La decisión es una clara violación de la independencia del poder judicial y deja a las fuerzas de seguridad con más poder incluso que los jueces. Aún no fue blanqueada por el poder ejecutivo en el Boletín Oficial.

Será para algunos delitos y se combinará con la ley que permite el accionar policial sin intervención del Poder Judicial. Buscan presionar al juez que investiga el asesinato de Rafael Nahuel.

La postura dialoguista del juez Gustavo Villanueva, quien investiga el asesinato del joven mapuche en la zona del Lago Mascardi el sábado pasado, no es del agrado del Gobierno nacional.

La secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado para aclarar que no participaba de la mesa de diálogo “con los ocupantes ilegales”.

Se trata de una decisión inédita. Los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía).

Fuente: Página 12

El oficialismo quiere aprobar el inicio del proceso para quitar de en medio al juez Daniel Rafecas. Será este jueves en el Consejo de la Magistratura.

Con la ayuda del presidente de la "Comisión de Disciplina y Acusación" del Consejo de la Magistratura, el diputado macrista Pablo Tonelli, quien dijo hace poco "Freiler es un juez corrupto, es un pésimo ejemplo para la sociedad", inició otro ataque a la Justicia, esta vez quieren ir por juez Daniel Rafecas.

Se trata de una denuncia presentada por la diputada oficialista Elisa Carrió, junto a otras acusaciones. El magistrado está acusado de mal desempeño en sus labores como juez, aunque no está permitido por reglamento juzgar a un magistrado por sus decisiones. Rafecas había decidido que en la denuncia de Nisman no había bases para considerar que hubo delito.

La semana pasada, "por mal desempeño en sus funciones", rodó la cabeza del camarista Eduardo Freiler, quien había denunciado que su enjuiciamiento estaba relacionado con su postura en las causas Hotesur y la denuncia Alberto Nisman por el atentado a la AMIA.

Fuente: Infonews

(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

Tras conocerse la denuncia que el Colegio de Abogados de la Ciudad y la asociación Será Justicia en el Consejo de la Magistratura contra el juez por el supuesto "cajoneo" de causas, en el día de hoy la ex esposa de su hermano, Alfredo Lijo, presentó información de una cuenta bancaria por la que habrían pasado 1,7 millón de dólares.

Según la denuncia de Carla Lago, ex esposa del hermano del juez federal Ariel Lijo, la millonaria cuenta suiza del Royal Bank of Canadá está a nombre de “The Settimo Trust”, un fideicomiso con domicilio en Auckland, Nueva Zelanda. Todos los bienes incluidos fueron cedidos a sus hijos.

Sin embargo, Alfredo Lijo aclaró que no tiene ninguna cuenta en Suiza y que todos sus bienes están declarados.

"Si yo, Alfredo Lijo, estuviera legalmente incapacitado, y durante el lapso de mi incapacidad el fiduciario autorizara la transferencia de fondos necesarios para cubrir mi mantenimiento mensual, dicha transferencia no será inferior a US$ 5000 por mes", escribió en una "carta de deseos" firmada en enero de 2015.

De acuerdo al diario La Nación, el hermano del juez fijó en esa carta las reglas para transferir los activos de The Settimo Trust a través de Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso, en caso de enfermedad o muerte.

Las presiones sobre el magistrado que se encargó de detener al ex vicepresidente Amado Boudou sin juicio ni condena –tras la denuncia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación macrista Será Justicia- recién comienzan.

Cabe destacar que Alfredo Lijo está siendo investigado por el vínculo con dos sociedades del camarista Eduardo Freiler, quien procesó a Mauricio Macri por las escuchas ilegales y hoy es sometido a juicio político. Además, su ex mujer, dijo que fue nombrada en la financiera Minning Pride a pedido de él, al tiempo que presentaron ante el Consejo de la Magistratura unos mails que involucrarían al hermano de Ariel Lijo como dueño de balnearios en Necochea, también como socio de Freiler.

Ayer, el columnista político de La Nación realizó una dura crítica por los argumentos que usó la Justicia federal para dictarles prisión preventiva a Boudou y De Vido y reveló que de esta forma los actuales miembros del gabinete corren riesgo de caer en la cárcel.

La columna de Pagni se suma a la cantinela de periodistas como Tenembaum y otros profesionales que nadie podría juzgar como demagogos, incluso algunos son allegados al oficialismo y mantuvieron o mantienen una línea crítica con el kirchnerismo.

