Giro en la causa que impulsó el macrismo para perseguir rivales políticos.

Giro imprevisto en la causa Cuadernos, que fue utilizada por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir sin pruebas a empresarios y ex funcionarios kirchneristas. Por videoconferencia, Oscar Centeno, testigo que debería ser clave, habló con fiscales españoles. Ahora parece que no sabe nada.

El exchofer de la Subsecretaría de Planificación no pudo hacer ninguna precisión ni brindar detalle alguno sobre las supuestas coimas ni los dólares que supuestamente pagaron los empresarios de Isolux para quedarse con la termoeléctrica Río Turbio entre 2008 y 2015.

Así lo indicó Juan Amorín por C5N, señalando que “Centeno no vio nada. No vio los dólares que supuestamente Isolux entregó. No vio a los empresarios que él mismo refirió y anotó en los cuadernos como los supuestos pagadores de estas coimas”.

El periodista detalló que, en su declaración, el testigo protegido en la causa Cuadernos “dijo que simplemente estaba en el auto al momento de los distintos encuentros”, de manera que los fiscales españoles “se fueron con las manos vacías”, afirmó Amorín.

La declaración de Centeno, citado por el juez Daniel Rafecas, pone en serio riesgo la continuidad de la causa Cuadernos, ya que no pudo sostener detalles que aparecieron anotados en la libreta; lo que se suma a las 1.800 irregularidades, entre tachaduras y correcciones, que fueron halladas en el material.

El 28 de los empleados están por debajo de la línea de la pobreza.

El Gobierno nacional anunció un refuerzo de ingresos que afectará a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. La medida es lógica: a pesar de la recuperación del empleo del último año y medio, el 28% de los/as empleados/as está por debajo de la línea de la pobreza. Un familia tipo necesita alrededor de 90 mil pesos para no ser pobre.

Como es previsible, el número empeora entre los cuentapropistas y los/as informales, donde la cifra sube al 41 y al 45%, respectivamente. Se trata del sector que representa a la mitad de los trabajadores argentinos.  

Sin embargo, el problema también impacta sobre los/as empleados/as registrados. Es decir: se puede tener un empleo formal y también ser pobre. Así le pasa al 15% de los/as trabajadores que son contratados con todo “en regla”. Eso se debe, en buena medida, a que el salario mínimo que debe cobrar cualquier trabajador formal está por debajo de la línea de la pobreza. Por ahora, no hay avances en ese sentido aunque el gobierno adelantará las paritarias entre gremios y empresas. Además, se evalúa adelantar sumas fijas a trabajadores, a cuenta de futuros acuerdos en las negociaciones salariales, reseñó AGENCIA PACO URONDO.

Según un estudio del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, de la Universidad de San Martín la explicación es sencilla: “Los ingresos continúan rezagados, alrededor de la mirad de los trabajadores está inserta en ocupaciones precarias o inestables y el salario de los asalariados formales solo recuperó dos de los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos entre 2018 y 2019”, resumieron. 

El debate se produce en el medio del conflicto generado a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

El Senado de la Nación comenzará a debatir la semana próxima en un plenario de comisiones una reforma a la composición de la Corte Suprema de Justicia para ampliar el número de sus integrantes, según informaron fuentes del interbloque oficialista.

El avance en una reforma de la composición de la Corte se produce en el medio de un conflicto generado entre los actuales integrantes del máximo tribunal y el oficialismo a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Un fallo del supremo tribunal de diciembre del año pasado repuso la vieja ley del Consejo, lo que generó una serie de conflictos por la elección de los nuevos consejeros designados por el Congreso entre el interbloque del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, principalmente, en la Cámara alta.

Fuentes de la bancada del oficialismo indicaron que la discusión del asunto se extenderá por varias semanas y que serán invitados especialistas en el tema.

Además, los voceros indicaron que se buscará llegar a un consenso con la oposición para obtener el mejor proyecto posible y evitar que el asunto quede empantanado en la Cámara de Diputados como ocurrió, por ejemplo, con la reforma judicial aprobada en el Senado en 2020.

