El hecho ocurrió en el cruce de la Autopista Panamericana con la Ruta 25, cuando un Policía Bonaerense sacó un arma y comenzó a disparar al suelo reprimiendo a un grupo de menores que estaba comiendo en la vereda de un local de comida rápida. Mira el video.

Al igual que en Merlo, este lunes las autoridades de una escuela de Pilar decidieron evacuar a los alumnos y docentes por un escape de gas.

En Zárate, Pilar y San Fernando, concejales de la UCR sacaron ordenanzas contra la empresa del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Podrían replicarse en otros muncipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Farmacity empieza a ser un dolor de cabeza para María Eugenia Vidal.

Se sabe: el vicejefe de Gabinete, uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri, quiere que Farmacity, empresa de la que es accionista, se instale en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Quintana quiere avanzar mientras el desembarco genera mucha resistencia social y también de los radicales, aliados de Cambiemos.

El rechazo es tal, que muchos distritos ya sacaron ordenanzas contra Farmacity, en muchos casos apoyados por la UCR, como Zárate, Pilar y San Fernando. En San Fernando, votó en contra de la empresa de Quintana Sebastián Salvador, hijo del vicegobernador bonaerense.

Ahora, la Legislatura bonaerense discute un proyecto que intenta incluir a Farmacity. Vidal quiere dejar feliz a Quintana y Macri. Sin embargo, no la tendrá nada fácil. El kirchnerismo, el massismo y los radicales, podrían avanzar con una ley que prohíba a la empresa del vicejefe de Gabinete, que mientras tanto anunció que venderá sus acciones, aunque nadie le haya creído demasiado.

A pesar del silencio de la mandataría bonaerense acerca del desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, varios municipios respaldaron el reclamo de los farmacéuticos, quienes denuncian que esta cadena tendría una posición dominante en el mercado.

La avanzada de Farmacity para lograr instalarse en la provincia de Buenos Aires sigue cosechando rechazos en varios Concejos Deliberantes bonaerenses. Los primeros en aprobar iniciativas a favor de la actual ley que regula la actividad fueron Avellaneda, San Nicolás, Rivadavia, Trenque Lauquen, Guaminí y Mercedes, a los que luego se sumaron otros en el resto de la Provincia.

También, se produjeron votaciones en contra del desembarco de la empresa en ciudades como Zárate, Pilar, Tandil, Almirante Brown, Rauch, Luján y Pergamino. Estas dos últimas son las primeras en cerrar las puertas a Farmacity con un decreto municipal.

Por su parte, Famarcity logró un respaldo a sus intenciones de penetrar en la Provincia luego del dictamen -no vinculante- de la Procuración General de la Nación, declarando inconstitucional uno de los artículos de la ley que regula la actividad farmacéutica en el territorio bonaerense y dejando ahora la decisión en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Otra medida de defensa que los farmacéuticos bonaerenses esperan con ansias es el tratamiento del Proyecto del Dip. Lisandro Bonelli que plantea declarar el carácter taxativo del artículo 14 de la Ley 10.606, que reglamenta la actividad y que se trataría en la legislatura provincial el jueves 26 próximo.

Una diputada provincial de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A., cuya compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos”.

Se trata de la diputada provincial Lucía Portos que propone, en el proyecto de declaración, que “Por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.

La edificación, que avanzó rápidamente, pero quedó paralizada luego que, en septiembre de 2017, el empresario Mateo Corvo Dolcet fuera detenido por sus supuestos nexos con cárteles del narcotráfico colombiano y para los cuales “lavaba” dinero.

En 2012 se realizó un convenio para desarrollar un Centro de Transferencia de Pasajeros, con un “tren VIP” y usos afines: Residencial comercial, hotelero, educativo, administrativo y recreativo. Este fue suscripto por el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, el municipio de Pilar, el Directorio de Ferrovías SAC y el presidente de la empresa Pilar Bicentenario S.A.

El desarrollo del proyecto quedó suspendido y, años después, en septiembre de 2017 el empresario fue detenido por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico en un operativo conjunto entre Argentina, Colombia y Estados Unidos. Actualmente la causa está siendo investigada por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con la intervención de la UIF y la AFI.

En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva su situación.

“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, dice la diputada.

Además, cree que “Resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.

El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.

“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, defendió el regimen que le permite tomarse 14 días de corridos cada vez que lo disponga, sin autorización especial del Concejo Deliberante. Hasta el momento, podía pedirse 21 días al año. Ahora no tiene límites.

La polémica medida fue votada por el Concejo Deliberante, con mayoría de Cambiemos y aliados. "El Concejo Deliberante empieza a sesionar el 3 de abril. Si yo me quisiera ir cinco días a Villa Gesell o La Pampa, tendría que citar a 24 concejales que tienen que dejar de estar donde están, reunirse y votar si yo me puedo ir… ", se justificó Ducoté en declaraciones televisivas.

"Realmente con lo que hoy es la tecnología, planteamos tener un esquema en el que yo pueda notificar 48 horas antes y, si alguien tiene alguna duda, me pueda hacer un pedido de informes. Hasta ahora, en dos años, nunca me tomé más de 10 días por vacaciones familiares", agregó el alcalde.

Mateo Corvo Dolcet recibió un préstamo de $60.000.000 a mediados de 2015 por parte de la entidad financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos, según trascendió este lunes. El empresario, que desarrollaba proyectos inmobiliarios con el aval del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, está acusado de lavar dinero de una organización narco colombiana.

El portal El Destape reveló hoy que el Gobierno porteño, a través del Banco Ciudad, financió al empresario Mateo Corvo Dolcet, presidente del Grupo MCD Inversiones y Representaciones, actualmente detenido por ingresar al circuito legal dinero del narco colombiano José Bayron Piedrahíta Ceballos.

Según los documentos consignados por el periodista Juan Ignacio Amorín, Corvo Dolcet recibió un préstamo productivo por $60.000.000 a mediados de 2015 para la sociedad Pilar Bicentenario S.A.

Los propios accionistas de la empresa, entre los que se encontraba José Piedrahita Ceballos, confiesan en un documento interno que decidieron avanzar con el crédito porque se “esperaba un triunfo del PRO” en las elecciones presidenciales de ese año, lo que resultaría conveniente para afianzar sus lazos con la política.

El préstamo se concretó e incluso figura en la causa penal que tramita actualmente en el juzgado Penal y Económico de Morón que conduce Néstor Barral, donde se investiga a Corvo Dolcet y otras cuatro personas, sospechadas de actuar como agentes inmobiliarios del narco colombiano que sobrevivió a la caída de Pablo Escobar Gaviria, capo del Cartel de Medellín.

Corvo Dolcet y Cambiemos encararon dos ambiciosos proyectos en Pilar: uno de ellos fue Insula Urbana, que prometía convertir unas 27 manzanas del municipio en el nuevo “Puerto Madero”. Para concretar el proyecto, donde se proyectaba la construcción viviendas, oficinas, comercios, cines, hotel 5 estrellas, universidad y una clínica, se debía modificar el código de planeamiento urbano.

Ante la inversión de 400 millones de dólares de dudoso origen, el municipio comenzó a hacer gestiones en el Concejo Deliberante para aprobar el proyecto, que contaba con el sospechoso visto bueno del secretario de Obras Públicas de Pilar, Guillermo Iglesias, marido de Marcela Campagnoli, futura diputada por la alianza Vamos Juntos en Capital Federal, de Elisa Carrió. El proyecto parecía haber quedado paralizado luego que el massismo rechazara las modificaciones pedidas por Corvo Dolcet, sin embargo la empresa continuó anunciando el ambicioso plan a través de publicaciones en diarios y revistas de construcción.

El otro proyecto tanto o más polémico que el anterior: se trata de Pilar Parking, un monstruoso edificio de cocheras que se construyó mediante la firma Pilar Bicentenario S.A, también a nombre del empresario con nexos directos con el narcotráfico. El proyecto inicial era la construcción de unas 900 cocheras en las inmediaciones de la nueva estación de tren “Panamericana”, que conectaría con un servicio diferencial Pilar-Retiro. De esta forma, los vecinos de Pilar residentes en barrios privados, podrían llegar al centro con Wi-Fi, asientos de lujo, aire acondicionado y calefacción, sin la necesidad de caer en los gastos y demoras que el auto genera.

