El regreso de Stiuso y otro choque contra el poder permanente
Y aunque esa no haya sido su intención inicial, el gobierno empieza a habilitar la vuelta por goteo de un grupo sospechado de realizar operaciones políticas, blindajes judiciales y pagos encubiertos. Un stato quo consolidado a lo largo de los años, y que tuvo al mítico Jaime Stiuso como uno de sus protagonistas centrales. Ahora, con ánimo revanchista hacia el kirchnerismo y cierta funcionalidad táctica para el gobierno, Stiuso regresó a la Argentina. Y de la mano de este ex Director General de Operaciones y espía desde 1972, también volvieron algunos agentes de inteligencia y operadores judiciales desplazados.
De entrada, Mauricio Macri puso a un inesperado dúo al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (la AFI, ex SIDE). Como jefe de la AFI designó a su amigo Gustavo Arribas, cara visible de un grupo dedicado a la compra y venta de de jugadores, y a su vez sospechado de incurrir en maniobras de lavado. La segunda de la AFI es Silvia Cristina Majdalani, quien compensa el desconocimiento de Arribas sobre el mundo de la ex SIDE. Alias La Turca, la ex menemista Majdalani (fue fiadora de Carlos Menem cuando estuvo preso por sus cuentas en Suiza) tiene familiaridad directa con un sector de la vieja guardia de espías echados. En particular, con el ex número dos de la ex SIDE, Francisco “Paco” Larcher, echado por Cristina Kirchner hace poco más de un año.
Tras la designación de Arribas y Majdalani, y si bien el macrismo había prometido romper con ese pasado, la jefatura de la AFI puso como director de Finanzas al contador Juan José Gallea, un personaje muy cercano al ex subjefe de la SIDE en tiempos de la Alianza, el abogado Darío Richarte. De hecho, Gallea ocupó ese mismo cargo durante el gobierno aliancista y quedó envuelto en el escándalo de pago de coimas al Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral.
Ahora, Gallea y Richarte juegan para un macrista en ascenso: Daniel “el Tano” Angelici, presidente de Boca y dirigente cada vez más influyente en la Justicia federal, un área que a partir de un decreto presidencial se quedó con el manejo de las pinchaduras telefónicas. A tal punto llega la sociedad con Angelici, que Richarte integra la comisión directiva de Boca. La indomable Elisa Carrió ya se quejó en público de que Angelici quiere “manejar Comodoro Py”.
La ONG La Alameda (liderada por el legislador Gustavo Vera, uno de los voceros informales del Papa Francisco) denunció a Gallea por el supuesto manejo de fondos del Estado a través de sociedades anónimas. Según La Alameda, la actual esposa de Stiuso, María Cecilia Rossero, figura como empleada de dos empresas de Gallea y Richarte. Según informó Perfil, a su vez Gallea y Darío Richarte son socios en Magnum Sabores Argentina SA.
Richarte además logró colar a un abogado de su cartera informal como nuevo titular de la Inspección General de Justicia: Sergio Brodsky, ex subsecretario de la Facultad de Derecho de la UBA durante la gestión de Richarte como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.
Por último, sumo un breve relato personal: el 12 de febrero pasado, por pedido del abogado de Jaime Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, me citaron a declarar en Comodoro Py. En resumen, el juez federal Luis Rodríguez decidió convocarme a raíz de una nota que escribí para el diario Perfil el 20 de diciembre pasado, en una vinculación bastante forzada con la causa de los Leakymails, sitio web que en el año 2011 publicó mails y correspondencia privada de funcionarios, periodistas y jueces. Mi nota refería a la inminente vuelta de Stiuso, y no tenía prácticamente punto de contacto con la investigación de Rodríguez sobre los Leakymails.
De todas formas, el abogado de Stiuso pidió que me llamaran porque, según argumentó, una de las fuentes citada en el artículo podía encerrar una supuesta “amenaza velada” para su representado. En el juzgado de Rodríguez, entonces, me solicitaron que revelara mi fuente: me negué y así quedó establecido.
El juez Rodríguez es integrante de la escudería alineada con los servicios de Inteligencia. Y la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman podría quedar en sus manos, una vez que sea transferida al fuero federal.