Efectivos de la Bonaerense llegaron hasta las puertas de un establecimiento del Partido de La Costa, donde se realizaba una reunión de delegados de Suteba. En La Plata, trabajadores fueron atacados cuando pegaban afiches contra el ajuste presupuestario.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) denunció hoy que el gobierno de María Eugenia Vidal intenta “silenciar” sus demandas con acciones ilegales “sin precedentes desde la recuperación de la democracia”.

Un grupo de agentes de la Policía Bonaerense se apostó hoy en la puerta del Instituto Superior de Formación Docente N 186 del Partido de La Costa, donde se realizaba una reunión de delegados con la presencia del secretario general del gremio, Roberto Baradel.

Suteba difundió las imágenes de los efectivos en la entrada del establecimiento y calificó el hecho como “una clara actitud intimidatoria y sin precedentes desde la recuperación de la Democracia”.

Al llegar al lugar, Baradel les habló a los policías: “Lo que les están ordenando sus jefes es una actividad absolutamente ilegal, un atentado a la democracia, porque es inteligencia interior y no están habilitados para hacerlo. Sabemos que a ustedes los mandaron, que son órdenes, pero es muy malo para la democracia, para sus hijos y para los hijos de toda la comunidad”.

A esto se sumó el ataque, en horas de la madrugada, a personal de una empresa de publicidad que pegaba afiches callejeros del Frente Gremial Docente Bonaerense en La Plata.

“Los trabajadores fueron amedrentados por la Policía Bonaerense y luego brutalmente atacados por una patota de seis hombres que bajaron de dos camionetas Amarok de color gris y un Fiat Siena. Luego de ser golpeados, les rompieron los celulares con los que habían filmado el hecho. Seguidamente los vehículos, junto a un patrullero los acompañaron a subir a la Autopista siguiéndolos varios km sobre la misma”, relató Suteba en un comunicado.

Los docentes llevan adelante un “afichazo” en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para denunciar el recorte educativo que estableció Vidal en el Presupuesto 2017, que espera ser tratado por la Legislatura.

El proyecto del Ejecutivo reduce en 3,1 puntos porcentuales la participación de la Dirección General de Cultura y Educación en el gasto general (27,5% en 2016, 24,4% en 2017), lo que significará $16.533 millones menos para el área.

Desde el Frente Gremial Docente detallaron que el ajuste equivale a 998 escuelas secundarias o 1764 Jardines de Infantes menos y advirtieron que esto también en la baja del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la educación.

El jefe comunal Pablo Zurro describió de esa manera al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos de la nación, tras la negativa de la localidad de Tandil de recibir al Indio Solari para un nuevo recital.

En una entrevista con Radio del Plata, el intendente de Pehuajo fue consultado sobre el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, y disparó "si yo tengo que mirar a Lombardi, sería el ISIS de la cultura, porque mete bombas en todos lados".

Las declaraciones nacieron por la negativa de la localidad de Tandil para que el Indio Solari realice allí uno de sus conciertos. "yo ofrezco Pehuajó porque creo que es una locura dejar sin lugar al Indio para que toque", tiro Zurro.

"Hicimos todo lo que corresponde", respecto a las tratativas para que recital se realice en su localidad. Sobre la negativa de Tandil, Zurro consideró que "tenemos que respetar las decisiones del Indio, y me pareció una barbaridad que le hayan negado que vaya a un lugar donde se habían hecho cuatro eventos muy importantes. Es una cuestión cuasi política".

Un diputado del oficialismo reconoció a Radio del Plata que la administración de Mauricio Macri viene realizando, de forma inconstitucional, una bicicleta financiera con las Lebacs.

El Diputado Nacional del PRO, Eduardo Conesa en declaraciones radial se sinceró y explicó: “Lo que yo propongo es un plan económico distinto. En estos momentos el dólar está a 15 porque las Lebacs están a 26% de tasa de interés, entonces conviene tener dólares artificialmente y cambiarlo por pesos, colocarlos en pesos en Lebacs y entonces al 26% después se vuelve al dólar. Con lo cual la tasa de interés de lo que se gana en dólares resulta el 26%. Esto es la bicicleta financiera que mantiene artificialmente bajo el dólar”.

Al finalizar su intervención radial Conesa manifestó: “La Lebac es una bicicleta financiera que además es inconstitucional porque la facultad de emitir deuda pública, y las Lebacs son deuda pública, es del Congreso y no es del Banco Central. De manera que esto es un absurdo constitucional”.

