Estos dos nombres son los que aventajan al resto como candidatos en las listas de Cambiemos para la elección del 2017. Si bien Manes no es un hombre que proviene de la política, llegó a la provincia de la mano de la gobernadora y junto a Jorge Macri constituirían una formula netamente PRO.

Ya se empieza a delinear una estrategia desde el Gobierno de cara a las elecciones del próximo año y en ese sentido comienzan a sonar cada vez más fuertes algunos nombres. Tal es el caso del neurocirujano Facundo Manes y el del intendente de Vicente López, dos nombres que son puramente del PRO y que responden a la estrategia de Mauricio Macri de poner a los suyos en puestos claves o encabezando las listas.

Recordemos que Facundo Manes forma parte del gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal, y todo indica que puede ser cabeza de lista tanto en senadores como en diputados de la provincia de Buenos Aires.

En una reciente entrevista a “La Tecla” el Jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, evidenció que están intentando convencer a Manes y en tal sentido manifestó que “ojalá tenga esa aparición (de ser candidato), es una persona muy valiosa, que podría aportar muchísimo”.

El otro candidato del que se habla es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que ya hace un buen tiempo empezó a recorrer la provincia para dejar en claro que no se va a bajar de la pelea. Atrás quedaron las disputas con Elisa Carrió que en un primer momento amago con disputarle a Macri pero finalmente desistió, aunque en política nunca se sabe y menos cuando se trata de Lilita.

Tras el escándalo de los Panamá Papers ahora el Presidente vuelve a estar involucrado en casi una treintena de empresas fantasmas. En la lista figuran también otros funcionarios de Cambiemos, incluidos familiares del mandatario y hasta el propio hijo del ex jefe de Estado Fernando De la Rúa. Algunas sociedades se fundaron el año que comenzó la última dictadura cívico-militar.

En el mundo político que rodea a Cambiemos todo tiene un por qué oscuro. En medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, revelaron unas nuevas 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios del macrismo.

La denuncia fue realizada por el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Darío Martínez, quien aseguró que “hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”.

Precisamente el pasado 29 de noviembre Mauricio Macri firmó el decreto 1206/16 por medio del cual se les permite a funcionarios del Estado presentarse al blanqueo de capitales, declaración de la cual habían quedado exentos. Dada esta situación, desde la oposición denunciaron penalmente al presidente acusándolo del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por permitir que familiares directos sean aceptados dentro de la moratoria.

Pero lo más escandaloso para el presidente vuelve a reflotar el fantasma de Panamá Papers. Es que las 29 sociedades denunciadas del Grupo Macri fueron creadas a partir de 1976, año que instauraría la dictadura más sangrienta en la historia del país.

La primera empresa en conformarse fue Fracsocma Internacional SA, con el propio padre del presidente, Franco Macri, a la cabeza. La última fue el año pasado, Danae Alliance Company SA, cuyo presidente es Doménico Cappelli, un histórico colaborador de la familia presidencial en la corporación empresarial, según indica el diario Hoy.

Es por ello que Martínez cuestionó que “seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito, que cualquier persona puede tener una, que hay una confusión de nombres y que, jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”.

Además del presidente, funcionarios ligados al macrismo también aparecen en la extensa lista de sociedades offshore. Uno de ellos es el miembro del grupo empresario y extesorero de Boca Juniors durante la gestión de Macri, Orlando Salvestrini, presente en los directorios de Lorela SA, Grandberry Inc., Omexil SA, y Niagara Holding Corp.

Lo mismo ocurre con el hermano del presidente, Gianfranco Macri, quien figura en las empresas Kagemusha SA, Joy B28 Corp., Le Mare A18 Corp., Serenity C44 Corp., Yoo H45 Corp., Office One G11 Corp., Inmobiliaria de Negocios Corp., y XG Patagonia Corp. Dentro de los directorios de estas firmas aparecen también su esposa, Eliana Andrea Badessich y su hija Gianina.

Pero la lista de funcionarios PRO que buscan evadir impuestos es mucho más extensa. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, uno de los principales responsables del ajuste y los despidos masivos en la cartera que conduce, figura al frente de la sociedad Kalushy SA.

Por su parte, el diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolf, aparece nombrado en el directorio de Massparking C.A. SA., de la misma manera que lo hacen el diputado bonaerense por Cambiemos, Daniel Ivoskus, al frente de la empresa Paralelo Cero SA; el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Daniel Chain, en la empresa Intellect Usa Inc; y el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con La Veneziana Corp.

