Fue en el marco de una reunión informativa de la comisión se Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein.

Al comienzo de la reunión, la diputada Fein informó que es la segunda reunión para evaluar distintos proyectos sobre la temática. “Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados, nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes”, sostuvo.
A través de un video, el médico Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, expresó que “es necesario que Argentina tenga una agencia de Control porque se precisan herramientas que permitan tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y el uso de dispositivos”.

Además, el doctor explicó que la evaluación “permite reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles, también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la población, cuáles son las tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser importantes para mejorar la salud de esa población y cuáles son los resultados que nos importan”, fundamentó.

En tanto, Enio José Garcia, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, consideró que “hay consenso respecto a la agencia de evaluación, tenemos que ponernos a tono con otros países de la región que la tienen”. “Está en la agenda la reforma del sistema de salud, la integración del sistema de salud, es un diagnóstico viejo que sigue vigente y todavía no logramos a dar una respuesta. Una normativa que vaya ordenando la fragmentación que hay en el sistema de salud. También la formación profesional, son temas centrales”, dijo.

El funcionario, asimismo, manifestó que “cuando discutimos la integración hablamos de tres puntos: gobierno; modelo de atención y cuidado y sistemas de información y esta ley es transversal a esas tres dimensiones, atiende a demandas que están atravesadas por estas tres cuestiones. La ley nos ayuda a ganar capacidad de gobierno en el sistema de salud y contribuye a analizar la tecnología en la necesidad y no solo la cuestión económica a protocolizar el uso de la tecnología”. A la vez, pidió “incorporar las instancias de participación social y control político”.

Por su parte, Hugo Magonza director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó “la agencia es sólo una herramienta de un plan nacional de salud, ese plan tiene una rectoría sino. Tiene que haber un plan rector”, enfatizó.

“Todo medicamento, tratamiento innovador al entrar al sistema es monopólico. No hay ninguna duda que tiene que haber un organismo que lidie con esta situación. Lo primera manera de lidiar es desde el conocimiento tecnológico porque estoy usando una herramienta de la medicina, después tiene que venir el control político y social”, aseveró.

Respecto al tema seguridad del paciente, Claudio Ortiz, subsecretario Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “hay un plan nacional de calidad y seguridad del paciente vigente. Hay instrumentos como es el de acciones para la seguridad e instrumentos de autoevaluación y un manual para ayudar a los equipos de salud a como podrían mejorar después de la autoevaluación y como medirse después de las mejoras. Tenemos todo el proceso disponible más un proceso muy fuerte de capacitación”.

Según indicó el funcionario, la capacitación es gratuita, autoadministrada, en calidad, en seguridad, en guía de práctica clínica, en simulación y “múltiples capacitaciones que se están realizando al conjunto del sistema de salud, al sector público y -a través del programa- de fortalecimiento de la calidad y seguridad al sector privado”. “Que la seguridad del paciente sea un tema de debate en un proyecto de ley nos parece central y nos toma, desde el ministerio de salud, con un montón de herramientas para ayudar al conjunto del sistema a trabajarlo”, aseguró.

La doctora Mariana Lichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group comentó que trabaja con 23 personas en todo el país “gestionando la seguridad del paciente y asesoramiento a abogados con una mirada presencial y asistencial. Es una realidad que requiere gestión y no equivocar el diagnóstico”, aseveró. Al mismo tiempo brindó cifras: Al menos 10% de los pacientes que egresan de una institución sufre un evento adverso, el 50% de esos eventos son evitable, infecciones, complicaciones quirúrgicas, eventos asociados a medicación y caídas son las primeras cuatro causas.

A continuación, Lichman definió seguridad del paciente como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que tiene por objetivo reducir al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y si éstos ocurren reduce el impacto en el paciente, su familia, y el equipo de salud”. Y a su vez, ponderó las seis líneas “trascendentales“ del proyecto: incluir la formación de seguridad en las carreras de grado y posgrado; cultura de la seguridad; recertificación profesional; estandarización de los indicadores institucionales mínimos; concepto de segundas víctimas y la necesidad de gestión adecuada; costo efectividad alto impacto económico que “afecta el presupuesto de salud”.

Participaron María Teresa Ithurburu, directora nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria; Marcelo Pellizari, director departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral.