La ley en vigencia, aprobada en 2006, establece que la Corte esté conformada por cinco jueces, aunque en la actualidad está integrada por cuatro magistrados: su presidente, Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Cabe resaltar, que la ahora ex jueza Elena Highton de Nolasco renunció a su cargo en octubre de 2021 y su reemplazante hasta ahora no fue designado.

El Senado tiene en estudio un solo proyecto vinculado a modificar la Corte y fue presentado por la riojana de Hay Futuro Argentina María Clara Vega, exintegrante de Juntos por el Cambio. Se trata de una iniciativa que busca respetar la paridad de género en la composición de la Corte.

El artículo primero de la iniciativa establece que el Supremo Tribunal “deberá reflejar en su integración la paridad de género entre hombres y mujeres, diferentes especialidades de sus miembros y distinta procedencia geográfica en el marco de un país federal”.

“La paridad de género entre hombres y mujeres implica que los miembros del mismo sexo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podrá superar en más de uno a los miembros del otro sexo”, señala. Ese proyecto, además, está girado a la Comisión de Banca de la Mujer.

Por otro lado, el puntano Adolfo Rodríguez Saá había presentado un expediente en 2020, cuya vigencia cayó en febrero de este año, aunque fuentes vinculadas con el legislador peronista aseguraron que lo volverá a presentar en los próximos días.

Se trata de una iniciativa que amplía el número de integrantes a nueve, por lo que volvería a la composición original.

Según el articulado, en su integración la Corte deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

“A efectos de asegurar la diversidad de género, la Corte no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género”, señala la iniciativa.

Además, deberá incluir representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado.

Los procedimientos de AFIP y la DGA se llevaron a cabo en distintas provincias argentinas productoras de materias primas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco,  Tucumán y Mendoza.

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), se informó que se “desarticuló una maniobra diseñada exclusivamente para fugar divisas a través de empresas agroexportadoras sin capacidad económica ni financiera que sustenten sus operaciones”.

Se trató de “60 cáscaras societarias sin empleados y con prestanombres como dueños, que fueron detectadas y denunciadas, ya que pretendían realizar millonarias operaciones comerciales para evadir y fugar divisas”.

“La coordinación entre distintas áreas de la AFIP nos permitió desarticular maniobras de evasión, elusión e intento de exportación fraudulenta de más de 37.500 toneladas en los últimos seis meses. Desde el organismo enfrentamos esta problemática de los exportadores truchos, que tiene un impacto negativo tanto en el mercado cambiario como en los ingresos fiscales”, sostuvo la titular de la Aduana, Silvia Traverso.

Y agregó: “No es casualidad que ahora algunos intenten amedrentarnos con denuncias. Vamos a seguir profundizando el trabajo hecho en esta línea. Pero a diferencia de los que eluden y evaden, nosotros en la AFIP estamos a disposición de la Justicia. Seremos implacables ante cualquier irregularidad”, advirtieron.

Según Aduana, las investigaciones que permitieron frenar las exportaciones irregulares mediante las firmas truchas son el resultado del trabajo conjunto con la Dirección General Impositiva de la AFIP y las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintas provincias argentinas productoras de materias primas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco,  Tucumán y Mendoza.

Entre los productos que fueron identificados en infracción se encuentran soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de otras materias primas como azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero (rye grass).

“Las 60 firmas investigadas y denunciadas son, en todos los casos, sociedades de reciente creación que carecían de capacidad económica y financiera para justificar sus operaciones declaradas”, insistió el organismo, que no reveló los nombres de las firmas denunciadas.

“Todas las empresas que fueron llevadas a la Justicia registraron a lo largo de los últimos meses un crecimiento exponencial e inexplicable en sus envíos de productos agropecuarios al exterior. Tampoco tenían empleados”, continuó.

Las investigaciones permitieron identificar también que los presuntos titulares o dueños de las exportadoras eran personas que carecían de  bienes o inmuebles a su nombre. Las pesquisas revelaron que, en algunos casos, los “prestanombres” utilizados para el fraude eran personas humildes que desconocían estar vinculados a empresas exportadoras.

