El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), aliado del líder camionero Hugo Moyano, cerró un acuerdo paritario de 122,5% para los trabajadores de la pesca de calamar.

En enero vence la concesión del Casino Flotante y se tema por el cierre del mismo. Lo que se está estudiando es que la Ciudad implemente una estatización y comience a administrar el negocio.

Parte de los fondos del sindicato intervenido que tuvo como titular a la senadora nacional de Cambiemos, habrían derivado en la campaña del oficialismo en la Provincia.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sigue acumulando escándalos desde el año pasado. Ahora volvió a salir a hablar Sandra Heredia, la ex empleada doméstica que lo denunció por emplearla en negro. “El hermano de Triaca cobró $500.000 por organizar una fiesta del día del niño en el SOMU”, recordó.

“Me llegaban contratos de ñoquis en el sindicato”, siguió “Sandrín” en declaraciones al canal de noticias C5N.

Pero el escándalo no termina ahí: Heredia contó cómo el ministro Triaca desviaba las cajas navideñas para los marineros y que más de 100 cajas que debían ser destinadas a los afiliados terminaron en la quinta del ministro.

Respecto al insulto que recibió por parte del funcionario, el cual trascendió en los medios, Sandra le exigió al ministro que le pida perdón, y lamentó: “Triaca me manda a la concha de mi madre y mi madre se murió hace cuatro días”.

Los funcionarios acomodados dentro del sindicato intervenido llegan al menos a las 50 personas quienes tienen vínculos amistosos o de consanguinidad con el Ministro de Trabajo de la Nación.

Otro escándalo sacude al encargado de la cartera de Trabajo del Gobierno, Jorge Triaca. Tras las denuncias de su empleada (Sandra Heredia), quien trabajaba en negro, le siguieron una serie de denuncias relacionadas con la intervención del SOMU

Las designaciones a dedo de familiares, amigos de la mano de los principales funcionarios del gabinete de Cambiemos

Luego de la intervención, en el SOMU ingresaron poco más de 200 personas. Según un informe previo, ya se habían denunciado serias irregularidades en el nombramiento de varios funcionarios.

Ayer, el portal de noticias El Destape Web publicó una investigación en la que, a partir de la lista de designados en el sindicato, se tratarían al menos de 50 personas que tienen vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo, así como con la exinterventora (y hoy senadora nacional oficialista) Gladys González.

Estos serían algunos de los casos en la intervención del sindicato:

Roberto José Porcel: designado director general del sindicato. Se trata del abogado de confianza del ministro.

Fernando Rodeles: durante la gestión de González se desempeñó como asesor comunicacional; hoy en día continúa como asesor externo. Se trata de un militante cambiemita que inauguró la Fundación Pensar en Avellaneda y figura como empleado del Congreso de la Nación.

Luis Abdeneve: amigo personal del humorista Miguel del Sel, ha realizado campaña política al lado de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Cristian David Eben Austin: expolicía de Chubut, integrante de las boletas de Cambiemos en la provincia y responsable financiero de la última campaña electoral del oficialismo en aquellas tierras.

Hernán Trigo Gutierrez: concejal oficialista en Necochea, militante activo del Gobierno.

Ricardo Martínez Sirera: vocal de Cambiemos en el municipio de Campana, de la provincia bonaerense.

Gustavo Pretzch: excandidato a diputado de la coalición oficialista en la provincia de Chubut.

Nadia Zilli: radicada en Tierra del Fuego, la militante de Cambiemos ha realizado activa campaña en la provincia austral.

José Romano: se trataría del "hijo de una persona que hace arreglos" en la casa del cuñado del ministro Triaca, según afirmaron desde el entorno del ministro.

(por Andrés Fidanza) Sensible a las exigencias de los focus group, pero decisionista al momento de bancar a los mejores intérpretes del ajuste en marcha. Con esa fórmula se mueve espasmódicamente el oficialismo. Optó por el siga siga ante Jorge Triaca, intentando compensarlo con una veda parcial al nepotismo de sus ministros. La medida de Mauricio Macri tiene efectos prácticamente nulos sobre la contabilidad del Estado: el paquete completo de recortes y congelamientos salariales en cargos políticos representa un ahorro del 0,03% del gasto previsto para 2018. En lo simbólico tampoco marca un cambio respecto a los métodos y razones para concretar futuras designaciones, y ni siquiera corrige los sesgos ya existentes en el gabinete ampliado de Macri. Ese elenco se compone por una abrumadora mayoría de varones, ex CEOs en uno de cada tres puestos, con un alto nivel educativo y patrimonial.

