Ahora los medios gráficos no tendrán garantizado el acceso a su principal insumo y el precio del papel se fijará sin intervención del Estado.

Con 45 votos a favor y 16 en contra el Senado la convirtió en ley el proyecto presentado por el diputado Diego Bossio que beneficia directamente al Grupo Clarín. Toda la información.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires realizó una serie de convenios con diferentes empresas afectadas económicamente por los tarifazos realizados por el Gobierno de Cambiemos y salió a cubrir las deudas de la empresa apropiada por Magnetto.

El Gobierno de María Eugenia Vidal, a través del Ministro de Producción, Javier Tizado, firmó un convenio en el cual desembolsó 394.000 pesos para ayudar económicamente a empresas afectadas los tarifazos realizados por la administración de Mauricio Macri, con el objetivo de rescatar a firmas como Papel Prensa, SanCor, Frigorifico La Esperanza y a algunas Cooperativas, entre otras.

El monto del salvataje,  se inició hace dos semas y ya supera los 25 millones de pesos, gracias a un acuerdo realizado con las distribuidoras eléctricas para que el Gobierno de la Provincia se haga cargo de las tarifas de diferentes empresas.

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Producción firmó el 28 de julio último, similares convenios con distribuidoras eléctricas por la suma de 25 millones de pesos

Las empresas beneficiadas por la disposición del Ministerio de Producción son: la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales San Pedro Ltda que recibirá 224.610,76 dividido entre cuatro empresas. Papel Prensa S con $50.000; Frigorífico La Esperanza S.R.L con 43.561,85; Coop de Trabajo Plásticos “El Gringo” con $58.431,68; y Artesanales Facundo SRL con $72.617,23.

También son beneficiadas, la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Lezama Ltda con 57.634,67 para cubrir gastos de la empresa SCLU S.A; la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Charlone con150.000 que beneficiarán a SanCor.

Para finalizar, otra de las empresas favorecidas es la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos, de Crédito y Vivienda de Coronel Dorrego con7.545,59 para la empresa Gutiérrez Casiano Manuel (destinado a recuperación de materiales y deshechos).

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Producción firmó el 28 de julio último, similares convenios con distribuidoras eléctricas por la suma de 25 millones de pesos, por las cuales distribuidoras eléctricas debieron entregar los subsidios a diferentes compañías bonaerenses que se encuentran en estado “crítico” a raíz del “sinceramiento de tarifas”, informó el sitio La Tecla.

“El aporte de los fondos comprometidos (…) tiene como finalidad solventar el nuevo esquema tarifario del servicio público de electricidad, cuyo vencimiento operó entre el 1º de julio y el 3 de diciembre de 2016, aplicables al consumo energético registrado por parte de las empresas productivas listadas”, se expresa en la resolución.

Y como si estos salvatajes fueran pocos, el Ministerio de Producción realizó un convenio con las distribuidoras eléctrica Edenor, Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap) y Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) que ronda los cinco millones de pesos.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el fallo del juez Julián Ercolini, que había exculpado a los principales directivos de Clarín y La Nación al considerar que no existía “vinculación alguna” entre la transferencia de acciones de Papel Prensa y los delitos de lesa humanidad cometidos sobre la familia Graiver, durante la última dictadura cívico-militar.

A tono con el 2×1 de la Corte Suprema al represor Luis Muiña y las domiciliarias otorgadas a decenas de genocidas, los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia decidieron confirmar el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa, símbolo de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

Además de los principales directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación, también fueron beneficiados Raymundo Juan Pío Podestá, ex funcionario de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, quien ofició como intermediario en la transferencia de las acciones que estaban en manos del Grupo Graiver a Fapel S.A., sociedad integrada por Clarín, La Nación y La Razón.

El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, dictado este miércoles, coincide con el juez Julián Ercolini, quien en diciembre último, sin siquiera llamar a indagatoria a los imputados, sostuvo que “no existen en autos elementos” para considerar que “la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura”.

Ballestero y Leopoldo Bruglia fueron en la misma dirección, desestimando los testimonios de las víctimas, ente ellos Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa, así como la maniobra del traspaso de la empresa “a precio vil”.

Para los camaristas, Magnetto, Herrera de Noble, Mitre, Podestá y Gainza Paz no cometieron ningún delito, sino que “cumplieron un único rol, ceñido a un único instante: haber adquirido en noviembre de 1976 la empresa Papel Prensa en el marco de una operatoria concertada con un solo propósito comercial”.