"Hemos visto hace dos semanas a Julio De Vido entrando a la cárcel. Y ahora vimos de una forma más teatral, con una filtración aparentemente deliberada, cómo llevaban preso a Amado Boudou".

"De Vido y Boudou están presos por una doctrina establecida legalmente por la jurisprudencia que, dado el poder que tuvieron por haber sido funcionarios, podrían alterar las pruebas que servirían después en un juicio para condenarlos".

"Lo curioso es que con este criterio deberían ir presos muchos funcionarios actuales. "Es decir, el ingeniero Juan José Aranguren , ministro de Energía, que tiene varias causas judiciales -una de ellas iniciada por Elisa Carrió - ¿no está en mayores condiciones que De Vido para modificar las pruebas que podrían condenarlo?"

"¿No pasaría lo mismo con Luis Caputo, ministro de Finanzas, que también fue acusado por beneficiar con fondos de la Anses un fondo que él manejaba?".

"Lo mismo aplica para cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno y comandaba la Policía Metropolitana. ¿No estaba en condiciones de alterar las pruebas que podrían haberlo condenado por espionaje ilegal? Por supuesto que sí."

"Se ha abierto un antecedente riesgosísimo para cualquiera que haya ejercido la función pública". Los jueces usan a los corruptos kircheristas para salvaguardarse de su presunta corrupción".

En Twitter, la nota fue celebrada por Ernesto Tenembaum, Campanella, María O´Donnell y por el historiador Ezequiel Adamovsky, entre otros. Mirá los tuits y el video:

El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, entrevistado por el programa “Un poco más”. Afirmó que "en Argentina cada vez más la Justicia está condicionada por el poder político", en alusión directa a las últimas detenciones.

Entrevistado por el programa de AM 750 que conduce, Eduardo Valdés, el Premio Nobel de la Paz expresó: "Es preocupante que el Gobierno no quiera ni siquiera aceptar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Además, advirtió que "los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles".

Asimismo, Pérez Esquivel, se pronunció en defensa del estado de derecho: "Si se violan los derechos humanos la democracia se debilita", y agregó que "el estado de derecho debe privilegiarse sobre los intereses partidarios".

En relación a la detención reciente de Boudou agregó además que "tampoco el Gobierno tiene que festejar esto, como si fuera un triunfo del Gobierno".

Escuchá el audio:

https://radiocut.fm/audiocut/prensapesquivel-en-argentina-cada-vez-mas-la-justicia-esta-condicionada-por-el-poder-politico/

El director de cine Juan José Campanella compartió en su cuenta de Twitter la nota firmada por Ernesto Tenembaum que tuvo amplia repercusión.

La nota afirma que "en los casos de presos kirchneristas, la excepción pasó a ser algo habitual. Todos son apresados sin condena previa".

"Si se convalida esta seguidilla, puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito: desde ahora, podrán detener a quienes quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es Boudou. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? ¿Y entonces? ¿Quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué, en lugar de celebrar, tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar?" argumentó el periodista.

Hacia el final, Tenembaum desliza una chicana a Carrió:  "Viva la República", tuiteó hoy Carrió. ¿Seguro que esto es la República? ¿Un vicepresidente espantoso detenido por una Justicia espantosa?"

La pregunta es: ¿Qué idea de república impera en el oficialismo? ¿La de Carrió o la de Campanella? ¿Pueden convivir ambas en el seno de la misma alianza?

EL diputado nacional del Frente para Victoria, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema que benefició a genocidas responsables de delitos de lesa humanidad. “La Corte se la jugó para retroceder. Vamos a impulsar el Juicio político” señaló.

Consultado por Radio Del Plata sobre el fallo, De Pedro dijo: "Yo tengo una postura. Hay una ley de julio de 2015 que reza que no se puede condonar penas en casos de delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema falló contra esa ley. Eso es causal para un juicio político. La Corte se la jugó para retroceder, para hacer política, para hacer lo que piensa Mauricio Macri, y sus operadores en la justicia".

Al recordar el tratamiento de esa ley en la Cámara de Diputados, el dirigente del peronismo de la Provincia de Buenos Aires contó que "en la sanción de la ley de 2015 se abstuvieron Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli ellos ya vienen con esta política de impunidad, porque son los empresarios que se beneficiaron con la dictadura. El Grupo Macri comenzó la dictadura con 7 empresas y la terminó con 74. Se beneficiaron con un genocidio".

