Los gobiernos de estos países latinoamericanos expresaron “su profunda preocupación” por el golpe de Estado parlamentario en Perú.

Argentina, Colombia, México y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

En un comunicado conjunto publicado este lunes por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello.

Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde la prisión, a la que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso, en la que escribió que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

Frente a esta situación, Castillo dijo en la misiva que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que asegura ostentar “como presidente” y afirmó que no renunciará a sus “altas y sagradas funciones”.

Posteriormente, criticó a Boluarte, elegida como vicepresidenta en la fórmula que encabezó él en las elecciones de 2021 y que juró el cargo de jefa de Estado tras su destitución. Especialmente, cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.

Hombre clave de Bullrich.

El diputado nacional ultramacrista Gerardo Milman sigue sumando puntos más que oscuros. Ya está siendo investigado por aquella frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, que dijo dos días antes del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero las cuestiones turbias no terminan ahí.

Ocurre que Milman tiene 34 asesores en la Cámara de Diputados, a los que se suman 18 que agregó su mujer en la Legislatura bonaerense. La gran mayoría no fue nunca a trabajar. Se pagan 4 millones de pesos mensuales.

Pero hay más oscuridad. Después, agregó el turbio episodio, y una causa judicial, porque una joven mujer –que falsamente sostuvo que era la esposa del legislador– conducía un vehículo con registro adulterado. El moderno Peugeot Sport era propiedad de una empresa privada de seguridad proveedora del Estado y en la tarjeta azul, como único autorizado a manejar, figuraba Milman. Ahora aparecieron facturas sospechosas del propio diputado a esa misma empresa, Metalúrgica Oliva Hermanos, por cifras importantes y en concepto de asesoramiento en seguridad internacional.

Junto a esas facturas llamativas, hay una de 357.000 pesos al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad que preside Patricia Bullrich y en el cual Milman figura también entre sus directivos. Es decir, la precandidata presidencial del PRO supuestamente le paga a su jefe de campaña por asesoramiento en materia de seguridad. Y, finalmente, hay otra factura por 675.000 pesos a nombre de una mujer, otra joven mujer, venezolana, que vive en una humilde vivienda de Tigre y cuya actividad es servicios de grabación y sonido. Lo asombroso es que la chica, originaria del estado de Bolívar en Venezuela, está en estado crediticio irrecuperable o sea que de ninguna manera le pagó semejante cifra al legislador. Otro caso de corrupción que ensucia al macrismo pero que seguramente no tendrá mucho recorrido en la justicia, que parece dedicada a garantizar la impunidad de esa fuerza política.