Diputada del FDT apuntó contra Berni por la represión de la Bonaerense en el Bosque

La ex Secretaria de Seguridad de Mario Secco y actual legisladora, Susana González, repudió el accionar policial y afirmó que el ministro de Seguridad debe dar explicaciones en la Cámara de Diputados.

La feroz represión desatada por la Policía Bonaerense en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, que provocó la muerte de César Guerreiro y cientos de heridos por las balas de gomas y los gases lacrimógenos, generó la condena de la sociedad en su conjunto y del arco político.

Si bien los comisarios Alejandro Morinigo y Juan Gorbarán, jefes del operativo, fueron apartados de sus cargos por decisión de Axel Kicillof, las declaraciones del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que se hizo presente en el Bosque, desligando el accionar policial y apuntando sobre supuestos violentos, provocó la reacción de un sector del Frente de Todos.  

La diputada del Frente de Todos, Susana González, cuestionó la reciente designación como jefe de la Departamental La Plata a Sebastián Perea, alguien que cumplió funciones durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Lo he denunciado en su participación a la represión a los trabajadores del Astillero en 2018 porque requisaba a los manifestantes sin testigos y después decía que los detuvieron por tener bombas molotov, sin tener garantías de lo que debe ser un procedimiento de requisa”, marcó.

González, quien fuera nueve años secretaria de Seguridad en Ensenada, señaló que ni Asuntos Internos ni el Poder Judicial tomaron nota. “Miraron para otro lado. Perea es una persona nefasta y ahora fue designado jefe Departamental”, recalcó.

En ese marco, la legisladora apuntó a la responsabilidad política del ministro de Seguridad, que aún es sostenido por el gobernador en su cargo. “No es la primera vez que Berni justifica la represión”, sentenció.

“Creo que Berni tendría que ir a Diputados, cosa que nunca ha hecho, es el único ministro que no fue. Me preocupa que la policía actúe sin marco de legalidad, de manera irracional y sin consecuencias. El gobernador le pidió la renuncia al jefe del operativo, que me parece sano, pero también el Ministerio debe dar explicaciones”, concluyó.

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El relato de una diputada sobre la represión de la Policía de la Ciudad: “Me golpeaban y me decían gorda hija de p…”

La legisladora bonaerense del FDT, Susana González, cuestionó el accionar de la fuerza de seguridad a cargo de Horacio Larreta. “”El sábado le hablaron a su público” apuntó.

La diputada provincial del Frente de Todos y presidenta del Frente Grande bonaerense, Susana González, contó la represión que sufrió el sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con AM750, la legisladora afirmó que era “muy selectiva” la elección de a quiénes golpeaban. “Yo tenía un chaleco que decía Secco (por el Intendente de Ensenada, Mario) y creo que por eso fue la saña con la que se condujeron hacia mí”, dijo.

En este sentido, recordó que cuando el camión hidrante comenzó a tirar agua se fue a resguardar con unas compañeras a un edificio, y allí comenzaron a tirar gases que la dejaron “ciega”. Fue en ese momento, asegura, en el que sintió “el primer trompazo en el riñón”.

“Luego me dieron otro, y cuando me di vuelta les decía ‘no estoy haciendo nada, no me peguen’. Me empezaron a dar y me protegí con el antebrazo, la cabeza y lo único que me decían era ‘salí, gorda hija de puta’. Me arrastraron hasta la calle y me rescataron compañeros, si no también hubiera terminado en el piso”, relató.

“Yo fui secretaria de Seguridad en mi ciudad (Ensenada) por 9 años. He presenciado operativos policiales por doquier. Lo que nunca ha habido es un efectivo policial que actuara como barrabrava”, remarcó.

Y agregó: “Buenos Aires se ha transformado en la ciudad de la furia, donde el ejercicio del monopolio de la fuerza, que encabeza solamente la fuerza de seguridad, se ha transformado en una ejecución de gurkas”.

Asimismo, señaló que a Juntos por el Cambio no le interesa ya “disimular” su accionar, y que el sábado le “hablaron a su público”. “Al que opina distinto a ellos hay que aislarlos, y si es peronista o kirchnerista, eliminarlos”, concluyó.

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Investigaban a un comedor y encontraron compras del macrismo por U$D 95 millones a una firma offshore

Por el hecho denunciaron al procurador Conte Grand, el ex interventor del Astillero Río Santiago Daniel Capdevila y ex funcionarios de María Eugenia Vidal.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador General provincial, Julio Conte Grand, acusándolo de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían cometido hechos de corrupción.

En diálogo con AM 530 Somos Radio, la presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires explicó que en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el comedor del Astillero Río Santiago, por sorpresa “se encontró una orden de compra de 95 millones de dólares para la construcción de cuatro supuestos buques a una empresa que es una offshore”, de nombre White Sea.

En la presentación, también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de “malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.

Esos otros denunciados son el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, dijo González. Y también los acusó de “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita”.

En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que, afirmó, evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González

Remarcó que “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

Para González, el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.

La denuncia fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que “la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”.

González indicó que “se toparon con su propia torpeza” y que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”. La diputada aporta el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero Río Santiago, realizada el 8 de febrero de 2019.

Añadió que hubo “un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares” en 2016.

González dijo que desde que asumió Conte Grand hubo un plan para cometer “actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción”.

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