Con las consignas “Fuera mafiosos de CABA” y “Que Larreta deje de encubrirlos”, la oposición en la Ciudad de Buenos Aires marchará hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

El Frente de Todos (FdT) de la ciudad de Buenos Aires se movilizará este jueves para exigir el juicio político al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, por su participación en el viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, junto a jueces y directivos de medios.

Con las consignas “Fuera mafiosos de CABA” y “Que Larreta deje de encubrirlos”, la movilización está prevista que comience a las 17 en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en avenida Paseo Colón 1333, y marchará hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, en avenida Regimiento de Patricios 1142, precisó el FdT en un comunicado.

D’Alessandro y Mahiques participaron en octubre último del viaje privado a las tierras que el magnate inglés Lewis posee en Lago Argentino, junto a jueces, un exagente de inteligencia y directivos del Grupo Clarín, que se conoció a partir de una filtración de chats publicados en el diario Página 12.

El vicepresidente del bloque, Javier Andrade, afirmó que se exige el juicio político porque los funcionarios “intentaron encubrir” el viaje “con operaciones mediáticas y judiciales” y porque “forman parte de la mafia que tiene secuestrada a la democracia”.

Tras el viaje, se conocieron conversaciones que mantuvieron los participantes con el objetivo de ocultarlo y fraguar facturas para fingir que lo habían pagado, ya que, según se presume, fue financiado por el Grupo Clarín.

El 5 de diciembre último, el presidente Alberto Fernández anunció, a través de cadena nacional, que instruyó al Ministerio de Justicia de la Nación para que adopte las medidas necesarias a fin de que se investigue el viaje, luego de que el tema cobrara mayor difusión mediática a partir de la filtración de las conversaciones mantenidas a través de Telegram.

En el mismo mensaje, el Presidente instruyó al FdT porteño que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político”.

Será el 24 de enero del año que viene. El electo mandatario brasileño se reunirá con el jefe de Estado y asistirá a la cumbre de la Celac.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hará su primer viaje oficial como jefe de Estado a la Argentina el 24 de enero próximo, para un encuentro bilateral con su par Alberto Fernández y para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), informó el futuro canciller Mauro Vieira.

Vieira dijo que Lula no realizará ningún viaje antes de la asunción del 1 de enero, pero que sus prioridades para sus primeros viajes son la Argentina, Estados Unidos y China, y aseguró que existe la decisión política de que Brasil vuelva a ser parte de la Celac, de la cual fue retirada por el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Vieira explicó la nueva línea diplomática del Brasil de Lula y anunció que se reiniciarán las relaciones diplomáticas con Venezuela, con el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y la reapertura de la embajada en Caracas.

El gobierno de Bolsonaro reconocía como presidente de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó.

“Lula me pidió que Brasil debe regresar a la escena internacional”, explicó Vieira.

Enfatizó que uno de los principales objetivos a nivel regional es la reinserción de Brasil en la Celac y en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).

También destacó la agenda ambiental exterior del gobierno, con la propuesta de acoger en 2025 la conferencia de cambio climático de la ONU y el relanzamiento del tratado amazónico para la cuestión de la preservación ambiental con sus vecinos.

Así lo confirmó en su página web el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

El Grupo de Puebla anunció hoy que se postergó hasta marzo del año próximo la actividad contra el lawfare que se iba a realizar el próximo lunes en Buenos Aires con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex mandatarios de la región.

El encuentro, que iba a realizarse el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y que tenía el objetivo de “cerrar filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández”, había sido previsto inicialmente para el lunes 12 y reprogramado luego de que la Vicepresidenta fue diagnosticada con COVID-19.

La jornada aplazada iba a contar el lunes próximo con la presencia del Presidente de la Nación, de la Vicepresidenta, la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff; el juez español Baltazar Garzón y la jurista brasileña y abogada defensora de Lula da Silva, Carol Proner.

También los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), y José “Pepe” Mujica (Uruguay), entre otros.

Sin embargo, la nueva postergación del evento para marzo del 2023 podría contar con la participación de algunas figuras políticas que tenían compromisos asumidos para el lunes.

Sería el caso de la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el ya entonces presidente en funciones brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva.