La ministra de Seguridad del macrismo envuelta en un nuevo escándalo.

A ocho meses de la represión en territorio recuperado por la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen donde se vió por última vez con vida a Santiago Maldonado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ascendió a seis gendarmes que participaron del operativo. Entre ellos a Emmanuel Echazú, el mismo que fue fotografiado al borde del río Chubut con una herida sangrante en el rostro y una escopeta en la mano.

La información se desprende del "cotejo entre las 22 carillas con todos los nombres de los uniformados que avanzaron en su escalafón jerárquico, por un lado, y por otro el listado de quienes participaron del procedimiento ilegal", en las tierras recuperadas por los mapuches. A su vez, trascendió que la medida fue firmada por Bullrich el pasado 29 de diciembre, en medio de las fiestas de fin de año, según reveló la periodista Adriana Meyer en Página 12.

Victoria Freire, socióloga e integrante de la comisión organizadora de la movilización del #8M, mantuvo una fuerte discusión con el conductor radial. La feminista lo acusó de recortar la realidad y buscar decirles a la mujeres cómo deben luchar.

"Luego de una movilización de más de medio millón de mujeres, intentó darnos lecciones sobre cómo debíamos marchar y qué consignas no usar. Pero nosotras no nos callamos más y no vamos a permitir que nadie nos digan qué hacer", acusó Freire tras la discusión.

Un primer cruce se dio cuando Lanata preguntó por qué pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, si se tiene en cuenta que su cuerpo ya fue hallado. "Yo le voy a explicar como parte organizadora, que el documento lo que expresa es un recorrido de luchas que para nosotros son fundamentales. La lucha por los derechos humanos nosotras la reivindicamos, la sentimos parte", sostuvo la mujer.

Lanata ironizó al querer frenar el debate: "no quiero ser maledeucado y patriarcal". El conductor leyó que el comunicado del 8M y preguntó: "No sé si sabe que Santiago Maldonado apareció muerto, ¿por qué piden la aparición con vida?, no entendí esa parte".

"Es presente, es algo que tiene que ver con nuestra historia pesente. Nuestra lucha es sobre los derechos humanos, contra la injusticia y contra las desigualdades. Y por eso apareció muerto", replicó Freire.

Llamó la atención que Lanata se haya fijado únicamente en un detalle, que puede considerarse un error sin importancia en la sintaxis del discurso, y no en la lucha del movimiento feminista y  la gravedad de lo acontecido en estos últimos años, en gran medida a causa de la represión y la violencia del gobierno macrista.

Casi podría afirmarse que Lanata buscó tomarles el pelo.

Escuchá el audio:

En el marco de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el Estado argentino fue denunciado ante la CIDH por “persecución” y “criminalización” de testigos y abogados, a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.

Ante la denuncia que Gendarmería realizara contra los testigos que habían responsabilizado a la Gendarmería Nacional, que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por la desaparición de Santiago Maldonado, el Estado es nuevamente denunciado ante la CIDH por “perseguir” y “criminalizar”. La presentación ante el organismo de Naciones Unidas fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos. Son los mismo que meses atrás promovieron la primer medida cautelar contra el Estado en el marco de la desaparición del joven. En aquella ocasión, el Gobierno fue acusado de plantar hipótesis falsas, como que Maldonado estaba en Chile, o que había sido herido por un puestero de Benetton. Ambas hipótesis fueron desmentidas durante el proceso, que culminó con la instalación de que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, aún cuando la causa seguía caratulada como desaparición forzada.

Además, los abogados de Naturaleza de Derechos indican en su presentación que la CIDH ya había exigido al Gobierno de Macri que investigara "de manera exhaustiva las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario", orden que la Argentina ha incumplido. "El Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente ", señalaron.

Más adelante, los abogados advierten que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.

Además, Cabaleiro y González Quintana señalan que ante las denuncias, desde Cambiemos se trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten. Los abogados piden una intervención urgente, porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal, a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.

Así lo aseguró la ministra de Seguridad, cuando defendió al policía que mató a un joven en La Boca. Dijo que la cinta que se dio a conocer y puso en duda el accionar del efectivo "está mal editada y recortada". Odas al gatillo fácil entre otras escandalosas y brutales declaraciones. Caso Maldonado y Nahuel.

