Además, el abogado delantó que pedirá que le “brinden explicación de la negligencia y o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celula” del atacante.

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.

En diálogo con Télam, Dalbón explicó los pasos que seguirá: “La querella ya está lista para la firma de la vicepresidenta, que se hará el día lunes”, contó.

“Una vez que firme me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado”, continuó.

Se refirió así a la causa que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, y a la nota -publicada en Página 12- que sostiene que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por el atentado contra la vicepresidenta, por lo que la información de su teléfono corre riesgo de perderse.

“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón, que aclaró que en su opinión se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.

“Es increíble que cuando Cristina (Kirchner) es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso la pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen”, agregó el letrado.

Dalbón recordó en este sentido las amenazas de muerte que había sufrido Cristina Kirchner durante una protesta realizada frente al Instituto Patria y también las pegatinas en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires aparecidas en abril último, con carteles con la cara de la vicepresidenta y las frases “Asesina”, “Culpable de 35.000 muertes” y “Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, además de un código QR que lleva a una página que dice “Pronto todos sabrán lo que hiciste”.

Ambas causas siguen su curso en la Justicia y la vicepresidenta es parte de la querella, con el patrocinio de Dalbón.

En esta línea, en diálogo con esta agencia, el letrado consideró “de suma importancia” que la exmandataria se presente como querellante en la investigación contra Sabag Montiel porque, dijo, “de esa manera puede tener acceso a la causa, sugerir prueba, solicitar nuevas detenciones, ofrecer peritos de parte y estar a las resultas del proceso con posibilidad de apelar resoluciones que le causen gravamen”.

“En mi opinión va a haber más (imputados) porque entiendo que no actuó solo”, apuntó el abogado sobre el imputado.

El letrado fue consultado en este punto por un amigo del atacante que había sostenido en una entrevista televisiva que Sabag Montiel “lamentablemente no ensayó antes” de perpetrar su intento de magnicidio.

“La idea es que lo vamos a denunciar y pedir explicaciones de sus dichos”, confirmó Dalbón.

Se refirió así el supuesto amigo del imputado que, una nota con la señal de TV Telefe, dijo: “Yo creo que su intención original era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”.

“Por ahí significarían menos impuestos, no sé. Igual, menos mal que no le tiró porque la convertían en mártir y zafaba de todas las causas”, agregó el hombre, que se presentó como el exmejor amigo de Sabag Montiel, en una entrevista donde brindó características puntuales sobre el agresor.

Novedades en el intento de magnicidio.

El juzgado de María Eugenia Capuchetti evaluaba anoche la hipótesis de que Fernando Sabag, la persona que intentó disparar contra Cristina Fernández de kirchner, no actuó solo, sino como parte del grupito que lo rodeaba. En ese marco, decidió la detención de Brenda Uliarte, la novia de Sabag, que además convivía con él.

La mujer quedó detenida a las 22.35 en la estación Palermo del tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). De acuerdo a la información que surge de las cámaras de seguridad, el jueves a la noche también ella estuvo en la esquina de la casa de la Cristina Fernández de Kirchner, Juncal y Uruguay.

Según sus apariciones en redes sociales, Uliarte parece vinculada a ideas “libertarias”, del economista Javier Milei. Más allá de apelaciones a “no hay reconciliación con los corruptos”, no aparecen mensajes violentos o que puedan vincularse a un hecho tan grave como el intento de asesinato al principal dirigente político del país.

Por último, trascendió que la justicia también podría detener a Mario Borgarelli, un amigo del atacante. “Sabag es el boludo del grupo. Hace cosas por hacerse notar. Sí, sí, lo creo capaz”, había dicho Borgarelli en el juzgado. Pero la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo piensan que quienes rodeaban a Sabag no fueron ajenos a lo que ocurrió e incluso está la versión de que alguno del grupo aparece en la zona de Juncal y Uruguay

“Hay que escuchar la voz del pueblo”, dijo el presidente Gabriel Boric luego de los comicios donde un 61,87% de los votos fueron en rechazo al cambio de la Constitución de Chile.

El rechazo a la nueva Constitución de Chile se impuso con 61,87% de los votos válidos del plebiscito de este domingo contra 38,13% favorable a la aprobación, cuando se había completado 99,86% del escrutinio oficial.

Tras conocerse el resultado, el presidente Gabriel Boric llamó a los dirigentes políticos a escuchar “la voz del pueblo”, que se expresó “de manera fuerte y clara” en la consulta, y anticipó que hará cambios en su gabinete.

Paralelamente, convocó a líderes de los partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso para analizar este lunes por la tarde la continuidad del proceso constitucional.

“Hay que escuchar la voz del pueblo; esta decisión exige a nuestras instituciones que trabajemos hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza”, afirmó el mandatario en un mensaje al país.

“Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que nos dé confianza, que nos una como país”, manifestó.

El mandatario agregó: “Debemos ser autocríticos; los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado; no podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a poner todo de su parte”.

Por otra parte, Boric adelantó que hará cambios en el gabinete: “Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno, para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos”, dijo.

Más temprano, tras conocerse los primeros resultados oficiales, dirigentes partidarios de la aprobación admitieron la derrota.

Los chilenos fueron este domingo a las urnas para decidir en plebiscito si aprobaban o rechazaban el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90). Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.

La expectativa era enorme no solo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.