El sistema “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.

La jueza porteña Elena Amanda Liberatori declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.

En la resolución, Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14, dio lugar al amparo colectivo presentado a fines del 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) contra la administración que encabeza de Horacio Rodríguez Larreta.

La acción cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), una tecnología que permitió el acceso a datos biométricos de casi 10 millones de personas, según constató la investigación judicial.

En su presentación, el Observatorio advirtió que las medidas de seguridad, implementadas a través de una empresa privada, “no fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema”. También destacó que “se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería ‘juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”, por lo que requirió como medida cautelar que “se suspendiese la aplicación de las normas indicadas”.

En el fallo, Liberatori hizo lugar a la acción de amparo “declarando la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Resolución 398/19 en cuanto el SRFP se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”. También, determinó “la nulidad de todo lo actuado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad en el marco del SRFP, en violación del artículo 3 del Anexo de la Resolución 398/19, es decir, sin orden judicial constatable”.

Y supeditó “la puesta en funcionamiento del SRFP a la constitución y debido funcionamiento de los órganos de control, como la Comisión especial de seguimiento de los sistemas de video vigilancia en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad y Defensoría del Pueblo de la Ciudad”.

En la resolución, en tanto, la magistrada consideró que “la mera eventualidad de estas falencias con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles – no por no estar contemplados en las leyes sino por la ausencia de debida implementación conforme a ellas-, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales”.

En rigor, la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hasta julio pasado.

No obstante, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, en abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, la suspensión por parte del Gobierno porteño del SRFP tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

El 17 y 18 de septiembre se realizará en esa localidad del Oeste del Conurbano la reunión de organizaciones, instituciones y personas para tratar está creciente problemática.

Agrupados bajo la consigna ‘hacia la Agroecología y el Buen Vivir de la Provincia de Buenos Aires’ se realizará el 12° Encuentro de Pueblos Fumigados este próximo 17 y 18 de septiembre en la localidad de General Rodríguez.

Este encuentro registra un antecedente exitoso en la región: el pasado sábado 25 de junio, en el predio de la Universidad Nacional de Luján, se realizó el Primer Encuentro Regional, como parte del Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir de la provincia de Buenos Aires (EPFA).

En esa oportunidad, más de 50 integrantes de asambleas y organizaciones sociales, de aproximadamente 20 distritos, definieron la creación de la Regional. Según señalaron desde la organización se trató de “un aporte a las luchas contra el agronegocio y por la Agroecología”.

El encuentro tuvo el objetivo central de organizar las luchas en la región contra las fumigaciones en los diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires, explicaron desde la organización. Durante el encuentro, desde la organización denunciaron “el modo de producción capitalista en los que al agronegocio respecta, que nos enferma y mata, que saquea y contamina la naturaleza, todo en función de la obtención de ganancias de un porcentaje ínfimo de la población, con los tres poderes del Estado, en las distintas escalas, fomentándolo”.

La portavoz presidencial reflexionó sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Además, aseguró que se superaron las expectativas en el ingreso de divisas tras el anuncio del dólar soja.

Como cada jueves, Gabriela Cerruti brindó una conferencia de prensa ante periodistas acreditas, en la cual resaltó índices de la economía, como que la Argentina lleva 18 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado registrado: “Esto hace que los trabajadores entren en la puja salarial para ganarle a la inflación”.

También destacó el “récord histórico de trabajadores registrados” que describió esta semana el presidente Alberto Fernández. Además, nombró las cinco mil obras públicas que se realizan en todo el país, y aseguró que “el ingreso de divisas es por encima de las expectativas” de cuando se anunció la medida del dólar soja.

Por otro lado, sentenció que “no hay ningún tipo de ajuste” y explicó que hubo un reordenamiento de partidas presupuestarias en Salud y Educación pero se trata de aquellos créditos que iban a suceder el año que viene.

Sobre las clases escolares, “no entendemos que se haya perdido horas de educación” durante el feriado nacional del pasado viernes: “En un intento magnicidio que haya una jornada de reflexión es parte de la educación, se llama educación civil”. Sin embargo, recordó que el gobierno nacional está girando fondos a las provincias para aquellas que hayan incorporado una hora de clase diaria.

En cuanto al atentado a la vicepresidenta y la polémica sobre los discursos de odio, la funcionaria explayó: “El presidente fue claro, lo qué pasó es una expresión que se fue construyendo en una acumulación de años. Cuando se van cruzando líneas y límites, en una sociedad donde esta permitido construir un otro que puede ser exterminado, colgar bolsas mortuorias y guillotinas en la casa de gobierno, que el otro es un cáncer, que no merece estar en la sociedad, eso en determinadas personalidades tiene una repercusión”.

“Tenemos que replantearnos como sociedad si vamos a seguir en esta senda donde un sector de la sociedad piensa que otro sector no merece vivir en la sociedad. No es un problema del país, es del mundo”, agregó.

En relación a la falta de repudio de Patricia Bullrich al intento de magnicidio, Cerruti expresó que “es grave que la presidenta del principal partido de la oposición no se haya pronunciado”.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes expuso este miércoles en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes.

Al inicio de su exposición, Marisa Graham afirmó que “nuestro propósito es trabajar mucho para que haya defensoras y defensores en las provincias, que sean pares nuestros y que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. En tanto, aclaró que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos de un tercio de la población, que son las personas de hasta 17 años. Es autónoma e independiente, que recibe denuncias de los niños, adultos y organizaciones, entre otros”.
 
Al respecto, Graham ratificó que los niños de los pueblos originarios son “los más vulnerables y vulnerados en Argentina, sobre todo aquellos que están en peores condiciones”. Luego, realizó un pormenorizado detalle de todas las áreas que conforman la Defensoría, explicando las diversas herramientas de su gestión para la supervisión, asesoramiento, sensibilización y exigibilidad.

En otro orden, propuso reformular la ley de discapacidad, que sigue vigente la de la dictadura, “que es retrograda”, también la penal juvenil y la de salud mental, ya que “sólo hay un artículo que dedica un párrafo a niñas, niños y adolescentes, como si ellos no tuvieran padecimientos subjetivos, que merecen tener leyes apropiadas”, resaltó.
 
En la continuidad, Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó el procedimiento de la admisión de los casos que busca fortalecer y re jerarquizar el sistema de protección de derechos en nuestro país. “Desde su creación, la Defensoría lleva tramitados 756 expedientes hasta el 28 de febrero de 2022 y del 1ero. de marzo hasta el 31 de julio ingresaron 112 casos nuevos, donde el grueso de los mismos es por cuestiones de familia”, especificó
 
En referencia a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el funcionario sentenció que “es abrumadora la evidencia de que no corresponde bajar la edad de imputabilidad”. En esa línea, recomendó los estándares que debería tener una nueva ley.
 
Asimismo, instó a que se debata la Ley Nacional de Reparación Histórica de las Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, por considerar que “falta diagnóstico, planificación, coordinación y evaluación de políticas nacionales y provinciales que garanticen el acceso al agua, condiciones básicas de infraestructura, de vivienda y nutricionales de los niños, niñas y adolescentes”, expresó. Por último, contó que “trabajamos un Sistema Federal de Monitoreo, para garantizar un piso mínimo en las condiciones de alojamiento de los niños”.