Las denuncias realizadas por la DGA sostienen que las maniobras con firmas falsas tienen por objetivo mantener ocultos a los verdaderos dueños, que buscan dejar en el exterior los dólares obtenidos por sus ventas, sin cumplir con la obligación de liquidarlos en el mercado cambiario oficial.

“Estos operadores fraudulentos de comercio exterior, al momento de ser investigados por los organismos de control, cesaban su actividad, por lo que incumplían con el ingreso de las divisas y el pago de los tributos pendientes”, completó Aduana.

Si se compara contra febrero de 2020 previo al inicio de la pandemia, el Estimador Mensual de la Actividad Económica reflejó una mejora de 6,6%, mientras frente a igual mes de 2019 el incremento es de 4,5%.

El nivel de actividad económica creció 9,1% en febrero respecto a igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en febrero un aumento del 1,8% en relación a enero, con lo que acumuló en el primer bimestre del año una mejora del 7%.

Si se compara contra febrero de 2020 previo al inicio de la pandemia, el EMAE reflejó una mejora de 6,6%, mientras frente a igual mes de 2019 el incremento es de 4,5%.

En febrero nuevamente lideró el crecimiento el rubro Hoteles y restaurantes, con una mejora del 31,9% interanual.
Durante el segundo mes del corriente año crecieron de forma interanual casi todos los sectores que integran el indicador, con excepción del agropecuario que registró una caída de 0,8% interanual.

En términos porcentuales el crecimiento fue liderado por el rubro Hoteles y restaurantes, con una mejora del 31,9% interanual.

También crecieron a tasas de dos dígitos Transporte y comunicaciones, 14,5% interanual; Minas y canteras, 14,1%; y Comercio, 11,7%.

Comercio, junto al crecimiento de 9,8% que marco la Industria, fueron los que más contribuyeron al crecimiento del 9,1% que marcó el EMAE durante febrero. Por último, los Impuestos crecieron 11,5% interanual.

Por último, el Indec también precisó que el EMAE de febrero creció 1,8% mensual en la serie sin estacionalidad, superando por noveno mes consecutivo el nivel prepandemia de febrero de 2020 (+6,2%) y ubicándose a solo 2,2% del máximo registrado en noviembre de 2017.

El Estimador, además, refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional y permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral.

El acuerdo se logró entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras del sector, y tras el aumento, el piso salarial pasará de $90.000 a $139.000.

Uno de los principales gremios del país, el de Comercio, logró cerrar paritarias recientemente con un fuerte aumento, pues el sector acordó una suba del 59,5%.

Dicho incremento, de acuerdo a lo establecido en la comisión se pagará en 7 tramos y comprenderá las paritarias 2022 2023, por lo que el ajuste salarial estará vigente hasta marzo del año próximo.

Con el nuevo incremento salarial, las paritarias del gremio estarían incluso por sobre las proyecciones de la inflación para este año, lo cual ha sido uno de los propósitos del Gobierno.

El acuerdo se logró entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y  las cámaras del sector, y tras el aumento, el piso salarial pasará de $90.000 a $139.000.

El ajuste del 59,5% se pagará de la siguiente forma: 6% en abril, mayo y junio, 10% en agosto y septiembre; después 11% en noviembre y 10,5% en enero del 2023.

El acuerdo, firmado por el sindicato que encabeza Armando Cavalieri, también contempla revisiones periódicas, esto dado a la presión inflacionaria, por lo que los salarios podrían volver a tener un incremento. 

“Hemos logrado este acuerdo que contempla el impacto de la aceleración de los precios de los primeros meses” dijo el representante del sindicato quien también añadió.

“Contamos con el compromiso de las cámaras de abrir nuevas revisiones para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo frente a la inflación”; no obstante, el Gobierno prevé que la inflación baje en los meses entrantes.

Las comisiones han acordado, en su gran mayoría, aumentos significativos para cada uno de los sectores. Así las cosas, los gremios que han cerrado paritarias son: panaderos, gráficos y estaciones de servicio.

También se suman el de papel y cartón, jaboneros, madera, mosaicos, actores, remises, plástico, ceramistas, seguros y vestido y afines.