El joven intendente proveniente de las filas de Cambiemos, Ezequiel Galli, experimenta en su primer año de gestión una gran improvisación en el armado de su gabinete y equipo, lo que le genero renuncias, despidos, cambios de estructuras y tensiones internas.

En los últimos días trascendió la propuesta que envió Galli al Ministerio de Justicia de la Nación para ocupar la Intervención del Registro del Automotor Nro 1 de la Ciudad. Se trata del cuestionado Dr Néstor Gabriel Rodriguez, quien cuenta en su haber con varias denuncias por violencias de género tramitando en el Juzgado de Familia del departamento judicial de Azul.

No es la primera vez que Rodriguez queda envuelto en una polémica. A principios de año habría sido rechazado como coordinador de la ANSES local por sus antecedentes.

Se desconoce si este nombramiento cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados del departamento judicial de Azul, donde Rodriguez ejerce la función de tesorero de la entidad. La dependencia de Justicia se encuentra con una intervención interna del Ministerio Nacional luego del desplazamiento de la Dra Mercedes Landivar (ligada al kirchnerismo) y una decena de empleados de carrera.

Paradójicamente este lunes arribaran a la ciudad cementera, Ministros Provinciales y Nacionales con la intención de conformar una mesa interinstitucional para establecer políticas contra el narcotráfico, la trata de personas y violencia de género entre otras problemáticas.

Según los anuncios oficiales la reunión se llevará a cabo en la sede de la Asociación de Abogados de Olavarría y participarán del encuentro el Intendente Ezequiel Galli, el Ministro de Justicia de la Provincia Gustavo Ferrari, el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano.

El caso del cuestionado abogado propuesto por el intendente local se da en el marco de una escalada de desplazamientos en el equipo local de cambiemos que expresan una serie de malas elecciones o desprolijidades a la hora de seleccionar funcionarios. Entre ellas las más resonantes fueron la renuncia forzada de Segio Sarachu, quien conducía una de las dos Mega Secretarías que dependen del jefe comunal, Luis María Cajén quien era responsable de la Subsecretaria de Obras Públicas, Juan Pablo Rivero como director local de Juventud, la Dra Alicia Messina jefa de Guardia del Reconocido Hospital Municipal, la Dra Araceli Rojas Directora del Hospital de una localidad del partido y Andres Hees Directora de Cultura, entre otros funcionarios de menor jerarquía a lo largo y ancho del organigrama municipal que no logra adquirir serenidad y constancia en las funciones.

El gobierno nacional sigue con la ola de despidos en los centros de Acceso a la Justicia, una de las políticas claves que había impulsado la gestión anterior y que buscaba acercar derechos a los más necesitados.

A partir del próximo lunes y tras los nuevos despidos dispuestos este último mes por la cartera que conduce Germán Garavano no abrirán los CAJs de Tigre, San Miguel, Avellaneda, Berazategui, Pilar, Tres de Febrero, San Fernando y La Ferrere (La Matanza).

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia había logrado conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

La nueva política de despidos de Macri también afectó a los Cajs de Usuahía (Tierra del Fuego), Castelli (Chaco) y Maimara (Jujuy).

A partir de las cesantías dispuestas por el Ministerio de Justicia de la Nación en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del conurbano bonaerense, el macrismo apunta a desarticular una política iniciada por el gobierno anterior, que buscaba que cada ciudadano pudiese informarse sobre sus derechos.

En las últimas semanas el gobierno nacional comenzó a repartir telegramas de despidos a los empleados en el marco de la política de ajuste y vaciamiento del Estado que lleva adelante.

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia logró conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

En dialogo con Primereando la diputada provincial Lucia Portos manifestó su preocupación por la situación de los empleados y explicó que “por goteo llueven los telegramas de despido a los trabajadores del CAJ de Pilar, Avellaneda, Lanús y del resto del país”.

Sobre el trabajo que realizaban los empleados la legisladora resaltó el compromiso del personal que “no descansaba hasta solucionar los problemas de quienes se acercaban al CAJ buscando respuestas”.