Este ambicioso plan fue aprobado en 2015, y continuado bajo la gestión del intendente Nicolás Ducoté, quien incluso posó junto a Corvo Dolcet apenas meses atrás, con el nuevo “elefante blanco” del corredor norte de fondo.

Sucedió en la localidad de Villa Rosa. A raíz del hecho fueron los dos policías fueron desafectados y se les abrió una causa por "amenazas calificadas por uso de arma, lesiones y abuso de poder".

Dos agentes de la policía local de Pilar que responden al intendente Nicolás Ducoté, fueron desafectados luego de agredir con su arma de fuego reglamentaria a un joven de 17 años. El hecho además derivó en que los uniformados fueran denunciados penalmente por "amenazas calificadas por uso de arma, lesiones y abuso de poder".

Según el relato de testigos al medio Infocielo, la pareja de efectivos policiales circulaban en un Gol Trend y colisionaron con una camioneta Ford F100. Uno de los efectivos, de 28 años, rápidamente se bajó con su arma de fuego 9 milímetros e intentó golpear en la cabeza con la pistola al menor de edad, que afortunadamente alcanzó a cubrirse con el brazo. A raíz de la agresión, el joven sufrió una herida cortante en la mano izquierda. En el hecho también participó su novia de 23 años, también uniformada, quien se identificó como tal y agredió verbalmente al adolescente.

Más tarde acudieron al lugar de los hechos el padre del joven agredido y la novia del agresor. La discusión continuó hasta que el personal del CCP logró disuadir a la mujer policía. La causa recayó en la UFI Nº2 a cargo de Valeria Oyola y fue caratulada como "Amenazas calificadas por uso de arma, lesiones y abuso de poder".

A pesar de los denodados esfuerzos de Cambiemos por bajarle el perfil mediático al tema, el intendente local y buena parte de sus funcionarios municipales están cada vez más comprometidos.

Luego de la detención del empresario Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavado de dinero de una organización narco internacional, la estrategia del macrismo apuntó a silenciar mediáticamente el caso y trazar una raya entre la gestión municipal anterior, a cargo de Humberto Zúccaro, con la actual de Nicolás Ducoté.

La primera sería responsable de las inversiones que le fueron aprobadas al ahora detenido presidente de MCD Construcciones, Corvo Dolcet, en tanto que la gestión de Ducoté estaría inmaculada, ya que no le habría otorgado obra alguna a aquél.

La banda delictiva detenida contaría con dos líderes bien definidos, por un lado, José Bayron Piedrahita Ceballos, encargado del manejo de fondos y tráfico de estupefacientes en Colombia y en Estados Unidos, y que estaría relacionado con la estructura narcocriminal denominada “La Oficina de Envigado” y el denominado “Cartel de Cali”.

En tanto, el segundo líder sería Corvo Dolcet, quien operaría a nivel local dentro del territorio argentino, junto a cinco cómplices, procurando lavar los ingresos ilícitos de Piedrahita Ceballos. En la causa de lavado de dinero que investiga la justicia federal de Morón y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se pudo determinar que Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet fueron socios durante varios años en la sociedad Insula Urbana S.A., hasta que en 2015 el empresario ganadero colombiano habría dejado de participar de la firma.

Instrumentando la política de lavado de manos señalada, el Municipio entregó la semana pasada a la Justicia Federal de Morón los expedientes de Ínsula Urbana, el megaproyecto inmobiliario desarrollado por Corvo Dolcet, así como otros.

Según explicó Ducoté, allí constan todos los permisos tramitados en el Municipio entre desde el 2011 incluyendo los del estacionamiento Pilar Parking y la estación Panamericana del ferrocarril Belgrano Norte.

Ducoté aclaró que todos los expedientes se tramitaron durante la administración de Zúccaro; los últimos, pocos días antes del traspaso de mando. De ese modo, se despegó del proyecto, al que en su momento lo había vinculado el Frente Renovador, luego de dar por tierra con un cambio del código de zonificación que, según los massistas, buscaba beneficiar los proyectos del empresario ahora detenido.

