Varios colegios decidieron levantar la medida de fuerza para “pasar a otra instancia de lucha”. Este martes habrá una multitudinaria concentración frente al Ministerio de Educación de la Ciudad para reiterar el reclamo de una prórroga a la aplicación de la llamada “Secundaria del Futuro”.

Las asambleas estudiantiles de los colegios Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires, Manuel Belgrano, Juan Pedro Esnaola, Nacional 17, Lenguas Vivas y Nicolás Avellaneda decidieron hoy suspender las tomas y avanzar con otras formas de protesta contra la reforma educativa que los obligará a trabajar gratis para empresas y organismos públicos en quinto año.

“Las tomas nos han garantizado estar en agenda nacional y haber podido discutir con toda la sociedad lo que significa esta reforma”, explicó Victoria Camino, del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, quien aclaró que levantar la medida de fuerza no significa el fin de la lucha.

“Hoy una mayoría decidió que era el momento de levantar la medida y pasar a otra instancia de lucha”, subrayó.

La vocera del Centro de Estudiantes del Pellegrini adelantó que mañana harán “una gran conferencia de prensa” a las 16 y una concentración frente a la cartera educativa porteña, ubicada en Paseo Colón 255.

Allí presentarán un escrito para reiterar el pedido a la ministra Soledad Acuña para que se posponga la aplicación de la llamada “Escuela del futuro” y se abra un espacio de discusión de un año para discutir el tema.

La decisión de los estudiantes de levantar la toma de colegios porteños se conoció horas después de que el fiscal de la Ciudad, Carlos Rolero Santurian, advirtiera que los padres pueden tener “responsabilidad penal” por la medida adoptada hace quince días por sus hijos.

No obstante, Camino señaló que eso no tuvo que ver con la decisión de levantar la medida de fuerza porque “no estamos considerando la toma como un delito”, sino como un derecho a la protesta que “es válido”.

Se estima que entre hoy y mañana los otros colegios resolverán en asambleas si levantan o continúan con las tomas.

Mientras siguen las tomas en unas 30 escuelas porteñas, el jefe de Gobierno ratificó que seguirá adelante con la “Secundaria del Futuro”. Estudiantes, padres y docentes le responden con una multitudinaria marcha hasta la cartera educativa.

Desconociendo la posición de estudiantes y docentes, Horacio Rodríguez Larreta dijo hoy que “hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo”, confirmando de esta forma que a partir del año que viene comenzará el plan piloto en un total de 17 escuelas para llevarlo luego a la totalidad de los establecimiento secundarios.

Tras la reunión con la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, los alumnos de las escuelas tomadas resolvieron continuar con la medida hasta que las autoridades posterguen la reforma.

“Rechazamos la ‘Secundaria del Futuro’ por su carácter inconsulto y por eso pedimos una prórroga en su aplicación”, sostuvieron los representantes de los centros de estudiantes de los casi 30 colegios que continúan tomados.

Los alumnos, junto a sus padres y docentes, marchaban esta tarde desde el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, hasta la cartera educativa porteña ubicada en Paseo Colón 255.

Sol Schmal, estudiante del colegio Mariano Acosta, aseguró que “no vamos a dejar pasar reformas para el beneficio de los empresarios, que sigan destruyendo la educación pública, que sigan manteniendo enormes problemas edilicios y que además de desprestigiar el rol docentes nos conviertan en mano de obra regalada”.

Uno de los puntos de la “Secundaria del Futuro” plantea que los estudiantes trabajen la mitad de las horas del último año del secundario para las empresas privadas, algo que es rechazado de plano.

Por su parte, Amanda Martín, secretaria de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), explicó que la reforma tiene “núcleos problemáticos que son cuestionados por la comunidad educativa”.

“Se trata de un recorte de contenido: se pasa de materias y disciplinas a lo que se denomina habilidades blandas, es decir, conocimientos superficiales no perdurables, que no tienen que ver con el conocimiento cultura y el arte sino que están vinculadas a las demandas cambiantes del mundo laboral", dijo la docente.

La introducción de la tecnología es otro de los asuntos vidriosos en la cuestión. De entrar en vigor, un 30% del horario será impartido por docentes, mientras que “el 70% restante está a cargo de una figura denominada ‘facilitadores mediados por la tecnología'”. Esto se relaciona con la educación a distancia y las plataformas educativas.

Los gremios temen el “reemplazo de docentes por eventuales trabajadores que no necesariamente tengan título” o que se contraten por fuera del convenio colectivo que regula al sector.

En cuanto a la obligatoriedad para los alumnos de quinto año a realizar pasantías no remuneradas en empresas u organizaciones no gubernamentales, la representante de Ademys señaló que tiene que ver “con la flexibilización del mercado laboral”.