“Nada más lejano a un ñoqui que éstas compañeras y compañeros que no conocen de horarios laborales, sábados, domingos o vacaciones”, enfatizó Portos ante la ola de despidos de los empleados de los CAJ que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Detrás de la persecución ideológica que hoy los deja sin trabajo se esconde la idea de achicar el Estado y, por lo tanto, de reducir los derechos de los que menos tienen”, agregó la diputada provincial.

En relación a los tramites que la comunidad puede realizar en estos centros, Portos detalló que  “puede asesorarse cualquiera, gratuitamente"  e indicó que "se asiste psicológicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad, se les da consejo jurídico, se acompaña a víctimas de violencia entre otras cosas".

Días atrás el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también se manifestó en contra de los despidos en los CAJ: “Son una consecuencia del ajuste que lleva adelante este gobierno. Se está estigmatizando negativamente a los empleados públicos, y en este caso, como en muchos otros, se trata de profesionales que le acercaban a la población más humilde la posibilidad de un acceso a la justicia en el territorio”, dijo el jefe comunal.

Avellaneda cuenta con tres de estos centros, en Gerli, Dock Sud y Wilde, que trabajan articuladamente con las sedes de la Policía Local. Al respecto Ferraresi agregó: “Esa es una diferencia filosófica entre este gobierno nacional y el modelo que nosotros defendemos: un proyecto de país en donde las políticas públicas del Estado tienen que relacionarse con el territorio y su comunidad a través de los trabajadores, para poder llegar efectivamente a todas partes”.

“Vinimos al Ministerio de Justicia para presentar un escrito para que, al menos, uno de los dos lugares que quedaron vacantes en la Corte sea ocupado por una mujer. Esto no es en contra de ninguno de los dos nominados por el presidente Macri, quienes gozan de un excelente currículum, pero la normativa habla claramente de la diversidad de género, y si van a ser 5 los miembros del tribunal, nos parece injusto que haya una sola mujer”, dijo la esposa de Sergio Massa tras presentar el documento.

Actualmente, y luego de los fallecimientos de la doctora Carmen Argibay y del doctor Enrique Petracchi, las renuncias de los doctores Eugenio Zaffaroni y la jubilación de Carlos Fayt, la Corte Suprema de Justicia quedó conformada por tres miembros, siendo uno de ellos mujer.

Según explicó Galmarini, los estándares mínimos de participación femenina dictados por la Constitución Nacional y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en las Naciones Unidas, pide que por lo menos haya una mujer en este tipo de organismos oficiales.

La diputada por el Parlasur, Fernanda Gil Lozano, señaló la necesidad de la presencia de otra mujer en el máximo tribunal de Justicia, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina "cada 30 horas matan a una mujer".

En el mismo sentido se expresó la diputada nacional Liliana Schwindt, que dijo que ya pedían la presencia de una mujer en la Corte cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso a Roberto Carlés como candidato a integrar el máximo tribunal.

"Nosotros habíamos hecho una impugnación cuando Cristina Kirchner había propuesto a Carlés y ya pedíamos la presencia de una mujer en ese lugar. Entendemos que una de las vacantes dese ser ocupada por una mujer. Luchamos por la paridad, la igualdad de género y en todos los estamentos tiene que haber una mujer”, consignó la diputada.

Según su exposición, el nombramiento de una mujer dentro de la Corte, además de encuadrar en los marcos legales, permitirá reflejar la diversidad de género y otorgar al más alto tribunal del país de una mirada representativa de las diferentes problemáticas que atraviesan las mujeres.

Acompañaron a Galmarini y a Schwindt en la presentación, Marcela Durrieu, concejal de Frente Renovador en San Isidro, las diputadas nacionales por el Frente Renovador: María Azucena Ehcosor, y Carla Pitiot; la diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), Silvia Perié; la senadora provincial, Micaela Ferraro Medina, la ex diputada nacional, Marina Cessese; la referente en Políticas de Género, Virginia Franganillo; y las integrantes del FR: Florencia Arietto, y Liliana Gurdulich.