“Todos los expedientes se aprobaron entre 2010, 2011, 2013 y 2015, antes de que asuma yo. Esta mañana los llevé a la Justicia”, sostuvo.

“Ojalá la Justicia investigue lo que tenga que investigar”, remató Ducoté

Un proyecto omitido

El problema es que Ducoté miente por omisión. Es cierto que durante su gestión no se aprobó el proyecto de Insula Urbana de Corvo Dolcet. Pero no es menos cierto que si se trató y votó en el Consejo Deliberante y que el intendente, su jefe de gabinete y su secretario de obras públicas volcaron toda su influencia para que se aprobara, llegándose así a una votación 12 a 12 que perdió el oficialismo porque el voto doble de la presidencia lo tenía el Frente Renovador.

El intendente va más lejos y pretende engañar a la justicia federal omitiendo que él impulsó oficialmente el proyecto de Insula Urbana, o sea que debe explicar cómo es que ignoraba las actividades delictivas de Corvo Dolcet cuando se debatió el tema en el Consejo Deliberante, en agosto del año pasado, cuando en ese momento el empresario lavador ya era investigado por la UIF y por la justicia federal. Llama además poderosamente la atención que un proyecto de 400 millones de dólares en un municipio mediano como Pilar no llame lo suficiente la atención como para que se investigue preventivamente el origen de los fondos. El paso en falso que Ducoté acaba de dar ante la justicia podría traerle consecuencias penales.

Por lo pronto, el siguiente es el texto completo del proyecto de adecuación y actualización de la normativa de planeamiento urbano, que en su artículo quinto crea las zonas de renovación urbana que posibilitarían la construcción de Insula Urbana:

Octava sesión ordinaria, 11 agosto 2016

Punto 18 del orden del dia. Expediente Nº 9676-362/16 – DIRECCION DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO URBANO – Adecuación y actualización de la normativa en materia de planeamiento. Proyecto de ordenanza. (Leído por secretaria el proyecto de ordenanza).

El artículo 1º quedaría: apruébese, a pedido del bloque como moción no. Artículo 1. Aprueba Estructura General y Articulado del CUP: Apruébase la estructura general, títulos, capítulos y articulado que, como Anexo 1, forman parte de la presente (Ver Anexo 1: Indice General del CUP) sobre cuya base el Departamento Ejecutivo deberá compilar y ordenar los cuerpos normativos vigentes para formar un “Código Unificado de Planeamiento”.

Artículo 2. Tipificaciones y Proyectos Especiales: Apruébanse las incorporaciones al Art. 2.3.1 “Tipificación” y 2.3.2 “Proyectos Especiales”, relevantes para el tratamiento de sus aspectos técnicos generales; normas que empezarán a regir a partir de la promulgación de la presente.

Artículo 3, Normas de Procedimiento: Apruébase el Art. 2.4 “Normas de Procedimiento” de la Sección 2, en todos sus términos, normas que empezarán a regir a partir de la promulgación de la presente.

Artículo 4. De la Renovación Urbana: Apruébase el texto de la Sección 7: “De la Renovación Urbana y Protección Patrimonial” en todos sus términos, normas que empezarán a regir a partir de la promulgación de la presente.

Artículo 5. Interés Municipal sobre futuras Zonas de Renovación Urbana:

Declárase de interés Municipal la creación de las Zonas de Renovación Urbana N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9 correspondientes al Casco histórico del Municipio de Pilar (Centro administrativo y zona de influencia primaria); Centro de la localidad de Villa Rosa y entorno de la estación ferroviaria; Centro de Del Viso y entorno de la estación ferroviaria; Centro de la localidad de Derquí, y entorno de la estación ferroviaria; y centros de las localidades de Manzanares, Zelaya y Villa Astolfi, respectivamente.

Artículo 6. Preeminencia de las normas: Una vez sancionados los decretos de texto ordenado que constituyan conforme a las aprobaciones y autorizaciones aquí conferidas, los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación; para el caso de existir diferencias entre los textos de las Ordenanzas originarias utilizadas en su confección y su ordenamiento ulterior, habrá de estarse a las primeras; para el caso de existir contradicciones entre dos o más ordenanzas originarias, habrá de estarse al texto ordenado.

