Tras destaparse la olla por el escándalo sobre los aportantes falsos de Cambiemos, la mandataria bonaerense, al ser la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, se encuentra al frente de la turbia maniobra y además se la acusa de robo de identidad y lavado de dinero.
En las últimas horas se conoció que la alta funcionaria macrista contrató de manera irregular a una consultora del PRO por un millón de pesos al año. Las maniobras del oficialismo para ocultar un nuevo escándalo.
Fue declarado culpable por la Justicia de Santa Fe y no podrá ejercer cargos públicos por seis meses. Es por irregularidades en los gastos de campaña de 2011.
El ex candidato a Intendente de Ituzaingó por Cambiemos brindó detalles sobre el blanqueo millonario que organizó el PRO en la campaña presidencial 2015. Jorge Macri, Santilli, Vidal y Salvai como los organizadores del escándalo de los aportantes falsos.
Es por el escándalo en las irregularidades en el financiamiento electoral del oficialismo, donde unas 400 personas figuran como aportantes sin saberlo. Investigan al tesorero y a los responsables financieros de la campaña.
Se trata del miembro de la Cámara Baja Daniel Lipovetzky, quien además de ser un hombre del riñón del jefe de Gabinete Marcos Peña, designó como asesora a su joven amante. Mirá las fotos.
Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, la inflación subió más del 100%. En su peor momento, la administración bonaerense anunció un sistema de monitoreo de precios. Una metodología que Vidal criticaba frente a empresarios amigos. Mirá el video de archivo.
(por Andrés Fidanza) Aunque no haya existido llamado, lobby o sugerencia alguna, la buena estrella repentina de Farmacity marca los límites de una ilusión: la independencia plena de poderes. O mejor dicho: la fantasía de que los ex CEOs, empresarios y campeones de las finanzas no arrastren su agenda y su mirada del mundo, una vez que ocupen el poder político. El conflicto de intereses se abre paso, aunque los funcionarios macristas lo eludan, de forma genuina o sobreactuada. Y así se convierte en un sello de agua del ciclo cambiemita. En ese contexto, el ascenso de Farmacity es una metáfora de ese capitalismo serio y moderno, y que aprovecha cada uno de los atajos que se le presentan.
Fundado por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el tanque farmacéutico (un mini-shopping, en realidad) quedó a un paso de alcanzar dos viejos objetivos: desembarcar en la provincia de Buenos Aires y ganar una pulseada histórica contra los poderosos laboratorios locales (Roemmers a la cabeza, archi-enemigo de Quintana) y contra las farmacias de barrio.
Lo que Quintana no consiguió desde el poder empresario, lo está por lograr a control remoto desde su oficina en Casa Rosada. Mario de Mataderos se jacta de ser el único CEO que se hizo de abajo. Al mando del Grupo Pegasus, fundó y presidió Farmacity. También libró peleas jurídicas para que le habiliten su expansión. En 2010, contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados.
El bufete del actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, lo representó en la cruzada que hace unos meses llegó a la Corte: la supuesta inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que considera a la actividad farmacéutica como un servicio público. Pero su planteo fue desestimado en primera instancia, después por la cámara y por la Suprema Corte provincial.
Tras ese triple rechazo, ya con Cambiemos en el gobierno, Farmacity presentó un recurso en queja. Así consiguió que la Corte nacional tomara el caso. Días atrás, se anotó otro golcito: la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, consideró inconstitucional aquella ley provincial. Ese fallo se suma a otra decisión reciente del procurador interino, también favorable para el macrismo: la de correr al fiscal que investigaba el arreglo entre el Estado y el Correo Argentino.
La resolución sobre Farmacity, sin embargo, no es vinculante. La Corte la tomará como una referencia. El caso a su vez le permitirá a Ricardo Lorenzetti recuperar parte del liderazgo perdido. O al menos diluido, tras la asunción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ambos supremos, nombrados por Mauricio Macri, se excusaron en la causa a raíz de sus vínculos con la empresa.
Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco no tendrán plazos fijos para decidir. El olfato y pulso de Lorenzetti serán decisivos, en el contexto de un vínculo cada vez más zigzagueante entre el gobierno y el presidente de la Corte.