Además, se encuentran con distintas empresas Párrafo aparte se merece el director artístico del Teatro Colón y exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, quien aparece en la offshore Supernova Productions Inc., con la novedad de que en su directorio también aparece Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

El empresario y amigo de la infancia de Macri en el club Newmann, Nicolás Caputo, se encuentra al frente de la firma MB 2014 LLC. También amigo del presidente, operador del macrismo en los Tribunales de Comodoro Py y quien maneja una gran porción de los bingos, es el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, quien figura en la compañía Corbalan Services Inc.

El Grupo Macri todavía intenta escapar de la exposición que produjo el escándalo de Panamá Papers, y ahora nuevas sociedades offshore vuelven a evidenciar lo que nadie quiere reconocer dentro del gobierno nacional. Mientras, el presidente decreta que sus familiares y amigos puedan ingresar al blanqueo de capitales, ante la desesperación de las nuevas empresas fantasmas que siguen aflorando y desmienten a más y más funcionarios de Cambiemos.

Marcos Peña, furioso por la media sanción de Ganancias disparó con munición gruesa. El jefe de Gabinete de la Nación se despachó contra el arco opositor y en especial con el líder del Frente Renovador, a quien acusó de ser “lo menos confiable de la política argentina”.

No sé si me sorprende lo que sucedió en el Congreso. Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino” disparó un molesto Marcos Peña, acusando el impacto que provocó en el gobierno nacional el dictamen consensuado por todo el arco opositor para modificar el gravamen a los salarios más altos que obtuvo media sanción de los diputados.

“Haber hecho un proyecto mentiroso e irresponsable habla más de ellos que de nosotros" agregó y aseguró que “Massa se había comprometido con el Presidente (Mauricio Macri) y con nosotros a no perjudicar el costo fiscal”.

“La situación fiscal es delicada. También me sorprenden muchos gobernadores, que están preocupados porque no llegan a fin de mes y ayer acompañaron una votación que genera un enorme perjuicio al fisco” englobó el funcionario, en declaraciones a InfobaeTV.

El jefe de Gabinete también le apuntó sus dardos a los legisladores del kirchnerismo: “Fueron ellos los que gobernaron los últimos años, fueron funcionarios de Cristina (Kirchner). No hicieron nada por modificar Ganancias y ahora toman de tonta a la gente con una retórica fácil”, fustigó.

Por último, su blanco fue la líder del GEN Margarita Stolbizer, como Massa una dirigente con la que el gobierno tiene diálogo: "Me llama la atención verla votando junto a Julio De Vido" la chicaneó.

El proyecto de ley que reforma el Impuesto a las Ganancias con una suba del mínimo no imponible del 40 por ciento y una actualización de escalas obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con el acompañamiento de un heterogéneo arco opositor conformado por los bloques de origen peronista -FpV, massismo, justicialismo, Movimiento Evita-, más Libres del Sur, GEN y los que responden a los gobernadores Mario Das Neves y Carlos Verna.

El proyecto se aprobó en Diputados con 227 votos y el rechazo del legislador salteño del PRO, recordado por su campera amarilla y sus comentarios homofóbicos. Además acusó a las organizaciones sociales de fomentar la "vagancia".

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que prorroga la Emergencia Social hasta diciembre de 2019 tras un acuerdo político sellado entre diputados y senadores con más de 40 organizaciones sociales.

La iniciativa que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato del presidente Mauricio Macri fue sancionada con 227 votos a favor, sólo uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda.

La norma que prevé la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", como así también el "Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)" y la destinación de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones, tuvo una particular interpretación de Olmedo.

El polémico diputado de la campera amarilla, las publinotas con Niembro y los comentarios homofóbicos, criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales "hacen cola para cobrar por no hacer nada".

Además, el salteño le pidió a sus pares en la Cámara que "paren la mano, prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia".

Haciendo valer su mayoría, la oposición recortó la lista de oradores y votó antes de los previsto un proyecto consensuado. Ahora pasará al Senado. Desde la Rosada ya evalúan la carta del veto.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la oposición para reformar al impuesto a las Ganancias, luego de que fracasara el tratamiento del dictamen de mayoría defendido por el oficialismo.

Con 140 votos positivos, 86 negativos y 7 abstenciones, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado la iniciativa presentada por el kirchnerismo que prevé una suba del mínimo no imponible de alrededor del 40 por ciento de este umbral, llevándolo a 33.500 pesos en bruto para solteros y 44.000 pesos para casados con dos hijos, a la vez que grava los juegos de azar, la renta financiero, las mineras y a los nuevos magistrados.

