El presidente Mauricio Macri sigue cumpliendo al pie de la letra el pedido de los polémicos editoriales de La Nación. Tanto como recibir a familiares de represores, como incluir un desfile militar en los festejos patrios y darles más poder a los militares. Estos tres puntos fueron solicitados desde las columnas del diario donde se reivindica la sangrienta última dictadura en el país, consignó hoy El Destape.

En su plan de darles más poder a los militares, ya cumplió con darles mayor presupuesto y ahora está en marcha un plan secreto para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad interior. Así lo reveló hoy un informe del diario Tiempo Argentino.

Funcionarios del ministerio de Defensa trabajan en secreto en una norma que permitirá a los militares realizar tareas contra delitos transnacionales. "El proyecto es manipulado en secreto por funcionarios de la cartera que responden al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras", afirma el informe.

"La idea es presentar el proyecto en el segundo semestre", afirmó una fuente del Ministerio a ese diario. "Pero la presentación en sociedad dependerá de que se pueda instalar fuerte en la población y la política la necesidad de la ley. ¿Cómo ocurrirá eso? Simple: con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad". Así de claro fue el funcionario sobre este tema.

La idea final sería "dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para que puedan realizar tareas de inteligencia y seguridad doméstica".

Pasado el "ruidazo" contra los aumentos de los servicios, la consultora Analogías realizó un sondeo sobre el impacto del mismo. En base a un universo de 2000 casos en los 24 partidos del primer y segundo cordón del conurbano de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el 76,8% de los enuestados se manifestó muy de acuerdo o de acuerdo con la medida de protesta.

Miles de manifestantes protagonizaron el jueves último un ruidazo en diferentes barrios del Conurbano bonaerense, de Capital Federal y ciudades de todo el país en rechazo al "tarifazo" en los servicios de agua, luz y gas, en lo que constituyó la primera protesta masiva en contra del Gobierno de Mauricio Macri.

De este modo, parte de quienes estuvieron a favor del cacerolazo, forman parte del electorado de Cambiemos. En el caso de los votantes del Frente para la Victoria y PJ, el apoyo al ruidazo sube al 89%.

Por otro lado, el sondeo demostró que "los niveles de aprobación de la medida presentan gran regularidad territorial, y un mayor énfasis entre los consultados hasta 44 años y entre los sectores más humildes".

Consultados por la actitud que debe tomar la Corte Suprema de Justicia frente a los tarifazos, el 67,1% sostuvo que debe anularlos, un 8,5% que no debe pronunciarse, un 5,2% que debe permitir los aumentos, y un 19% no supo responder. En cuanto a cuál esperan que sea finalmente la decisión del máximo tribunal de Justicia, un 42,7% consideró que el máximo tribunal de Justicia va a anularlos, mientras que un 17,2% cree que va a permitirlos y un 15,4% que no se pronunciará.

También indagaron sobre la imagen del presidente Mauricio Macri y revelaron que "La desaprobación crece entre los sectores más humildes, y en el sur y el oeste del conurbano bonaerense; Macri presenta mayor aceptación en la zona norte del conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires".

En cuanto a la edad, "en la franja de 30 a 44 años su desaprobación pasa el promedio general en 5 puntos, alcanzando el 56,5%, y un diferencial negativo de 15 puntos. En contraste, entre los mayores de 60 años Macri presenta un diferencial de evaluación positivo de 13 puntos".

La figura de Juan José Aranguren, ministro de Energía, también fue sondeada pero el resultado fue aún más contundente. Su imagen negativa alcanza el 70%.

Los concejales del oficialista Cambiemos, en el Consejo Deliberantes de La Matanza, votaron cuatro proyectos impulsados por el bloque del Frente Para la Victoria (FPV), que luego fueron aprobados por unanimidad.

Los proyectos aprobados consisten en repudiar la agresión a los trabajadores de Tiempo Argentino, al decreto presidencial que da más poder a las Fuerzas Armadas, una condena al tarifazo y el “beneplácito por nieto recuperado Nº 120”.

Fuentes allegadas a Primereando del Consejo Deliberantes matancero indicaron que cuando se discutían los proyectos, algunos concejales del PRO pidieron la palabra y aportaban propuestas.

