La fiscal de la CÃĄmara Nacional en lo Comercial emitiÃģ un dictamen contra el procedimiento de salvataje. HablÃģ de “acuerdos fraudulentos” y “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”, entre otras cosas
Gremios estatales impulsan un plan de lucha en defensa de la obra social bonaerense. Rechazan un convenio que terceriza los servicios y denuncian una subejecuciÃģn presupuestaria de 3 mil millones de pesos.
El vaciador de la agencia TÃĐlam no resultÃģ ser tan eficiente como esperaban con sus medidas
A la reducción de personal perpetrada por Lombardi en el Canal de la Ciudad, se suma el vaciamiento que denuncian los empleados de la TV Pública. Los trabajadores alertaron sobre dos camiones con personal ajeno al canal, que retiraron costoso material escenográfico.
Ante la consulta respecto a quién había autorizado la "donación" y hacia dónde llevaban los materiales, solo obtuvieron como respuesta que se dirigía al "Hogar de Margarita Barrientos".
Desde las redes, los trabajadores de la TV Pública subieron fotos de la "donación", alertando sobre la situación, e indicando que quienes retiraron el material serían oriundos del barrio "Los Piletones", donde reside Barrientos, y demostraban no tener conocimiento del manejo apropiado del material retirado.
Según fuentes, esta semana continuarían retirando material y se desconoce que tareas realizará el personal de TV Pública finalizada la "donación".
Fuente: El Disenso
Tras la condonación de deuda y el pedido de volver a foja cero que rogaba el presidente Macri en febrero, la fiscal Gabriela Boquín, presentó un dictamen que revela el vaciamiento de Correo Argentino SA. La empresa propiedad de la familia Macri está bajo concurso de acreedores y bajo la lupa de la Justicia Comercial desde hace 16 años por diversas irregularidades.
En un escrito, la fiscal Gabriela Boquin denuncia como Correo Argentino SA, con tres empleados y cinco directores, retiró, con autorización de la justicia, $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas, para gastos de funcionamiento. En los que figuran un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales a la firma Sideco del Grupo Macri; cargas sociales para gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una millonaria fiesta de fin de año para el escaso personal del Correo. De esta forma, para la fiscal Gabriela Boquin, queda claro que Correo Argentino financia gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri.
En detalle, el dictamen de 88 carillas revela que en 2016, ya con Mauricio Macri en el Gobierno, Correo Argentino obtuvo la autorización de la jueza Marta Cirulli, para retirar los fondos. A pesar de que Correo no tiene utilidades, ni actividad comercial, alquila a precios “exorbitantes” cuatro oficinas en avenida Del Libertador 498, piso 18º, el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, todas de la familia presidencial.
A su vez, Boquin plantea que la compañía debe devolver los fondos, al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.
Un nuevo escándalo sacudió el edificio de la agencia pública de noticias, cuando se conoció que la Secretaría de Medios armó una estructura paralela para distribuir la pauta, por lo que dejó sin funciones a 150 trabajadores.
En un comunicado emitido hoy por la comisión gremial interna de Telám se repudia y denuncia los intentos de los funcionarios de la agencia periodística para vaciar el área publicitaria.
“La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Télam denuncia la existencia de una clara política gubernamental destinada a eliminar la función publicitaria de la agencia pública con graves consecuencias para el contralor de los fondos de la pauta y, a la vez, afectando las fuentes de trabajo de más de 150 compañeros que, específicamente, cumplen esas funciones en forma cotidiana”, comienza la misiva publicada por los trabajadores.
La comisión interna gremial denuncia que “el gobierno nacional ha duplicado el número de organismos oficiales destinados a la planificación y gestión de la publicidad y también ha creado un registro paralelo de proveedores, medidas que, de hecho, dejan sin tareas a cientos de trabajadores de la agencia”, para luego detallar que “el trabajo publicitario que persiste es aquel remanente previo a la adopción de estas medidas”.
En ese sentido, los trabajadores de Télam denuncian “el vaciamiento de una de las funciones históricas que, además de la periodística, ha cumplido la agencia desde 1968”, para exigirle al gobierno “que revierta las medidas que, más allá de poner en riesgo nuestros puestos de trabajo, aumentan la discrecionalidad y la falta de transparencia en el manejo de la pauta oficial, y abren el campo para fructíferos negocios del sector privado”.
Para finalizar, el comunicado asegura: “En diferentes etapas históricas, los trabajadores estaremos en pie de lucha para defender los bienes y los recursos que sostienen a la agencia pública”.