Previamente se había sometido a votación el dictamen de mayoría del oficialismo, que resultó rechazado con 144 votos por la negativa y sólo 88 positivos, además de 4 abstenciones.

Ahora, el Senado deberá definir si sanciona esta iniciativa impulsada por el peronismo en su conjunto, dado que el costo fiscal será compartido por el Estado y las provincias en caso de que la AFIP no pueda recaudar con los nuevos impuestos los fondos necesarios para solventar este fuerte aumento del mínimo no imponible de la cuarta categoría.

En el nuevo proyecto se mantienen las deducciones por hijo menor de 18 años, cónyuge, seguro de vida, empleadas domesticas, intereses de créditos hipotecarios y se agregan algunas nuevas como la posibilidad de descargar hasta un monto alquileres de vivienda y educación, solo si no hay oferta pública.

En cuanto a los alquileres, el dictamen que se aprobó establece que se podrá deducir hasta 48.666 por año, es decir 4.000 pesos por mes siempre y cuando se trate de vivienda única.

Otro punto central es que se elimina la aplicación del gravamen de ganancias sobre el aguinaldo de los sueldos más bajos. En tanto los jubilados también verán disminuida la imposición de ganancias.

También en el dictamen aprobado con el apoyo de los bloques opositores se duplica el monto de facturación permitido a los monotributistas, con lo cual se podrá pertenecer a este régimen simplificado emitiendo facturas por hasta 800.000 pesos anuales, desde los 400.000 pesos en la actualidad, monto que no se corrige desde hace más de tres años.

Otro punto incorporado por el kirchnerismo es que paguen ganancias los nuevos magistrados del Poder Judicial que sean nombrados desde el 2017.

Estos cambios que generarían un costo fiscal de 65.000 millones de pesos se solventarán con 27.000 millones de pesos contemplados en el presupuesto y con la reposición de las retenciones a la minería eliminadas cuando asumió Mauricio Macri, con el fin de recaudar 5.000 millones de pesos adicionales.

Además, se grava con una tasa del 10 por ciento los plazos fijos superiores a 1.5 millón de pesos, Lebacs y ganancias de capital e interés para otros activos financieros cuando el beneficio supere los 300.000 pesos.

Otro punto es que se grava en un 7,5% a las apuestas online y un 10% a las máquinas de juego sobre su valor.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, quien defendió la iniciativa del dictamen de mayoría y fustigó a la oposición al afirmar que "se quieren llevar por delante a un gobierno con una reforma que no hicieron durante doce años".

Laspina fue durísimo con la propuesta opositora al señalar que "se quieren llevar por delante al gobierno nacional desfinanciado a la Nación y a las provincias con una reforma que no hicieron durante doce años".

Por su parte, el ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof dijo que la propuesta consensuada de la oposición apunta a que el gravamen "solo alcance al 10 por ciento de los trabajadores" y cuestionó al gobierno "que se mostró generoso con los sectores concentrados de la economía en lugar de cumplir con la reforma electoral".

Kicillof convocó a votar este proyecto porque se "va a reactivar el consumo y con eso la economía y este es el principio que aplicó nuestro gobierno".

En tanto, el diputado massista y economista Marco Lavagna aseguró que la iniciativa consensuada en la oposición "apuesta a evitar que más trabajadores paguen el impuesto a las ganancias" y destacó que es un proyecto "responsable porque garantiza que las provincias no sufran desfinanciamiento".

Señaló que "buscamos siempre alcanzar un consenso con la oposición pero eso no fue posible" y pidió a los gobernadores que "se queden tranquilos que este proyecto porque el costo fiscal se garantiza con los impuestos que hemos incorporado a la renta financiera, al juego y se han repuesto las retenciones mineras".

Dijo que esta iniciativa también implicará "un alivio fiscal muy considerable para la clase media trabajadora, que va a volcar estos recursos al consumo".

Desde fuera del Congreso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, instó a los legisladores a actuar "con responsabilidad para que tanto el Estado nacional como los estados provinciales no se desfinancien y tengan garantizados los recursos para seguir con sus prestaciones".

En tanto, el presidente del bloque justicialista, Oscar Romero, criticó con dureza a Laspina al afirmar que "no vamos aceptar que nos digan que nos queremos llevar puesto al gobierno cuando siempre estuvimos dispuestos a garantizar la gobernabilidad".