Artículo 7. Derogación de Ordenanzas particulares: Deróganse y déjense sin efecto, las Ordenanzas N° 159/2014 y N° 160/2014.

Artículo 8. Modificaciones a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria: Sustituyase el inciso h) del artículo 35 de la Ordenanza N° 11/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: h). Construcciones Antirreglamentarias: Las obras construidas antirreglamentariamente, abonarán los derechos estipulados en este Artículo para obras existentes. El pago de tales derechos, es independiente y en modo alguno podrá entenderse sustitutivo del importe que por multas y/o sanciones que resultaren de la irregularidad cometida, aplicare la autoridad competente, ni de las acciones correctivas que impongan estas mismas autoridades.”

Modifíquese el Artículo 171° de la ordenanza N° 11/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: permiso de obra: Los derechos enunciados en el presente capítulo, se abonaran al momento de cumplirse el procedimiento administrativo, conforme a lo previsto en la Ordenanza y/o Decreto Reglamentario vigente, y de confeccionarse la liquidación provisoria. La liquidación provisoria quedará sujeta a reajustes, al practicar la corrección del plano o inspección de obra durante el periodo de gestión, los que deberán ser abonados previamente al otorgamiento del Permiso de Obra.

Conforme a obra: Para obras construidas sin permiso de obra aprobado o con antecedente de obra nueva mayor a diez (10) años, los derechos enunciados serán abonados al momento de cumplirse el procedimiento, conforme a lo previsto en la Ordenanza y/o Decreto Reglamentario vigente, y de confeccionarse la liquidación provisoria. La liquidación provisoria quedará sujeta a reajustes, al practicar la corrección del plano o inspección de obra durante el periodo de gestión, los que deberán ser abonados previamente al otorgamiento del Conforme a Obra. En caso de poseer antecedentes de permiso de construcción u obra nueva, se labrará la liquidación correspondiente en concepto de inspección.

Final de obra: En caso de obra nueva aprobada el profesional interviniente, deberá obligatoriamente, dentro de los 30 días, tramitar el final de obra. Previo a la entrega del certificado final de obra deberá abonar el derecho de construcción por inspección de obra correspondiente.

De no cumplirse con estos plazos el Departamento ejecutivo podrá multar al profesional interviniente, el D.E reglamentara este artículo.

Incumplimiento: Cualquier violación, transgresión a normativas municipales, provinciales, nacionales el derecho de construcción se confeccionará como antirreglamentaria.

Cancelación de saldos: Una obra que haya solicitado permiso de obra y al momento de su aprobación y/o inspección esté construida, abonará derechos por el total de la obra, reconociéndose solo los pesos abonados por los Derechos de construcción, debiendo procederse a una nueva liquidación a los valores vigentes, donde se consideraran los ajustes por anti-rreglamentariedad y cambios de categoría y/o destino pertinentes. a). Para los casos que mantengan la misma superficie con relación al proyecto original, previa inspección y/o visado técnico, y siempre y cuando no se haya alterado la categoría, destino o reglamentación, se liquidará a valor establecido por la ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, solamente la diferencia de superficie (expresada en metros cuadrados) que no fueron tenidos en cuenta al momento del tramite inicial. b). En el supuesto de que la liquidación y pago inicial se haya efectuado por la totalidad de los metros cuadrados del proyecto original, los Derechos de Construcción se encontrarían saldados. Si comprobada la inspección final y/o visado técnico, se comprobara cambio de destino o reglamentación de la misma, la liquidación de los derechos se reajustará aplicándola a todas las superficies, estableciendo en forma diferenciada el valor de los derechos de construcción y derechos de construcción antirreglamentarío. En esta oportunidad, se descontará lo abonado ( solo los pesos). C)Para los casos en que la superficie supere a la del proyecto original, previa inspección y/o visado técnico, y siempre y cuando no se haya alterado la categoría o destino, se liquidara a valor vigente, solamente la diferencia de superficie (expresada en metros cuadrados) que no fuera tenida en cuenta al momento del trámite inicial, sumado los nuevos metros cuadrados excedidos que conformaran los derechos de construcción, al cual se le adicionará en forma diferenciada los Derechos de Construcción antirreglamentarío que se calculará sobre la superficie total del proyecto, descontando lo abonado. d). Por consiguiente, en el supuesto de que la liquidación y pago inicial se haya efectuado por la totalidad de los metros cuadrados del proyecto original, los Derechos de Construcción se liquidaran sobre los metros cuadrados excedidos, al que se le adicionará los Derechos de Construcción Antirreglamentarío calculados sobre toda la superficie del proyecto. e).Si comprobada la inspección final y/o visado técnico, se comprobara cambio de categoría o destino de la misma, la liquidación de los derechos se reajustará aplicándola a todas las superficies, estableciendo en forma diferenciada el valor de los derechos de construcción y derechos de construcción antirreglamentarío. En esta oportunidad, se descontará lo abonado.”