Los legisladores nacionales del FPV los acusan por la presunta “administración infiel en perjuicio del Estado argentino”, en relación a la emisión ilegal de LEBAC. Se toma como antecedente la causa “dólar futuro” por la que el juez Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta.

Diputados nacionales del Frente Para la Victoria (FPV) denunciaron hoy en los tribunales federales de Comodoro Py al presidente Mauricio Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presunta “administración infiel en perjuicio del Estado argentino” en relación a la elevada emisión de LEBAC, que ya supera la base monetaria.

La presentación fue realizada por los diputados Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti y Rodolfo Tailhade, y recayó en el Juzgado N 3 a cargo de Daniel Rafecas.

El escrito toma como antecedente la causa “dólar futuro” por la que el juez Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner y señala que, de acuerdo al criterio seguido en esta causa, “el actual Gobierno emplea métodos que la Justicia federal ha considerado delictivos”.

Los legisladores argumentan que el instrumento con el que el actual gobierno mantiene un tipo de cambio “artificial” es el “endeudamiento externo, que ha llevado en pocos meses al país a un aumento sideral de su deuda, es decir, el regreso -ahora bajo formato delictivo- de lo que históricamente fue la razón de la dependencia argentina, del subdesarrollo y la pobreza de una amplia franja de su población”.

Y advierten que se está generando “un perjuicio de dimensiones gigantescas al Estado nacional, cuya reparación requerirá varios años, varias generaciones de argentinos.”

La denuncia consigna que, hasta la fecha, la masa de LEBAC “representa el equivalente a 685 mil millones de pesos, cuando la base monetaria es de 670 mil millones”. Esa “es la herramienta de gestión elegida por los imputados para buscar el objetivo, ilegal, de impedir que el tipo de cambio llegue al nivel que el juego de libre oferta y demanda determine”, remarcaron.

También dijeron que sólo en la última semana “se pagaron 56 mil millones de pesos de intereses de LEBAC, por encima de los 53 mil millones que Bonadío estimó como pérdida para el patrimonio nacional debido a los contratos de dólar futuro”.

Se trata de las legisladoras Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt, quienes denunciaron los despidos a técnicos vinculados a esa cartera, que se negaron a firmar resoluciones en beneficio a una empresa productora de gas.

Las diputadas nacionales del GEN y del Frente Renovador denunciaron despidos de técnicos en el Ministerio de Energía y “las decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Según informaron las legisladoras, exmiembros de Panamerican Energy (PAE), actualmente funcionarios de la cartera que conduce Juan José Aranguren –quienes deberían controlarla-, eximieron a la empresa de una serie de obligaciones que ahora deberá cubrir la estatal ENARSA. “O sea, lo que se ahorran los privados, lo ponen los ciudadanos. Los funcionarios que cuestionaron dicha medida, fueron despedidos”, señalaron mediante un comunicado las legisladoras.

Stolbizer y Schwindt impulsan, ahora, una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo por la decisión de poner fin a las contrataciones de varios empleados del área profesional/técnica del Ministerio de Energía, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, y la Dirección de Gas Licuado.

Las diputadas explicaron: “Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.

Y acusaron que la empresa Panamerican Energy (PAE) “parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política”, como ocurrió “con el gobierno anterior y lo vuelven a hacer con el actual”. Al respecto, alertaron que “hoy es más grave” porque “dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos”.

“Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos”, continuaron.

Las legisladoras detallaron que los productores de gas deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno, destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo.

En este sentido, dijeron: “Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE), sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar -por disposición administrativa- la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos”.

“La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor”, agregaron.

Ambas consideraron que la “persecución” hacia los trabajadores “se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones”. “Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando”, señalaron.

Las diputadas Stolbizer y Schwindt solicitaron información al Ministerio e informaron que llevarán adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.

El sindicato que dirige Andrés Rodríguez caracterizó al pago extra de fin de año a los empleados del Estado nacional como "lo mejor que se pudo conseguir" y "Cachorro" Godoy lo cruzó diciendo que son un “gremio amigo”

El titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró que el bono de fin de año de entre 2.000 y 3.500 pesos para 130.000 empleados estatales "es lo mejor que se pudo conseguir", al destacar que "tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo", publicó hoy El Destape.

Tras la firma del acuerdo, que implica en pago extra de fin de año en cuatro categorías de empleados del Estado nacional enmarcados en el convenio colectivo 214, el gremialista destacó que el bono "tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo porque tras las paritarias, indudablemente, quedamos por debajo de la inflación".

