La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. “El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indica el expediente.

Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera destacó la “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.

Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.

En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.

Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.

Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.

“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.

Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”

“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.

Este jueves desde las 11hs la Cámada de Diputados sesiona una serie de proyectos en los que se incluyé Ley de Alcohol Cero al Volante, el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentinas, y la Ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente la Muerte Perinatal.

La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, sesiona con el fin de considerar: Lengua de Señas Argentina (LSA), reconocimiento como una lengua natural y originaria en todo el territorio de la Nación Argentina; Ley 24.449, de tránsito, modificación sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos; y la Ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente la Muerte Perinatal, establecimiento.

A su vez se tratará el Expediente 2944-D-2022. Programa de Protección Integral De Personas Con Cardiopatía Congénita. Ampliación de su aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación; Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, modificación sobre actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la misma; y la Ley 27.399, de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largo, modificación.

El temario incluye además, inmuebles propiedad del Estado nacional, en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz; Dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”, transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y Dominio del inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

Finalmente se tratará el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba, transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba; y el Dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.

La actividad se podrá seguir en los siguientes canales:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

Así lo informó el Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec.

La actividad económica en su conjunto creció durante septiembre 4,8% en relación a igual mes del año pasado, al tiempo que marcó un retroceso de 0,3% frente a agosto, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza del 6,2%.

El EMAE, que reúne a varios de los componentes que integran el Producto Bruto Interno (PBI), registró en septiembre alzas en 13 de los 16 sectores que lo conforman.

Entre las subas se destacaron las de Hoteles y restaurantes, con un incremento de 30,3% interanual y un aporte de 0,35 puntos porcentuales en la mejora del indicador.

Otro rubro fue Explotación de minas y canteras, con un alza del 14,2%y 0,45 puntos porcentuales; seguido por Construcción, con el 7,2% y 0,24 puntos porcentuales.

Con igual tendencia, la actividad en Comercio mayorista, minorista y reparaciones subió 7%, y resultó el de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, ya que aportó 0,94 puntos porcentuales del 4,8% de incremento que marcó el indicador a nivel general

Por último, la actividad de la Industria manufacturera aumentó 4,1%; y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler marcaron un avance de 5,1%.

Por el lado de las bajas, lo más destacado pasó por el sector Electricidad, gas y agua, con un retroceso del 3,5%, en la comparación interanual.

A este se sumó el sector pesquero, con una merma en el nivel de actividad de 3,1%; y la Intermediación financiera, con una baja del 2,3%.

El Indec también realizó una encuesta cualitativa en el sector fabril sobre las perspectivas para los próximos meses.

El EMAE refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional.

Este indicador permite anticipar las tasas de variación del producto interno bruto (PIB) trimestral. La publicación incluye la serie original (número índice y variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior), la serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo (número índice y variación respecto del mes anterior).

En agosto pasado, la actividad económica creció 6,4% en relación a igual mes del año pasado, mientras que respecto a julio marcó una mejora de 0,4%.

Durante el octavo mes del corriente año el sector con mejor desempeño fue la Industria manufacturera, con una suba en el nivel del actividad del 8,3%, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con el 9%.

El mejor registro de la actividad económica en lo que va del corriente año se dio en febrero pasado, cuando marcó una mejora de 9,1% interanual.

En tanto, a lo largo de 2021 el estimador mensual de la actividad económica reflejó un incremento de 9,8% frente a 2020, año en el que registró una caída de 2,2% afectada principalmente por las medidas de aislamiento impuestas para morigerar el avance de la primera ola de coronavirus en el país.

Confianza sobre la lucha contra la inflación.

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostiene que la inflación retrocederá un punto por bimestre y se animó, inclusive, a ponerle un número al corto plazo: aseguró que la idea es que en abril del 2023 el IPC del INDEC “empiece con un 3”, lo que representaría una baja a la mitad de los volúmenes actuales.

Los equipos de Massa vienen mirando la evolución de la inflación núcleo y la mayorista como puntas de tendencia. El índice de octubre arrojó, según su entorno, dos datos positivos: el primero, que la inflación “núcleo” fue de 5,5 por ciento, por debajo del 6,3 por ciento de la general. El segundo dato, que la inflación mayorista del mismo mes llegó a 4,8 por ciento, lo que en principio significa menos presión a los costos para las empresas y debería redundar en un IPC más bajo.

Según el entorno de Massa, la inflación se está desacelerando lentamente. De hecho, se entusiasman con que el número de noviembre esté en torno al 5%, lo que implicaría una baja de dos puntos porcentuales en el mes desde su asunción en la cartera de economía. Además, podría implicar la baja de un punto desde octubre. ¿Se puede llegar al 3% en abril?

A ese fenómeno, en Economía le suman que habrá un impacto positivo de los acuerdos de precios en alimentos y textiles, pero no sólo en lo que refiere a los congelamientos (de hilados en fábrica y la canasta de 2000 productos de Precios Justos) sino más que nada a la pauta del 4 por ciento de aumento máximo mensual que se autorizó para los 30 mil productos que no están a precio fijo hasta marzo. Eso, estiman, cortará la inercia en alimentos. De hecho, algunas consultoras privadas, como LCG, han marcado que el avance del precio en alimentos de la última quincena de noviembre es el más bajo desde junio.

La amenaza fue en plena calle.

“La próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara papuda”, le dijo Luis Juez a una joven con quien había mantenido un cruce en plena calle. El incidente pudo haber terminado como otro más de los exabruptos habituales del senador cordobés, pero la afectada decidió llevarlo a la justicia.

El incidente ocurrió el martes a la mañana en el centro de la ciudad de Córdoba, cerca de la oficina del senador de Juntos por el Cambio.

Para insultar a la joven, Juez dio la vuelta a la manzana y desde su auto la amenazó. “La próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara papuda”. La denuncia fue presentada en la tarde del miércoles y la causa se mantiene bajo el secreto de sumario.

La reacción del senador se dio luego que la joven cordobesa, mientras caminaba por la calle, se lo cruzó y le dijo: “Ah mirá, salieron a pasear los garcas”. Tras eso Juez tomó su auto, siguió a la denunciante, frenó frente a ella y la amenazó e insultó.