(por Andrés Fidanza) El macrismo convirtió al Estado en una inmobiliaria exitosísima. Con el recurso del endeudamiento en alerta amarilla, y frente a la imposibilidad política de profundizar el ajuste, el gobierno encontró un atajo: la venta de terrenos públicos para construir torres. A pesar de su vuelo bajo, ese mecanismo le permite recaudar y financiar obras, algunas ya en marcha, justo cuando se define su suerte electoral. Y algo más: por esa vía el oficialismo le hace un guiño a las desarrolladoras inmobiliarias más poderosas, como Irsa, Iecsa y la de Nicolás Caputo.
"Cuando llegamos había 19.000 inmuebles registrados y hoy hay más 50.000. Es fundamental saber cuáles son los inmuebles que tiene el Estado Nacional y qué usos se les da”, afirmó el director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE, ex ONABE), Ramón Lanús. Se trata del organismo que maneja las tierras y propiedades fiscales. Y que lo hace, desde el año pasado, con la misma lógica del real state. Si bien desde el AABE aseguran que condicionan “la venta de tierras a que se desarrollen”, lo cierto es que en los últimos meses se aceleraron las privatizaciones.
Existe un artículo en la actual ley de Presupuesto que permite potenciar el valor de los terrenos antes de la venta. Incluido estratégicamente, el artículo 57 autoriza los acuerdos entre el AABE y las provincias. Esos contratos facilitan las ventas, previa rezonificación por parte de las Legislaturas provinciales.
Así, por ejemplo, el último mes la Legislatura porteña aprobó la rezonificación y venta para construir torres de siete predios públicos. Por esa privatización, el gobierno espera recaudar unos 400 millones de dólares. Según el cálculo oficial, la negociación del patrimonio resulta imprescindible para financiar obras en marcha, sin tener que profundizar el endeudamiento o el ajuste, tanto nacional como porteño.
Para lograr el aval necesario, el macrismo se valió de su flamante mayoría automática. Casi sin la obligación de negociar con la oposición, ni de escuchar los reclamos vecinales, el larretismo le sacó el jugo a su fusión legislativa con la Coalición Cívica y el espacio de Graciela Ocaña. A sus 32 votos de piso, le suma casi sin falta el del único diputado massista: Javier Gentilini.
El jueves pasado el bloque oficialista votó en primera lectura (falta una audiencia pública y una segunda votación) el cambio de código urbanístico y la venta de cinco lotes. El más importante es el de Retiro: una franja de 23.200 metros cuadrados sobre avenida Libertador. Los demás están en Saavedra, Mataderos, en la estación Urquiza y en Palermo, donde hoy hay unas canchas de fútbol.
En la misma sesión, y con argumentos similares, se aprobó definitivamente otro proyecto del Ejecutivo: la venta del playón verde de 9 hectáreas en Colegiales.
Hace dos semanas, el oficialismo avaló la venta de casi tres manzanas en Catalinas Sur, La Boca. Tanto en Colegiales como en La Boca, las agrupaciones de vecinos se oponían (y todavía lo hacen) a la construcción de torres.
Desde el gobierno argumentan que sólo el 35% de los terrenos será cedido al real state, mientras que el 65% será de uso público. Pero este último porcentaje incluye veredas, retiros de los edificios y hasta aperturas de calles.
A partir de ese negocio inmobiliario de más 200 mil metros cuadrados, el gobierno porteño usará 330 millones de dólares para financiar dos obras porteñas en marcha: los viaductos en los ferrocarriles Mitre, ramal Tigre, y San Martín.
Esta tanda se suma a otras subastas realizadas en el último año y medio: una enorme sastrería militar en Palermo; canchas de fútbol de alquiler en Nuñez; y el histórico edificio Del Plata, sobre avenida 9 de Julio (vendido a la desarrolladora Irsa). Por esas privatizaciones, el gobierno recaudó unos 150 millones de dólares.
El plan de ventas incluye a todo el país, pero se vuelve radical en la ciudad más apuntada por el mercado inmobiliario. A contrapelo de ese proceso, la Capital tiene un serio déficit de espacios verdes por habitante: según la Organización Mundial de la Salud, es una de las peores de América Latina.
Las privatizaciones a su vez revelan el nivel de desesperación macrista por dar con nuevas fuentes de financiamiento, incluso a costa de ceder un patrimonio irrecuperable: el espacio público.