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, aseguró que con el bono "se cierra la discusión sobre cuál fue la pérdida" del poder de compra de los salarios. "La idea es que con esto terminamos de cerrar lo que tiene que ver con la discusión de este año sobre cuál fue la paritaria y la pérdida del poder adquisitivo", expresó en diálogo con radio Mitre.

En contraposición a este acuerdo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy, calificó de "insuficiente" el bono y apuntó contra UPCN, al que calificó como "gremio amigo" del Gobierno.

En ese marco, reiteró que para recuperar el poder adquisitivo perdido en lo que va del año, el plus salarial debería ser de 10.000 pesos porque "lo que se ha perdido es un sueldo completo".

"El Gobierno no escuchó nuestra opinión, tomó una decisión extra paritaria y lo convalidó su gremio amigo. Lamentablemente, este anuncio que hicieron ayer es absolutamente insuficiente para la realidad de los trabajadores estatales", expresó.

El gobierno no da tregua con la fuerte suba en los servicios y condena a las empresas recuperadas al cierre de sus trabajos, dejando a unas 25.000 familias sin su principal sustento económico. Primereando conoció sobre las reuniones que se vienen realizando entre funcionarios y representantes de diferentes sectores.

Hoy se celebró una reunión en el Ministerio de Energía entre funcionarios de esa cartera, asesores parlamentarios, representantes de empresas recuperadas y sindicatos con el objetivo de establecer un régimen de tarifa diferencial para las empresas recuperadas.

A pesar que este tipo de encuentros se vienen realizando desde hace dos meses, el gobierno de Cambiemos de la mano de Juan José Aranguren no cede a los reclamos y lo único que propone es la suspensión momentánea de la orden de corte de los servicios.

Sentados en representación del gobierno se encontraban Gaston Eduardo Fourmentel integrante de la Subsecretaría de Política Tarifaria -a cargo de Andrés Chambouleyron- y Adolfo Rodríguez Hertz, Jefe de gabinete del diputado Laspina, actual presidente de la Comisión de Presupuesto.

En la reunión, la posición del gobierno fue inamovible y no se bajaron de estirar la forma y cantidad de pago de los servicios y minimizaron la propuesta planteada en la mesa sobre el proyecto de ley, que se encuentra en la cámara de diputados (expediente 2338-D- 2016), que establece un régimen de tarifa diferencial para empresas recuperadas.

El proyecto fue rechazado de plano por el diputado Laspina, cercenando cualquier tipo de diálogo a la hora de una modificación en forma conjunta y la presentación de planteos, opciones y argumentos que nada tenían que ver con el tema energético.

Fuentes allegadas a Primereando que participaron de esa reunión indicaron: “A los funcionarios de Energía le solicitamos que nos manifestarán la propuesta, la respuesta fue simple: tienen que pagar, no tenemos una propuesta para el sector”.

“Lo único que plantean es la suspensión momentánea de la orden de corte de los servicios, ´La solución no está en nuestra cartera´, ustedes tienen otros problemas más graves, a los cuales deben hacerle frente", evadiendo de esta manera la solución que se ofrece.

Como dato de color de los representantes del gobierno, llamó la atención que justamente Chambe se encuentre representando los intereses del Estad, cuando el economista fue un "testigo experto" de empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Al no encontrar ni al menos una respuesta a las demandas, la semana próxima habrá una asamblea de empresas recuperadas, donde se analizarán los pasos a seguir y una nueva estrategia para enfrentar al cierre de los emprendimientos y parar al tarifazo.

El gobierno oficializó hoy la emisión de mil millones de dólares más de deuda. El endeudamiento desmedido del macrismo ya es centro de la crítica mundial. Para el diario español El País se trata de un "festín financiero en plena recesión"

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dispuso la emisión de una Letra del Tesoro por un monto nominal de u$s 1.000 millones, a 105 días de plazo.

Así lo establece la Resolución Conjunta 29 – E de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Esta Letra tiene fecha de emisión el 21 de noviembre próximo y vencerá el 6 de marzo de 2017, con amortización integra al vencimiento y a cupón cero de interés (a descuento), en tanto la colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas.

Le medida se toma luego de que crecieran las críticas hasta de la prensa internacional por el nivel de endeudamiento.

En las últimas horas el diario español El País advierte sobre el problema en una nota titulada "Argentina, festín financiero en plena recesión".

"Mientras muchos países latinoamericanos han decidido no endeudarse más y reducir su déficit, Macri ha iniciado el mayor proceso de endeudamiento" de la región, sostienen desde España advirtiendo sobre lo profundo de la situación.

