En mayo de 2014 el gobierno de Cristina Fernández había anunciado la apertura de licitación de bandas 4G. En ese entonces, Nextel y Cablevisión (que por entonces eran dos compañías) definieron no presentarse a la misma. Nextel se había declarado en quiebra en los Estados Unidos y Cablevisión, por su parte, esgrimía que no se presentaba para no avalar una licitación que fortalecería la posición de las telefónicas en el mercado de medios.

En junio de 2015 se asignó por quince años el espectro entre Telefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- , Telecom Personal S.A. y AMX S.A. (Claro). Como resultado de la subasta, el total ofertado por las empresas fue de 2.233 millones de dólares. La banda de 700 MHz se asignaron: Movistar (703-713 MHz y 758-768 MHz), Personal (713-723 MHz y 768-778 MHz) y Claro (723-738 MHz y 778-793 MHz).

Apenas asumió, Mauricio Macri tuvo el gran gesto con el monopolio Clarín. El lunes 4 de enero de 2016 firmó el DNU 267 creando el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), disolviendo el AFSCA, pero además amplía los derechos para Cablevisión, mientras las empresas de telefonía básica y móvil sólo podrán ofrecer televisión por cable hasta el 1 de enero de 2018.

A Direct TV le prohibía inicialmente, hasta fines del 2016, dar servicios de internet, aunque a la empresa operadora de cable se le puede competir con servicios satelitales; en todo caso con ARSAT; pero las urgencias fueron  construyendo en distintos ministerios el lobby necesario: “No es momento de tirar piedras, necesitan a Clarín, tienen minoría en ambas cámaras” era la conclusión a la que llegaban en las embajadas (Estados Unidos y España básicamente) en diálogo con ejecutivos de la empresa.

En enero del 2016, el monopolio Clarín a través de Cablevisión completó la compra del 100% de Nextel Argentina. Va por el cuádruple play: telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable. Recuérdese que las empresas  telefónicas recién podrán ofrecer los cuatro servicios en 2018 extensible al 2019.

En marzo el gobierno de Cambiemos tuvo otro gesto de cortesía con el multimedio: le autorizó la compra de Telecom por parte del socio minoritario de Cablevisión, el fondo Fintech, del mexicano David Martínez.

En junio de 2016 Grupo Clarín compró las compañías Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi por 138.2 millones, obteniendo de esa manera 120 MHz en la banda de 2,5 GHz y otros 20 en la de 900 MHz. Pero estas frecuencias no estaban asignadas a la transmisión de datos móviles, por lo que desde el grupo solicitaron al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el cambio de atribución de dichas frecuencias.

En diciembre 2016 el gobierno de Mauricio Macri, por decreto 1340, estableció que el Enacom sería responsable de la re-atribución de frecuencias (Refarming) del espectro fijando la compensación económica y uso compartido para las frecuencias antes atribuidas a otros servicios.

El 20 de febrero de 2017 ese organismo autorizó la utilización de las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz para servicios de telefonía móvil, es decir, las dos franjas adquiridas por Nextel/Grupo Clarín.

La Resolución 1299-E/2017 del Ente Nacional de Comunicaciones indica que las obligaciones de despliegue que debe cumplir Nextel para dar telefonía celular están sujetas al avance o no de la red troncal de fibra óptica de ARSAT, la empresa satelital del estado argentino.

Dice la Resolución: “Establécese como Obligaciones de Cobertura a cargo de NEXTEL las localidades y zonas indicadas en el ANEXO IF-2017- 03077122-APN- DNCYF#ENACOM que forma parte integrante de la presente, sujetas a la disponibilidad de acceso a la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT en cada una de ellas. Si a la fecha de despliegue previsto no se encontrare disponible dicho acceso o resultara insuficiente, el ENACOM sustituirá esas localidades o zonas por otras respetando la topología de las redes que se desplieguen (…)”.

El Grupo Clarín también se beneficiará en diagramar su despliegue (inexistente) acorde a la disponibilidad y avance de la red del estado argentino (Plan Federal de Internet ex Red Federal de Fibra Óptica), eximiéndose así de cumplir obligaciones de cobertura.

Cuando se realiza una la licitación pública de espectro radioeléctrico, como la del año 2014, las empresas tienen un tiempo para empezar a prestar el servicio en determinadas localidades según la población, de acuerdo a un cronograma y a las obligaciones de despliegue enunciadas en el pliego de licitación. Si no se cumplen, tienen su penalidad correspondiente.

En el caso de Clarín/Nextel, y de acuerdo a lo establecido en la resolución, se ata el despliegue de la red a lo que haga una empresa del estado, lo cual implica que, si esta última no cumple, Nextel quedaría eximida de sus obligaciones de cobertura y del pago de las multas correspondientes.