La encargada de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió la acción del oficial Luis Chocobar al resaltar que el cuchillo que portaba Pablo Kukoc "es considerada un arma letal" y, a la vez, manifestó que "es un buen momento para comenzar a discutir el uso de armas inmovilizantes" en las fuerzas de seguridad.

En una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos), la funcionaria criticó a la prensa por expresar opiniones basadas "en un video mal editado y recortado", sin tener en cuenta que "el policía estaba en persecución de un delito que seguía y existía, y había posibilidades de que esa persona utilizase esa arma nuevamente”.

Bullrich fue tajante al reiterar su apoyo al efectivo que disparó y mató a uno de los ladrones que atacó a puñaladas al turista estadounidense en La Boca y que semanas atrás fue procesado por la Justicia por el delito de "homicidio agravado".

“Desde el Ministerio de Seguridad consideramos que es una acción de cumplimiento de deber de un funcionario público”, aseveró sus declaraciones apoyada por el argumento: “El cuchillo es considerada una arma letal y acercarse es más peligroso que estar a distancia”.

Según la ministra, Kukok "estaba escapando, pero era un asesino" con posibilidades de "agarrar a un tercero o meterle más puñaladas al mismo policía".

"Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías", afirmó además la ministra que se justificó diciendo que en su doctrina la Policía no es culpable en un enfrentamiento".

En ese marco, volvió a ratificar “es por eso que el Presidente y desde nuestro gobierno avalamos la acción del Chocobar”.

Bullrich también afirmó “tuvimos razón con el caso Maldonado. Vamos a tener razón con el caso Nahuel”

En el caso del joven asesinado en Villa Mascardi por la Prefectura, el oficialismo -en un primer momento- difundió un comunicado de esa fuerza donde decía que la comunidad mapuche había utilizado armas de fuego y disparado contra los integrantes del grupo Albatros.

Sin embargo, en las siguientes semanas quedó en evidencia que eso era falso. Las únicas vainas que se encontraron en el lugar correspondían a las armas que portaba Prefectura. Además no fueron hallados rastros que demostraran que había existido un enfrentamiento.

En el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la ministra mintió escandalosamente sobre lo ocurrido, negando en primer lugar que Gendarmería hubiera ingresado al territorio de la Pu Lof. Además había afirmado que los gendarmes no llegaron hasta la orilla del Río Chubut.

Los hechos demostraron que esa fuerza federal había ingresado atacando brutalmente a los integrantes de la comunidad, portando armas de fuego y llegando incluso hasta el mismo río.

Lo único que se confirmó en ambos casos, como ocurre ahora con el hecho en el que está involucrado el policía Chocobar, es que el gobierno y la ministra de Seguridad mienten abiertamente para encubrir el accionar represivo.

Aun sin definición de la Justicia sobre las condiciones en las que Maldonado murió cuando era perseguido por Gendarmería, el secretario de Derechos Humanos se refirió al caso con una frase desafortunada.

"En el caso Maldonado, que todos sabemos que el mal uso que se hizo le produjo daño a la sociedad, porque gente de buena fe creyó en eso, fue una estafa moral, el uso electoral que se hizo de alguien que había fallecido en un drama", afirmó Avruj en un programa radial.

Tras opinar sobre Maldonado, el funcionario defendió el ascenso del gendarme Emmanuel Echazú y aseguró que no se deben hacer "prejuzgamientos tan drásticos a priori".

"Es una potestad de la fuerza, un hecho administrativo, y si la investigación determina, como se lo acusó, de haber estado y sido quien golpeó, quien pegó, quien hizo lo que hizo, eso va a quedar sin efecto. No son señales", consideró.

Paradógicamente, se enfrentó a los dichos recientes del diputado Nicolás Massot, quien habló de reconciliación con los genocidas de la última dictadura cívico militar.

“El término reconciliación va a ser imposible en tanto los genocidas no reconozcan lo hecho y pidan perdón por eso. Nosotros como Estado tenemos que trabajar por la protección de la gente y no podemos avalar el terrorismo de estado ni nada que se le parezca”, sostuvo.

