En medio de la represión y demonización sistemática de las comunidades indígenas, Eduardo Casal emitió una peligrosa resolución que había sido pedida por Estados Unidos. Advierten que “esto será un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.

La resolución PGN 3544/17, conocida en las últimas horas, lleva la firma del procurador general interino Eduardo Casal, quien le encomienda al secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, que en un plazo de 90 días cree una estructura especial para combatir “el extremismo violento” y “el terrorismo”.

Los considerandos de la medida hablan de los atentados recientes en Europa y de los ataques a la Embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994.

Sin embargo, la decisión del reemplazante de Alejandra Gils Carbó surge en medio de las avanzadas represivas contra las comunidades indígenas, que ya le costaron la vida a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justificadas por el Gobierno de Macri en la supuesto accionar “violento” de la  “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.

“Hoy, cuando el ’terrorismo’ es la RAM. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”, advirtió la legisladora y abogada de derechos humanos Myriam Bregman (PTS-FIT) y denunció un intento de avanzar a tono con las “políticas antiterroristas” de Estados Unidos.

“Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EE.UU. y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino”, explicó la legisladora.

De esta manera, Gustavo Gennuso se diferenció de los gobiernos nacional y provincial, quienes responsabilizaron a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por la toma de un predio en Villa Mascardi. "No me consta que el grupo que tomó el terreno en Villa Mascardi sea RAM, o no. Y, mientras no me conste en términos objetivos, no lo voy a decir", aseguró. Desde muchos sectores vienen advirtiendo que el macrismo está construyendo "un enemigo interno" para profundizar la represión en la Patagonia contra los mapuches.

En una entrevista, Gennuso analizó la ocupación del predio por los mapuches en el contexto de otros conflictos de tierra: "Hay una ocupación que hicieron de parques en un lugar que se llama Tambo Báez, donde también hay un litigio. Bariloche ha tenido históricamente ocupaciones de tierras urbanas, ya no es una lucha Mapuche, sino que hay como en todos los lugares", describió.

El alcalde de Bariloche se refirió además a la comunidad mapuche en la ciudad: "Forman parte de la comunidad. Son médicos, carniceros, profesionales. Forman parte de la ciudad", afirmó. Además, habló de "pensamiento racista": "Ese racismo interno nunca se pudo zanjar y explicarlo, realmente, no puedo porque no puedo pensar en esos términos".

Desde el gobierno nacional de Mauricio Macri y también desde la administración de Río Negro, en manos de Alberto Weretilneck, insisten con la teoría de la existencia de la RAM en la Patagonia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le achacó decenas de hechos violentos en varias provincias. Además, justificó a partir de esa presencia las represiones que terminaron con las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, este último asesinado por la espalda por prefectos.

Paco Oliveira, cura de la Isla Maciel, se mostró “muy preocupado” por el crecimiento de la violencia institucional durante la gestión del macrismo: “Desde el 83’ no había un aumento tan grande de personas que son asesinadas diariamente por violencia institucional", afirmó. 

En dialogo con AM750, el párroco de la Isla Maciel, Francisco "Paco" Oliveira, hizo un panorama sobre la actualidad y analizó las políticas de Mauricio Macri en materia Seguridad: “A mí no me gusta la profecía auto cumplida pero cuando dejas de lado a un montón de gente, lógicamente esa gente va a salir a pedir por sus derechos y para este modelo esas personas no tienen derechos. Entonces ponemos una supuesta ley y en nombre de esa supuesta ley reprimimos, y ya tenemos demasiados muertos en muy poco tiempo”, sintetizó.

Luego de recordar las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en donde se ven involucradas las fuerzas que responden a la ministra Patricia Bullrich, Oliveira continuó: “Tenemos un aumento en la represión absolutamente justificado cuando escuchas a Bullrich diciendo que ‘no hay que probar nada, nosotros no tenemos que probar nada’, estamos muy cerca de perder, si es que no lo hemos perdido ya, el Estado de Derecho”.

Más adelante, el párroco afirmó que los argentinos “estamos en una democracia formal pero estamos perdiendo el Estado de Derecho”, analizó. “Desde el 83’ no había un aumento tan grande de personas que son asesinadas diariamente por violencia institucional, hay más de una por día”, advirtió.

El padre siguió con su duro diagnóstico: “En estos momentos prácticamente el discurso oficial del presidente Macri para abajo es, ‘actúen, hagan, tiren’, entonces lógicamente eso después lo vivimos nosotros en los barrios”, afirmó.

Además, ironizó sobre el empresario Joe Lewis, dueños de muchos terrenos en la Patagonia: “Yo estuve en el Lago Argentino. Cómo no van a reprimir a Lewis que tiene un lago que es de todos. Lo tiene para él solito hace más de 8 o 9 años, y hay orden judicial que dice que tiene que haber un camino libre y lo tiene cerrado”.

