Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica.

Esta semana estalló el escándalo que sacó a la luz un encuentro entre magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, en la estancia de Lago Escondido, provincia de Río Negro, del magnate inglés Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri.

Este magnate británico se lo conoce como la cara visible de un poderoso grupo económico dueño del club Tottenham de la Premier League inglesa, y su fortuna rondaría los $5,3 mil millones.

Además es propietario de parte de Pampa Holding, la empresa energética vinculada al empresario Marcelo Mindlin que opera en Argentina y que tiene entre sus activos a Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país.

Las miradas se dirigieron a Lewis de manera directa entre 2016 y 2019, ya que el margen de ganancias de Edenor aumentó exponencialmente con la política de tarifas del gobierno del entonces presidente Macri.

Durante los noventa, el empresario inglés de 85 años compró la estancia que hoy es el centro de atención de la polémica. Ubicada en Río Negro, el Lewis fue denunciado por adquirir esas hectáreas -alrededor de 12.000- en un valor muy por debajo de los del mercado.

Además se lo investiga por triangulaciones en la operación de adquisición de las tierras, dado que habría eliminado su nombre extranjero para no figure como propietario de esa cantidad de tierras en una zona de frontera.

Los investigados en esta causa por “aceptación de dádivas” son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

La mansión en Lago Escondido y las denuncias de la comunidad

Nadie le conoce la cara más que por imágenes o fotos que circulan por internet. Nadie dentro de los poblados cercanos o de las ciudades lo ha visto, por lo que su presencia es un misterio, como parte del férreo hermetismo que maneja para moverse sin ser detectado.

A la mansión en Lago Escondido sólo pudieron acceder políticos y empresarios, es decir, son los únicos que tuvieron la oportunidad de ingresar a la zona. No así los turistas o visitantes ocasionales, a quienes se les restringe el paso.

Esto ha sido el causante de muchas denuncias, especialmente por el derecho de acceso al lago. La titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Magdalena Odarda obtuvo fallos favorables por reclamar el libre tránsito en 2009, 2012 y 2013.

Mientras tanto, Lewis nunca los cumplió y hoy, con la retención de unas 20 personas (entre ellas el médico Jorge Rachid) el tema por el incumplimiento de la decisión de la Justicia recobra fuerza.

De hecho, la causa en la que se lo investigaba por la triangulación en la compra de las tierras en 2016 (cuya querellante es Odarda) a pesar de haber prescripto, dejó un fallo vigente que ordena que los rionegrinos pueden acceder al Lago Escondido por las dos vías que ofrece la ruta 40.

A la propiedad del lago se suma un aeropuerto privado (también ubicado en Río Negro)que cuenta con una pista de casi dos mil metros de largo. Se localiza cerca de la costa atlántica de esa provincia, a 30 kilómetros de Sierra Grande. Desde allí se puede llegar a las Islas Malvinas en dos horas de viaje.

La fiscal de la causa avanza en la investigación de aceptación de dádivas del grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia, que se encontraron en Lago Escondido.

La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de “aceptación de dádivas”, a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis (amigo de Mauricio Macri) posee una estancia.

Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.

Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarca la funcionaria judicial.

En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarca la fiscal.

Los pedidos de prueba de la fiscal

Etchepare indica que “en cuanto a los pasajeros arribados” a Bariloche ese día “no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo“.

Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) “la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado”.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, añade.

Y completa: “En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados”.

Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.

Por eso para la fiscal, “si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios”.

Los participantes de ese encuentro “se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, dice luego el texto.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, afirma Etchepare.

En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.

Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente”.

En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.

Proscripción de Cristina.

El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó que se trató de “un fallo insostenible” el que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos en el marco de la causa de Vialidad.

“Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica”, tuiteó Massa horas después de conocerse la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Asimismo, expresó su “solidaridad” para con la ex Presidenta y advirtió que “se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada”.

“Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica… en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con @CFKArgentina”, escribió en Twitter. Todo el arco político peronista respaldó a Cristina en el intento de un sector de la justicia de proscribirla políticamente, como ocurrió recientemente con Lula en Brasil e históricamente con Juan Perón.

Mafia judicial.

La condena contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sigue generando repercusiones políticas. En este contexto, la Liga de Gobernadores conformada por Axel Kicillof y los mandatarios provinciales del Frente de Todos emitió un comunicado comparando el veredicto de la Causa Vialidad con la proscripción del peronismo tras el golpe de Estado de 1955. “Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”, aseguraron.

En línea con lo declarado por el Partido Justicialista, la Liga consideró que la “absurda” condena es el resultado de un proceso “atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales”. Todo esto tuvo el objetivo de “inhabilitar políticamente” a la actual vicepresidenta en la puerta de un nuevo año electoral. Horas después del veredicto la propia Cristina anunció que no será candidata “a nada”.

Para los gobernadores oficialistas, “la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza”. En este sentido, recordaron la prohibición impuesta por la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 y el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura militar instaurada en 1976. El antiperonismo repite su estrategia: como con Perón, busca sacar de la política a la principal dirigente del momento.

A pesar de todo esto, concluyeron con una línea de optimista. “El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir”, sentenció la Liga de Gobernadores.