"La reconciliación corresponde al ámbito personal, no hay ningún funcionario que pueda perdonar en nombre de nadie", aseguró.

Página 12 accedió a una declaración del músico chileno Nicasio Luna, quien detalló la persecución de Gendarmería del 1º de agosto.

“Mientras escapaba veo a Santiago corriendo hacia el río delante de mí con su mochila puesta, y personal de Gendarmería que nos seguía desde atrás, cuando llegamos al río nos insultaban, nos tiraban piedras y uno me apuntó con la escopeta mientras otros gritaban ‘fuego libre’”. Esta frase es parte del relato de lo que vivió Nicasio Luna, el payador chileno que estuvo en la Lof en Resistencia de Cushamen durante la represión del 1 de agosto, cuando Santiago fue visto por última vez con vida, y es parte de una declaración espontánea que presentó ante las autoridades de ese país.

Decidió hacerla pública, en forma exclusiva a través de Página 12, porque dice que su familia fue víctima de amedrentamientos por parte de la Policía de Investigaciones chilena. Aunque sabe que el hermano de Maldonado había solicitado que sea citado a declarar, Luna explica que no volvió a Argentina porque no estarían dadas las garantías sobre sus derechos por el nivel de conflictividad generado en torno a las demandas de las comunidades mapuches. Sin embargo, enterado del requerimiento para atestiguar en la causa acudió a la Defensoría y al ministerio de Derechos Humanos de su país. El resultado son nueve carillas que confirman lo que sostiene Sergio Maldonado: más allá de los resultados de una pericia forense, Santiago murió escapando de medio centenar de gendarmes armados.

“Así como en Chile, en Argentina el conflicto mapuche de la Araucanía ha hecho una escalada que está vulnerando derechos”, dijo Juan Francisco Pulgar Castillo, el abogado que acompañó a Luna en su declaración ante el Servicio de Víctimas de Criminalística Forense.

Cuando aún Maldonado permanecía desaparecido, su hermano Sergio le envió un mensaje a Luna para contactarlo y le preguntaba si había estado en la Lof a fines de julio. Pulgar Castillo le respondió explicando la falta de garantías para aportar su testimonio, a lo cual Maldonado contestó que el juez del caso llamaría a Nicasio. “Esa situación nunca ocurrió y tampoco hubo más mensajes”, precisó el abogado. En la última ronda de citaciones, el juez federal Gustavo Lleral incluyó a Luna, a partir del video que presentó la abogada Verónica Heredia, con el programa de la televisión chilena Informe Especial, donde el músico cuenta haber estado en la represión junto a Santiago. Sin embargo, a Luna no le llegó la notificación formal sino un operativo en el que su madre fue intimidada.

“Seguí a uno de los muchachos de la comunidad porque no conocía la zona, y cuando llegamos al río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme al río y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Me ayudó sostenerme de las ramas de sauce, quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa, en ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el agua. Comenzaron a insultarme y a lanzarme piedras, y uno de ellos me apuntó con la escopeta que portaba, mientras el superior que estaba con los escopeteros le decía ‘fuego libre’, pero quien portaba el arma no lo quiso hacer o simplemente se le trabó”, dijo Luna.

"El corte de la ruta 40 fue a las 11 del 31, se me solicitó cubrirme el rostro para evitar ser reconocido por las fuerzas policiales, ser perseguido y sometido a represalias, esto basado en hechos anteriores que contaban los integrantes dela Pu Lof. Se hicieron barricadas y se entregaba información a los automovilistas, sin incidentes con la policía”. Luna dijo que habló con Maldonado, quien le contó que “compatibilizaba con la causa porque era la lucha por la defensa de la tierra”. Más tarde cuando Gendarmería quiso desalojarlos fue recibida con piedras, pero Luna destacó que ni él ni Maldonado las arrojaron. El músico chileno relató que esa noche no pudieron dormir porque “desde camionetas blancas efectuaron disparos hacia la Lof”.

