Fue tras participar de la comisión de Seguridad de la Legislatura, para que se trate el proyecto de “ley integral contra la violencia institucional” presentado por el Frente de Todos.

Familiares de víctimas pidieron en la Legislatura porteña que se trate el proyecto de “ley integral contra la violencia institucional” presentado por el Frente de Todos y afirmaron que “puede salvar vidas que son valiosas para todos”.

Los familiares participaron de la reunión de la comisión de Seguridad de la Legislatura, y entre ellos estuvo Félix Demonty, hermano de Ezequiel.

Félix relató, en ese sentido, que “en 2002 la Policía Federal secuestró a mi hermano a la salida de un boliche junto a dos amigos, los llevó a orillas del Riachuelo, donde fueron brutalmente golpeados y obligados a tirarse al río“.

“Claudio, de 14 años en ese momento, y Julio, que tenía 19, pudieron salir con vida. Mi hermano apareció siete días después en las mismas aguas del Riachuelo, a 20 cuadras del lugar de los hechos”, recordó.

Y, dirigiéndose a los legisladores y legisladoras, continuó: “Quiero hacer un llamado a la conciencia de ustedes para que este proyecto pueda ser tratado, primero en comisión y después en el recinto”, y “que pueda ser ley para que no sigan matando a nuestros pibes y pibas en los barrios”.

El proyecto para una “ley integral contra la violencia institucional” fue presentado en mayo de 2021 por la legisladora Lucía Cámpora y lleva las firmas de sus compañeras de bloque María Bielli, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro, Laura Velasco y el legislador Claudio Morresi.

La iniciativa propone crear centros de recepción de denuncias atendidos por personal ajeno a la policía y de un registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de clasificar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, establece procesos de capacitación en derechos humanos para la Policía de la Ciudad e incluye “reglas mínimas” para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas, así como “principios” sobre el empleo de armas de fuego.

En la comisión también intervino la mamá de Ezequiel y Félix Demonty, Dolores Sigampa, quien dijo que esta ley “puede salvar vidas que son valiosas para todos”.

Sigampa también se dirigió a los legisladores y dijo: “Es responsabilidad de ustedes, porque nosotros somos parte de la Ciudad de Buenos Aires y nuestros hijos e hijas también”.

A su turno, tomó la palabra Nora Díaz, madre de Camila Arjona, afirmó que su hija “fue asesinada por un policía por la espalda y estaba embarazada de cinco meses” y agregó: “Pedimos que estudien esta ley y que ayuden a que salga para que no sigan matando a nuestros pibes y pibes. Hablo en nombre de todas las Madres en Lucha”.

Por último intervino Gumercinda, madre de Judith Giménez, “una adolescente de 16 años que fue asesinada en 2007 por un gendarme en la Villa 31”, dijo al recordarla, y pidió a los legisladores que “acompañen el proyecto para que se convierta en ley”.

“No queremos que los pibes de nuestros barrios, por ser morochos, por usar una gorra de marca, por vestirse bien sigan siendo víctimas de violencia institucional”, añadió. Madres en Lucha contra la Impunidad es un movimiento conformado por familiares de víctimas de violencia institucional.

Con la asistencia del jefe de Gabinete y el ministro del Interior, el encuentro estará signado por la tensión que existe entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires en torno a la coparticipación.

El Consejo de la región Norte Grande vuelve a reunirse este viernes en la provincia de Tucumán con la participación de funcionarios nacionales, en lo que será la 10ª sesión de ese organismo, que tendrá como principal objetivo la sanción de un tratado de integración y la creación de una agencia regional de inversiones para el comercio exterior.

Con la asistencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como anfitrión, el encuentro está pautado para las 10 en el hotel Sheraton de Tucumán, donde a las 13 habrá una conferencia de prensa y una hora después se hará un almuerzo como actividad de cierre.

Jaldo señaló en rueda de prensa que el Congreso del Norte Grande “estará integrado por gobernadores que tuvieron la visión de tomar al NOA y al NEA como una región para reclamar derechos y achicar asimetrías”.

Aunque existe un clima cordial y de trabajo entre los diez mandatarios que pertenecen a distintos sectores políticos, el encuentro estará signado por la tensión que existe entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires en torno a la distribución de los recursos entre las jurisdicciones.

Aunque existe un clima cordial y de trabajo entre los diez mandatarios que pertenecen a distintos sectores políticos, el encuentro estará signado por la tensión que existe entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires en torno a la distribución de los recursos y el inminente fallo de la Corte Suprema.

Por eso, la Región del Norte Grande del país insistirá con denunciar “la falta de federalismo” respecto a la coparticipación y la distribución de los recursos.

Otro de los puntos a debatir entre los mandatarios de diferentes espacios políticos (de los 10 miembros, dos son radicales, tres son aliados al oficialismo y cinco son justicialistas) es una postura común y que acciones seguir sobre el diferendo que hay en la Corte Suprema de Justicia, la cual se espera que falle en un breve período.

Quiénes participarán

Los gobernadores del Norte Grande son Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Morales (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Valdés (Corrientes); y Oscar Herrera Aguad (Misiones).

Zamora, Sáenz y Herrera Aguad son aliados al Frente de Todos; mientras Capitanich, Jaldo, Jalil, Quintela e Insfrán son justicialistas; y Morales (presidente de la UCR) y Valdés son radicales.