El negocio en el sector al que apunta Clarín es el de ofrecer banda ancha de alta velocidad en todos los dispositivos que se conectan a Internet. Los contenidos van a confluir en internet. El monopolio Clarín va por ello con privilegios al tiempo que busca imponer trabas o demoras a sus competidores. Gestión eficaz del Grupo Magneto y eficiencia del mejor equipo de los últimos 50 años en el Estado Argentino.

“Primero te pegan y luego te piden documentos”, ironizó el diputado nacional del Frente Renovador sobre el recorte de pensiones a discapacitados.

Felipe Solá no esquivó las polémicas y comparó las actitudes del gobierno nacional que conduce Mauricio Macri con las de un "gobierno militar" al advertir que "primero te pegan y luego te piden documentos".

Así se refirió el diputado nacional del Frente Renovador, al criticar la la decisión del Ejecutivo Nacional de suspender las pensiones por discapacidad. Por esa medida, sostuvo el legislador, el espacio "1 País" (que integra el líder del FR, Sergio Massa, junto a Margarita Stolbizer del GEN) presentó un amparo en la justicia para frenar el "brutal ajuste y revertir la decisión".

"Cambiemos tiene formas de un Gobierno militar. Ellos primero te pegan y luego te piden documentos", apuntó Solá en un comunicado al evaluar la medida.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires criticó tamnbién la "insensibilidad" del Gobierno que, consideró, "en vez de analizar y estudiar caso por caso, lo que hacen es suspender todo y luego ver si están mal retiradas las pensiones".

Por eso, Solá reafirmó el pedido de su espacio para que "sean devueltas las pensiones y se estudie persona por persona aquellos otorgamientos que no están dentro de los parámetros legales". "Este Gobierno tiene ideas generales, pero no sabe quién es quién", concluyó.

Las declaraciones de Solá ocurren después de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negara que hubiese un recorte masivo de las pensiones de discapacidad. Luego la funcionaria afirmó que revisarían "los errores" en la quita del beneficio.

Tras el repudio generalizado de la sociedad por la quita de pensión a más de 70.000 discapacitados, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación anunció hoy a la tarde que la medida no se aplicará y que se reintegrará el dinero quitado por el Gobierno.

La funcionaria a cargo de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley aseguró este martes que “las familias que reciben pensión por discapacidad la seguirán cobrando”.

La quita de las pensiones a 70.000 discapacitados comenzó hace dos días y rápidamente sumó el respaldo de diferentes sectores de la sociedad.

“El Gobierno va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”, afirmó Stanley a diferentes medios de comunicación.

Usuarios del Ferrocarril Mitre abuchearon e insultaron al Presidente de la Nación cuando realizó una vista al Centro de trasbordo de Constitución, que conectará la terminal de trenes con las líneas de colectivos y el subterráneo. Mirá el video.

Bajo una lluvia de insultos como “Macri Gato” abucheos e insultos, el mandatario nacional fue repudiado por ciudadanos que utilizan diariamente el tren que se dirige para el sur del conurbano bonaerense.

A Macri lo acompañaban el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La visita fue para ver las obras de restauración y puesta en valor que se hicieron en la estación, Informó hoy El Destape.

Tras conocerse la cifra de 70 mil pensiones eliminadas por discapacidad, en las redes sociales se recuperó un mensaje que Mauricio Macri compartió hablando de la discriminación a personas con diversas limitaciones. Mirá lo que dice.

El mensaje fue publicado el pasado 11 de mayo en la cuenta oficial de Facebook del presidente Mauricio Macri. Se trata de un video con un manifiesto titulado "Ustedes & Nosotros", que contiene un texto escrito desde el punto de vista de una persona con discapacidad.

En el video, hablan de la igualdad como seres humanos y del error de "confundir limitaciones con capacidades". "Aquellos de ustedes que no nos dan trabajo, que no dejan estudiar a nuestros hijos, los taxis que no paran cuando nos ven distintos, los que nos esquivan en la calle, los que no nos quieren alquilar un departamento, los que miran para otro lado cuando pasamos cerca de ellos, no están en nuestra contra: están en contra de toda la humanidad", señala el mensaje.

La publicación habría quedado en el olvido hasta que se conoció la noticia del recorte de 70 mil pensiones a personas con discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, y el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio, Guillermo Badino, lo justificara con el argumento de que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión (ya que) puede trabajar si lo deseara".

Tras esto, miles de usuarios en las redes sociales recuperaron este mensaje de hace poco más de un mes y lo compartieron haciendo referencia a la contradicción entre el mensaje solidario que manifiesta en presidente en las redes, y las consecuencias del recorte en las pensiones.