“Como consecuencia de tal conclusión, que exhibe que la venta de la firma no estuvo motivada en una coacción dirigida a ese específico fin, y que ninguna implicancia tuvieron en ello los dueños y los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, resulta fútil responder aquellos enigmas que se ciernen sobre el valor de la operación. Si, más allá de la particular situación financiera que da contexto a los hechos, la venta se concertó libremente y entre partes cuya capacidad no fue cuestionada, no hay cabida para impugnar por vil el precio así pactado”, agregan en el fallo.

A pesar de la resolución de la Cámara porteña, las querellas integradas por Papaleo y Ianover podrán continuar con la causa por vía de apelaciones ante Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

Alejandro Rúa, abogado de Papaleo, confirmó que apelarán el fallo de la Cámara, al que calificó como “una marca de la impunidad que nos gobierna”.

“Es la negra noche de la impunidad en derechos humanos, ya lo vimos en el 2×1, pero vamos a superar esto”, completó el letrado.

David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. Según la investigación del fiscal Leonardo Gómez Barbella, dos meses después la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, los padres y el hermano, y Rafael Ianover, fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Magnetto, Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado fallecido Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.

Más tarde, entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, apeló hoy los sobreseimientos dictados en la causa que investiga la venta de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón en la última dictadura cívico militar, y pidió que se aparte del caso al juez federal Julián Ercolini.

En la apelación, que tendrá que resolver la Sala I de la Cámara Federal porteña, Papaleo pidió además que se revoquen los sobreseimientos al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble; y a los propietarios de La Nación, Bartolomé Mitre, además de Juan Pío Podestá y Guilermo Gainza Paz, según el escrito presentado, al que accedió Télam.

El abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, pidió declarar "insanablemente nula" la resolución de Ercolini, quien la semana pasada sobreseyó a todos los imputados al entender que no hubo delito en el traspaso de la empresa que perteneció a Graiver y que el precio de venta de sus acciones fue el de mercado y no un valor "vil".

En la apelación, Papaleo pidió que se revoquen los sobreseimientos, que continúe la investigación y que se cite a los imputados a declaración indagatoria.

También sostuvo que "debe separarse al magistrado interviniente del entendimiento del proceso para, de ese modo, garantizar a las víctimas (conforme se desprende de la letra de los tratados internacionales aplicables al caso, para protección de quienes resultan afectados por delitos de lesa humanidad) la intervención de un juez imparcial".

En ese contexto, remarcó que el nuevo magistrado debe conservar "la templanza necesaria para el tratamiento del caso, con la dedicación que el mismo exige".

"Al mismo tiempo, debe resultar insospechable de cualquier compromiso que pudiera afectarlo, a partir del objeto procesal y de las connotaciones político criminales que envuelven a un caso que resulta sensible para los intereses de la Nación, porque claramente puede finalizar generando responsabilidad internacional del Estado argentino", agregó la apelación.

Sobre el juez, Papaleo sostuvo que demostró "una absoluta carencia de condiciones para tratar una cuestión de la envergadura de la apropiación indebida de una gran empresa, por parte de un conglomerado de integrantes de la asociación ilícita cívico militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 en nuestro país".

La querellante en la causa aludió también a la "falta de fundamento de la decisión de mérito que pretende, como maniobra consumadora de delitos de lesa humanidad, consolidar un temperamento exculpatorio para con los aquí querellados".

Además, sostuvo que hubo un "no accionar del juzgado" ,y una "elección antojadiza, arbitraria y direccionada para beneficiar intereses de manera espuria".

En la causa se investiga si la empresa productora de papel para diarios fue vendida a precio vil durante la dictadura por los herederos de Graiver, tras sufrir secuestros y torturas.

El juez federal  sobreseyó a los directores y dueños empresarios de Clarín y La Nación, como a ex funcionarios del gobierno militar por la causa Papel Prensa en la que se investigaba la transferencia de acciones de la empresa en la última dictadura cívico-militar.

Luego de cinco años de dilaciones y sin indagar a los principales imputados, el juez Julián Ercolini consideró que no hubo delitos de lesa humanidad en la apropiación de la empresa durante la última dictadura cívico militar y “corresponde dar por cerrado” el proceso contra los directivos de Clarín y La Nación.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Julián Ercolini, dispuso este viernes el sobreseimiento en la causa Papel Prensa de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; el ex funcionario de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; y el intermediario Guillermo Juan Gainza Paz.

Según la resolución del magistrado, “no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”.

Ercolini, que recibió la causa hace cinco años, emitió su fallo sin indagar en todo ese tiempo a los principales imputados, entre ellos Magnetto, Herrera de Noble y Mitre.

Sus dilaciones se mantuvieron, incluso, luego del dictamen de los peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema, al que había condicionado el llamado a indagatorias. A fines de agosto último, el peritaje demostró que los dueños de esos diarios, junto a los de La Razón, adquirieron las acciones de la única productora de papel para diarios del país a un precio entre un 40 y un 80% por debajo del valor de mercado en 1976.

