Sergio Varisco, jefe comunal de la capital de Entre Ríos, fue procesado por el juez Leandro Ríos. También se confirmaron confirmó prisiones preventivas para el concejal oficialista Héctor Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira.

El diputado nacional por Entre Ríos abordó con Primereando el escándalo de narcotráfico por el que atraviesa el intendente de Paraná y diferentes altos funcionarios de Cambiemos.

Las periodistas se quedaron cortas con el “libreto” contra el gobierno anterior y quedaron en evidencia

Fue designado “para desempeñar tareas en la Gerencia de Recursos Humanos”

En el marco de una causa por narcotráfico, la Justicia ordenó este martes varios allanamientos en la ciudad entrerriana de Paraná, entre los que se destacaron la Municipalidad local y la casa del intendente, Sergio Varisco.

Ante la orden del juez federal Leandro Ríos, efectivos de la Policía Federal realizaron múltiples procedimientos con el objetivo de recabar documentación para aportar al expediente que investiga presuntos nexos entre el mandatario comunal, una funcionaria municipal y un concejal con el presunto jefe narco Daniel "Tavi" Celis, quien actualmente está preso acusado de tráfico de estupefacientes.

Además de la casa de Varisco y la Intendencia de Paraná, también fueron allanados el Concejo Deliberante y otras reparticiones oficiales, según publicaron medios locales.

El intendente entrerriano, que integra la Mesa de Conducción de la UCR nacional, no se encontraba en la ciudad cuando se realizaron los operativos ordenados por el magistrado Ríos. El jefe comunal está en la Ciudad de Buenos Aires por temas vinculados a la gestión municipal.

La causa judicial comenzó a tomar forma en agosto de 2015, luego de que el periodista Daniel Enz denunciara, en la tapa del semanario Análisis, los nexos del narcotráfico con el gobierno provincial y municipal. Y, pese a que la prensa daba cuenta del vínculo entre Varisco y “Tavi” Celis desde 2010,  el operativo y las detenciones de empleados municipales tuvieron lugar recién el año pasado.

Fuente: Diario Perfil

Una diputada provincial de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A., cuya compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos”.

Se trata de la diputada provincial Lucía Portos que propone, en el proyecto de declaración, que “Por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.

La edificación, que avanzó rápidamente, pero quedó paralizada luego que, en septiembre de 2017, el empresario Mateo Corvo Dolcet fuera detenido por sus supuestos nexos con cárteles del narcotráfico colombiano y para los cuales “lavaba” dinero.

En 2012 se realizó un convenio para desarrollar un Centro de Transferencia de Pasajeros, con un “tren VIP” y usos afines: Residencial comercial, hotelero, educativo, administrativo y recreativo. Este fue suscripto por el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, el municipio de Pilar, el Directorio de Ferrovías SAC y el presidente de la empresa Pilar Bicentenario S.A.

El desarrollo del proyecto quedó suspendido y, años después, en septiembre de 2017 el empresario fue detenido por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico en un operativo conjunto entre Argentina, Colombia y Estados Unidos. Actualmente la causa está siendo investigada por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con la intervención de la UIF y la AFI.

En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva su situación.

“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, dice la diputada.

Además, cree que “Resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.

El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.

“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.

La droga que se incauta es incinerada por orden judicial. En este caso, desaparecieron 540 kilos de marihuana. Los responsables dicen que "se la comieron los ratones".

La Policía Bonaerense justificó la desaparición de unos 540 kilos de marihuana del depósito de la Delegación Judicial de Pilar aludiendo que “se lo comieron los ratones”. Los efectivos policiales acaban de ser imputados en el marco del proceso número 71706/17 caratulado "NN s/infracción a las ley 23.737" en el que se investiga la responsabilidad de los funcionarios en el faltante de esa cantidad de droga, producto de la incautación judicial.

La historia comenzó en abril de 2017, cuando el comisario Emilio Portero relevó a su par Javier Specia, responsable de la Delegación Departamental de Pilar. Lo curioso es que un mes antes Specia había relevado a su vez al comisario Gabriel Schefer, quien se fue a cumplir tareas a la localidad de Moreno.

El procedimiento de rigor indica que con cada traspaso de mando es necesario firmar el "recibo del cargo", una suerte de inventario de todo lo que deja en manos de su sucesor el oficial que es trasladado hacia otra dependencia. En ese momento, Portero detectó en el depósito judicial de la Departamental Pilar una situación que no le cerraba con las cantidades de droga incautadas.

