Galli buscó despegarse del escándalo por la venta ilegal de terrenos apartó al empleado municipal Mariano Ciancio, uno de los cuatro imputado en la causa.

Luego de semanas de investigación judicial, y ante la imputación, el intendente comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, decidió suspender de su cargo al asesor municipal Mariano Ciancio, acusado de estafa por vender ilegalmente terrenos, incluso algunos de ellos pertenecientes al propio municipio de la Séptima sección electoral.

Mediante un comunicado, Galli informó, que en el marco de la causa de estafa reiterada por la venta irregular de terrenos, decidió la suspensión desde este lunes y hasta que la Justicia esclarezca los hechos, a Mariano Ciancio, quien desde 2019 se desempeña en el cargo de Asesor de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, secundando a Diego Robbiani.

A cambio, los damnificados de la venta ilegal de terrenos recibían un “boleto de compraventa y los planos”, pero tiempo más tarde descubrían que los lotes que supuestamente habían comprado en realidad tenían dueños y que en algunos casos eran directamente propiedad de la municipalidad de Olavarría.

Los lotes que ponían en venta eran de propietarios que hacía muchos años que no pagaban los impuestos y otros que directamente eran tierras fiscales. A la información para identificar este tipo de terrenos sólo se puede acceder a través de la dirección de catastro municipal, por lo que la causa genera suspicacias en Olavarría.

Dos meses después del inicio de la investigación por la venta ilegal de terrenos, con allanamientos, declaraciones, e imputaciones de por medio que salpican a la administración local de Galli, el intendente de Juntos por el Cambio decidió distanciarse Ciancio y además colocarse como particular dignificada ante la Justicia.

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, impulsó una polémica rezonificación para facilitar la instalación de dos centrales termoeléctricas a pocos metros de las casas de los vecinos.

La justicia dispuso el viernes pasado los allanamientos del Palacio Municipal y el Concejo Deliberante de Pilar en el marco de la causa judicial iniciada contra el jefe comunal por la polémica instalación de dos plantas termoeléctricas en medio de una zona urbana.

El juez federal Adrián González Charvay ordenó los procedimientos que también alcanzaron a la planta de la empresa APR Energy.

Según indicó El Día de Escobar la causa se inició a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos autoconvocados para frenar la instalación de dos plantas termoeléctricas. La agrupación Autoconvocados contra la Contaminación en Pilar presentaron un recurso de amparo colectivo para frenar las obras en las plantas de APR Energy S.R.L. y Araucaria Energy S.A.

También fue allanada la planta de APR Energy por efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, según manifestaron los militantes sociales que acampan en el ingreso al predio desde hace más de un mes.

Los allanamientos “tienen que ver con las dos cautelares y con uno de los pedidos del fiscal: investigar a todos los funcionarios y concejales involucrados con la aprobación de la rezonificación para la instalación de las dos plantas” explicó a ese medio Érica Hahn, presidenta de Autoconvocados contra la Contaminación en Pilar.

Además, afirmó que “el intendente Ducoté y la gobernadora Vidal también estarían bajo la lupa”.

El caso del jefe comunal está claro, por ser la máxima autoridad del distrito que autorizó la instalación de las centrales energéticas, en tanto que la mandataria provincial tiene parte por haber firmado el decreto 672/17 que homologó la ordenanza de rezonificación N°234/17, la cual dio marco legal a la radicación de Araucaria Energy.

“Estamos contentos y muy expectantes con lo que puede llegar a pasar. Suponemos que van a encontrar las pruebas que confirman que las plantas se fueron instalando de forma ilegal y que las ordenanzas salieron a medida de las empresas”, analizó la referente de la cruzada contra las termoeléctricas emplazadas en ruta 25 y calle Alborada, en el límite de Villa Rosa con Matheu.

El vocero de la organización Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis, aseguró que las plantas tienen un impacto negativo sobre la salud humana. “Vamos a tener en Pilar dos centrales termoeléctricas equivalentes a una Atucha y medio”, indicó.

“Para que funcionen las dos centrales termoeléctricas necesita 2000 camiones repletos de gasoil que equivale a 300 estaciones de servicio. Todos en zona urbana de Pilar. También las centrales teermoelécricas van a utilizar 50.000 millones de litros de agua. Esto equivale a lo que consumen 2.500 familias en un mes”, enumeró.

Ducoté impulsó la rezonificación de Pilar para habilitar la instalación de dos centrales termoeléctricas a apenas 600 metros de las viviendas de los vecinos de los barrios de Villa Rosa y Matheu. Entre las dos centrales tienen una potencia de 500 MW y están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.

Fuente: Diario Pulse