“Cuando se cantaba 'Macri vos sos la dictadura', desde algunos sectores decían que no se podía cantar eso, que era retrógrado, que Cambiemos era un partido nuevo de derecha o de centro. Bueno, son los hijos de la dictadura, los que se beneficiaron con la dictadura y funcionarios de segundas y terceras líneas de aquel entonces”, añadió.

Sobre el rol de la Corte, opinó que “esta corte viene a avalar las privatizaciones, a avalar los reclamos económicos del Correo, de las AFJP, de esos sectores que perdieron los privilegios durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Esta Corte viene a devolverle privilegios a esos sectores minoritarios que se beneficiaron con la dictadura y con el menemismo”.

Además, De Pedro opinó sobre el aval que el Senado le brindó a los pliegos de los jueces que hoy están cuestionados: "Hay una complicidad de un sector del FPV y de un sector del peronismo que votaron a estos jueces de la Corte, votaron el pago a los fondos buitre, votaron el fin de la moratoria previsional. Ellos deben hacer una autocrítica, porque se la deben al pueblo que los votó para otra cosa”.

Sobre el futuro electoral del peronismo de la provincia de Buenos Aires, De Pedro resaltó que “necesitamos construir un frente amplio opositor con dirigentes políticos que tengan la capacidad de resistir las presiones del Gobierno, los medios y un sector del Poder Judicial”.

Además, señaló que “estos dos años nos enseñaron que en las elecciones tiene que quedar claro para la sociedad que las personas que forman parte de un espacio político no sólo van a poner su nombre en una lista, sino que tienen que ser parte de un acuerdo programático. Ese tiene que ser el compromiso con la sociedad”.

Se trata del legislador de la Eduardo Costa, quien la semana pasada pidió forzar a diferentes jueces para que avances las causas contra el kirchnerismo. Mirá el video.

Legisladores del Frente Para la Victoria (FPV) denunciaron penalmente al diputado nacional de Cambiemos, Eduardo Costa, por instigar a dirigentes del radicalismo a presionar a la Justicia para que avance en causas judiciales contra el kirchnerismo.

El día 27 de marzo pasado, se difundió a través de medios de comunicación masiva, un video de una reunión encabezada por el Diputado por la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, Costa, en el que el legislador reconoció sin vacilaciones que “Estamos presionando a la justicia” para que avance en causas judiciales contra el kirchnerismo.

Asimismo, en el mismo se puede ver como el diputado santacruceño arengó a los dirigentes de su partido a sumarse a ese accionar para presionar a la justicia “en cada uno de los lugares”.

Según la denuncia que lleva las firmas de los diputados y diputadas del FPV Carlos Julio Moreno, Juan Cabandié y María Teresa García, el dirigente de Cambiemos desarrolló –prima facie- las conductas tipificadas en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 248 (abuso de autoridad) y 256 bis (tráfico de influencias agravado por ser dirigido a miembros del Poder Judicial), todos del Código Penal.

La líder de la Coalición Cívica e integrante de Cambiemos, Elisa Carrió, fustigó duramente al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y lo responsabilizó por el fallo que perjudica a la jueza María Servini.

En una carta enviada a Mauricio Macri, la integrante de Cambiemos, Lilita Carrió, señalo al Presidente de la Corte Suprema como responsable de perjudicar a la jueza María Servini por el fallo que ratificó el límite de 75 años para los magistrados. Además, sostuvo que la jueza está "sufriendo chicanas judiciales" para que no investigue más a Lorenzetti.

En la carta enviada al presidente Macri, la diputada Carrió alega que la decisión del Presidente del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti, de ratificar la edad límite para los jueces en 75 años, va en contra de los magistrados Servini y Leopoldo Schiffrin.

Con respecto a la jueza María Servini, la diputada de Cambiemos manifiesta que "es la única magistrada en todo el país que tiene abiertas investigaciones en las que está involucrado" Lorenzetti, y añadió que todas las causas "fueron cerradas, menos las que tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 a cargo de Servini".

Carrió atribuye "razones de lo más espurias" de Lorenzetti para avanzar con el fallo, y en ese sentido afirmó: "Es muy grave que una de las pocas juezas que investiga un paradigma del narcotráfico de la última década, como fue el desvío de efedrina para el mercado narco, esté recibiendo estos planteos judiciales que pueden ser la prueba de ensayo para planteos que en el futuro cercano pueda hacer la defensa del doctor Ricardo Lorenzetti".

Asimismo Carrió, marcó que Lorenzetti Servini "está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado".

"Todo manejado sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el presidente de la Corte, quienes están en puestos claves que contradicen la república que queremos construir", culminó la diputada Elisa Carrió.