Antes de finalizar, Oliveira le contestó al  senador Miguel Ángel Pichetto, quien días atrás critico al monseñor Jorge Lugones de la Pastoral Social del Episcopado por sus dichos en contra de la reforma previsional: “Una cosa más”, pidió el cura, “Pichetto lo mandó al Obispo a ocuparse de las cosas de Dios, estas son las cosas de Dios, porque yo nunca eh visto un alma caminando”, sentenció.

El periodista oficialista Eduardo Feimann publicó en Twitter su descontento con la visita de la familia de Santiago Maldonado al Vaticano, donde se reunirá con el Sumo Pontífice.

 

En su esfuerzo diario de polemizar todo el tiempo, el periodista disparó contra el Papa Francisco: “A las hijas de Nisman no. A los familiares de los 44 no. A los miles de familiares de asesinados por los delincuentes, no", escribió.

Y agregó: "A un tatuador, artesano corta ruta, defensor de un terrorista, que se ahogó en el río, SI”.

Nadie te pide tanto, Eduardo…

El bloque de diputados del FpV había convocado a una sesión especial tras la represión de Prefectura en Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel. Sin embargo, el oficialismo no bajó al recinto y bloqueó el quórum.

La oposición intentó debatir hoy en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, pero el bloque de Cambiemos lo frenó de plano.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), encabezados por Héctor Recalde, habían convocado a una sesión especial luego del asesinato del joven Rafael Nahuel, quien recibió un balazo por la espalda durante la represión del Grupo Albatros de la Prefectura en la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Este caso se sumó al de Santiago Maldonado, en cuya desaparición y muerte está involucrada la Gendarmería.

La convocatoria contaba con el apoyo de diputados de Libres del Sur, Peronismo para la Victoria, el Frente de Izquierda y Alfredo Olmedo, pero no logró prosperar porque los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto y bloquearon el quorum.

El temario de la sesión especial también incluía la declaración de emergencia laboral en Fabricaciones Militares, una ley que crea un régimen para la detección precoz y tratamiento de la trombofilia, un proyecto de declaración de emergencia pública por violencia de género en todo el territorio nacional y cambios en la ley de Defensa al Consumidor.

En un duro pronunciamiento, apuntaron contra los proyectos en materia laboral, previsional y tributaria, que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”. También destacaron la escalada represiva en la Patagonia y acusaron al Gobierno por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres manifestó su preocupación en un mensaje titulado “Cambiamos futuro por pasado”, donde se advierte sobre “la acelerada disolución del Estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”.

Los sacerdotes repudiaron “la militarización de la Patagonia” que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri para defender los intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”.

“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley”, sostuvieron los curas al responsabilizar a la Casa Rosada por ambos casos.

En su pronunciamiento, también criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”.

“Es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia, retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia”, subrayaron.

A continuación, la declaración completa:

Los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres.

Nos preocupan la acelerada disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.

Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76. A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó que "hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse" “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.

La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia democrático.

El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.

Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.

Repudiamos la represión a los legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los aportes para la paz que tanto pregonan.

Nos solidarizamos con las ya numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs políticxs, y tantos otros.

Tiene razón el oficialista senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.

Esperamos del episcopado argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.

Curas en la Opción por los Pobres

Noviembre 2017

Así lo dijo Carlos del Valle Rojas, académico de la Universidad de La Frontera, quien se encuentra de este lado de la Cordillera en momentos de una escalada represiva contra las comunidades originarias que ya dejó dos muertos en menos de cuatro meses.

(Por Fernando M. López *) El año 2017 comenzó con una brutal represión a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Meses más tarde, tras una reunión bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, era encarcelado el líder de esa misma comunidad, Facundo Jones Huala, con pedido de extradición desde Chile. El 1º de agosto, en medio de otro salvaje operativo de Gendarmería, moría Santiago Maldonado. Mientras velaban al joven de veintiocho años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, el sábado pasado, el Grupo Albatros de la Prefectura asesinaba de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un carpintero de veintidós años que se había acercado hasta la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, para acompañar a familiares y amigos que reclaman esas tierras ancestrales como propias.

Si bien la autopsia determinó que la bala que puso fin a la vida de Nahuel era una 9mm de las utilizadas por la fuerza federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, salieron a justificar el accionar de Prefectura, tal como lo hicieron anteriormente con Gendarmería en el caso Maldonado.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, dijo Bullrich, agitando una vez más el fantasma de la “RAM” y el “terrorismo”.

Un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.

“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo al diario Contexto Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.

-¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?

-Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado.

-¿Cómo se dio ese rebrote represivo en Chile?

-Ha tenido algunos momentos bien diversos. En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción.

