral, la plata no nos alcanza”, dijo Viviana Godoy, delegada de los empleados de Freddo, heladería perteneciente al fondo de inversión Pegasus, del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Más de 350 trabajadores decidieron parar y tomar hoy la planta productora de la empresa en Capital Federal para denunciar 25 despidos que se ejecutaron en las últimas semanas y para rechazar un aumento paritario de entre el 5% y el 10%, que calificaron como “irrisorio”.

“De una manera extorsiva, la empresa quiere cambiar los puntos del convenio y se niega a darnos un aumento coherente”, sostuvo Godoy a AM 750 y explicó que esto “es la punta de una flexibilización” para “contratar gente que va a hacer nuestro mismo trabajo por menos plata”.

También repudió las medidas intimidatorias de la empresa, que descontó “el premio de presentismo” a los empleados que participaron de las asambleas en las que se decidió la medida de fuerza.

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En 2017 el Gobierno ya colocó deuda de largo plazo por unos USD 49.000 millones

Los datos del preocupante endeudamiento surgen de un informe estadístico del Ministerio de Finanzas. Ya se vislumbran abultados vencimientos y acumulación de reservas.

El informe actualizado de colocación de deuda pública al 30 de septiembre de 2017 por parte del Ministerio de Finanzas dio cuenta de un total de emisión con vencimiento a partir de 2018 por unos USD 49.000 millones de valor efectivo, en diferentes monedas, principalmente dólares y pesos, y en otras en Euros y Francos Suizos; y plazos desde uno a 100 años.

Según consignó Infobae, fueron en total de 134 colocaciones, entre Anses, organismos internacionales como el Banco Mundial que preside Jim Yong Kim, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos oficiales, como la Anses, entidades privadas y fondos de inversiones, locales e internacionales, con un menú amplio de títulos y vencimientos extendidos.

En el primer año pleno de Cambiemos también se había registrado más de un centenar de emisiones de deuda pública, incluidos los Adelantos Transitorios del Banco Central, con vencimiento dentro del ejercicio por más del equivalente a USD 10.000 millones; totalizando una cifra levemente inferior a los USD 49.000 millones.

Desde que asumió el nuevo Gobierno se colocaron bonos y letras por unos USD 100.000 millones y se pagaron vencimientos por USD 89.000 millones.

Sin embargo, no toda emisión se tradujo en aumento de la deuda neta habida cuenta de que en 2016 se registraron vencimientos por el equivalente a USD 40.712 millones en concepto de capital; y unos USD 48.100 millones en los primeros nueve del corriente año.

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Ofensiva de Farmacity para que Vidal y la Corte le abran el negocio en Provincia

La firma del vicejefe de Gabinete Nacional, Mario Quintana, publicó una solicitada reclamando que la Corte le habilite el ingreso. Un negocio multimillonario.

Farmacity salió a pedir públicamente en una solicitada que se publicará este sábado en los principales diarios que María Eugenia Vidal la habilite a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde están vedados por una ley que prohíbe las sociedades anónimas en el rubro.

a compañía creada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, planteó sin éxito en la justicia la inconstitucionalidad de esa norma y luego que su planteo fuera rechazada en todos los niveles de la justicia bonaerense, llegó con el reclamo hasta la Corte Suprema de Nación, que pidió el expediente para analizar al caso.

El tema es considerado "tóxico" en términos políticos tanto en la Corte Suprema, como Casa Rosada y en el gobierno de Vidal, porque cualquier decisión favorable a la cadena luego de años de consistente jurisprudencia en contra, podría ser vista como el uso de influencia política para favorecer los intereses de la compañía de la que el actual vicejefe de Gabinete sigue siendo accionista. Pero la presión es fuerte, como quedó claro con la solicitada que adelantó La Política Online.

La celeridad del máximo tribunal alertó a los laboratorios, que lideran el lobby  junto al Colegio de farmacéuticos de la Provincia para frenar a Farmacity en ese territorio. Los laboratorios liderados por Roemmers temen el poder de negociación que alcanzaría Farmacity si ingresara en la provincia, capas de obligarlos a rebajas en los medicamentos, mercado que hoy manejan en un virtual oligopolio.

Para los accionistas de Farmacity, la movida tiene además un motivo estratégico. Aunque ya tienen presencia en 14 provincias, Buenos Aires es clave para subir por las nubes la cotización de la empresa, para una eventual venta posterior. No es un secreto que el modelo de negocios de Quintana y su fondo Pegasus es precisamente ese: Crear o comprar compañías, valorizarlas y luego vender parte de su paquete accionario.

La decisión de Farmacity de levantar el perfil en una pelea que durante los dos primeros años del mandato de Macri eludieron dar, coincide con una notable pérdida de pruritos de los empresarios más cercanos a Macri para manifestar su voluntad de expansión, luego del triunfo de Cambiemos en las primarias.