Cerca de las 11 del 1 Gendarmería desplegó un camión y camionetas, y ellos retomaron el corte de la ruta 40. “Sólo tenía para mi defensa una onda de revoleo, igual que Santiago, pero sabíamos usarla, los de Gendarmería disparaban escopetas y pistolas. En ese momento más de 50 avanzaron, una camioneta se nos venía encima a toda velocidad, quedé cerca de la guardia donde se refugiaban dos mujeres con niños”. Tal como ya contaron los jóvenes mapuches, los gendarmes cortaron el candado de la tranquera “y se lanzaron para apresarnos, por eso corrimos hacia el río Chubut porque no había hacia donde escapar”. Luego de mencionar el intento de fusilamiento del que fue víctima, Luna dijo que se atrevió a cruzar el río. “Me dio la mano un joven, nos refugiamos con otros muchachos, y Matías Santana comentó que vio a los gendarmes llevarse al Brujo con sus binoculares”.

Desde el cerro el músico observó que habían quemado las pequeñas construcciones de la Lof. Cerca de las 18 volvió a buscar su mochila, y las mujeres le dijeron que los gendarmes la habían revisado y se la llevaron. Luego salieron a buscar al Brujo, “especulando con que podían habérselo llevado los gendarmes, como vio uno de los muchachos”. Al día siguiente de la represión, “llegó la vocera del Pu Lof Soraya Maicoño quien nos dijo que un periodista informaba que la persona desaparecida era Santiago Maldonado, siendo que la comunidad sólo lo conocía como Brujo, este hecho nos confirmaba que había sido capturado por Gendarmería, no sabíamos de qué otra forma pudo haberlo identificado el periodista, pero así lo posteó en Facebook”, agregó Luna.

¿Por qué ahora y desde Chile?

“Adjunto mi testimonio prestado de manera voluntaria que he entregado al Instituto de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública, para resguardarme de eventuales apremios que ya sufrieron mis familiares”, expresó Luna desde Chile. “La idea es terminar con las especulaciones sobre Nicasio, tales como el uso de su teléfono por parte de Santiago Maldonado”, apuntó Pulgar Castillo, quien como perito intervino en casos de resonancia en ese país. “La entrevista a Nicasio Luna es una declaración extra judicial, pero más allá del formalismo da cuenta de su actuar en tierras argentinas y chilenas. Por el nivel de conflictos que viven las comunidades mapuches con sus respectivos Estados, claramente genera incertidumbre sobre la trasparencia de las diligencias, lo que se corrobora acá en Chile por el actuar intrusivo de la PDI en la casa de Luna, sin una orden judicial”.

El payador dijo que la PDI entró a casa de su madre “por si me encontraba escondido, también acudiendo al trabajo de ella generándole el perjuicio correspondiente”. Y agregó: “Todos mis movimientos dentro y fuera del territorio nacional los hice por pasos habilitados y controlados por la policía chilena y argentina. He participado en programas de radio, televisión y encuentro de payadores, lo cual consta en mis redes sociales”. Finalmente, en la carta que envió a esta periodista apuntó: “Espero una nueva citación de la PDI de Coyhaique o de la Fiscalía de los Lagos para responder un presunto cuestionario enviado por la justicia argentina, pero por transparencia le adjunto mi testimonio”.

Los Maldonado y las querellas sabían de la existencia del payador pero cada vez que preguntaban por él les decían que estaba perdido, que nadie lo encontraba. Ahora que apareció está en manos de la diplomacia y los exhortos judiciales que su relato llegue, finalmente, al vapuleado expediente del caso Maldonado.

Fuente: Página 12

Unos de los primeros datos que hubo sobre la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto en Chubut, tras una represión de Gendarmería, fue que su celular fue atendido durante 23 segundos al día siguiente. Desde distintos sectores intentaron negarlo pero se conoció el documento de Telefónica S.A que lo prueba.

Hoy, el perito Ariel Garbarz volvió a confirmar el dato a través de su cuenta de Twitter:

"Apoderado Telefónica José Luis Perez Elias admitió por escrito en expte que celu 56930890486 de Santiago atendió llamada el 2/8 15:18 hs. por 23 seg. La empresa copió y guardó metadatos para geolocalizar a quienes estaban alrededor. Justicia los encubre. Heredia no lo reclama."