Artículo 9. Requisitos para subdivisión con fines residenciales: Apruébese el siguiente conjunto de requisitos adicionales a lo exigible según normativa vigente al respecto de toda subdivisión de parcelas en áreas Urbanas, Complementarias y Rurales con “Uso conforme”. Para toda subdivisión de parcelas con fines residenciales cuya tramitación se inicie a partir de la entrada en vigencia de esta norma, serán exigibles para el Visado del Plano de Mensura y Subdivisión los siguientes ítems: Pre-factibilidades de Utilización del Recurso Hídrico y Disponibilidad de Cuerpo Receptor emitido por autoridad provincial competente. Proyecto de saneamiento hidráulico aprobado por repartición provincial competente y visado por la Dirección Municipal de Hidráulica.

Proyecto vial completo, con descripción de componentes y paquete estructural, con ensayos, estudio de suelo, verificaciones acordes al flujo vehicular de diseño y composición de la carpeta de rodamiento. Proyecto Eléctrico: Incluyendo alumbrado urbano, red de distribución en baja y media tensión. Proyecto de red de distribución de agua potable o prefactibilídad de conexión a la red.

Proyecto de red cloacal y sistema de depuración y tratamiento de líquidos cloacales o prefactibilídad de conexión a la red.

Compromiso de provisión, ejecución de obras y, en los casos que correspondiere, se exigirán los contratos de transferencia o recompra de la red por parte de las distribuidoras o prestadoras del servicio. Las certificaciones de calidad y correcta ejecución de las obras serán exigibles para el inicio de toda y cualquier construcción civil en el loteo, al igual que el Certificado de Aptitud Hidráulica otorgado por el Organismo provincial competente Las superficies mínimas de las unidades parcelarias y/o funcionales no podrán ser menores a la unidad de división parcelaria mínima establecida para el distrito donde se encuentre radicada la subdivisión propuesta.

Artículo 10: Modificación de la Ordenanza de Barrios Cerrados: a) Modifícase el Artículo 2º de la Ordenanza N° 95/00, el que quedará redactado de la siguiente manera:”Las superficies mínimas de las unidades parcelarias y/o funcionales no podrán ser menores a la unidad de división parcelaria mínima establecida para el distrito donde se encuentre radicada la subdivisión propuesta. Si la subdivisión del emprendimiento quedara sometida al derecho real de propiedad horizontal (ex Ley 13512), la superficie y las medidas mínimas de tierra, correspondientes a cada unidad funcional generada, no podrán ser inferiores a la establecida por los indicadores urbanísticos correspondientes a la zona.” b) Modifícase el Artículo 3º de la Ordenanza N° 95/00, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Para toda subdivisión de parcelas con fines residenciales cuya tramitación se inicie a partir de la entrada en vigencia de esta norma, serán exigibles para el Visado del Plano de Mensura y Subdivisión los siguientes ítems:

Pre-factibilidades de Utilización del Recurso Hídrico y Disponibilidad de Cuerpo Receptor emitido por autoridad provincial competente.

Proyecto de saneamiento hidráulico aprobado por repartición provincial competente y visado por la Dirección Municipal de Hidráulica.