"Los estudiantes ven que trabajar gratis en empresas es como un ataque al derecho a la educación y un reemplazo de trabajadores por otros con menos derechos y salario”, subrayó.

Mientras los ministros Alejandro Finocchiaro y Soledad Acuña salen con los botines de punta contra las tomas, avanza una denuncia por “usurpación” presentada por los directivos del Colegio Belgrano, a la que un fiscal hizo lugar.

Tras el fracaso de la reunión de ayer entre los estudiantes y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, las tomas contra la reforma educativa siguen activas en reclamo de una prórroga de la medida que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretende imponer a partir del año que viene.

Hoy tanto Acuña como el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro,  apuntaron duramente contra el derecho de los alumnos a protestar, considerando que “se está violando el derecho constitucional a la educación de la mayoría”.

Pero el ataque no sólo es discursivo. Luego del intento sin éxito de establecer un instructivo contra las tomas, avanza una denuncia por “usurpación” contra uno de los 30 establecimientos que se plegó a las medidas de fuerza, el Colegio Belgrano.

La fiscalía a cargo de Carlos Fel Rolero Santurián hizo lugar al pedido de las autoridades del colegio, aunque aclaró que "usurpación" es un término "transitorio" y que se busca el "diálogo" con los estudiantes para "destrabar el conflicto".

Lo que no dijo elñ funcionario judicial es que la función de la fiscalía, justamente, es la de determinar si hubo un delito, por lo que su decisión podría interpretarse como un intento de criminalización del conflicto estudiantil.

El principal reclamo era que se prorrogara la implementación de la reforma para debatirla con todos los actores educativos, pero al término del encuentro con los alumnos la ministra de Educación porteña confirmó que el plan piloto arrancará el año que viene, como estaba previsto..

Tras más de un mes de conflicto por la reforma educativa que busca imponer el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, recibió a los representantes estudiantiles de 140 escuelas secundarias, de las cuales unas 30 continúan tomadas.

Los estudiantes habían llevado a la reunión la propuesta de prorrogar la implementación de la reforma, que comenzará el año que viene con una prueba piloto en 17 colegios. Sin embargo, la ministra se negó a suspenderla y confirmó que todo seguirá como estaba planeado.

Sólo se comprometió a realizar mesas zonales para “adecuar el proyecto a cada institución” y a subir hoy mismo el documento oficial con los detalles de la reforma.

“Creíamos que iba a ser una mesa de diálogo real, pero no se contestaron todas las preguntas ni se escucharon las voces de todos los actores. Parecía que les importaba muy poco nuestra preocupación real”, dijo Teresa Fernández, representante del centro de estudiantes María Claudia Falcone, quien además condenó la actitud de la ministra porque “en ningún momento cambió su discurso ni su postura inicial”.

El asesor tutelar Gustavo Moreno también se quejó por la negativa de la funcionaria prorrogar la reforma y explicó que el hecho de que el proyecto oficial se conozca recién hoy en la página web del Ministerio “demuestra la falta de información pública y la falta de participación activa del alumnado, como lo exige la normativa nacional e internacional”.

La reunión se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que se propuso como mediadora de este largo conflicto, que ya entró en su cuarta semana.

Acuña obvió la medida de fuerza de los estudiantes durante el encuentro pero después, durante una conferencia de prensa, les pidió que liberaran los establecimientos.

Sin embargo, ante la falta de respuestas a las principales demandas de los alumnos, muchos colegios confirmaban esta noche en asambleas multitudinarias la continuidad de las tomas.

La medida fue dictada por jueza Elena Liberatori, quien ordenó dejar sin efecto “de modo inmediato” todo procedimiento o sanción contra los alumnos que resisten el plan de reforma educativa del Gobierno porteño para los secundarios.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, María Soledad Acuña, no podrán seguir criminalizando a los estudiantes que toman sus colegios en rechazo de la reforma educativa denominada “Secundaria del Futuro.

La jueza Elena Liberatori dictó hoy una cautelar haciendo lugar a un amparo de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, que exigieron “el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”.

La medida judicial ordena que “de modo inmediato” se dejen sin efecto los “procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que se deriven de la aplicación del Instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes”.

Si bien Acuña había negado la autoría del protocolo contra las tomas, lo cierto es que fue distribuido a través de mails oficiales y aplicado en al menos cuatro establecimientos.

Liberatori señaló en su resolución que los “estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales” y que, con la aplicación del instructivo, “las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad”.

En 2012 la misma juez había dejado sin efecto una resolución similar dictada por el entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, en la que se exigía a los directores de las escuelas que identificaran en sede policial a cada uno de los alumnos que tomaban sus respectivos colegios.