Se trata de la causa que investiga el viaje que jueces federales, funcionarios de la Ciudad y empresarios de Clarín realizaron en la estancia del magnate Joe Lewis.
La jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, rechazó la presentación del Ministerio de Justicia para convertirse en querellante en la causa que investiga la estadía en Lago Escondido de jueces, fiscales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia.
La magistrada también resolvió, según informó Télam, que la investigación siga delegada en la fiscal María Cándida Etchepare, mientras que desde el Ministerio de Justicia ya se presentó la apelación a la denegatoria de la jueza al pedido de ser aceptados como querellantes en el expediente.
Domínguez ya había rechazado hace una semana el pedido de ser querellante del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien había realizado la primera denuncia por el viaje de los funcionarios judiciales a la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
El denunciante apeló también la decisión y será la Cámara Federal de General Roca la que resuelva ambos pedidos de revisión.
En esta causa, el Ministerio de Justicia había presentado una denuncia en la que solicitó a la Justicia Federal que determine la responsabilidad penal en relación a los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas por parte de los jueces Julián Ercolini (titular del Juzgado Federal 10); Carlos Mahiques (de la Cámara Federal de Casación Penal); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2) y Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9).
También solicitó que se determine la responsabilidad penal por los mismos delitos del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Luego del viaje, a través de un avión de la empresa de transporte aéreo Flyzar, realizado el 13 de octubre pasado a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido. El vuelo, como la estadía, habrían sido financiados por el Grupo Clarín y luego los funcionarios, fiscales, jueces y empresarios trataron de encubrirlo a través de un chat.