Con pronóstico todavía más favorable, Farmacity acaba de conseguir otro guiño a pedir de sus intereses. Llegó desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Comercio, que la dio la razón en primera instancia a su queja monetaria.
Se trata de un reclamo empezado en 2012 por Quintana. Congelado en tiempos kirchneristas, la CNDC reactivó el año pasado la denuncia por supuestas prácticas discriminatorias entre los laboratorios, las cámaras farmaceúticas y PAMI. Según el planteo, la maniobra apunta a correr a Farmacity del acuerdo de venta de medicamentos con descuento a los afiliados.
El 9 de noviembre pasado, la CNDC decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas denunciadas. Con un detalle: excluyó del fallo a los laboratorios, que ahora se mantienen en silencio absoluto. En 2013, Quintana le había apuntado directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, protestó entonces.
El sistema objetado por Farmacity distingue en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: por ejemplo, una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio al afiliado de PAMI, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%. Y las cámaras son las que deciden. Dentro de ese panorama, los locales de Farmacity (no todos: hay más de 60 que ni siquiera accedieron a vender medicamentos vía PAMI) son uno de los que más aportan: más de 22 puntos.
“La Comisión de Defensa de la Competencia no quiere investigar si hubo una conducta anticompetitiva que perjudicó a Farmacity, sino que ya tiene la decisión tomada de sancionar a la COFA a pedido de aquella”, detalla una presentación hecha la semana pasada por COFA. Y a su vez exige la suspensión de ese especie de juicio que se realiza en la CNDC, dependiente del secretario Miguel Braun.
La Confederación objetó que Defensa de la Competencia rechazara gran parte de las pruebas que había pedido. También exigió la recusación de una perito de la CNDC, por supuesto sesgo en favor de Farmacity.
Mientras tanto, tras casi dos años y medio en el poder, Quintana anunció que venderá las acciones que aún tiene de la cadena (alrededor de un 3%). En caso de ganar alguna o ambas peleas, Farmacity multiplicará su valor.
Antes de la puja actual por entrar al territorio de María Eugenia Vidal, Farmacity tuvo que sortear algunas trabas para asentarse en la Capital. Las farmacias objetaban su condición ventajosa de cadena polirubro. Pero en 2014 un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldó la discusión. Desde ese momento, la empresa fundada por Quintana sigue vendiendo tanto remedios, como artículos de limpieza, golosinas, café y galletas.
La Procuración General de la Nación dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Farmacias, vigente desde 1987. El planteo lo inició en 2012 el actual Vicejefe de Gabinete y ex Ceo de la multinacional, Mario Quintana. La Corte Suprema debe definir el pleito judicial.
El dictamen del Procurador interino, Eduardo Casal, establece que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional. Con este polémico fallo, que contradice a la justicia bonaerense que en reiteradas ocasiones rechazó el planteo de Farmacity, se abren las puertas para el desembarco de la multinacional fundada por uno de los hombres más cercanos al presidente Mauricio Macri.
La medida que beneficia a la cadena generó el rechazo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. “La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud pública y nuestro poder judicial ya lo hizo” sostuvo su presidenta, Isabel Reinoso, en diálogo con Primereando y agregó que el “fallo es bochornoso desde el punto de vista jurídico y fue promovido a medida de esta empresa cercana a los funcionarios nacionales”.
El artículo 14 de ley que el Procurador declaró inconstitucional permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales, al tiempo que prohíbe las sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity.
Desde los bloques opositores de la Legislatura bonaerense también se sumaron a las críticas por el polémico fallo. “Con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías a la Provincia” expresaron desde el bloque de Unidad Ciudadana en el Senado. Al tiempo que advirtieron que “permite al amigo de Macri expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país. Esta decisión le asegura un negocio de ganancias multimillonarias”.
Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, consideró que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presiones del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema que se debe expedir sobre el tema”. Y exigió que “se respete la ley. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”.
Tras este nuevo capítulo de la batalla judicial iniciada por Farmacity para operar en la Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si permite la expansión de un negocio millonario que puede perjudicar el acceso a la salud pública de los millones de bonaerenses.