La protesta nació como repudio a la decisión del jefe comunal de trasladar por la fuerza a la feria de Villa Podestá y por la instalación de un destacamento policial en la localidad de Punta Arenas.

El bocinazo se realizó hoy a las 14 horas. La medida de fuerza se consensuó en una asamblea de vecinos de Villa Podesta y personas que trabajan en la Feria de esa localidad.

Prácticamente desde que asumió la intendencia , Néstor Grindetti atravesó por varios escándalos de corrupción por su vinculación en los Panamá papers y una orden de búsqueda de la Interpool. Además de fuertes cuestionamientos vecinales por el estado de abandono que se encuentra Lanús.

Por eso la protesta que se realizó hoy también fue contra la gestión local de Cambiemos. La protesta unifica el reclamo de los feriantes, así como el de vecinos que se oponen a que en el lugar donde funcionaba la feria se instale un destacamento de la Policía Federal.

El recorrido definido por los vecinos en asamblea se da en el trayecto que va desde el Puente Arenas hasta la estación de Lanús.

Vale destacar que la tradicional feria se encontraba hasta hace poco más de un mes bajo el Puente Arenas, a metros de las vías. Por decisión inconsulta del Municipio de Lanús, los feriantes fueron corridos a nueve cuadras de ese lugar.

Mientras que desde el Gobierno y sus principales respaldos mediáticos salieron a hablar de una manipulación del kirchnerismo de las pruebas PISA, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, sostuvo que se realizó una investigación y se trató de fallas de metodología sin "animosidad".

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionó al Gobierno de Cristina Kirchner por la exclusión de Argentina de las pruebas PISA 2015, que mide los estándares de calidad educativa pero, a diferencia del resto de la gestión de Cambiemos, descartó que haya existido "animosidad" para fraguar los resultados.

El ranking PISA es elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años y la exclusión de Argentina se debió a que la muestra que se envió fue "demasiado pequeña para garantizar la comparación", según indica el informe de la OCDE.

Bullrich afirmó en una conferencia de prensa que "la razón de la exclusión de la Argentina tiene que ver con fallas graves en la metodología de la confección de la muestra", y contó que el Gobierno intentó evitar la exclusión del ranking pero "dos organismos independientes ratificaron la opinión de la OCDE".

"Esto se parece más a ese país que no tenía compromiso con las estadísticas y con la verdad, el país del Indec que publicaba una inflación que no era real", cuestionó el ministro.

Pero luego matizó las críticas y aseguró que "no hubo animosidad" del gobierno anterior para fraguar los resultados y ocultar la situación de la educación. "La falla fue que había que enviar una población de 13.280 escuelas y faltaron 3.096", explicó Bullrich, que habló de "incompetencia" de los funcionarios.

"Hemos hecho toda la investigación dentro del Ministerio y repito no hubo animosidad. Las escuelas no son de una región específica, es generalizado", insistió el funcionario macrista,

A pesar de la investigación realizada en el Ministerio, hoy los principales diarios del país hablaron de intencionalidad de la gestión kirchnerista, incluso cuando las principales fuentes lo desmientan.

Consultado sobre si hubo una investigación interna para determinar si hubo alguna intencionalidad política para perjudicar al país, lo descartó. "Lo hicimos y no encontramos motivos. Las escuelas que no están en la muestra no son seleccionadas, fueron al azar. Esto muestra que no hubo específica voluntad de afectar el resultado", detalló Bullrich.

"Aquí el cuestionamiento no es a la educación pública sino al funcionamiento del Gobierno y a los funcionarios públicos. El cuestionamiento es a cómo se construyó la muestra, al gobierno que construyó la muestra", aclaró Bullrich, que ratificó que Argentina será parte del próximo ranking, en el año 2018.

Así quedó establecido a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial. Dicen que se trata "de una estrategia financiera integral" para este año. Argentina es el país que más deuda ha emitido en 2016 entre los países emergentes.

El Gobierno dispuso este martes ampliar dos emisiones de Letras del Tesoro por un monto global de 468,3 millones de dólares, que habían sido lanzadas en agosto y noviembre últimos.

Así quedó establecido a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, "en el marco de una estrategia financiera integral" para este año.

Una de las Letras fue ampliada en 202 millones de dólares y había sido emitida originalmente en agosto último, con vencimiento el 8 de mayo de 2017.

El otro de los títulos de deuda fue ampliado en 266.303.265 millones de dólares -había sido emitido originalmente el 30 de noviembre último- y tendrá vencimiento el 20 de marzo de 2017.

