"Más allá de los mensajes poco claros entre la gobernadora Vidal y el ex jefe de gabinete (Aníbal) Fernández, la responsabilidad política de la fuga es de la actual gobernadora y de su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, ya que no hubo ingenuidad en la ratificación de los funcionarios que venían del área de seguridad de la gestión anterior de (Daniel) Scioli y (Ricardo) Casal, sino muchas coincidencias", aseguró la legisladora en un comunicado.

"Antes de asumir, Ritondo se reunió y halagó la gestión de Granados, como un gesto de continuidad del triángulo vergonzoso de complicidades con el delito de sectores de las fuerzas de seguridad, la justicia y la política", recordó.

Donda reclamó que el episodio de la fuga sea tomado como un momento bisagra para que el gobierno provincial se comprometa a fondo en la democratización y "reestructuración profunda" del sistema penitenciario para "que deje de ser un engranaje de la corrupción estatal".

"Con este tremendo caso quedó demostrado que hay que retomar el control político del Servicio Penitenciario que jamás fue depurado ni democratizado. Hay que sacárselo a las mafias que lo manejan de una vez por todas", exhortó.

La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró este lunes que se intervendrá la unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense de General Alvear, donde se produjo la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

Advirtió, en este sentido, que habrá denuncias penales para "todos aquellos civiles y agentes" que participaron. "Vamos a llevar a cabo denuncias penales, no sólo sumarios administrativos. El que tenga que pagar, que pague", indicó.

También reclamó que la Legislatura bonaerense apruebe la ley emergencia penitenciaria.

"Yo no los voy a defraudar", dijo Vidal a sus votantes, a aquellos que, según ella, apostaron por un cambio para terminar con el narcotráfico.

La gobernadora ratificó la decisión de avanzar con las reformas en el área penitenciaria después de la fuga que se concretó en la madrugada del domingo. Dijo que tuvo que ver con los "mensajes" que envió su administración contra el narcotráfico.

"Lo que pasó es el resultado de decisiones que tomamos, de mensajes claros. El ´no a la corrupción´,la lucha contra el narcotráfico, ese mensaje y las acciones que iniciamos desde le primer día tienen costos", resaltó Vidal.

En conferencia de prensa, la mandataria provincial enfatizó: "Pelear contra las mafias no es gratis. La fuga del día de ayer es un costo de los mensajes que enviamos".

La gobernadora denunció esa complicidad y justificó en ello la remoción de las autoridades, tras señalar que "desde el primer minuto estamos abocados a saber qué pasó y cómo pasó".

"Hay mucha gente que trabaja honestamente. Esos, estén tranquilos. En esos, vamos a confiar. Los otros sí, que se preocupen", afirmó.

El diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que audite las 56 cárceles bonaerenses y analizó las consecuencias que tendrá la fuga de los tres condenados a cadena perpetua por el crimen de General Rodríguez.

“Hay un problema de seguridad muy grande en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, las unidades penales están en autocontrol y en muchas ocasiones son manejadas por los mismos presos”, reflexionó el abogado penalista y legislador del Frente Renovador, quien reclamó un faltante de 20 mil plazas para el sistema penitanciario.

En declaraciones radiales al programa "Noticias con Opinión", Gutiérrez afirmó: “Existe una enorme voluntad de cambiar las cosas, y estos hechos (la fuga en el penal de General Alvear) marcan que del otro lado las cosas no quieren que sean cambiadas”. Ante esta situación de conflicto, el diputado recomendó al gobierno provincial, en especial a la gobernadora María Eugenia Vidal: “Tomar nota de este hecho y designar a 60 personas durante todo el mes de enero para auditar todas las cárceles y alcaidías de la Provincia y conocer allí, la situación real del sistema penitenciario. Este caso no puede repetirse porque sigue desnudando las falencias de un sistema que, reestructurarlo, llevará al menos cuatro años”.

Asimismo, Ramiro Gutiérrez aclaró este lunes que la legislación nacional –en la actualidad- no prevé como delito el tráfico de efedrina. “Hoy no es delito y solo prevé el tráfico de estupefacientes”, dijo.

Los hermanos Christian y Martín Lanatta, y Marcelo Schillaci, fueron condenados en 2012 a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35). Para la justicia resultaron actores primarios del hecho que estaba vinculado con la venta ilegal de efedrina.

La escandalosa fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, que se escaparon por la puerta del penal de máxima seguridad de General Alvear, genera la inevitable pregunta de "cómo fueron capaces de financiar la compra de voluntades" para lograrlo. Pero también, sobre si se trata en realidad de una maniobra política para perjudicar al gobierno recién estrenado en la Provincia o una devolución de favores por su rol activo en la campaña anti K.

Esa misma pregunta se hace el abogado de Cristian Lanatta, uno de los prófugos. Roberto Casorla Yalet habló de "corrupción penitenciaria", en esa cárcel en particular, la Unidad Penal 30 de General Alvear. Y trató de despegar a su defendido de cualquier implicancia política.

Para Casorla Yalet no hay duda que la fuga de estos tres condenados contó con la ayuda de alguien dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, una fuerza de seguridad que tiene en su haber varios episodios de corrupción institucionalizada. "No hay manera de que ningún interno pueda acceder a contar con uniformes o ropa similar al personal", consideró en declaraciones a Radio La Red.

Mientras tanto el experto en Políticas Penitenciarias y hasta hoy Subjefe del Servicio Penitenciario Nacional, Fernando Díaz, asumirá como nuevo Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en reemplazo de Florencia Piermarini, quien será dejada cesante del cargo que ejercía al momento de la fuga.

Piermarini había presentado la renuncia a su cargo el pasado 23 de diciembre, pero no le fue aceptada dado que el Servicio no podía quedar acéfalo. Hoy las autoridades bonaerenses decidieron finalmente cesantearla y designar su reemplazo.

También Díaz designará a los cinco nuevos integrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario, que reemplazarán a los siguientes miembros que fueron relevados de sus cargos.

Plana Mayor: Director General de Coordinación, Inspector General (E.G.) Claudio Cardo; Director General de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; Director General de Seguridad, Inspector General Marcelo Rotger; Director General de Instituto, Inspector General Gabriel De Murtas, y Subdirector General de Recursos Humanos, Alberto Paez.

En lo que respecta a la Unidad Penitenciaria N° 30, de General Alvear, la cúpula quedará así integrada: Director, Prefecto Mayor (E.G) Manuel Guevara y Subdirector, Prefecto (E.G) Ariel Elichelibeti

Además, la semana próxima va a asumir el nuevo Subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, reemplazante de César Albarracín que cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado, junto a la gestión provincial anterior.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, removió hoy a toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y al jefe de la Unidad Penal de General Alvear tras la huida de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

"El gobierno de la Provincia dispuso la remoción de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que el jefe de la Unidad Penal del General Alvear, más allá del sumario interno y la denuncia judicial correspondiente", informó el Ministerio de Seguridad bonaerense a través de un comunicado.

El nuevo jefe en el Servicio Penitenciario bonaerense será Fernando Díaz, quien hasta ahora se desempeñó como subjefe de Servicio Penitenciario a nivel nacional.

El informe recordó que la semana última el Ministerio de Justicia bonaerense envió a la legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito del SPB.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciario, norma que de aprobarse permitiría a su administración acelerar partidas para compras y contrataciones.

Vidal impulsa así una nueva emergencia, luego de que ya girara a la Legislatura dos proyectos para obtener idénticas declaraciones en Seguridad y en Infraestructura y que se tratarían el martes 29.

La gobernadora fundó la necesidad de declarar la emergencia del SPB debido en las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

Además, hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

El proyecto exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.