(por Andrés Fidanza) Hay un tema en particular que saca la versión más ideológica y patronal de Mauricio Macri: los derechos laborales. En su discurso, los derechos de los trabajadores se confunden rápidamente con abusos gremiales (que en algunos pueden existir), a partir de valoraciones personalísimas y estadísticas difusas. Y a su vez se vuelven la causa central de la falta de inversiones y los responsables casi únicos por los millones de pesos que desaparecen en el aire. En ese punto, la ideología se impone en estado de emoción violenta sobre liderazgo pragmático.

Macri no identifica a la fuga, a la evasión, el desempleo, la concentración oligopólica, ni a la falta de protección diferenciada a las Pymes por parte del Estado. Ni siquiera los señala como motivos parciales: al momento de explicar la imperfección del capitalismo argentino, el presidente se concentra únicamente en las herramientas (legales) de la defensa a los trabajadores.

Ayer, el presidente aprovechó un acto que no tenía relación con el asunto, para volver a denunciar la “mafia de los juicios laborales”. Durante la asunción de Jorge Faurie como canciller, reactivó su campaña contra la Justicia del Trabajo. Esta vez, lo hizo con un dato agregado: "un grupo de jueces minoritario, conducido por (Héctor) Recalde".

Hace un par de semanas había acusado directamente a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo. Pero esta vez sumó el elemento de la personalización sobre un diputado kirchnerista, en un interno por sumar fuerza, polarización y un toque de conspiración a la denuncia.

En la Bolsa de Comercio, antes cientos de abogados del conservador Colegio de Montevideo, había pedido que el Consejo de la Magistratura removiera a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo. Una semana después, el macrismo avanzó contra Arias Gibert: pidió en el Consejo que Facebook entregue sus posteos porque el juez “expresaba posiciones contrarias al Poder Ejecutivo, referidas al conflicto de los bancarios”.

Si bien finalmente no se votó en la comisión de Disciplina y Acusación (el juez Luis Cabral pidió una postergación), el planteo lo hizo el representante del gobierno en el Consejo y dirigente cercano a Daniel Angelici, Juan Bautista Mahiques.

Arias Gibert y Marino están en la mira del oficialismo desde febrero pasado, cuando avalaron la paritaria del gremio bancario. A pesar de que el macrismo había sugerido un techo salarial del 18%, los trabajadores acordaron un aumento del 24%. Y en su fallo los jueces advertían que el Ejecutivo no debía interponerse en ese convenio. La decisión les costó un pedido de juicio político por parte del ministro de Trabajo Jorge Triaca.

El caso de los jueces laborales, sumado al intento de destituir al camarista Eduardo Freiler “por corrupto”, muestra que el macrismo está decidido a apurar algunos cambios en el Poder Judicial. Sobre todo antes de las elecciones, cuando podría modificarse la composición del Consejo. A pesar de ser poco visible y tener 13 integrantes de perfil muy bajo, se trata de un organismo clave: se encarga de la postulación y remoción de jueces.

Para avanzar con un jury contra un juez, el macrismo necesita 9 sobre 13 votos en la reunión plenaria. Y por ahora cuenta con 8 propios. Pero en caso de que faltara un consejero o se produjera una mínima alteración (el senador kirchnerista Ruperto Godoy está en la cuerda floja: un fallo recomendó apartarlo por no ser abogado), con 8 votos le alcanzaría. El oficialismo se encuentra a un paso de lograrlo.

El primero fue presentado ante la Justicia Federal de Río Negro. Se esperan acciones similares en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, indicó que la decisión del Gobierno de Macri “no es legal”.

La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, recibió esta mañana un amparo colectivo luego del recorte de 170 mil pensiones no contributivas. El gobierno de Mauricio Macri las eliminó de un plumazo en el último año, aplicando un decreto de Carlos Menem (432/97) que endurece los requisitos para acceder a ese derecho.

El recurso judicial presentado por varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares y plantea que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”

La Justicia Federal de General Roca había recibido la semana pasada una cautelar por el caso de Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía una pensión desde 2010, hasta que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Sólo en Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejaron de cobrar sin previo aviso las pensiones que percibían hasta ahora, y se suman miles de casos más en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén, provincias en las que se harán demandas similares, de acuerdo a lo adelantado hoy por el diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV).

De las 170 mil pensiones que eliminó Stanley, 83 mil fueron dadas de baja este año, algo que “no es legal”, según el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia.

“Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene”, explicó el fiscal.

Vedia agregó que la pensión no contributiva “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.