El concejal y presidente del bloque Cambiemos-UNA, Abraham "Toto" Delgado manifestó que le preocupaba la situación de los trabajadores de Tiempo Argentino; mientras que su homologo Miguel Calvete reconoció que tanto los despidos masivos en el sector público y privado, como el tarifazo fueron dos errores serios de la gestión de gobierno de Mauricio Macri durante este primer semestre.

Cabe destacar que de los cuatro proyectos fueron presentados, en el Consejo Deliberantes, por los concejales del FPV Miguel Bampini y Adrian Pagani y que de la sesión participaron trabajadores de Tiempo Argentino y miembros de la agrupación HIJOS Matanza.

La acción de estos ediles del oficialismo en el Consejo Deliberantes de La Matanza llama la atención a propios y ajenos, ya que los funcionarios o dirigentes de Cambiemos a nivel nacional evalúan y aprueban el tarifazo o la agresión a los trabajadores de Tiempo Argentino, sólo para nombrar algunos, pero en los municipios lo condenan.

El juez federal Sebastián Casanello solicitó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le remita el informe sobre las presuntas inconsistencias detectadas tras comparar las declaraciones juradas que el presidente Mauricio Macri presentó cuando era candidato y todavía jefe de Gobierno de la Ciudad.

El pedido se produjo luego de que el diario La Nación informara que "los números del patrimonio del presidente Mauricio Macri son inconsistentes y contradictorios", de acuerdo acuerdo a un informe de la Procelac elaborado al comparar dos declaraciones del mandatario correspondientes al 2014.

El magistrado que investiga al jefe de Estado por un denuncia presentada tras las revelaciones surgidas de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers cursó este mediodía el pedido a la Procelac a través de un oficio que también envió por fax, según informaron a Télam fuentes judiciales.

A fin de junio, el juez Casanello había pedido al gobierno de la Ciudad de Buenos aires y a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ex diputada del PRO Laura Alonso, un estudio comparativo de las declaraciones juradas que presentó Macri entre entre 2013 y 2015.

Los pedido de Casanello, el de fin de junio y el de hoy, se produjeron en el marco de la causa en la que Macri está está imputado por no haber informado su participación en las empresas offshore denominadas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.

En 2015, Macri presentó dos declaraciones juradas correspondientes a 2014, una en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de Gobierno porteño y otra ante la Oficina Anticorrupción como candidato a presidente, lo cual permitió a la Procuraduría elaborar un informe sobre dos declaraciones referidas a un mismo período.

El informe de la Procelac fue elaborado en torno a los rubros "bienes inmuebles", "acciones, cuotas, participaciones sociales", "depósitos y dinero en efectivo", "acreencias" y otros "conceptos" y "consideraciones" y, según informó La Nación, fue remitido a la justicia penal de la Ciudad.

La ex legisladora porteña Gabriela Cerruti había denunciado ante la justicia penal porteña a Macri por las presuntas "inconsistencias identificadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el (entonces) Jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial por la Alianza Cambiemos".

La denuncia de Cerruti había sido presentada ante el fiscal Sergio Abraldes quien consideró que no le correspondía avanzar en la investigación de ese tema porque existía otra anterior que ahora está a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan y la fiscal Silvana Russi.

Desde la Casa Rosada adjudicaron el hecho a las características diferentes de los sistemas de carga informática que utilizan en la Ciudad y la OA y negaron inconsistencias. Esto, sostienen, "lleva a un resultado distinto cuando se trata de los mismos bienes y del mismo patrimonio real".

"Es una cuestión de valuación de los mismos activos, pero en ambas presentaciones se informó el mismo patrimonio", sostuvo el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, según reproduce el matutino porteño.

Sin embargo, la Procelac tuvo en cuenta esos distintos criterios informativos al realizar su reporte comparativo de las declaraciones juradas del jefe de Estado. Por ejemplo, existen diferencias entre las "acciones del país" y "acciones del exterior". Según el contador de Macri, Mauricio Szmulewiez, la diferencia en los sistemas de carga hace que "las acciones que para Bienes Personales valen cero, porque tributan las sociedades, en el otro formulario valen millones". En ese caso, reconoció en el informe porteño "acciones del país" por $ 27,5 millones, mientras que en el otro fue de 13 centavos.