Nos gustaría llevar a cabo nuestra tarea en la provincia de Buenos Aires, pero una ley sancionada hace 30 años nos lo impide. Estamos convencidos de que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones", señaló Farmacityen el texto, que no anduvo con vueltas.

Fuentes de la compañía negaron cualquier intención de incomodar la gobernadora. "Le hablamos a la gente", explicaron.

Pero a Vidal no le será fácil convencer a legisladores de cambiar la ley, porque los laboratorios se hacen pensar entre los representantes bonaerenses de todas las fuerzas. Un fallo de la Corte no le daría otra opción.

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Farmacéuticos preparan un abrazo a la Corte Suprema contra el desembarco de Farmacity en Provincia

Será el próximo 12 de octubre. Es para rechazar el posible ingreso de la cadena propiedad del Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a la provincia de Buenos Aires, cuestión que debe analizar el máximo tribunal. "En defensa de nuestra profesión" y "para motivar a los miembros de la Corte Suprema a sostener los fallos de la justicia bonaerense y no innovar", señalaron.

La convocatoria surge del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires quienes convocan a realizar el abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Capital Federal para rechazar el posible ingreso de la cadena Farmacity al territorio bonaerense.

La acción se realizará el jueves 12 de octubre ,alrededor de las 11 horas en el edificio ubicado en Talcahuano 550, en coincidencia con el día del farmacéutico argentino. "Esta acción en defensa de nuestra profesión es de suma importancia, para motivar a los miembros de la Corte Suprema a sostener los fallos de la justicia bonaerense y no innovar en esta situación, a pesar de la queja elevada por la empresa Farmacity", explicó Isabel Reinoso, presidenta del Colegio.

La dirigente agregó que "una decisión contraria afectaría gravemente el modelo sanitario de nuestra provincia y cambiaría la norma que regula la cantidad de farmacias por habitante y la distancia que debe existir entre cada oficina de farmacia en toda la provincia de Buenos Aires”.

Vale recordar que la justicia bonaerense ya se expidió en todas las instancias e incluso un fallo unánime de la Suprema Corte de la provincia rechazó el planteo de la cadena del grupo inversor Pegasus y ratificó la constitucionalidad de la ley 10.606.Con el cambio de Gobierno y con la llegada de Mario Quintana, propietario de la cadena, al ejecutivo la justicia parece haber cambiado su valoración sobre el asunto junto a un empujoncito que le dio la Gobernadora María Eugenia Vidal.

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“Esta realidad la diseña Magnetto”

Con palos a Cambiemos y Clarín, la columna del escritor Jorge Asís con el conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, volvió a levantar polémica. Esta vez el “Turco” Asis adelanta un conflicto entre el Grupo Clarín y el Gobierno, al que también acusa de “usar el poder político para imponer cadenas de farmacias en la provincia de Buenos Aires”. 

Con el estilo que lo caracteriza, Jorge Asis tiro una bomba en el programa de Fantino. Según el escrito y periodista, “el problema que tiene Macri”, es saber “cuándo decida Clarín publicar todo lo que recopila amontona y todavía no publica”, ya que considera que, en comparación con el diario La Nación, el apoyo del Grupo Clarín al gobierno de turno “nunca es permanente”.

En otro fragmento, el escritor desafió a Fantino, “vos tendrías que hablar con los farmacéuticos de la provincia de buenos aires que están bastantes preocupados por alguna ley que intentan precipitar en la corte” dijo, en clara alusión al intento de Cambiemos por instalar en la provincia de Buenos Aires la cadena Farmacity , del grupo Pegasus, fundado por el actual vicejefe de gabinete Mario Quintana.

“Vos tenes que hablar con algunas cuestiones que tienen que ver con el ANSES”, añadió, “que son muchos que recopilan información pero no es el momento de mandarlas”. Antes de finalizar, Asis hace referencia al Grupo Clarín, al que considera que “hoy hegemoniza, diseña y forma como si fuese plastilina la opinión pública”, y acusó a “muchos medios” de ser “repetidores” del sermón del multimedio.

Para finalizar, Jorge Asis volvió a referirse a la situación que involucra la llegada de Farmacity a Buenos Aires, y le advirtió al Gobierno, “no es bueno usar el poder político para imponer cadenas de farmacias en la provincia de Buenos Aires, eso molesta mucho”.