Ambas Letras serán colocadas en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con la resolución.

El alto nivel de endeudamiento fue advertido en la últimas horas por el economista heterodoxo Arnaldo Bocco. “Argentina es el país que más deuda ha emitido en 2016 entre los países emergentes y coloca al país en una situación de mucha vulnerabilidad”, explicó.

Para Bocco el Gobierno está endeudando al país en unos 200 millones de dólares por día promedio, lo que representa unos 9.000 pesos mensuales por cada familia y agregó que esto “presagia situaciones que la Argentina ya vivió”.

El docente universitario y exdirector del Banco Central expresó que la emisión de deuda externa se convirtió en un “pilar” de la política macroeconómica de la alianza Cambiemos, lo cual es “peligroso a futuro”.

El diputado nacional Tailhade solicitó investigar por irregular la compra, por parte del Estado, de un video de sólo 4 minutos por el que se le pagó a la productora La Cornisa 960 mil pesos.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó hoy una denuncia penal ante la Justicia Federal por la polémica compra realizada por parte de la secretaría de Medios, que comanda Hernán Lombardi, a la productora La Cornisa, perteneciente al empresario Luis Majul.

Se trata de un breve video, de tan sólo 4 minutos, por el que se pagó cerca de un millón de pesos.

El legislador del Frente Para la Victoria solicitó abrir una investigación en perjuicio del conductor televisivo y dueño de La Cornisa Producciones, el titular de la Secretaría de Medios Públicos, y de los posibles funcionarios involucrados en la irregular contratación por "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles". La demanda recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 2, a cargo de Sebastián Ramos.

En este sentido, Tailhade describe que la compra de "los derechos del video", tal como describió Lombardi, es cuanto mínimo "llamativo", dado que la productora de Luis Majul ya había recibido un subsidio no reembolsable de Santa Fe para llevar a ese distrito la muestra completa y no sólo video "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino", a cambio de unos trescientos mil pesos ($300.000), lo que representaría un tercio de lo que percibió por el corto, que es parte de la exhibición en cuestión.

Además, en escrito presentado, dado a conocer por el portal El Destape, el diputado resalta que "la cronología de las relaciones políticas y económicas de Luis Majul con el actual gobierno distan de la vinculación al recientemente estrenado film que Lombardi invoca", y asegura que el empresario de medios, entre 2008 y 2014, recibió "más de 300 contrataciones por casi 14 millones de pesos" por parte del gobierno porteño, de las cuales "algunas de ellas" se dieron "de manera directa, sin licitación, para la realización de eventos y servicios de distribución de folletería".

Es por esto que el legislador solicitó "establecer si el pago en cuestión no está asociado a otro tipo de contraprestaciones comunicacionales del principal beneficiario de esta contratación", dado que, entiende, Majul es un "periodista de alto reconocimiento, formador de opinión pública y analista permanente de la política nacional".

Diversas cooperativas denunciaron irregularidades por parte de la Dirección de Economía Social, acción cooperativa y empleo de Quilmes, a cargo de Leandro Díaz. Entre otros hechos, encontraron el caso de un cooperativista fallecido que sigue firmando y cobrando.

El pasado viernes la CGT y diversas cooperativas que responden al área de Empleo de Quilmes, se reunieron con el Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación para informarle sobre las denuncias que realizaron ante la Justicia por irregularidades en la cartera municipal.

Entre las irregularidades denunciadas, que relató el portal Con Los Pies en Barro, apareció el caso de un hombre fallecido en agosto de 2016, Orlando Jesús Meza, que “sigue firmando y cobrando”.

Según Soledad, trabajadora municipal dada de baja recientemente, “eso lo verificó el Ministerio de Desarrollo Social”. Las pruebas se encuentran en poder de la Justicia Federal por falsificación de documento público.

Entre el material de denuncia se encuentra el acta de defunción del hombre fallecido el 19 de agosto de 2016 y las planillas de la Dirección de Empleo con fechas posteriores donde el hombre en cuestión seguía

“firmando”.

Tanto por las irregularidades en los pagos, como por el caso del fallecido que sigue cobrando, como por amenazas recibidas, los cooperativistas presentaron las denuncias con pruebas ante el Ministerio de Trabajo de Nación, en Desarrollo Social de Nación, en la Fiscalía local y en la Federal, por lo que fueron recibidos por el segundo de la Ministra Carolina Stanley.