Por eso realizó la correspondiente notificación a la División de Asuntos Internos de la Policía y la denuncia ante el Juzgado Federal de Campana. El magistrado a cargo -Adrián González Charvay- ordenó que Gendarmería Nacional allanara el galpón, tras lo cual confirmó la sospecha del denunciante: según el acta de traspaso firmada por Specia, debieron haber habido alrededor de 6.000 kilos de marihuana y los efectivos de la fuerza federal sólo hallaron 5.460. O sea, 540 kilos menos.

Fue entonces cuando el magistrado resolvió citar a los involucrados, entre quienes se encontraba además el comisario Julio César Torres y los tres coincidieron en argumentar una misma coartada muy sugestiva: según las testimoniales de los tres oficiales, la marihuana "había sido comida por las ratas". González Charvay dispuso una nueva inspección al depósito donde se labraron actas y se tomaron muestras para verificar el grado de veracidad de las declaraciones.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad llevó a cabo, en paralelo, un sumario administrativo e imputó a los tres comisarios por la irregularidad en la guarda de la evidencia decomisada, pero no separó de sus funciones a los efectivos "a la espera de una resolución judicial que definiera su situación procesal", según confirmaron a Ámbito Financiero desde la cartera que conduce Cristian Ritondo.

Ayer la Justicia resolvió imputar a los policías mencionados (a los que se sumó el principal Emiliano Rodríguez) y solicitó a la División de Asuntos Internos que los notifique de la nueva citación al juzgado federal, pero esta vez para tomarles declaración indagatoria el próximo 4 de mayo.

Según pudo saber este diario, las pericias efectuadas arrojaron resultados que dieron por tierra con el argumento de las ratas deglutidoras de cannabis. "La droga estaba en estado de sequedad absoluta, ya que se encontraba en depósito desde hacía unos dos años, lo que nos obligó a constatar si verdaderamente una invasión de roedores pudo haberse comido tamaña cantidad de marihuana, pero los expertos consultados llegaron a la conclusión de que eso era muy poco probable ya que de haber ocurrido, los ratones habrían muerto y no se detectó presencia de cadáveres de los animales en el lugar", explicaron.

Para completar las sospechas de los pesquisas, el Ministerio anotó otro dato: Specia no presentó su declaración jurada de 2017, lo que motivó un sumario para investigar su situación patrimonial.

Fuente: El Patagónico

El primo del Presidente e intendente de Vicente López se encuentra en el ojo de la tormenta, tras una investigación que lo vincula a una contratación con una empresa enlazada al cartel de drogas de los Urabeños y la intendencia que dirige.

El jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, quedó vinculado a un caso narco luego que una investigación periodística publicara un contrato entre el intendente y una empresa vinculada al cartel de drogas los Urabeños.

Por ello el fiscal federal, Federico Delgado, pidió al juez Sergio Torres que incorpore a la causa del “Narco-Arroz” documentación de una investigación periodística, que da cuenta de la existencia de un contrato entre el intendente de Vicente López  y la empresa vinculada al cartel de drogas.

El acuerdo entre el Municipio de Vicente López y la International Trade and Comerce SA o ITC trascendió en una serie de documentos publicados en el libro “Radiografía de la corrupción PRO”, de Julián Maradeo e Ignacio Damiani.

Al respecto, desde el Municipio aseguraron que el acuerdo comercial nunca se concretó.“La empresa se presentó como proveedora cuando Vicente López estaba cambiando todas las luminarias públicas a LED. El contrato de comodato era para que la empresa prestara 15 luminarias de ese tipo y se probaran. Se colocaron en una plaza del municipio, pero nunca se les pagó porque las luminarias no funcionaron, no servían para lo que pretendía el municipio. Por eso, finalmente, no se pagó ninguna factura”, dijeron al diario Perfil, funcionarios de Jorge Macri.

La ITC era una de las firmas creadas por el cartel de los Urabeños para blanquear de dinero. Se estima que dicho cartel habría logrado blanquear unos $75 millones, y que este monto podría llegar a los $ 200 millones.

A  fines de 2015, el caso reveló que este cartel colombiano se había instalado en Argentina en 2012. El grupo liderado por los hermanos Triana Peña sacaba cocaína del país escondida en bolsas de arroz. Se había montado una red de empresas para comercializar el “arroz blanco” y lavar el dinero, pero la banda cayó luego de una investigación judicial y el viernes pasado se reabrió.

En tren de justificar y subir notas favorables al oficialismo, Radio Mitre aseguró que en Argentina los narcotraficantes culpan al Gobierno del aumento de valor de la dosis y afirman que las incautaciones que realizó Cambiemos en su batalla contra el narcotráfico los dejó con un stock muy bajo de mercadería"…En las redes se burlaron y se preguntaron quién habrá sido la fuente…

Patricia Bullrich, la retuiteó sin problemas…