“Hay una ley que consagró ese derecho que establece tres requisitos. El decreto nunca puede ser más restrictivo que la ley, con lo cual el decreto que están aplicando ahora no puede prever regulaciones o limitaciones que la ley no imponía”, subrayó.

El Gobierno intentó justificar hoy su recorte criminal a través del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien sostuvo que lo que se hace es “administrar responsablemente y en forma transparente”.

“Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social”, dijo y ejemplificó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.

Mientras tanto, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el kirchnerista Alberto Ciampini, intentó tratar este martes la quita de pensiones no contributivas pero no pudo hacerlo por falta de quórum. Sólo concurrieron los legisladores del FpV y la socialista Graciela Troiano. Deliberadamente, brillaron por su ausencia todos los diputados de Cambiemos y sus aliados con representación en la comisión.

“El Gobierno nacional lanzó un plan de discapacidad y al poco tiempo les quitaron las pensiones”, recordó la diputada Lucila Masín y cuestionó a “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.

La Primera Dama recorrió ese distrito del oeste de la Provincia junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación y el Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Mientras se acercan las elecciones de medio término, Cambiemos comienza a mostrar algunas de sus cartas.

Juliana Awada salió en esta semana a caminar y timbrear en el barrio de Villa Tesei, del Partido de Hurlingham. La esposa del presidente de la Nación estuvo acompañada por Carolina Stanley (Desarrollo Social) y el subsecretario de Asuntos Municipales, y ex candidato a intendente de esa localidad, Lucas Delfino.

De esta manera, Awada se suma a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires sin anunciar si se encontrará en las lista que presentará el oficialismo en octubre próximo.

Puertas adentro de esta fuerza del oficialismo se reconoce que la Primera Dama cuenta con amplio reconocimiento del electorado y según encuestas que desde Cambiemos se barajan existe “una buena recepción de la gente” con la esposa de Macri.

En la campaña presidencial de 2015, Awada fue  una de las caras visibles y había acompañado a su esposo en las recorridas mediáticas; mientras que durante el año pasado la Primera Dama participo de forma muy espaciada en algunas recorridas en la Provincia de Buenos Aires. En la mayoría de los casos se trató de visitas de corte protocolar, y en el marco de la gestión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a hospitales, jardines de infante, y comedores infantiles, entre otros.

La jefa de los fiscales aseguró que no seguirá las operaciones mediáticas y políticas por parte de Cambiemos que le reclama que dimita de su cargo. La alta funcionaria está trabajando con el acceso de los fiscales a los documentos del caso Odebrecht

La procuradora Alejandra Gils Carbó respondió este martes  a las intenciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri de abandonar su cargo.

“No voy a renunciar ni planeo jubilarme. Una excesiva concentración de poder no es buena para la República. A nadie debería gustarle una excesiva concentración de poder”, dijo la jefa de los fiscales de la Nación.

En declaraciones radiales Gils Carbó relató que se encuentra trabajando para que los fiscales argentinos puedan tener acceso a la documentación del caso Odebrecht, y el jueves que viene se reunirá con el fiscal general brasileño Rodrigo Janot para “ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación”.

En ese sentido manifestó: “Voy a tratar de destrabar el bloqueo de la información y avanzar en la formación del equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños”.

El objetivo es que la justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios (de inmunidad). “Lo único que puedo hacer es poner a disposición todos los mecanismos institucionales para lograr la colaboración del ministerio público brasileño”, dijo la funcionaria.

En el caso de las causas que es investigada por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, explicó: “Yo pedí ir a la bicameral a responder todas las preguntas que tuvieran y suspendieron la audiencia a pedido de legisladores de Cambiemos. No volvieron a citarme”.

Fue hoy en la Casa Rosada en la jura del nuevo canciller, cuando el Presidente de la Nación volvió a cuestionar la "proliferación de la industria del juicio", y apuntó contra un "grupo de abogados laboralistas encabezados por Recalde".

El mandatario Mauricio Macri se apartó del protocolo durante la jura del nuevo canciller, Jorge Faurie, y agredió al jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, al acusarlo de ser uno de los cabecillas de “un grupo de jueces minoritarios” del fuero laboral que “han hecho mucho daño a la Argentina”.

De esta manera, el Presidente buscó asestar un golpe social, político y electoral, todo a un tiempo, de cara a las elecciones legislativas próximas.

Macri habló en Casa Rosada de una "mafia de los juicios laborales" integrada por un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por Recalde", que en definitiva "destruye la generación de empleo futuro".

No es la primera vez que Macri apunta contra la llamada "industria del juicio". El año pasado impulsó un proyecto de ley para reformar el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y limitar los litigios por accidentes laborales.