"Argentina es un gran negocio financiero. Un inversor con buen ojo ha podido ganar con las Lebac un 50% en dólares una rentabilidad del dinero imposible en cualquier otro lugar del planeta", evalúa el artículo.

"Este crecimiento acelerado se está convirtiendo en un gran negocio mientras a su alrededor todos los otros sectores clave de la economía se desploman y Argentina, cada vez más cara, no para de perder competitividad", cierra.

Federico Braun, dueño del supermercado La Anónima y tío del Secretario de Comercio, aseguró que como se encuentra hoy la economía argentina "no se puede invertir". Además crítico al ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien se ausentó al encuentro de la Asociación de Supermercados Unidos en La Rural.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) organizó una jornada de encuentros en el predio ferial de La Rural. Allí la nota la dio el presidente de Supermercados La Anónima Federico Braun, tío del Secretario de Comercio de Mauricio Macri Miguel Braun, quien, según consigno el portal Política Argentina, aseguró que "en estas condiciones, no se puede invertir".

El enojo de Braun sería puntualmente con el ministro de Producción Francisco Cabrera que canceló la visita al predio a última hora, aunque no sería el motivo principal.

“Estamos muy enojados porque Cabrera canceló su presencia en la cena, nos falta el respeto; somos los supermercados. El auto oficial ya se había registrado por la mañana con su chapa y Cabrera avisó a las cinco de la tarde que no venía”, narró uno de los protagonistas del segmento comercial que no vive las mejores horas con el Gobierno.

En el panel matutino, Braun fue claro en que en las actuales condiciones de la economía, “no se puede invertir”. Quienes presenciaron su discurso señalaron que hizo hincapié en el “costo laboral” y “la presión impositiva”, especialmente de los impuestos nacionales.

Durante el encuentro, ASU mostró un informe donde intentó explicar por qué los hipermercados no serían formadores de precios, ejemplificando con la cadena de valor de la carne, leche, jabón en polvo y detergentes. Vale aclarar que ya no son relevados por la Secretaría de Comercio que dirige justamente el sobrino del dueño de La Anónima.

El estudio sectorial para exponer su participación en la formación de precios precisa la participación del sector en el PBI argentino, con una facturación en 2015 de $240.000 millones -monto equivalente al 4,7% de la actividad económica nacional-, y 3.118 bocas de expendio que representan 1% del total del comercio minorista, contra 14.500 puntos de venta de los autoservicios independientes.

“Hemos realizado un mapa genético del supermercadismo en Argentina. Enfrentar los mitos fue un acicate para realizar este estudio”, definió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos.

Tras la media sanción en el Senado y con la marcha que movilizará a la CGT y organizaciones sociales como motor, desde Cambiemos temen que sea aprobada en diputados. Macri ya evalúa vetarla como ocurrió con la Emergencia Ocupacional. Las organizaciones sociales advierten que en caso de que eso ocurra "habrá reacción".

El proyecto de ley de Emergencia Social que fue aprobado anoche en el Senado y girado a la Cámara baja, podría ser vetado, al menos parcialmente.

Esa versión, que cada vez toma más fuerza provocó malestar entre los dirigentes sociales, que ya advirtieron que podría generar una “reacción social”. Mañana habrá una marcha que, según esperan las agrupaciones, será masiva.

Aunque el proyecto aún tiene que continuar su trámite en Diputados, desde el Ejecutivo ya le confirmaron a la prensa que habría un veto parcial. En la Casa Rosada se oponen a la creación de un millón de planes de trabajo bajo el programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

Esta semana hubo reuniones entre el presidente de la Cámara de diputados, el macrista Emilio Monzó, con dos importantes dirigentes de peso del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, donde también estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. Allí plantearon algunas diferencias sustanciales con la propuesta original.

El proyecto que obtuvo media sanción del Congreso ayer fue elaborado en conjunto por los movimientos sociales y presentado por tres senadores, Juan Manuel Abal Medina (FpV), Teresita García (FpV) y Jaime Linares (GEN). La propuesta fue aprobada y girada a Diputados. De no haber modificaciones clave en el proyecto, y si es aprobado, podría ser vetado parcialmente por el presidente Mauricio Macri.

En las últimas horas las organizaciones sociales ya se mostraron en alerta por el posible veto de Macri.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, señaló en declaraciones a Radio 10 que “se alterará la paz” si es vetado, y aseguró que “habrá una reacción” de las organizaciones sociales y sindicales.

“Sería una irresponsabilidad del Gobierno, más en las fiestas, en las que tenemos que tratar de estar en paz, la responsabilidad de esto es del Ejecutivo”, remarcó.