Proyecto vial completo, con descripción de componentes y paquete estructural, con ensayos, estudio de suelo, verificaciones acordes al flujo vehicular de diseño y composición de la carpeta de rodamiento.

Proyecto Eléctrico: Incluyendo alumbrado urbano, red de distribución en baja y media tensión.

Proyecto de red de distribución de agua potable o prefactibilídad de conexión a la red.

Proyecto de red cloacal y sistema de depuración y tratamiento de líquidos cloacales o prefactibilídad de conexión a la red.

Compromiso de provisión, ejecución de obras y, en los casos que correspondiere, se exigirán los contratos de transferencia o recompra de la red por parte de las distribuidoras o prestadoras del servicio. Las certificaciones de calidad y correcta ejecución de las obras serán exigibles para el inicio de toda y cualquier construcción civil en el loteo, al igual que el Certificado de Aptitud Hidráulica otorgado por el Organismo provincial competente.” c) Modificase el Artículo 4º de la Ordenanza N° 95/00, el que quedará redactado de la siguiente manera:”La implementación de un Barrio Cerrado o de un Club de Campo en los términos del Dto. Ley 8912/77 y sus modificatorias, estará condicionada a la aprobación Municipal y convalidación Provincial. La convalidación Provincial deberá ser formalizada mediante la presentación de la aprobación final emitida por el organismo Provincial competente.” d) Modifícase el Artículo 5º de la Ordenanza N° 95/00, el que quedará redactado de la siguiente manera:”Las propuestas de urbanizaciones cerradas que, que propongan afectar el trazado de las calles públicas, y/o sean mayores de 4 hectáreas para el área urbana o de 16 hectáreas para las áreas complementarias o rural, serán acompañadas de un estudio urbanístico referido al emprendimiento y su área de influencia que justifique su razonabilídad, su valor paisajístico, su aporte a la resolución de conflictos urbanísticos, y su impacto sobre el desarrollo económico del entorno.”

Se pone a consideración la aprobación del expediente de referencia. Se pone a consideración el rechazo del expediente de referencia. Doce a doce, voto doble rechazado el expediente de referencia.

Expediente Nº 9676-362/16 – Proyecto de Decreto: ARTICULO 1º.- Deniégase la solicitud de Adecuación y Actualización de la Normativa en Materia de Planeamiento, elevada por el Departamento Ejecutivo. ARTICULO 2º.- Pase a D.E., a sus efectos. Dada y sellada en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo Deliberante, con fecha 11 de agosto de 2016.-

El jefe comunal de Pilar brindó una extensa entrevista al portal La Política Online, del macrista Ignacio Fidanza. Se mostró preocupado por la gestión, insistió con el discurso "anti-mafia" y evitó referirse a los negocios del empresario Mateo Corvo Dolcet, detenido hace unas semanas en el bar Los Angelitos.

El distrito está convulsionado por la denuncia que involucra a Corvo Dolcet, empresario de buena llegada a la gestión de Nicolás Ducoté. A Corvo se lo investiga por lavado de dinero y por posibles vínculos con el narcotráfico. Una empresa suya, Ínsula Urbana, desarrolla emprendimientos en Pilar, que cuentan con el respaldo del alcalde de Cambiemos.

Ahora, Ducoté salió a levantar el perfil con una entrevista ultracomplaciente realizada por el portal macrista La Política Online (tiene casi una decena de publicidades oficiales). Se mostró preocupado por la desigualdad del distrito e insistió en el discurso macrista anti corrupción y anti mafias. Por supuesto, no habló del escándalo narco ni del empresario Corvo. Nadie le preguntó.

“Se jactan de hablar de lucha contra la corrupción, contra las mafias, contra el narco pero acá hicieron todo lo contrario. Es una verguenza. Hay doble discurso en Cambiemos y en el intendente Nicolás Ducoté", señaló a Primereando las Noticias el concejal por Unidad Ciudadana Juan Pablo Roldán.

Y agregó que “desde Unidad Ciudadana pedimos derogar todos los permisos comunales que el intendente le dio a esa empresa. Por otro lado, queremos que se aplique la ley del narcotráfico y que el municipio expropie las propiedades de Corvo”, concluyó.