-La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet…

-Sí, es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.

-Es la misma que quieren aplicarle a Jones Huala en caso de lograr su extradición.

-Claro, es lo primero que van a intentar usar. Pero cada vez se les hace más complicado y no sólo por el fallo internacional. Hace poco menos de un mes hubo un fallo del Tribunal de Temuco que termina absolviendo a los once mapuches que habían sido acusados por la Ley Antiterrorista. Es el primer caso desde 1997, y el principal fundamento fue que no existía evidencia de ese carácter. Entonces, es muy probable que tanto los tribunales como el Estado estén ahora replanteándose si conviene o no esa línea para poder obtener los resultados que ellos esperan.

-¿Cuáles son los principales intereses detrás de la persecución a los mapuches en Chile?

-Empresas hidroeléctricas en el Alto Biobío, en la VIII Región, y en el caso de la Región de la Araucanía el tema está relacionado con las empresas forestales, en su mayoría transnacionales, un extractivismo que estas empresas no están dispuestas a perder. Finalmente, lo que está en juego son conflictos que involucran intereses privados pero que se justifican desde el Estado nacional como si fueran problemas de orden público.

-¿Por qué cree que hay tan poca predisposición de los gobiernos de Argentina y Chile a resolver estos conflictos en una mesa de diálogo?

-Cuando el Estado se pone en esa postura insensible e intransigente, no va a avanzar mucho en ningún tipo de diálogo. Lo curioso es que, tratándose de comunidades indígenas, esta intransigencia se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con otro tipo de conflictos, con otros actores. Acá también tenemos una suerte de abuso de poder. Pero creo que todo esto tiene que ver con la historia que se carga encima, porque lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX es la intervención de los Estados nacionales con una necropolítica, que implicaba matar a los indígenas sin ninguna otra discusión, un proyecto civilizatorio de países blancos y occidentales. Cambiar eso significaría en el fondo cambiar la historia también.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, brindaron una conferencia sobre el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de 22 años abatido por la Prefectura en Bariloche. “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, aclaró Bullrich.

La funcionaria volvió a defender a la fuerza federal, como lo hizo en agosto pasado, luego de la brutal represión a mapuches que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. "La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez tendrá que ir a buscar las pruebas y está perdiendo bastantes días”, afirmó Bullrich.

Además, volvió a insistir en su teoría sobre grupos armados en el Sur: "Hay grupos violentos que no reconocen al Estado ni la Constitución, y llevan adelante acciones ilegales, violentas e inaceptables”.

De modo increíble, Bullrich se refirió al supuesto "grupo terrorista" llamado RAM, aunque aclaró que es un "nombre genérico". “Podrán tener otro nombre, los queremos separar de la comunidad mapuche o cualquier otro grupo de pueblos originarios”, siguió.

Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias en las que murió Nahuel, que en principio habría recibido un tiro en el glúteo. Desde la comunidad mapuche negaron que hayan disparado contra los agentes y aseguraron que "se trató de una cacería".

El ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich emitió un comunicado en el que sostuvo que los prefectos fueron "atacados" con "armas de fuego" por los mapuches y que fueron "obligados" a defenderse. Volvió a insistir sobre "violencia armada" y dijo que los agresores usaron "gritos de guerra". Durante los hechos que se investigan murió un joven de 22 años por la espalda.

Siguen las repercusiones de la represión violenta de la Prefectura en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Nuevamente, fuerzas federales arremetieron contra la comunidad mapuche, hiriendo con balas de plomo, por lo menos, a dos personas. Una de ellas, Rafael Nahuel, murió el sábado a la noche. La comunidad mapuche no tiene dudas: "Se trató de una cacería", afirmaron.

Por su parte, el ministerio que conduce Bullrich ofreció un relato diferente, en el que defendió a los prefectos. Describió que fueron atacados y debieron "responder". Insólitamente, el comunicado oficial dijo que los agentes tiraron "hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes", lo que no explica cómo fueron heridos los mapuches.

Mientras avanza una causa por la muerte de Nahuel, la Justicia decidió firmar una tregua con la comunidad mapuche, con participación de la APDH Bariloche y la iglesia. El juez Gustavo Villanueva deberá esclarecer en qué circunstancias se produjo el fallecimiento (el joven tiene una herida de bala en su glúteo).

El asesinato de Nahuel se dio en simultáneo con el velorio de Santiago Maldonado, el joven que estuvo desaparecido durante 78 días luego de otra brutal represión de fuerzas federales a mapuches. En ese caso, también Bullrich había defendido a los gendarmes, quien según ella reprimieron en la comunidad indígena en respuesta a una agresión. La Justicia investiga en qué circunstancias murió ahogado Maldonado, mientras los efectivos perseguían y disparaban sobre los manifestantes.