La Procelac también detectó incongruencias entre los depósitos y el dinero en efectivo declarado. En el informe entregado en la Ciudad "aparece una cuenta corriente más" que las declaradas ante la OA, y los valores también difieren. Detalló una caja de ahorros en dólares por $ 83.419 y una cuenta corriente en dólares por $ 1.322.229, mientras que ante la OA dijo que posee $ 704.976 y $ 10,4 millones. Según el contador de Macri el error es porque en el segundo documento se pesificaron.

Además, está el caso de las cuentas que el Presidente tiene en el exterior. En un caso declara una en Suiza y en otro en EEUU. Szmulewiez explicó que se trata de la misma cuenta abierta en el Merril Lynch, entidad que vendió su banca privada a Julius Baer, que llevó todos los depósitos a Suiza. Luego ofreció a sus clientes migrar a Bahamas, opción por la que optó Macri.

Luego del polémico desfile en el acto del bicentenario, el carapintada Aldo Rico se mete de lleno en la política y ubica a su esposa Marisa Raquel Guilanea, al frente de uno de los juzgados de falta que estaba vacantes en San Miguel, a pedido del propio jefe comunal, Joaquin De La Torre.

De esa manera, Rico y De la Torre consolidan sus acuerdos políticos, luego de dos años, cuando el ex carapintada decidió bajar su lista para no entorpecer la primera elección de De la Torre dentro del Frente Renovador; mientras que el año pasado, frente a un candidato fuerte como Franco La Porta, directamente no participó y no escatimó con el alcalde de San Miguel

Ahora, mientras De la Torre espera sumarse al “equipo” de la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal,  Rico volvió a “cobrar” con la designación de su esposa al frente de uno de los juzgados de falta que estaba vacantes en el distrito y se recuerdan las tristes acciones y declaraciones de ambos: Rico con su conocida sublevación contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín y De la Torre firmando al pie una solicitada en favor de Videla.

El nombramiento de Guilanea, se viene barajando desde julio último y a la par de las negociaciones para que De la Torre llegue al Gabinete de Vidal.

Según Diario Plus, la mayoría de De la Torre facilitó la designación de la Marisa Raquel Guilanea al frente del Juzgado de Faltas Número 1, que se encontraba vacante desde el primero de junio por el retiro del doctor Julio Johansen.

En este caso, es el factor oportunidad el que hace más escandaloso el acuerdo. De la Torre está a punto de sumarse al gabinete de María Eugenia Vidal como ministro de Producción y Rico está en el ojo de la tormenta por su participación en los desfiles del Bicentenario de la Independencia y por sus polémicas declaraciones públicas, en las que afirmó no estar arrepentido por su comportamiento antidemocrático.

Sebastián Vinagre y Daniel García, ambos concejales del Pro, se enfrentaron hoy en lo que fue un capítulo más de una relación que es más que tensa.

El concejal Daniel García, que responde a Jorge Macri, formó un monobloque separándose de Cambiemos, mostrando una fractura con sus pares que responden a la diputada Gladys Gonzalez.

El asesor del edil Sebastían Vinagre, al ser consultado por los hechos sostuvo que "unas diez personas que trabajan con el concejal García pasaron varias veces por el pasillo del Concejo en tono amenazante. Bajé y hablé con el concejal, que en ese momento estaba en la Secretaría, que está en la planta baja, y le dije que maneje a su gente porque nos estaban amenazando. Ahí él empezó a gritar y a agitarla, diciendo que yo lo estaba amenazando, cosa que no era cierto, y la gente esta se agitó y me golpeó".

Luego de ello, precisó que este grupo de personas lo persiguió y golpeó, dejándolo con varias "magulladuras", detalló el asesor de Vinagre, Gustavo Vázquez.

Por su parte, Daniel García, contó otra versión de los hechos: "Terminó la sesión y salí a sacarme unas fotos por un proyecto que había presentado, al entrar nuevamente me agarró un colaborador de Sebastián Vinagre y Gladys González de nombre Gustavo Vázquez y me miró a los ojos y me dijo que me iban a matar a mi y a todos".

"Me dijo, también, que yo sabía qué el trabajaba con Sebastián y Gladys, por lo que hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia o a mi a la diputada nacional Gladyz González y al concejal Sebastián Vinagre", añadió.