El reclamo realizado por la ciudad de Buenos Aires es por los recursos que se otorgaron en la administración de Mauricio Macri en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña y que la gestión de Alberto Fernández en 2020 redireccionó en parte por considerarlos “excesivos”.

En el encuentro, los gobernadores tratarán una agenda basada en “la sanción del Tratado de Integración Regional del Norte Grande, creación de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Norte Grande y una propuesta de realización de misión conjunta a Estados Unidos de América”.

Fuentes vinculadas a este encuentro indicaron que entre los temas más importantes se analizarán las tarifas diferenciales de energía; la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros; la problemática de los cupos de combustible y un programa federal de inversión en el ámbito del Ministerio de Turismo.

También darán un impulso a la ley de Garantía de Inversiones y discutirán sobre los avances en materia energética en las negociaciones que se mantienen con la Nación.

Al igual que se hiciera en nuestro país con el Aporte Solidario, en el Reino Unido aplicaron un gravamen del 25 por ciento sobre las ganancias de las petroleras, para ayudar a las familias de más bajos ingresos a lidiar con la inflación.

El Gobierno británico anunció este jueves la decisión de aplicar un impuesto temporal a las ganancias de las petroleras que operan en el Reino Unido, como parte de un nuevo plan para aliviar el costo de la vida, producto de la gran inflación que registró en este último tiempo y se tradujo en un alto costo de la energía.

En declaraciones este jueves en el Parlamento, el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, dijo que el gravamen será del 25 por ciento y permitirá recaudar alrededor de cinco mil millones de libras esterlinas (unos seis mil 200 millones de dólares) durante el año próximo.

El gobierno conservador liderado por el primer ministro Boris Johnson había rechazado hasta ahora una propuesta de los laboristas para gravar las ganancias extraordinarias de las trasnacionales petroleras y utilizar esos fondos para ayudar a las familias de más bajos ingresos a lidiar con el reciente aumento del 54% de la factura energética.

Según explicó el ministro de Hacienda, el nuevo paquete financiero con el que se pretende amortiguar el impacto de una inflación que se acerca al 10%, representará un desembolso de 15 mil millones de libras (19 mil millones de dólares) para el Estado.

Entre las medidas anunciadas están la entrega de 650 libras (815 dólares) por una única vez a las familias de menos ingresos y un descuento anual de 400 libras (500) sobre la factura energética para todos los hogares del país.

La crisis del costo de la vida en el Reino Unido, que el gobierno achaca al incremento del precio global de los combustibles y al impacto de la guerra ruso-ucraniana, se acrecentó en abril con la entrada en vigor de un aumento del 54 por ciento de la tarifa de electricidad y gas para millones de hogares británicos.

El ente regulador de la energía alertó a principios de esta semana que el pago anual por esos servicios, que ahora promedian unos dos mil 400 dólares, podría superar los tres mil 500 dólares a partir de octubre, para cuando está previsto que se apruebe el nuevo tope tarifario.

A meses de las elecciones presidenciales del 2 de octubre, una nueva encuesta posiciona al ex mandatario Lula Da Silva con una intención de voto del 54%, contra un 30% del oficialismo que encabeza Jair Bolsonaro.

El expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva vencería en primera vuelta con 54% a 30% de los votos al mandatario Jair Bolsonaro en los comicios del 2 de octubre, según una encuesta de intención de voto del instituto Datafolha divulgada este jueves por el diario Folha de Sao Paulo.

Esta es la mayor ventaja del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) cuando restan cinco meses para los comicios, en los que Lula y Bolsonaro aparecen como claros dominadores del polarizado escenario brasileño.

La encuesta presencial arrojó que Lula vencería en la primera vuelta teniendo en cuenta los sufragios válidos, es decir, descartando los votos en blanco y anulados, con 21 puntos de diferencia sobre el jefe del Estado.

Según Datafolha, Lula vence con 48% de los votos contra 27% de Bolsonaro, del Partido Liberal, y 7% de Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), mientras Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) del expresidente Temer, tiene 2%, igual que el diputado José Janones, del centroderechista Avante.

Para la segunda vuelta electoral, en caso de que la hubiera, el expresidente que gobernó entre 2003 y 2011 y se fue con casi 90% de imagen positiva del poder marca 58% de intención de voto contra 33% de Bolsonaro.

Según el recorte hecho por Datafolha, Lula vence 49% a 23% en el electorado femenino y su gran diferencia es entre la juventud, 58% a 21%.

Los más pobres, los que ganan menos de 400 dólares mensuales, también eligieron a Lula según Datafolha: 56% a 20%.

En la región noreste, bastión del lulismo desde 2006, Lula vencería 62 a 17%.

La diferencia también es amplia entre los negros (57% a 23%), entre católicos (54% a 23%) y desempleados (57% a 16%).

El plan social actual Auxilio Brasil, que reemplazó al programa Bolsa Familia, tampoco permite a Bolsonaro sacar ventajas: entre los que reciben el subsidio, 59% dijo que vota a Lula y 20% al actual jefe del Estado.

Los puntos fuertes de Bolsonaro están entre quienes tienen una renta familiar superior a los 2.700 dólares mensuales, donde vence con 42% a 31%, y entre los empresarios (56% a 23%).

Entre los que cobran entre 600 y 2.000 dólares hay un empate de preferencias, indica el sondeo.

Entre los evangelistas, público con el cual Bolsonaro había logrado ventaja en las elecciones de 2018, el actual jefe del Estado lidera 39% a 36%.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos y fue realizada entre miércoles y jueves en forma presencial entre 2.556 electores de 181 ciudades.