Si bien se empezaron a realizar algunos concursos para los nombramientos técnicos más altos, por ahora rige el criterio de la confianza y el amiguismo. Así fue elegido el 97% de esa franja estatal, según un relevamiento de Cippec y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). A pesar de su discurso rupturista, Cambiemos no llegó para revolucionar las mañas sobre la forma en que se suele completar un organigrama estatal. El sorpresivo triple triunfo nacional, bonaerense y porteño (este era el único asegurado) indujo a una convocatoria a las apuradas, en la que entró absolutamente de todo. Arribaron cuadros con aptitudes y vocaciones variadísimas: desde militantes históricos del PRO, hasta empresarios y gerentes dispuestos a seguir el ejemplo del líder Mauricio, amigos, conocidos, punteros y amigos de amigos.

Dentro de esa pesca con mediomundo, cayó Sandra Heredia en el sindicato de los obreros marítimos intervenido por el gobierno. Sin ninguna experiencia gremial, la empleada de la familia Triaca fue elegida como delegada de la seccional San Fernando. ¿Motivo? Había solicitado un aumento de sueldo, tras varios años de haber trabajado en negro para el actual ministro de Trabajo. Así, Triaca descargó en el Estado una parte del sueldo que debía pagar su familia, degradando el rol y la importancia tanto de los gremios como del control público.

“Si bien es un error, no sentimos que tenga que costarle el cargo”, afirmó Marcos Peña sobre Triaca. A la pasada consolidó al verbo sentir como uno de los favoritos del presidente y sus principales ministros. El jefe de gabinete decidió enfocarse en la parte más insustancial del “error” de Triaca: el maltrato viralizado hacia Heredia.

Sólo en el primer año de la intervención del Ministerio de Trabajo al SOMU, hubo 172 designaciones oficiales. La mayoría de los elegidos provenía de la política: ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, de la Tesorería de la Provincia y el Renatre, entre otros organismos públicos provinciales y municipales, según reveló el diario Perfil.

El decreto presidencial contra el nepotismo no altera esa lógica, instaladísima dentro de las prácticas políticas que exceden (pero incluyen) al PRO. La singularidad del macrismo en esta materia, sin embargo, es otra. Refiere a la enorme cantidad de nombramientos que encierran conflictos de intereses entre los actuales funcionario y sus vidas previa en el ámbito privado.

La decisión de Macri tampoco corrige el rumbo ideológico de la gestión. La primera interventora del sindicato marítimo por parte del gobierno fue la hoy senadora Gladys González. Suerte de contracara valiente y pura del sindicalista Omar "Caballo" Suárez, el perfil de González calzaba a la perfección con lo que pretendía comunicar el macrismo.

En el juego de contrastes entre González y Suárez, algunas fricciones quedaron afuera de la agenda mediática. Los dos compañeros de Gladys en la intervención del SOMU, Jorge Alonso y Santiago Viola, terminaron enemistados con la delegada del Poder Ejecutivo.

En junio de 2016, apenas cinco meses después de haber asumido, Viola y Alonso la acusaron de: supuestos manejos unilaterales, cerrar paritarias marítimas a la baja, y modificar los convenios colectivos de trabajo, excediendo las competencias del triunvirato interventor.

Siguen las derivaciones del escándalo protagonizado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que tenía a una empleada suya contratada en el gremio SOMU, intervenido por el Gobierno. El concejal de Avellaneda, Daniel García, mostró los nombres de otros contratados en el sindicato pertenecientes al PRO de Avellaneda

"En su momento denunciamos a la primera Interventora del SOMU, actual Senadora Nacional Gladys González, por malversación de fondos de la Fundación Azul del citado Gremio, ya que una gran parte de sus fondos fueron desviados", aseguró García en su nueva presentación.

El legislador acompañó su denuncia con el listado de dirigentes del PRO que "trabajan" en SOMU: "Sheila Irene (Vice Pte Jóvenes PRO), Nogueiras, Ari Julián (Vocal JPRO), Gracca, María Celeste (Consejera), González, Camila Naomi (Sec. Juventud), Villalobos, Sebastián (militante de la Sra. Gladys González), la misma Gladys González, como así también Fernando Rodeles, de la Fundación Pensar", resumió.

"Lo grave es que se tomó al gremio como una caja de Campaña, reducto de pago de aquellos que fueron funcionales a la Gran Simuladora (por Gladys González), encubriendo en su accionar maniobras oscuras que la llevaron a acumular causas penales, aún no resueltas. Mi pregunta es: si se pide la renuncia de Triaca ¿por qué no se pide el desafuero de la senadora González? ¿O es que aún sigue con protección de algunos medios que, según puede averiguarse, tienen pautas considerables para dicho fin?", ironizó García.