La interna ya conocida entre Gónzaléz y Jorge Macri, tiene un agregado sustancial. En los últimos días, el bloque que responde al intendente, buscó destituir al presidente del Concejo Deliberante que pertenece al Frente para la Victoria, Hugo Barrueco.

Sin embargo, el espacio de García jugó a favor de frenar la destitución con el resto de los actores políticos, entre ellos, el Gen, la UCR y el Frente Renovador.

El vicepresidente de la Comisión de Relaciones exteriores y diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV), Guillermo Carmona, logró el compromiso de detallar la denuncia por parte de Anders Kompass, ex funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y uno de los principales denunciantes de la jefa de la cartera de exteriores, Susana Malcorra.

El ex funcionario de la ONU y Carmona  denunciarán el rol jugado por la ahoracanciller argentina, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando (29 de abril de 2015(, se conoció de los sistemáticos casos de abusos sexuales perpetrados contra menores por las fuerzas de paz de Guinea Francesa, Chad y Guinea Ecuatorial en un campamento de refugiados en la República Centroafricana (RCA).

Los testimonios, que habían sido recogidos casi un año antes por personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Unicef, fueron filtrados al diario británico The Guardian. El artículo incluyó el testimonio de Anders Kompass, un especialista en Derechos Humanos de Suecia con más de 40 años de experiencia, que había sido suspendido y estaba siendo investigado por la ONU por haber alertado al gobierno francés sobre los abusos.

Hasta ahora, Kompass ha guardado silencio sobre su papel en este asunto, pero un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció la inocencia del funcionario sueco que sólo intentaba que cesaran los abusos contra menores, y concluyó que varios funcionarios de alto rango –entre los que se menciona a la actual canciller argentina, Susana Malcorra, que en ese momento se desempeñaba como jefa de Gabinete de Ban Ki-moon, estaban más preocupados en concertar esfuerzos para silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass que en proteger a los niños del peligro en que se encontraban o de sancionar a los abusadores, según la revista estadounidense Foreign Policy.

También trascendió, que un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, luego lo violó, y le dio galletas y dinero en efectivo. El chico dio una descripción detallada del soldado y afirmó que podría identificarlo, pero no se tomó ninguna medida, ni siquiera una advertencia a los soldados, no se hizo ningún esfuerzo para evitar el abuso en curso, ninguna alerta fue expedida a las decenas de miles de adultos desplazados en el campamento. El personal de Unicef reportó casos de sexo oral forzado y violación anal de los niños de 8 a 15 años y no se tomó ninguna acción. En total, las entrevistas documentan el abuso sexual de 13 niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz: 11 eran franceses, tres de Chad, y dos de Guinea Ecuatorial. Otros siete Cascos Azules actuaron como cómplices. El informe implica a 23 soldados en total.

A mediados de julio de 2014, la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos en curso. En ese contexto, el funcionario sueco Anders Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que solicitaron una copia del informe con el fin de iniciar una investigación. El 30 de julio recibió una respuesta del gobierno francés, que le informaba que una investigación estaba en curso.

Tres meses más tarde, cuando el secretario general presentó su informe anual sobre la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales de 2014, no contenía mención alguna de las denuncias de abuso sexual infantil en la República Centroafricana.

En lugar de preocuparse por los casos de abuso infantil, la jefa de Gabinete de Ban Ki-moon quería silenciar el escándalo y para eso concertó con otros funcionarios de alto rango de la ONU una estrategia para obligar a Kompass a que renunciara.

La jefa de Gabinete Susana Malcorra organizó una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, Zeid Ra’ad Al Hussein; la alta comisionada adjunta, Flavia Pansieri; el subsecretario general (USG) para OSSI, Carman Lapointe; y el director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Kompass: si la negligencia para combatir los abusos sexuales por parte de los Cascos Azules, se hacía pública, la ONU enfrentaría preguntas para las que no había respuestas razonables.

Como resultado de la reunión realizada en Turín, el grupo integrado por Malcorra continuó tramando una manera de silenciar a Kompass. Dos semanas más tarde, el 9 de abril de 2015, Zeid solicitó formalmente una investigación sobre Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana.

Durante toda la investigación, las víctimas no aparecen mencionadas en las declaraciones, ni existen expresiones de inquietud o curiosidad sobre su bienestar. Nadie menciona el apoyo prestado a los niños víctimas; esas omisiones ni se observaron ni explicaron. El enfoque único de atención concertada es en la supuesta “filtración” de Anders Kompass.

Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de su negativa a renunciar, Kompass fue suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina. Susana Malcorra, que ocupaba una de las posiciones más poderosas en el sistema de la ONU como jefa de Gabinete del secretario general, declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Esto era un caso flagrante de prejuzgamiento.

Kompass fue perseguido y hostigado por altos cargos de la ONU hasta que un tribunal de apelación ordenó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que levantara inmediatamente la suspensión laboral del funcionario humanitario sueco. El juez Thomas Laker dijo que la decisión de la ONU de suspender a Kompass, quien se desempeñaba como director de Operaciones de Campo para la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fue “prima facie ilegal” (desde primera vista ilegal).

Frente a la dimensión que tomaba el escándalo, el 3 de junio de 2015, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, anunció la formación de un panel independiente, compuesto por tres jueces, para realizar una revisión externa para examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana y que permitió conocer el encubrimiento por parte de la actual canciller argentina a los perpetradores del hecho.

El Secretario de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús, Diego Kravetz, hizo énfasis en el alto grado de inseguridad que se vive en el distrito que comanda el referente de Cambiemos Néstor Grindetti.

“En Lanús tenemos un municipio caliente y muy castigado por la inseguridad, el año pasado hubo denunciadas 22 mil 500 causas", señaló Kravetz a Radio La Plata, profundizando el pedido de Intendentes al Gobierno Provincial por el tema de la inseguridad.

A esa cifra tenemos que sumarle todos los delitos que no se denuncian, remarcó el funcionario.

"Pertenecemos al Departamento Judicial de Lomas de Zamora y es el más conflictivo de toda la Argentina y el tercero más conflictivo de Latinoamérica, después de México y Río de Janeiro”, expresó.

Y agregó: “Tenes arrebatos, motochorros, entraderas, robos de autos, escruche, no son delitos sofisticados pero hay muchísimo delincuentes”.

En referencia a como enfrentan desde el municipio este problema, sostuvo: “Es un trabajo arduo que requiere mucho esfuerzo, hay que coordinar fuerzas para que todo mejore".

"La forma de solución es articular el trabajo entre fuerzas locales, provinciales y nacionales. Hay que armar mesas de trabajo porque de esta situación, que es muy grave, se sale en conjunto no de forma individual”, concluyó.

El alcalde quilmeño, Martiniano Molina (PRO), despidió a 420 trabajadores municipales, en el día de ayer.

Las tareas que desempeñaban los trabajadores se incluían en las áreas de desarrollo social, jubilados, empleo, unidades sanitarias y delegaciones.

No hubo renovación de contratos, algunos tienen problemas de discapacidad o enfermedades terminales y en estas condiciones quedan sin obra social.

Hoy a las 10am los gremios se manifestaron en Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, para exigir la reicorporaciòn inmediata.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE de Quilmes en diálogo con radio Ahijuna detalló la situación y destacó que: "en el dìa de ayer hubo 420 despedidos que fueron notificados de manera personal, dentro de los cuales habìa 13 delegados, que fueron reincorporados inmediatamente".

"Hay más de 80 compañeros que han venido al gremio a notificarnos que han quedado cesantes, sabemos que la totalidad son 420, y ayer 80 nos vinieron a decir que no los dejaban ingresar a su lugar de trabajo", destacó el dirigente gremial.

En la misma línea, Arévalos destacó que los trabajadores "son compañeros que trabajan en distintas áreas, en desarrollo social, en hogares de ancianos, en unidades sanitarias, en el hospital" y añadió que "en muchos de los casos echaron compañeros con discapacidad" y que la mayorìa "eran trabajadores que cumplían con tareas para el bienestar de la comunidad".

"La situaciòn es muy comleja y esperamos que en esos casos la situaciòn se revierta inmediatamente, dejarlos sin obra social en una situaciòn donde el trabajador tiene enfermedad terminal, no es para nada bueno", remarcó.

Tras ser consultado por la respuest a de la gestión municipal, el dirigente gremial relató que mantuvo una reunión con el Director Gremial, Luis Andrade quién manifestó que "van a evaluar caso por caso y que les iban a dar una respuesta".