Desde ATE dieron su versión sobre los motivos ocultos de la gobernadora María Eugenia Vidal para designar a Carlos Mahiques como ministro de Justicia bonaerense.

Los estatales denuncian que el pasado jueves la querella en la causa por represión en el Hospital Borda del 26 de abril del 2013 ha presentado una recusación en la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a cargo de los Dres. Horacio Días, Pablo Jantus y Carlos Alberto Mahiques.

Es decir, Mahiques debía definir como juez en la causa que se investiga la responsabilidad de su nueva jefa, la gobernadora bonaerense, en la represión ocurrida en el Hospital Borda hace más de dos años.

“En dicha Cámara se encuentra nuestro pedido de revocatoria de los sobreseimientos a los responsables materiales e intelectuales de la represión para poder avanzar en sus procesamientos. Con dicho fin, de la Asociación Trabajadores del Estado pLa recusación presentada se basa en el hecho de que el juez Mahiques ha sido convocado por la recientemente electa Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para formar parte del Gabinete”, sostienen.

La querella sostiene ante dicha Cámara la imputación de la Lic. María Eugenia Vidal –entre otros-, que en su carácter de Vicejefa de Gobierno fue responsable política de la construcción del Centro Cívico en el predio del Hospital Borda de la Ciudad, incumpliendo la medida cautelar que regía sobre el Taller demolido, y del operativo represivo que dejó decenas de heridos.

“La recusación presentada se basa en el hecho de que el juez Mahiques ha sido convocado por la recientemente electa Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para formar parte del Gabinete para ocupar el cargo de Ministro de Justicia. De esta forma se pone nuevamente en evidencia la arbitrariedad que venimos denunciando con el tratado de esta causa, en la que no se han tomado en cuenta nuestras innumerables pruebas y en la que se resuelve sobre interpretaciones tendenciosamente parcializadas sobre los acontecimientos, en perjuicio de la Verdad y la Justicia”, precisan.

En este sentido sostienen que “hechos como este dejan evidencia la urgente necesidad de democratizar la justicia para poder poner coto a la arbitrariedad de la corporación judicial. Mientras que los trabajadores y los pacientes reprimidos por defender la salud pública son procesados, los responsables políticos de reprimir dentro de un hospital y de incumplir una medida cautelar de la Justicia son sobreseídos por el poder judicial”.

Carlos Mahiques es el ministro de Justicia bonaerense postulado por Vidal. Conservador y vinculado al Opus Dei, como juez contradijo la ley vigente al impedir que se le realice un aborto a una joven con discapacidad mental que quedó embarazada tras una violación.

El futuro ministro de Justicia de María Eugenia Vidal Fue subrogante de la Suprema Corte de Justicia provincial y durante su paso generó polémica (en rigor, se opuso a la ley vigente) por votar en contra de la realización de un aborte de una joven con retraso mental abusada.

Ultraconservador, Carlos Mahiques hoy integra la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a pesar de la impugnación recibida por  el CELS, a raíz de sus antecdentes.

Además está vinculad al Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (que propuso la continuidad de los jueces de la última dictadura militar), es un especialista en Derecho Penal, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor en la Universidad Austral –del Opus Deis-.

En el año 2006, como juez juez rechazó que se le practicara un aborto a Micaela, una joven de 19 años con retraso madurativo que había sido violada por su tío. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la diputada nacional Cecilia Merchán rechazaron su designación en la Cámara de Casación que ocupa desde el año 2014.

“Ha integrado, con sus decisiones, el ala más conservadora de la Justicia penal provincial, haciendo caso omiso a las denuncias (incluso internacionales) sobre la violación de derechos humanos que se producen en el ámbito de los lugares de encierro provinciales y el abuso de la prisión preventiva”, sostuvo Merchán sobre el juez.

Por la obstrucción judicial de ese aborto no punible, la Argentina fue denunciada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU: la acusación fue por violar los derechos humanos de esa muchacha, dado que el Código Penal dice que no es punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que no deben ser judicializados.

El reemplazante de Ricardo Casal por otro lado rechazó el hábeas corpus colectivo por las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales, mientras que la Corte Suprema fallo a favor.