El 1 de noviembre del 2017, el especialista en telecomunicaciones publicó en redes sociales  el archivo que el 18 de agosto la empresa de comunicaciones presentó ante la fiscalía, donde el apoderado de la multinacional deja asentado que el teléfono de Santiago Maldonado fue efectivamente atendido el 2 de agosto.

La antena de Telefónica detectó que la llamada "fue exitosa" y duró 23 segundos "desde que fue atendida". Resta saber quién, cómo y en qué circunstancias activó el celular.

Tras conocerse la aparición sin vida de Maldonado en el Río Chubut, y ante la hipotésis de ahogamiento, llamó la atención que en el cuerpo del joven se encontraron todas las pertenencias que el joven llevaba encima excepto el celular.

Ariel Garzi, el amigo de Maldonado que hizo la llamada el 2 de agosto, denunció que él lo llamó ese día a su teléfono celular chileno y alguien le respondió y cortó la comunicación. Esa llamada breve todavía no fue investigada y es uno de los tantos enigmas que tiene el expediente caratulado como desaparición forzada.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo hostiga y persigue judicialmente, lo mencionó en el Congreso ante todos los medios del país, y lo ubicó en ese mamotreto de la infamia de 180 páginas sobre la Resistencia Ancestral Mapache (RAM).

Tal es así que Garzi, según el Estado, es parte de la RAM. Todo un delirio. La Justicia Federal lo procesó por resistencia a la autoridad tras la brutal represión, luego del 10 y 11 de enero del 17, cuando Fausto Jones Huala (hermano de Facundo) estuvo en estado de coma y perdió un oído, y Emilio Jones Huala (primo del lonko preso) recibió un balazo de goma en la mandíbula que casi lo mata.

En esas horas de vacío y miedo, Garzi fue a dar con sus huesos a la prisión y después de una semana de pabellón en el penal federal de Esquel tuvo una sola certeza: denunciar a sus captores, quienes en enero del 17 balearon a 7 manifestantes solidarios con el pueblo mapuche, con la ayuda de un mayordomo de Benetton y el silencio cómplice del Poder Judicial de Chubut y Río Negro.

La insistencia de la fiscal Silvina Ávila por cambiar la carátula a “muerte dudosa” aún no tuvo eco en la pesquisa llevada a cabo por Lleral, quien regresa en febrero a Esquel con una serie de nuevas testimoniales. Entre ellas, a un grupo de buzos del Cuartel de Bomberos de Trelew, que analizaron el lecho del río Chubut –donde fue hallado el 17 de octubre, el cuerpo de Santiago después de 78 días de mentiras y una tortura infinita a su familia infligida sin piedad por el gobierno dialoguista de Cambiemos-, con la asistencia de la División Criminalística de la Policía Federal y la supervisión del Cuerpo Argentino de Antropología Forense (CAAF).

Ante estos y otros interrogantes, Ariel no duda: “A mi amigo se lo llevó Gendarmería. Que digan lo que quieran. Están los testimonios, están los momentos previos a la desaparición. El día que encontraron el cuerpo de Santiago fue uno de los más tristes de mi vida. La impotencia que sentí fue terrible”.

Por su parte, Garbarz dijo que va a seguir reclamando ante la justicia:

Fuente: Nuestras Voces, Política Argentina

Tras conocerse la noticia del ascenso del gendarme Emmanuel Echazú, imputado en la desaparición de Santiago Maldonado, la familia del joven publicó un texto titulado “Impunidad en Ascenso: Ascienden a los gendarmes implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago”.

Lejos de evitar la polémica, Patricia Bullrich ascendió al gendarme Emmanuel Echazú,uno de los gendarmes imputados en la desaparición del joven, que se ve en imágenes con el rostro manchado de sangre. En respuesta, la familia de Santiago Maldonado publicó: "El ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas".

A su vez, el texto califica la decisión de la titular de Defensa: "como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago".

Para finalizar, la familia agregó: "Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos", y cerró con la frase, "VERDAD y JUSTICIA x SANTIAGO".

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.