"Nosotros les dijimos que la respuesta debía ser inmediata, porquue los trabajadores y sus familias no pueden esperar mucho", contó el gremialista y anunció que estarán "en estado de alerta y movilización".

"No estamos dispuestos a tirar gente por la ventana para que entren otros que hasta ayer estaban en la vereda de enfrente", graficó en diálogo con Télam, el vicepresidente del Senado bonaerense, Carlos Fernández, sobre el objetivo de Vidal de ensanchar la base electoral de Cambiemos con la inclusión de una "pata peronista" a la alianza gobernante.

La designación, la semana pasada, del el ex massista Joaquín De la Torre al frente del Ministerio de la Producción en remplazo del hasta ahora único radical en el Gabinete bonaerense Jorge Elustondo (quien ira como titular de la creada cartera de Ciencia y Teconologia) fue la gota que rebasó el vaso y los boina blanca hicieron notar su enojo.

En una cumbre partidaria, en Azul, -distrito administrado por Hernán Bertellys (electo intendente bajo el sello del FpV y recientemente incorporado a Cambiemos), encabezada por titular del Comité Provincia, Ricardo Alfonsín, los radicales hicieron catarsis y se quejaron del "destrato" que -dicen- les dispensa la gobernadora bonaerense.

En rigor, se trató de una "señal de alerta" enviada a la gobernadora dijo a esta agencia Fernández, quien también estuvo en el encuentro que el sábado pasado reunió a dirigentes de séptima sección y en donde se reclamó la puesta en marcha de una "mesa de diálogo político" para discutir la estrategia electoral de la alianza UCR-PRO-Coalición Cívica, de cara al decisivo test electoral del año próximo.

El senador bonaerense no descartó que la crisis en Cambiemos tenga consecuencias en la legislatura bonaerense, donde el radicalismo podría comenzar a retacear su respaldo a proyectos del ejecutivo.

La advertencia más dura fue lanzada por el propio Alfonsín pocas horas después del encuentro de Azul, vía Twitter: “No consultan al tomar decisiones de gobierno. Tampoco al sumar nuevos aliados (incluso del FpV). ¡Deberán entender cómo funciona un frente!”, advirtió el diputado nacional para manifestar que en el mitin de la dirigencia radical de la Séptima sección se manifestaron “preocupados por la incorporación a Cambiemos de dirigentes del FpV”.

El hijo del ex presidente redobló hoy la apuesta y volvió reclamar una "mayor participación" del radicalismo en las en las decisiones del Ejecutivo nacional, criticó la forma en la que se aplicó el aumento de las tarifas de los servicios públicos y aseguró que la UCR "será custodio para que el Gobierno no se vaya a la derecha".

Su par en Diputados, Héctor "Cachi" Gutiérrez sumó sus quejas y admitió que en el radicalismo bonaerense están "muy molestos" con la incorporación de peronistas a Cambiemos que plantea VIdal.

El ex intendente de Pergamino evaluó además que el reemplazo de Elustondo por el ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, al frente de la cartera de Producción es un gesto que "enturbia la relación" en la alianza gobernante.

"Elustondo es un hombre del vicegobernador y (Daniel) Salvador es un hombre correcto, una buena persona que está integrada al gobierno siempre que el gobierno le permite integrarse y esto no se lo merecía".

En diálogo con Radio Télam, Gutiérrez dijo además que llamó la atención que la comunicación de la variante ministerial se diese dos días después de que Ricardo Alfonsín (titular de la UCR provincial) se reuniese con Vidal, sin que el tema estuviese sobre la mesa de lo conversado.

El diputado nacional evaluó que "la incorporación de Joaquín De la Torre, la participación de algunos intendentes con extracción peronista, del Frente para la Victoria, en el entramado del PRO, es una realidad que obliga al radicalismo a cuanto menos sentarse a discutir cuál será la estrategia en la relación del frente electoral que hemos constituido".

"Está claro que hay una tendencia dentro del PRO que caminen en dirección a estos acuerdos con sectores del peronismo", afirmó el ex intendente de Pergamino e insistió que la UCR tendrá que discutir "de qué forma lo asumimos o no lo asumimos, y de qué forma lo planteamos en el seno del frente electoral".

Gutiérrez recordó que el radicalismo gobierna en 40 municipios del interior bonaerense y que "esto sirvió también para que Mauricio Macri fuera presidente de la Nación".