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La metáfora de Farmacity

(por Andrés Fidanza) Un juez de la Corte puesto por Macri, el vicejefe de gabinete y un poder de lobby multimillonario se cruzan en un expediente judicial. Se trata de una causa sobre la que deberá opinar la propia Corte. Fundada por el ministro coordinador Mario Quintana, la cadena Farmacity busca desde hace años y por todos los medios desplegar su negocio en la provincia de Buenos Aires. Y hace pocos días consiguió llevar su cruzada a la Corte Nacional, con el detalle de que el juez Carlos Rosenkrantz (ya recusado y excusado en la causa) fue abogado de Farmacity. Su estudio, sin embargo, sigue representando a ese tanque de 250 sucursales. Y algo más: la abogada de Farmacity, Andrea Gualde, fue asesora muy cercana de el supremo Horacio Rosatti, cuando era ministro de Justicia.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. La campaña a su vez incluye golpear la puerta de otro sector del gobierno. En paralelo al intento por entrar a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio (a cargo de Miguel Braun, sobrino del dueño de los supermercados La Anónima), quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Este rompecabezas funciona como una metáfora de la zona gris del macrismo, en la que se difuminan las diferencias entre lo público y el privado. El conflicto de intereses es un sello de agua que arrastra la experiencia macrista, y que a su vez se convertirá en una suerte de estigma crítico en su contra, una vez que amaine el handicap mediático y social.

Si bien la ley provincial se lo impide, y ya tres fallos consecutivos rechazaron esa posibilidad (incluido el de la Corte bonaerense, de junio del año pasado), Farmacity presentó un recurso de queja para que la Corte Nacional tome el caso. Y lo consiguió: el expediente ya está en manos de los cinco jueces supremos. Rosenkrantz, sin embargo, ya se corrió. En paralelo, el Colegio de Farmaceúticos de la Provincia de Buenos Aires había pedido la recusación del juez propuesto por Mauricio Macri.

Pese a la ausencia del juez, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses desconfían de esa supuesta prescindencia. Y a su vez sostienen que la doble influencia de Farmacity (política y judicial, vía Quintana y Rosenkrantz) podría ser determinante para volcar un fallo en favor de la cadena. De resultar así, se favorecería la expansión de ese tanque.

Cerca del vice de Marcos Peña, por el contrario, afirman que Quintana se retiró de la dirección de Farmacity y que vendió todas sus acciones en el fondo de inversión Pegasus (a su vez controlador de las heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall). Los farmacéuticos desconfían.

Por continuidad e influencia dentro del gobierno, el de Quintana es el ejemplo más exitoso de salto de público a privado. No todos fueron así de fluidos. A punto de cumplir dos años en la Casa Rosada, el macrismo ya suma más de diez ex gerentes, directores y CEOs de empresas que renunciaron o fueron echados. La lista de motivos para el éxodo suele incluir el conflicto de intereses, la poca tolerancia a las internas y los problemas de adaptación.

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Vidal busca imponer a Farmacity en la Provincia

Aunque el Ministerio de Salud y la Ley lo prohíban, la cadena de farmacias propiedad del vicejefe de Gabinete Nacional, Mario Quintana, hombre de confianza del presidente Macri, está a un paso de desembarcar en Provincia.

La relación entre Cambiemos y el Poder Judicial de La Nación inicia un nuevo capítulo dentro del entramado modelo de negocios que, tanto el presidente como sus funcionarios, tejen atrás de cada acción de Gobierno. Esta vez, es Mario Quintana el que, agotando todas las instancias judiciales en Provincia, va a la Corte Suprema de la Nación para pedir el desembarco de su cadena de farmacias en provincia de Buenos Aires, donde Vidal, pieza fundamental de Cambiemos, lo abala.

Entre los impedimentos que prohíben la llegada de la cadena Farmacity a Provincia, existe una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que establece que las farmacias sólo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética, a contramano del modelo “shopping” de la cadena; y la Ley 10.606, que establece una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra farmacia, además de, entre otros puntos, la prohibición de que sean controladas por una sociedad anónima.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, vienen pugnando hace años para que no se transgreda la ley que tiene una vigencia de 30 años y piden una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal desde que asumió para que les garantice que la ley no será tocada. Al tiempo que advierten que la instalación de Farmacity, “creando una ley a la medida de una sola empresa (…) pondría en riesgo la dispensa de medicamentos”. El sitio INFO135, explica que Quintana pretende reemplazar la disponibilidad y entrega de elementos con cobertura del PAMI, que hoy se distribuyen en todo el territorio gracias a la red de farmacias, con una entrega por correo, lo que requiere otra desregulación ya que ese sistema también está prohibido.

En 2012, Pegasus obtuvo fallos negativos por parte de la justicia provincial, tanto en primera, como en segunda instancia, y también por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que dictó resolución por unanimidad, avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley. El dato llamativo es que en los juicios contra el estado, el estudio de Carlos Rozenkratz, actual Juez de la Corte, nombrado por Mauricio Macri apenas asumió, fue el encargado de defender a Farmacity.

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