Se destapó la olla en el SOMU, el sindicato de obreros marítimos que intervino el Gobierno, y se conoció que hubo más de 200 nombramientos bajo la gestión de Jorge Triaca.

En San Fernando, donde Heredia era interventora delegada, otra de las empleadas es una joven bailarina.

"Según Heredia, fue puesta ahí a partir de su relación con el actual diputado bonaerense y ex subsecretario de Políticas de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Gustavo Vélez", relata una nota publicada en Perfil en base a declaraciones en el sitio Opi Santa Cruz.

“La conoció en la reunión (una especie de fiesta en homenaje a Miguel del Sel) y la citó en el Ministerio para ofrecerle trabajo como secretaria”, explicó Heredia. “Después le ofreció otro trabajo”, profundizó. Y remató: “Jorge la mandó al SOMU para que la piba no hablara”.

Desde el Ministerio, sin embargo, refutaron ese relato.

Según confirmó Perfil, en la intervención en el SOMU, seguida de cerca por Triaca, hubo 172 personas contratadas. Según documentación de la AFIP, la cifra es parcial porque solo abarca la primera etapa de la intervención, que va desde febrero de 2016 y abril de 2017.

Si bien ya no se presenta en esa sede gremial, Heredia tiene contrato en el SOMU hasta el 12 de febrero próximo. Ahora está concentrada en reclamar su indemnización a la familia Triaca. Según detalló, el 6 de enero el cuñado del ministro y abogado de Carlos Triaca, Sergio Borsalino, le dijo: “te vamos a indemnizar con 66 mil pesos”.

Las abogados de Heredia pretenden un monto mucho mayor. “Lo que le corresponde por ley. Diez veces más como mínimo”, comenta una persona cercana a la delegada del SOMU con mandato vigente.

El análisis de los datos bancarios de Sandra Heredia evidencia una situación muy comprometida. A partir de la información que ofrece el Boureau de Crédito del Banco Central, PERFIL identificó que, con cinco tarjetas de crédito diferentes, la ex empleada de Triaca fue acumulando deudas desde febrero de 2017 hasta noviembre de ese mismo año que ascendieron a 143 mil pesos.

Fuente: Diario Perfil

El ministro de Trabajo se fue esta mañana de vacaciones, acorralado, para escapar del escándalo por los insultos, la contratación irregular y despido de su casera que también ubicó dedo como delegada interventora en en el SOMU y denunció que hay más casos similares.

El jefe de Estado y el ministro de Trabajo discutieron por las implicancias de lo ocurrido que además destapa manejos poco claros en el gremio intervenido por Gladys González.

El Presidente busca capear el temporal que envuelve a Jorge Triaca, y para eso tomó la decisión de mandar de vacaciones al ministro a Chapadmalal por 10 días.

Una vez que se conoció el escándalo por el despido de Sandra Heredia, que además reveló manejos turbios, Macri convocó a una reunión al titular de la cartera laboral y allí le pidió explicaciones por el caso, según reveló el canal Todo Noticias. Según agregaron, Macri le creyó y dio por cerrado el caso, pese a que ahora se viene un contragolpe judicial de Omar "Caballo" Suárez por la larga lista de allegados y familiares que fueron puestos en el gremio que el Gobierno prometía transparentar.

Uno de los miembros del triunviro que conduce la central Obrera, Héctor Daer, se refirió al escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo de Cambiemos. "Me parece una aberración que existan trabajadores en negro, sobre todo a cargo de quien tiene la responsabilidad de combatir ese tipo de situaciones", cuestionó.

Sin embargo, no pidió su renuncia: "El que tiene que definir quién pone o saca los ministros es el Presidente de la Nación y no la dirigencia sindical", aclaró.

En diálogo con FM Futurock, Daer se refirió al intento oficial de congelar las paritarias en el 15%: "Es imposible que pretendan ponerle un techo. Ellos (por el Gobierno) han indexado todo. Los alimentos están indexados, los combustibles aumentaron por arriba de la inflación. Queremos discutir paritarias de acuerdo a cada actividad", advirtió.

Y le mandó un mensaje al oficialismo: "Vamos a discutirla a fondo. Este año se salvaguardó el poder de compra del salario producto de que los sindicatos firmaron una cláusula gatillo. Si no, hubiéramos vuelto a perder como perdimos en el 2016", señaló.