Sin embargo, en su sobreseimiento, el magistrado sostiene que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”

“Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevo a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes por inexistencia de pruebas que los sostengan -lo cual por sí es suficiente para rechazar las imputaciones-, debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido ha sido vil el precio de compra”, agrega Ercolini en sus fundamentos.

Para el juez, “no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de Papel Prensa S.A, el día 2 de noviembre de 1976” y los “hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas”, denunciados por la familia y representantes de David Graiver, ex propietario de la empresa.

“Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”, sostiene Ercolini.

En este marco, el juez concluye que “corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido… En efecto, en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A., por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente”.

David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. De acuerdo a la investigación del fiscal Gómez Barbella, dos meses después Papaleo, Ianover y los padres y el hermano de Graiver fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A., integrada por Clarín, La Nación y La Razón. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.

Luego llegó el secuestro. Entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

En varias oportunidades, la viuda de Graiver dijo recordar “claramente los rostros de quienes me torturaron”, pero “nunca olvidaré la cara del señor Magnetto, y su mirada, que me daba más miedo que quienes me custodiaban […] Él me amenazaba directamente con la muerte de mi hija”.

A 40 años del traspaso de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, cuyo “precio no se ajustó al valor real” según los peritajes judiciales, la familia del ex dueño de la empresa, David Graiver, organizaciones de derechos humanos y sociales realizarán mañana un acto frente a las puertas del edificio del matutino propiedad de Ernestina Herrera de Noble.

El acto se llevará a cabo mañana a las 18 en la esquina de Tacuarí y Finochietto, en el barrio porteño de Constitución, y participarán la viuda del entonces principal accionista de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, su hermano Osvaldo, ambos secuestrados y torturados durante la última dictadura; y Rafael Ianover, ex vicepresidente de la empresa.

También estarán el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; Jorge Thierbach, dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense; y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

Allí se recordará la noche del 2 de noviembre de 1976, a poco más de siete meses del golpe cívico militar, cuando se produjo la transferencia de Papel Prensa, empresa estratégica para el control de la prensa por ser la única fábrica productora de papel en el país.

Ese día, recién llegada de México y a poco de de la muerte de su esposo David Graiver en un dudoso accidente aéreo a bordo de un avión privado, Papaleo firmó un "acuerdo" con Clarín y La Nación, a través de la sociedad FAPEL, en las oficinas del diario fundado por Bartolomé Mitre.

"Quiero que sepan que no pueden vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros", le había advertido el entonces representante legal de La Nación, Manrique Segovia, a Lidia Papaleo, entre otras presiones que recibió, según consta en el expediente judicial.

La venta se terminó de firmar el 9 de marzo de 1977, mientras su suegro secuestrado la llamó estando en cautiverio para pedirle que finalice la operación, que se consumó en 8,3 millones de dólares por toda la empresa, casi el importe de lo que valía sólo la máquina más importante de la fábrica instalada en San Pedro.

Cinco días más tarde, la viuda de Graiver fue secuestrada, interrogada y torturada por el genocida Ramón Camps, a lo que luego le siguieron los demás integrantes de la familia Graiver y los colaboradores más cercanos, quienes fueron trasladados a los ex centros clandestinos Pozo de Banfield y Puesto Vasco.

Poco tiempo más tarde, el 27 de septiembre de 1978, Jorge Rafael Videla, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre inauguraron la nueva planta de Papel Prensa, mientras Lidia Papaleo y parte de la familia Graiver estaban detenidos ilegalmente.

En 2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y denunció a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, de Clarín, y a Bartolomé Mitre, de La Nación, entre otros, por la "venta irregular de Papel Prensa a precio vil y bajo delitos de lesa humanidad".

La causa está a cargo del juez Julián Ercolini, quien a lo largo de estos años denegó el pedido de indagatoria de las querellas y la fiscalía a los principales directivos y guió la investigación para determinar si la venta se ajustó al precio real.

Así, en agosto de este año se conoció un informe efectuado por peritos y tasadores de la Corte Suprema de Justicia que señaló que "en ningún caso, sea cual sea el método valuatorio escogido, el precio pactado en el contrato del 2 de noviembre de 1976 se ajustó al valor real de las acciones" al señalar que la suma acordada resultó "entre 40 y 80 por ciento menores al valor".

Después de ese informe y a seis años de iniciada la investigación, las querellas reiteraron el pedido para que sean indagados Bartolomé Mitre, Ernestina de Noble y Héctor Magnetto, entre otros.